Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintinueve de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 1 de abril de 2022, comparece Jeannette Garay Guzmán, abogado, en representación de nombre reservado, ejecutiva bancaria, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por las siguientes razones:

Explica que deduce esta acción por el rechazo del pago del subsidio laboral otorgado por las licencias médicas N°s RUT reservado, 59815839, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 59462435, 59815804, 59815850, 59890602, 59890620, a través de la Resolución Exenta N° R-01-F-05975-2022 de fecha 18 de enero del año 2022, la cual dispuso confirmar la Resolución Exenta R-01-UME-58146-2021, confirmada con fecha 10 de mayo 2021, toda vez que, realizado el peritaje médico ordenado por la Excma. Corte Suprema, que confirmó lo resuelto por la Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua en causa Rol 10881- 2021, en base a tal peritaje, la recurrida estimó que el reposo en cuestión resulta injustificado.

Añade que el fundamento para tal rechazo fue ese peritaje realizado por el Médico Psiquiatra nombre reservado con fecha 2 de noviembre del año 2021, con el cual la recurrida concluyó lo siguiente: “Que, de acuerdo al examen mental efectuado a propósito del peritaje, es posible concluir que la paciente se presenta vigil, lúcida de conciencia, orientada en tiempo y espacio, con actitud colaboradora, aspecto acorde a la edad cronológica, viste ordenada y con arreglo personal bien cuidado. utiliza lenguaje bien articulado un volumen adecuado y velocidad normal, sin alteraciones en el curso formal del mismo. en el contenido sin ideas de culpa, rutina ni desesperanza. A su vez, describe sintomatología de larga data, pero escamotea al detallar su recuperación, mostrándolo como algo espontáneo y luego de regresar al trabajo. Sin ideación suicida. sin productividad delirante ni alucinatoria. afecto modulado, eutímica, sin anhedonia ni apatía, sin labilidad. Psicomotricidad sin alteraciones. Que, en cuanto al tratamiento, se señala que la paciente no presenta atención psicológica ni derivación al plan GES. Que, a mayor abundamiento, se tiene presente que en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) consignada en el referido informe, la interesada alcanza un 85%, lo que significa que en general funciona bastante bien. Para mayor ilustración, un puntaje del EEAG entre 60 y 100 significa que la persona evaluada debería estar llevando actividad y vida normal. Que, de este modo, no es posible acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado. Que, todo lo anterior lleva a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, circunstancia consistente con lo ya resuelto por este Organismo.”

Añade que ante tal respuesta, su situación delicada de salud, su parte buscó una segunda opinión y concurrió a una sesión con el Dr. nombre reservado, Psiquiatra quien estableció lo siguiente: “1) Que presenta un Trastorno recurrente de mentabilidad del ánimo compatible con Trastorno Bipolar. 2) Actualmente curso un episodio depresivo mayor. 3) Se agrega miocardiopatía dilatada. 4) Se inicia tratamiento con estabilizadores y se deriva a GES”.

Destaca que no se puede desconocer el diagnóstico da cuenta de la presencia de serias patologías que alteran su calidad de vida, lo que el perito en su evaluación, no pudo apreciar y derivó en que la recurrida estimó que el reposo injustificado.

Estima que lo anterior constituye un actuar arbitrario que afecta las garantías constitucionales sobre integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, protección de la salud y seguridad social consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, porque la recurrida se limitó a señalar que “estudió los referidos antecedentes, y con su mérito consideró que el reposo no se encontraba justificado, sin explicar los sustentos facticos o técnicos, dejándolo en la más absoluta indefensión, ya que no se pueden controvertir, al no existir reales argumentos que rebatir, por lo que además se infringe el deber de motivación de los actos administrativos consagrado en la Ley 19.880.

Pide como medida para el restablecimiento del imperio del derecho que se declare ilegal y arbitrario el acto que ahora impugna; que en su reemplazo se declare que el reposo es justificado y esas licencias quedan aceptadas, debiendo la recurrida disponer el pago del subsidio respectivo. En subsidio de lo anterior, que se ordene un nuevo peritaje médico para evaluar de forma eficaz e imparcial a su parte y todas aquellas medidas que estime la Corte, además de las costas.

La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esta región informó el recurso el 22 de abril de 2022, folio 7. Expresó que la usuaria es afiliada de la isapre Colmena Golden Cross, institución privada, que en primera instancia es la que rechaza las licencias médicas y su parte solo tiene conocimiento aquellas licencias que dicha institución rechaza.

En cuanto a la situación particular indica que la recurrente presentó reclamos contra la isapre (RCI) y recurso de reposición reclamo contra la isapre (RR RCI) desde el 13 de enero de 2021. Todos ellos fueron rechazados por no presentar la documentación requerida que justifiquen el reposo otorgado. Hace presente que la usuaria no se presentó a la citación de dos peritajes médicos de segunda opinión y anuló la hora de un tercero.

Finalmente indica que la Corte Suprema en fallo dictado el 18 de agosto de 2021 ordenó la realización de un nuevo peritaje, que se practicó el 2 de noviembre de 2021 y se concluyó que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas.

La recurrida Superintendencia de Seguridad Social en su informe evacuado el 28 de abril de 2022, folio 9, efectuó las siguientes alegaciones:

En primer lugar, alegó la cosa juzgada puesto que la recurrente ante esta Corte tramitó la causa Rol N°10.881-2021 en que se denunció infracción de garantías que cita, por el rechazo de las licencias (13) N°s RUT reservado, 59815839, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 59462435, 59815804, 59815850, 59890602 y 59890620, efectuado por Resolución Exenta N° R-01-UME-58146-2021, de 10/05/2021, de su parte.

Mediante sentencia de 22 de julio de 2021, confirmada por la Corte Suprema, la acción constitucional fue acogida, disponiéndose en lo pertinente que se deja sin efecto esa resolución con el solo efecto de que: “el órgano recurrido, directamente o a través de la Compin, efectúe las gestiones administrativas necesarias para someter a la recurrente a un peritaje médico de la especialidad pertinente, para luego determinar la procedencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas”.

Por lo que resulta evidente que hay pronunciamiento sobre hechos idénticos a los propuestos en la presente causa, por tanto, el fallo que se dictó en la primera causa es una sentencia interlocutoria y por tratarse de una acción cautelar de urgencia produce únicamente cosa juzgada formal. Además lo reclamado mediante esta acción es idéntico a lo perseguido en el proceso anterior resuelto por esta Corte.

En subsidio alega la improcedencia de la acción fundado en que la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Explica que, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, por que pide que se declare la improcedencia del recurso.

En subsidio, en cuanto al fondo de la acción explica el marco legal que regula el derecho a licencia médica y las incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador. A su respecto existe el beneficio denominado Licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o institución de salud previsional (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

También explica la situación relativa a las incapacidades laborales permanentes, respecto de las cuales el sistema de seguridad contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de la situación particular de la recurrente precisa que, en su expediente, consta que mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-58146-2021, de 10 de mayo de 2021, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado, confirmándose lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) R.M., en orden a mantener el rechazo dispuesto por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 59462435, 59815804, 59815839, 59815850, 59890602 y 59890620, por reposo injustificado.

La Sra. nombre reservado interpuso acción de protección, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, en causa ROL N°10881-2021 y con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado, su parte emitió la Resolución Exenta N° R-01-F-111729-2021, de 27 de agosto de 2021, instruyendo a la Subcomisión Sur y la COMPIN Región de O'Higgins, según corresponda, ordenar a la ISAPRE Colmena Golden Cross S.A., que en uso de las facultades reglamentarias previstas en el artículo 21 del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, le practique a la recurrente el peritaje médico necesario respecto de la dolencia que da cuenta el recurso.

La citada COMPIN Región de O´Higgins, remitió a esta Superintendencia el peritaje médico efectuado por médico psiquiatra, de fecha 02 de noviembre de 2021, que, junto con los demás antecedentes disponibles, sirvieron para efectuar un nuevo pronunciamiento acerca de las licencias médicas reclamadas.

Conforme ello, mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-05975-2022, de 18 de enero de 2022, consignó lo siguiente: “Que, en virtud de lo anterior, la COMPIN Región de O'Higgins remitió el informe del peritaje evacuado al efecto por la ISAPRE Colmena Golden Cross S.A., de 02/11/2021, el cual ha sido estudiado por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones: Que, de acuerdo al examen mental efectuado a propósito del peritaje, es posible concluir que la paciente se presenta vigil, lúcida de conciencia, orientada en tiempo y espacio, con actitud colaboradora, aspecto acorde a la edad cronológica, viste ordenada y con arreglo personal bien cuidado. utiliza lenguaje bien articulado un volumen adecuado y velocidad normal, sin alteraciones en el curso formal del mismo. en el contenido sin ideas de culpa, rutina ni desesperanza. A su vez, describe sintomatología de larga data, pero escamotea al detallar su recuperación, mostrándolo como algo espontáneo y luego de regresar al trabajo. Sin ideación suicida. sin productividad delirante ni alucinatoria. afecto modulado, eutímica, sin anhedonia ni apatía, sin labilidad. Psicomotricidad sin alteraciones. Que, en cuanto al tratamiento, se señala que la paciente no presenta atención psicológica ni derivación al plan GES. Que, a mayor abundamiento, se tiene presente que en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) consignada en el referido informe, la interesada alcanza un 85%, lo que significa que en general funciona bastante bien. Para mayor ilustración, un puntaje del EEAG entre 60 y 100 significa que la persona evaluada debería estar llevando actividad y vida normal.

Por ello, determinó que no es posible acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado, lo que lleva a concluir que el reposo resulta injustificado y confirmar lo obrado mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-58146-2021, 10/05/2021, de su parte, ratificándose el rechazo de esas licencias médicas.

En consecuencia, considera que esa decisión se encuentra médico-administrativamente justificada y se ciñe rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y al efecto cita las normas contenidas en los artículo 3, 27, 38 de la Ley N°16.395 modificada por la Ley N°20.691, además de la Ley N°20.585.

En un acápite posterior destaca que la pretensión de la recurrente desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, en los términos que contempla el artículo 20 de la Constitución; por lo que no existe la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia y tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Respecto de la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución, expresa que su parte en modo alguno ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente ni ha impedido que consulte a su médico tratante, y finalmente precisa que no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para tener derecho al subsidio por incapacidad se requiere la concurrencia de una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (Isapre-Compin) y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia pide que la acción constitucional se desestime, con costas. Acompaña al efecto copia de los antecedentes relativos a la recurrente.

Se dio traslado de la excepción de cosa juzgada a la recurrente, quien no lo evacuó. También se solicitó por resolución de 28 de abril del presente año informe a la Isapre Colmena Golden Cross, el que no fue evacuado dentro del plazo concedido al efecto.

Mediante resolución de 10 de junio del presente año, folio 15, la Corte dispuso reiteró el informe a la isapre Colmena Golden Cross, al tenor de los hechos materia del recurso. Luego, el 8 de agosto de 2022 y atendido el tiempo transcurrido, se prescindió de su informe.

La Corte dispuso como trámite incorporar mediante el estudio virtual, la causa rol 10881-2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que en cuanto a la alegación de cosa juzgada efectuada por la recurrida, corresponde rechazarla, por cuanto en el recurso de protección Rol Corte 10.881-2021, mediante sentencia con fecha 22 de julio de 2021, se ordenó dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-58146-2021 de fecha 10 de mayo de 2021 de la nombre reservado que mantuvo el rechazo de trece licencias médicas, ordenado a la recurrida, que directamente o a través de la Compin, efectuara las gestiones administrativas necesarias para someter a la recurrente un peritaje médico, para luego determinar la procedencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta esas licencias médicas.

En cambio, en el actual recurso, se pide dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-F-05975-2022 de fecha 18 de enero del año 2022 que fue dictada en cumplimiento del fallo de fecha 22 de julio de 2021, antes citado.

Lo anterior, permite concluir que la presente acción constitucional no versa sobre la misma materia sino que incide en un acto administrativo posterior del mismo órgano recurrido, por lo que en este caso no puede existir la cosa juzgada que reclama por vía de excepción. Por ello no dándose los requisitos previstos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, para configurar la triple identidad, esta alegación deberá ser rechazada.

Tercero: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establecen que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la COMPIN son reclamables ante la recurrida, cuyo es el caso, atento que la Superintendencia de Seguridad Social tiene por función supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la COMPIN en orden a la autorización de una licencia médica sin derecho a subsidio, por lo que despeja la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

Quinto: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta N° R-01-F-05975-2022 de fecha 18 de enero del año 2022, indica con claridad los motivos que tuvo en consideración para mantener la decisión de rechazo, todo lo cual tiene por fundamento justamente el cumplimiento de la decisión contenida en el fallo dictado en la causa Rol Corte N°10.881-2021, que ordenó la realización de un peritaje a la recurrente a fin de evaluar la necesidad del reposo, para luego dictar el acto administrativo pertinente.

Sexto: Que, en consecuencia, habiendo dado cumplimiento a lo fallado por la Corte, no es posible concluir que la decisión impugnada resulte arbitraria o carente de fundamento, todo lo cual obsta a que el presente recurso de protección sea acogido, por no concurrir sus presupuestos normativos.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza las excepciones de cosa juzgada e improcedencia de la acción.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte N°957-2022 Protección.