Protección contra Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción

Rancagua, catorce de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 12 de agosto de 2020, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su acción en que siendo un trabajador de distintas empresas contratistas, “pertenecientes” a la recurrida, fue derivado a realizarse un examen particular de hipoacusia bilateral, el 21 de agosto de 2019, ya que calificaba con diagnóstico de incapacidad de un 21% (sic), autorizando el COMPIN esta incapacidad auditiva por haber presentado toda la documentación requerida.

Refiere que, no obstante lo anterior, la Superintendencia del ramo le dio a conocer que por ser mayor de edad y no seguir laborando, no tenía derecho a indemnización, por lo que rechazaron su solicitud.

Con fecha 24 de agosto último y en virtud de lo requerido por esta Corte, el actor aclara que el hecho concreto por el cual reclama, es por la negativa de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, a pagarle por su incapacidad auditiva producto de 38 años de trabajo expuesto a ruidos de maquinarias en la gran minería.

Hace presente que la Mutual se niega a pagarle el 20% de su incapacidad, solo por el hecho de haber cumplido 65 años, sin mayores argumentos e incurriendo en un gran discriminación a su persona por ser un adulto mayor.

Añade que, en la especie, se dictó un dictamen por la Superintendencia del ramo, que fue a favor de la Mutual de Seguridad referida y que los trámites de cobro los comenzó cuando se le detectó la sordera.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 26 de agosto de 2020 se declaró admisible el recurso, requiriéndose informe a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y a la Superintendencia de Seguridad Social.

Con fecha 14 de septiembre de 2020, informa don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que con fecha 30 de junio de 2020, recurrió el actor efectuando un reclamo en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, por el no pago de indemnización por hipoacusia, por cuanto la COMPIN de O’Higgins le otorgó un 20% de grado total de incapacidad, aduciendo que ya había cumplido 65 años de edad. Dicha reclamación dio origen al expediente administrativo PAE código R-62029-2020.

Añade que, en razón de lo señalado, remitió al Sr. nombre reservado, una copia de la Carta GCAL 3675, enviada por la Mutual mencionada, que da respuesta detallada a su reclamación, mediante Oficio ORD Nº R-01-DASU-70444-2020.

Adjunta copia del expediente administrativo del recurrente, como también del Oficio Ordinario de su Servicio.

Con fecha 17 de septiembre pasado, informa el apoderado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, alegando, primeramente, la improcedencia de este recurso, dado que el derecho a la Seguridad Social, no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, por lo que pide se rechace de plano el recurso.

A continuación, manifiesta que el recurso descansa en un presupuesto de hecho erróneo, teniendo un alcance que va más allá de las resoluciones que son objeto de impugnación, por el recurso deducido, pues es la Ley N°16.744 la que cubre las contingencias de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

En cuanto al fondo, señala que de acuerdo con la normativa vigente, procede en el presente caso la interposición de un recurso de reclamación en contra de la resolución de Mutual. En efecto, la Ley N°16.744, en su artículo 77, señala el medio por el cual todo trabajador, que no se encuentre conforme con la decisión efectuada por un Organismo Administrador, podrá reclamar de ésta. En estos casos, la SUSESO resuelve sin ulterior recurso. Situación que el recurrente realizó, mediante reclamo en contra de Mutual ante la SUSESO, con el N°R-62029-2020, el que fue respondido por Mutual mediante la Carta GCAL/3675, de fecha 27 de julio de 2020, indicando que no le correspondía beneficio económico alguno, puesto que ya había cumplido la edad para pensionarse en su régimen previsional respectivo, siendo incompatible las demás prestaciones económicas de los diversos regímenes previsionales.

Por tanto, ya existe una respuesta del organismo fiscalizador, no correspondiendo al presente Recurso de Protección, ya que esta acción no corresponde a una nueva instancia administrativa, Alega que en el presente caso, don nombre reservado, trabajador de 65 años, ingresó a Mutual con fecha 11 de noviembre de 2019, tras ser derivado para estudio de patología laboral, al contar con el diagnóstico hipoacusia bilateral, el cual atribuye a sus funciones laborales. Cuadro clínico que fue calificado como enfermedad profesional, por lo cual se le han otorgado todas las prestaciones correspondientes de la Ley 16.744.

Al respecto, con fecha 14 de abril de 2020, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Seremi de Salud de la Región de Libertador Bernardo O’Higgins, evaluó su incapacidad, dictando la Resolución N°80, determinando en un 20,0% su grado total de incapacidad y estableció como fecha de inicio su incapacidad permanente el 13 de febrero de 2020.

Afirma, que el trabajador con fecha 5 de enero de 2020 cumplió los 65 años y que el infortunio acaecido al trabajador fue con anterioridad al cumplimiento de edad legal para pensionarse por vejez y que la fecha de inicio de su incapacidad fue posterior al cumplimiento de sus 65 años.

En tal sentido, la Mutual mediante Resolución N°2329-D, de fecha 7 de mayo 2020, denegó el otorgamiento de beneficio económico al actor, fundado en su invalidez “no se produjo por su desempeño laboral posterior a la fecha en que cumplió con la edad para pensionarse por vejez,-05/01/2020- día que dejó de trabajar en forma dependiente.”.

Expone que luego de ello, el trabajador dedujo reclamación conforme el artículo 77 de la Ley N°16.744, en contra de dicha resolución denegatoria ante la SUSESO, la cual fue respondida mediante Carta GCAL/3675, de fecha 27 de julio de 2020, manteniendo esa decisión.

Así las cosas, la determinación de denegar el respectivo beneficio económico obedece a una consideración jurídica fundada en la interpretación de lo dispuesto en el artículo 12 del D.L. N°3.500 y artículo 53 de la Ley N°16.744, de las que se deriva que las prestaciones de ambos regímenes son incompatibles, por lo que una vez que se cumple con la edad que concede el derecho de la pensión de vejez, se deja de percibir los beneficios económicos de la Ley N°16.744, por lo que no resulta antojadiza o carente de motivación la decisión impugnada, descartándose un acto ilegal o arbitrario Por lo señalado, solicita rechazar el presente recurso en todas sus partes.

Se dio traslado respecto de la alegación de improcedencia del presente recurso por ser una materia propia de la seguridad social, el cual no fue evacuado.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

2.- Que, en tal sentido, los presupuestos de esta acción cautelar son los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3.- El hecho ilegal y arbitrario que se le reprocha a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción recurrida consiste en negarse a pagar al actor una indemnización conforme a la Ley N°16.744, en razón del 20% de incapacidad laboral, sólo por el hecho de haber cumplido 65 años.

4.- Que, como primera cuestión, debe resolverse la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social planteada por la recurrida, la que será rechazada sin mayor disquisiciones, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N° 18 de la Constitución Política como indica la recurrida, sino aquella comprendida en el número 24, el derecho de propiedad, o eventualmente la del número 1 de dicho artículo, esta es, la integridad física o psíquica.

5° Que, en cuanto al fondo del asunto debatido, analizadas las alegaciones que fundamentan el recurso y los antecedentes acompañados al mismo, se advierte que ellas se refieren a la petición de una indemnización de perjuicios atendida la incapacidad permanente de un 20% del actor, declarado por la COMPIN, conforme a la Ley N°16.744, lo cual supone un análisis de los diagnósticos, informes, datos, exámenes y circunstancias acompañadas y alegadas por el actor, cuestión que no puede ser analizado a través de esta acción constitucional cautelar y extraordinaria, y, por el contrario, debe ser materia de un juicio de lato conocimiento, en el cual pueda determinarse lo que médicamente corresponda, efectuando los peritajes que correspondan, a fin de establecer el porcentaje de pérdida de su capacidad de trabajo, no siendo ésta la vía idónea para conocer y resolver en estos antecedentes, dada la naturaleza de los hechos y de las alegaciones efectuadas por las partes, en especial, lo solicitado en el petitorio del recurso.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones ordinarias que puedan corresponderle al recurrente en el procedimiento y tribunal que resulte competente.

6° Que, a mayor abundamiento, en base a los antecedentes aportados, no se puede concluir que la parte recurrente tenga un derecho indubitado a obtener una indemnización conforme a la Ley N°16.744, desde que existen posiciones contrapuestas en relación a su procedencia y no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos, resulta que ésta acción, tal como se dijo, no es la pertinente para conseguir el objetivo buscado por el recurrente, lo que robustece la decisión de rechazo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. - Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social deducida.

III.- Que rechaza el recurso de protección deducido con fecha 12 de agosto de 2020, por don nombre reservado en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, sin costas.

Regístrese y archívese.

Rol N° 9500-2020- Protección.