Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de O’Higgins y del Fondo Nacional de

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 12 de junio de 2025, comparece por sí don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de O’Higgins y del Fondo Nacional de Salud, por estimar que ambas han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado sus garantías constitucionales.

Expone que en rol 1803-2023 de esta Corte, se acogió un recurso de protección en su favor y se ordenó que la Superintendencia de Seguridad Social, directamente o a través de la COMPIN, efectúe las gestiones administrativas necesarias para someterlo a un peritaje médico de la especialidad pertinente, para luego determinar la procedencia o impertinencia del reposo de que da cuenta las licencias médicas objeto de dicha acción.

Refiere que aún no ha podido realizarse la cirugía de amputación requerida, y que han transcurrido 6 años sin el pago de las licencias médicas respectivas, cuestión que no sólo le produce daño psicológico, sino que también económico.

Afirma que la última licencia médica emitida lo fue el 25 de enero de 2025, con duración hasta el 25 de marzo del mismo año, y que la recurrida Fonasa lo bloqueó del sistema por no tener cotizaciones en un período determinado, cuestión que se debe al rechazo de las referidas licencias médicas desde el año 2019. Por lo anterior, se dirigió a dicha institución con la finalidad de presentar su contrato de trabajo y certificado histórico de AFP, interponiendo un reclamo con fecha 2 de abril del presente año, sin embargo no obtuvo respuesta, motivo por el que presentó reclamación ante la Contraloría General de la República el 14 de dicho mes, del que tampoco obtuvo solución.

Sostiene que la situación descrita produjo la pérdida de 4 controles médicos, así como la imposibilidad de obtener nuevas licencias médicas, lo que en su concepto afecta su calidad de vida, tanto en el aspecto psicológico como económico, e impide la realización de la cirugía de amputación pendiente.

A folio 4 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que la licencia médica a que hace alusión esta acción se encuentra rechazada por R-102, esto es, por la ausencia de causa médica que justifique el reposo, por corresponder a uno de carácter prolongado para patología.

Asimismo, señala que el recurrente fue peritado en el año 2023 por el reposo de licencias médicas con el mismo diagnóstico de la reclamada actualmente, concluyendo dicho peritaje que de los antecedentes aportados, se puede establecer que la patología ha producido alteraciones crónicas no susceptibles de revertir con el reposo, por lo que no corresponde autorizar más licencias médicas por esta causa, conclusión que en su concepto es concordante con lo dispuesto en el artículo 30 del DS N°3/84 del Ministerio de Salud y la Circular N°3433 de la Superintendencia de Seguridad Social por cuanto, al determinar que la patología es de curso crónico, el reposo no está cumpliendo el rol terapéutico que apunta a la recuperación del trabajador para reincorporarse al trabajo, por lo que no corresponde seguir autorizando más licencias médicas.

Al primer otrosí de escrito de folio 10, la recurrida Fondo Nacional de Salud opone excepción de falta de legitimación pasiva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 303 N°6 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que carece de la calidad jurídica necesaria para ser válidamente emplazada en esta acción cautelar.

En este sentido, y luego de definir la legitimación procesal, expone que el ordenamiento jurídico chileno atribuye de manera expresa la competencia para aprobar o rechazar licencias médicas exclusivamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o a las ISAPRES, según corresponda, conforme a los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que no tiene intervención alguna en dicha decisión.

Asimismo, analiza el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y precisa que esta actúa como organismo fiscalizador y como instancia subsidiaria de reclamación frente a las decisiones de COMPIN o ISAPRES, sin que ello implique facultades para autorizar licencias médicas ni para traspasar tales competencias a FONASA.

En cuanto a sus propias funciones, sostiene que son de carácter esencialmente financieras y administrativas, referidas a la recaudación, administración y distribución de recursos, financiamiento de prestaciones de salud y pago de subsidios, conforme lo dispuesto en el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, especialmente su artículo 50, careciendo de atribuciones legales para pronunciarse, revisar o fiscalizar la procedencia de licencias médicas, limitándose su intervención al pago de los subsidios una vez que las licencias han sido debidamente autorizadas por el órgano competente.

Sobre esta base, concluye que el recurso de protección en estudio resulta improcedente a su respecto pues no existe coincidencia entre la pretensión del recurrente, relativa a la aprobación o rechazo de licencias médicas, y sus competencias legales, lo que se ve reforzado con jurisprudencia reciente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que invoca al efecto.

Por lo anterior, arguye que carece de legitimación pasiva, solicitando que la excepción sea acogida de plano y que el recurso de protección deducido en su contra sea rechazado, con expresa condena en costas.

A folio 12 se confirió traslado a dicha excepción, dejándose su resolución para definitiva.

A folio 11 la misma recurrida Fondo Nacional de Salud evacúa el informe ordenado y luego de determinar el marco normativo de las licencias médicas y su función en dicho contexto, sostiene que el recurso carece de presupuesto para prosperar a su respecto, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario. Destaca que solo puede actuar dentro de las competencias que la ley le reconoce, sin facultades para asignar prestadores en los términos pretendidos ni para decidir sobre la procedencia de licencias médicas. En este sentido, afirma que de acceder a lo solicitado por el recurrente, incurriría en actuación contraria al ordenamiento, con eventual responsabilidad administrativa.

Luego de reiterar la argumentación vertida con ocasión de la oposición de la excepción de falta de legitimación pasiva, hace presente que respondió la consulta del recurrente mediante Ordinario de 7 de julio de 2025, explicando que carece de facultades para pronunciarse sobre licencias médicas y que las cotizaciones del actor no se registran pagadas desde julio de 2020, acompañando certificado al efecto. Subraya asimismo que el recurrente es beneficiario PRAIS, por lo que puede atenderse en toda la red pública en modalidad de atención institucional, no encontrándose privado de atención de salud.

Sobre la base de lo anterior, concluye solicitando que se tenga por evacuado el informe y se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en su contra, con costas.

A folio 15 la Superintendencia de Seguridad Social evacúa el informe requerido y señala que no dispone de antecedentes relativos a la licencia médica N°4-20504553 objeto de esta acción, por cuanto el recurrente no registra, a la fecha, reclamo ni solicitud de pronunciamiento ante ese Servicio respecto de dicha licencia.

Explica que, conforme al artículo 2° letra c) de la Ley N°16.395, la Superintendencia actúa únicamente como instancia subsidiaria de reclamación frente al rechazo o modificación de licencias médicas por parte de las COMPIN o ISAPRE, lo que permite concluir que el recurrente no ha agotado la vía administrativa previa establecida en el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que el recurrente sí ha reclamado anteriormente ante la Superintendencia y que existen actos administrativos de ese organismo ya fueron impugnados en sede jurisdiccional, específicamente mediante la acción de protección conocida por esta Corte bajo el rol 1803-2023.

A folio 7 el recurrente hace presente que el peritaje ordenado en el rol 1803-2023 antes aludido, fue realizado por un médico general sin especialidad, toda vez que la recurrida COMPIN no tiene médico especialista, y que además no informa sobre la patología actual sino que da cuenta de una lesión ocurrida en el año 1989 producto de un accidente sufrido en el servicio militar, y no sobre la fractura que con posterioridad se califica de osteomielitis crónica, la cual ,afirma, tiene posibilidad de recuperación una vez que se efectúe la correspondiente amputación de la extremidad inferior izquierda, se someta a rehabilitación y se disponga el uso de pierna ortopédica, pudiendo reincorporarse a su trabajo.

Además, hace presente diversas circunstancias vinculadas con el cumplimiento de lo ordenado en el recurso antes descrito, así como la reiteración de los argumentos ya planteados.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2º Que, los actos ilegales y/o arbitrarios que el recurrente considera vulneratorios de sus garantías constitucionales, corresponden a la mantención del rechazo de sus licencias médicas desde el año 2019, la supuesta inobservancia de lo resuelto por esta Corte en el recurso de protección Rol N°1803-2023, que ordenó la realización de un peritaje médico de especialidad pertinente, y el bloqueo del sistema de FONASA por falta de cotizaciones, los que en su concepto han generado un perjuicio prolongado en el tiempo, impidiéndole acceder a controles médicos, obtener nuevas licencias y concretar una intervención quirúrgica de amputación, cuestión esta última que le permitiría la rehabilitación y eventual reinserción laboral.

3° Que, por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez informa que la licencia médica actualmente cuestionada fue rechazada por la causal R-102, esto es, por ausencia de causa médica que justifique el reposo, atendido el carácter crónico de la patología invocada, conclusión que, según expone, se funda en un peritaje realizado en el año 2023 y resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y con la normativa administrativa impartida por la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto el reposo deja de cumplir una finalidad terapéutica orientada a la recuperación del trabajador.

A su turno, el Fondo Nacional de Salud plantea, en forma previa, opone excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que el ordenamiento jurídico no le confiere competencia alguna para aprobar, rechazar o revisar licencias médicas, atribución que corresponde exclusivamente a la COMPIN o a las ISAPRES, según el caso. Afirma, además, que carece de atribuciones para adoptar las medidas pretendidas por el actor sin infringir el principio de legalidad, y añade que el recurrente no se encuentra privado de acceso a prestaciones de salud, toda vez que es beneficiario del programa PRAIS.

Finalmente, la Superintendencia de Seguridad Social informa que no registra reclamo alguno del recurrente respecto de la licencia médica objeto de esta acción, destacando que su intervención es de carácter subsidiario y revisora frente a decisiones de la COMPIN o de las ISAPRES, lo que permitiría sostener, según señala, que no se habría agotado la vía administrativa previa prevista por el ordenamiento, sin perjuicio de reconocer que actuaciones anteriores de dicho organismo ya fueron objeto de control jurisdiccional en el recurso de protección Rol 1803-2023.

4° Que, previamente, resulta necesario precisar el marco jurídico que regula la materia debatida, en particular el sistema de licencias médicas y la distribución de competencias entre los órganos que intervienen en su tramitación.

Al efecto, el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud establece que corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y, en su caso, a las Instituciones de Salud Previsional, conocer, autorizar o rechazar las licencias médicas, así como calificar la procedencia del reposo prescrito, atendida la patología invocada y su finalidad terapéutica.

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social ejerce funciones fiscalizadoras y actúa como instancia administrativa subsidiaria de reclamación frente a las decisiones adoptadas por dichos órganos, en los términos previstos, entre otras normas, en la Ley N°16.395.

5° Que, por su parte, el Fondo Nacional de Salud, de conformidad con el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, es un servicio público funcionalmente descentralizado, cuyas atribuciones se relacionan primordialmente con la administración financiera del sistema público de salud, la recaudación y distribución de recursos, el financiamiento de prestaciones y el pago de subsidios por incapacidad laboral, una vez que las licencias médicas han sido válidamente autorizadas por el órgano competente, careciendo dicho Servicio de atribuciones legales para pronunciarse sobre la procedencia médica de las licencias o para revisarlas.

6° Que, conforme a lo sostenido por el recurrente, la vulneración denunciada no se agota en el rechazo de una licencia médica determinada, como lo es aquella otorgada el 25 de enero del presente año y con vigencia hasta el 25 de marzo, sino que se proyecta en una situación prolongada en el tiempo, caracterizada por la reiterada negativa a autorizar reposos médicos desde el año 2019, la falta de pago de los subsidios asociados y las consecuencias que ello habría producido en su estado de salud física y psíquica, así como en su subsistencia económica. Vincula, además, tales efectos a un supuesto incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo resuelto por esta Corte en el recurso de protección Rol 1803-2023, especialmente en lo referido a la realización de un peritaje médico de la especialidad pertinente, cuyo alcance y suficiencia cuestiona.

En este sentido, del informe evacuado por la COMPIN, se advierte que la licencia médica que motiva la presente acción fue rechazada por la causal R-102, esto es, por ausencia de causa médica que justifique el reposo, atendido el carácter crónico de la patología invocada, conclusión fundada en un peritaje médico previamente realizado, y que se estima concordante con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Supremo N°3 de 1984 y con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto el reposo pierde su finalidad terapéutica cuando no está orientado a la recuperación que permita la reincorporación laboral. Dicho peritaje, según consta en el recurso de protección mencionado en el párrafo precedente, se realizó en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte.

7° Que, así las cosas, no se advierte la existencia de un actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida COMPIN ya que esta se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en la acción indicada, practicando el peritaje médico respectivo y emitiendo su decisión de rechazo de las licencias médicas objeto de dicho recurso, en base a la normativa vigente.

Cabe hacer presente que si bien el recurrente cuestiona la suficiencia y especialidad del peritaje aludido, alegando que aquel no habría considerado adecuadamente su patología actual ni las posibilidades de recuperación asociadas a una futura intervención quirúrgica y rehabilitación, dichas alegaciones dicen relación con materias de fondo cuyo conocimiento y resolución corresponde a los órganos administrativos especializados y a los procedimientos previstos en la normativa vigente, excediendo el ámbito propio de esta acción cautelar.

8° Que, además, y según lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social, la licencia médica que motivó la presente acción, de fecha 25 de enero de 2025, no registra reclamación administrativa pendiente del recurrente, circunstancia que permite concluir que no se ha agotado la vía administrativa a su respecto, quedando salvaguardado su derecho de reclamación respecto de la referida, ante el organismo respectivo.

9° Que, en cuanto a la alegación formulada por el Fondo Nacional de Salud relativa a la falta de legitimación pasiva, cabe tener presente que la pretensión del recurrente se orienta, en los hechos, a obtener la revisión, validación o efectos derivados de licencias médicas rechazadas, materia respecto de la cual dicho organismo carece de competencia legal, no existiendo coincidencia entre las atribuciones que la ley le confiere y la conducta que se le imputa como supuestamente vulneratoria de derechos fundamentales, motivo suficiente para acoger la excepción deducida.

10° Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que en lo relativo al bloqueo del recurrente por parte del Fondo Nacional de Salud en su sistema debido a la falta de cotizaciones, el actor afirma haber efectuado la reclamación respectiva, sin obtener respuesta al efecto. No obstante, se desprende del informe evacuado, que la recurrida si dio respuesta administrativa a las presentaciones del actor, según consta de ORD. 4.1K/N° SCE 124241 de 7 de julio de 2025 que adjunta al mismo, explicando fundadamente el ámbito de sus competencias, el estado de sus cotizaciones previsionales y la circunstancia de que el recurrente es beneficiario del programa PRAIS, lo que le permite acceder a la red pública de salud, no advirtiéndose, desde esta perspectiva, la concurrencia de arbitrariedad o ilegalidad alguna.

11° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a las recurridas, se rechazará el recurso en comento.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la recurrida Fondo Nacional de Salud.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de O’Higgins y el Fondo Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 948-2025 Protección