nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

Rancagua, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 10 de junio del año en curso, comparece doña nombre reservado, quien actúa tanto a título personal como en su calidad de presidenta de la Feria Libre de Chimbarongo, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chimbarongo, representada por su alcalde don Marco Antonio Contreras Jorquera. Señala que el acto que estima arbitrario e ilegal corresponde al Decreto Alcaldicio N° 1959, por medio del cual la autoridad municipal ordenó una medida de protección que prohíbe su ingreso a todas las dependencias municipales por un plazo indeterminado, medida que a su juicio, carece de fundamento, motivación y procedimiento previo, afectando gravemente el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Expone que dicha sanción se adopta a raíz de una denuncia formulada por la funcionaria municipal nombre reservado, quien habría invocado la Ley Karin para acusarla de conductas constitutivas de maltrato. La recurrente afirma que los hechos denunciados son falsos y carentes de sustento, y que la Municipalidad no instruyó investigación alguna, no le permitió ejercer descargos, no recibió declaraciones de todos los asistentes a la reunión involucrada y dictó el decreto sin cumplir los requisitos mínimos de debido proceso administrativo. Sostiene que ello vulnera su derecho a defensa y configura un abuso de las atribuciones municipales.

Relata que los hechos denunciados habrían ocurrido al término de una mesa de trabajo sobre Ferias Libres, en la cual se negó a firmar un acta hasta tanto fuese revisada por su abogada, debido a episodios previos en que ,según indica, se le había hecho firmar documentos en blanco y había sido objeto de malos tratos por parte de algunos concejales. Sostiene que bastó dicha manifestación para que la funcionaria presentara la denuncia, lo que atribuye a una animadversión previa por parte del concejal Duran y de otras autoridades municipales que, afirma, han mostrado una actitud despectiva hacia su rol gremial.

Añade que la prohibición decretada afecta directamente su función como dirigente, pues se le impide acceder a dependencias esenciales para ejercer la representación gremial de la Feria Libre de Chimbarongo, tales como comisiones de trabajo, sesiones del concejo municipal, oficina de partes y otros espacios administrativos. Afirma que la medida no distingue si la prohibición se aplica a su calidad de presidenta o también a su condición de persona natural, generando un efecto aún más gravoso y desproporcionado.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio recurrido vulnera diversas garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, particularmente los numerales 2, 3, 5, 6, 12, 13 y 15, afectando su igualdad ante la ley, su derecho a defensa, su libertad personal, su libertad de asociación y su facultad de participar en actividades gremiales legítimas. Agrega que la decisión municipal constituye un acto ilegal, por carecer de base normativa que autorice la imposición de una medida tan restrictiva sin procedimiento previo, y arbitrario, por carecer de razonabilidad y proporcionalidad.

Sostiene, finalmente, que el acto impugnado reúne los requisitos exigidos por el artículo 20 de la Constitución para la procedencia del recurso, tratándose de un acto atribuible a una autoridad determinada que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de derechos fundamentales.

A folio 9, comparece don Guillermo Sansana Carrillo, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, quien evacuando el informe requerido, en atención a la acción de protección deducida por doña nombre reservado, dirigente gremial de la Feria Libre de Chimbarongo, solicitando desde ya su rechazo conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

La recurrida sostiene que los hechos descritos por la recurrente presentan errores conceptuales. En primer término, afirma que no es efectivo que mediante el Decreto Alcaldicio N°1959 de 2 de junio de 2025 se le haya “prohibido” el ingreso a dependencias municipales a título de sanción. Precisa que dicho acto administrativo constituye una medida de protección decretada a favor de una servidora a honorarios que se desempeña como secretaria de concejales, dictada en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley N°21.643/2024 y por el Protocolo Municipal de Prevención, Investigación y Sanción de actos constitutivos de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. La medida se limitó a restringir la presencia de la recurrente en los espacios laborales habituales de la trabajadora denunciante, no existiendo facultad municipal para prohibir el acceso a un edificio público en horarios laborales.

Se indica que, antes de la Orden de No Innovar decretada por esta Corte, la recurrente mantuvo pleno acceso a todas las dependencias municipales, salvo a los lugares en que la servidora afectada realiza sus funciones: Salón de Concejo, Oficina de Partes y Secretaría Municipal. En ninguna otra dependencia existió impedimento para que la recurrente realizara trámites o gestiones propias de un municipio.

La recurrida sostiene que también es errado calificar la medida como “sanción”, puesto que la Ley Karin únicamente regula medidas preventivas y de protección respecto de trabajadores dependientes, y la recurrente no posee vínculo laboral ni estatuto jurídico que permita aplicar sanciones administrativas en su contra. En virtud de la ley, el empleador tiene el deber de brindar un ambiente libre de violencia y acoso, especialmente frente a denuncias realizadas desde una perspectiva de género, entendida como el análisis de cómo roles y expectativas afectan las experiencias y relaciones de las personas.

Conforme a ello, y habiéndose recibido el 29 de mayo de 2025 ,por parte de la servidora a honorarios una denuncia formal relativa a hechos ocurridos el día anterior en la Comisión de Ferias Libres, la autoridad municipal adoptó la medida de protección en favor de la trabajadora. La presentación de la afectada describe un episodio en que la recurrente la imputó falsamente de haber hecho firmar un documento en blanco, imputación que la funcionaria consideró agresiva, infundada y ajena a sus competencias, generándole afectación emocional evidente y verificable por los presentes. La trabajadora denunciante relata haber terminado llorando y afectada, temiendo incluso encontrarse con la recurrente fuera del municipio.

La Municipalidad expone que la recurrente acude a estas comisiones sólo para manifestar opiniones relativas a la administración de bienes nacionales de uso público donde funciona la feria libre, y que los concejales únicamente discuten aspectos de funcionamiento de la feria, recayendo la decisión final en el alcalde como jefe superior del servicio. Sostiene que las alegaciones de la recurrente sobre supuestos malos tratos previos carecen de sustento fáctico, y que su disconformidad se explica por no compartir las decisiones de la mayoría en las mesas de trabajo.

Precisa que el Protocolo Municipal se aplica a funcionarios de planta, contrata, trabajadores regidos por el Código del Trabajo y servidores a honorarios, grupo al cual pertenece la denunciante, quien además recibe apoyo del Instituto de Salud Laboral. Agrega que no corresponde instruir una investigación respecto de la recurrente al no poseer esta última vínculo jurídico con el municipio.

La recurrida sintetiza la aplicación de la Ley N°21.643 a los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2025 señalando que: (i) existió una conducta violenta acreditada por la trabajadora; (ii) el hecho ocurrió con ocasión del desempeño de sus funciones, al término de la comisión realizada en el Salón de Concejo; (iii) el sujeto activo corresponde a un tercero ajeno a la relación laboral; y (iv) existe un deber promocional de protección de la integridad emocional y física de los trabajadores frente a acciones de terceros.

En virtud de lo anterior, concluye que la actuación municipal fue adecuada, proporcional y ajustada a derecho. Sostiene que el Decreto Alcaldicio está debidamente fundado, basado en una denuncia formal, en hechos conocidos por presentes y en la obligación legal de proteger los derechos de la trabajadora.

Agrega que la recurrente no ha sido objeto de discriminación, pues no se le ha impedido el ingreso general al municipio ni el ejercicio de su actividad gremial, no se ha interferido en la organización de la feria libre ni se ha afectado su derecho de asociación.

Por todo lo expuesto, la Municipalidad sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales y solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, en la especie, el acto que la recurrente considera arbitrario e ilegal corresponde a que el recurrido, a saber, Municipalidad de Chimbarongo, habría impedido el ejercicio de su actividad como Presidenta gremial y persona natural, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 1959 de fecha 2 de junio de 2025, en el cual se habría restringido el ingreso de la recurrida a la Municipalidad.

3.- Que, al informar el recurrido, señala que se adoptan dichas medidas a raíz de una denuncia formal de una servidora a honorarios de la Municipalidad y en atención a la adopción de medidas preventivas y de protección a la denunciante, se dicta el decreto en cuestión, indicando que solo se restringe lugares determinadas en donde este la funcionaria denunciante, en virtud de sus facultades establecidas en la ley Nº 21.643/2024 y del protocolo de prevención que determinó como medida de protección a favor de la servidora a honorarios, la restricción de la recurrente en espacios laborales habituales de la afectada.

4.- Que, de los documentos acompañados a folio 1, consta que con fecha 2 de junio de 2025, se dicta el Decreto Alcaldicio Nº 1959 en el cual se indica como medida de protección por aplicación de protocolo ley Nº 21.643, a saber, lo siguiente: “restrinjase la presencia de la dirigente gremial individualizada en sesiones de comisiones de ferias libres del concejo municipal, de dependencias municipales (Secretaria Municipal, Oficina de partes, Hall de alcaldía) donde efectúe sus labores habituales la denunciante, Srta. nombre reservado.”

Que, el recurrido acompaña con fecha 23 de octubre de 2025, Decreto alcaldicio Nº 3793 de fecha 13 de octubre de 2025, en el que se deja sin efecto el decreto alcaldicio Nº 1959 de fecha 2 de junio de 2025, el cual contenía la medida de protección en favor de la denunciante, que era el motivo del presente recurso.

5.- En mérito de lo anterior, este recurso carece de la oportunidad necesaria, toda vez que el hecho que dio origen al presente arbitrio ha sido subsanado, al dictarse el Decreto Alcaldicio Nº 3793, el cual, deja sin efecto el decreto Nº 1959 de fecha 2 de junio de 2025, sin que, por lo tanto, existan medidas que esta Corte pueda adoptar para el restablecimiento del imperio del derecho, por cuanto el petitorio de su recurso ha sido satisfecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, por haber perdido oportunidad, el recurso intentado por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Chimbarongo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 933-2025 Protección.