nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 6 de junio de 2025 comparece Nicole Contreras Vernal, abogada, en representación de don nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Rancagua por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Exento N° 983/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, que ordena la demolición total, en el plazo de 60 días corridos, de las edificaciones existentes en domicilio reservado, lo que vulneraria las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2°, 3, 21 y 23 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que el 7 de mayo de 2025, se ha notificado al hermano de su representado el Decreto Exento referido que ordena la demolición total de las edificaciones existentes en domicilio reservado. Indica que lo anterior, en virtud de notificación N°23, de 6 de febrero de 2024, que requiere a nombre reservado, en representación de nombre reservado y Cia Ltda., que presente permiso de edificación y certificado de recepción final por las construcciones emplazadas en el inmueble en comento, y posterior denuncia N°34 de fecha 14 de febrero de 2024, presentada ante el Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua, ROL 592.242-2024.

Explica que, el hermano de su representado presentó sus respectivos descargos ante la notificación N°23 y denuncia N°34, e indicó que no fue posible presentar el referido permiso de edificación y certificado de recepción final, atendido a su larga data, sin perjuicio de su existencia y efectividad, ya que fue la misma recurrida quien los tuvo a la vista al momento de otorgar patente comercial definitiva ROL 2-2787, con funcionamiento en Esmeralda N°975, Rancagua.

Precisa que don nombre reservado es el representante legal de nombre reservado y Cia Ltda., persona jurídica que no detenta la calidad de dueña del inmueble, ya que según da cuenta certificado de dominio vigente de fojas 2147 vuelta, N°3847 del año 2025, los únicos dueños de la propiedad ubicada en domicilio reservado, son nombre reservado, nombre reservado, y el recurrente, comunidad que no ha sido notificada ni se le ha requerido la exhibición del mencionado permiso de edificación y certificado de recepción definitiva, pues éste se ha requerido a personas distintas de los propietarios, en la forma que detalla.

Alega que, durante todo el anterior proceso no se ha constatado infracción alguna por parte de los verdaderos propietarios del inmueble, comuneros nombre reservado, a las disposiciones del artículo 1.2.3 de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones, y artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debiendo por ese sólo hecho retrotraerse el procedimiento al estado de notificar válidamente a los propietarios el requerimiento del respectivo permiso de edificación y certificado de recepción final.

Seguidamente, respecto a la supuesta falta de permiso de edificación y recepción definitiva, señala que nombre reservado y Cia Ltda., es titular de la patente comercial ROL 2-2787, con funcionamiento en Esmeralda N°975, Rancagua, lo cual consta en Carpeta patente número 112/88, ROL 2-2787, de la Dirección de Rentas Municipales de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Puntualiza que don nombre reservado, padre de su representado, y quien fuere el primitivo dueño del inmueble que se ordena demoler, inició las actividades del Taller de Tornería Mecánica como persona natural, obteniendo patente industrial para la actividad Taller de Tornería (Mecánica) en dicho domicilio, en octubre del año 1974. Agrega que, en el año 1987, nombre reservado formó la Sociedad nombre reservado y Cia Ltda., representada legalmente por el hermano de su representado, nombre reservado.

Indica que, el 12 de abril de 1988, don nombre reservado transfirió la patente 112/88, ROL 2-2787, a nombre reservado y Cia Ltda. por lo que dicha sociedad cuenta con la misma patente comercial definitiva obtenida en octubre de 1974. Adiciona que el 17 de agosto de 1995, nombre reservado, compró la propiedad colindante a Esmeralda 975, ubicada en domicilio reservado, solicitándose, con fecha 23 de Marzo de 1998, la fusión de ambos predios colindantes y del mismo dueño, ante el Servicio de Impuestos Internos, quedando toda la propiedad inmueble con un Rol de avalúo unificado N°160-010.

Destaca que, cuando en el año 1998 se promulgó la Ley 19.583, conocida como “Ley del mono”, su parte realizó la correspondiente solicitud de regularización ante la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Rancagua, al tratarse de una microempresa inofensiva, con una construcción destinada al desarrollo de la actividad empresarial menor a los 300 metros cuadrados edificados, obteniendo la correspondiente recepción definitiva, lo que se condice con el otorgamiento de su patente comercial definitiva.

Así, reitera que se ha ordenado la demolición de la propiedad en comento pese a que nunca se notificó a sus propietarios en la forma señalada y que la propiedad sí cuenta con permiso de edificación y recepción definitiva regularizados en 1998, no cumpliendo los supuestos del artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Luego de referirse a la normativa aplicable y desarrollar las garantías que considera conculcadas, finaliza solicitando se ordene a la recurrida a dejar sin efecto el acto impugnado, por afectar las Garantías Fundamentales reconocidas y consagradas en el Art 19 Nº2, 3, 21 y 23, en relación al art. 20 de la Carta Fundamental, con expresa condena en costas.

A folio 9, con fecha 27 de junio de 2025, comparece el abogado Javier Zamorano Guerrero por la recurrida, informando al tenor del recurso, solicitando que sea rechazado, con costas. Indica que el quid del asunto es que la empresa, negocio familiar que emprendiera su padre y de la que es parte el actor, es representada legalmente por su hermano nombre reservado quien, en esa calidad, fue debidamente notificado respecto del citado Decreto de demolición. Agrega que, como es sabido por el actor, dado las innumerables notificaciones y multas, que a lo menos desde el año 2020 se les han ido cursando, que la actividad de Taller Industrial, no puede desarrollarse en ese sector de la comuna, y suma a lo anterior, que en dicho inmueble fueron edificadas instalaciones, sin contar con las respectivas autorizaciones - permiso de edificación y recepción final de obra -, circunstancias que son conocidas por el recurrente y que son precisamente las que se mandan a demoler luego de años de citaciones buscando su regularización.

En cuanto a los antecedentes de la dictación del decreto de demolición cuestionado, indica que, el director de la Dirección de Obras Municipales, a través del Oficio Ordinario N° 00302, del 13 de febrero del 2025, solicita la demolición total de la construcción, ubicada en domicilio reservado, por encontrarse en infracción a los artículos 116° y 145°, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, esto es, no contar con permiso de edificación y sin recepción final de obras. Detalla que mediante denuncia N°29, de fecha 21 de septiembre de 2020 l 2020, el jefe del Departamento de Inspección de Obras denuncia en virtud del artículo 3°, de la Ley N°18.287, a nombre reservado representante legal de la empresa nombre reservado Mondaca y Compañía Ltda., según consta en parte N°09632/2020, por el que fuera citado personalmente al 2° Juzgado de Policía Local. Agrega que, mediante ORD. DOM N°096/ INSP. N°30, de 5 de mayo de 2021, el Director de Obras Municipales, informa sobre reclamos de vecinos de la Población Rajcevich, afectados por un Taller de Tornería Industrial que cuenta con patente Comercial definitiva, desde el año 1974, siendo inspeccionado constatándose que carece de Permisos de Edificación, y de Certificado de Recepción, notificando al representante legal, otorgando un plazo prudente para obtenerlos, no dando cumplimiento a lo demandado por el Director de Obras, por lo tanto, se envió denuncia al Juzgado de Policía Local.

Seguidamente se refiere al ORD. N°1284, de fecha 16 de septiembre de 2022, el Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo, que en lo conclusivo indica que el uso de suelo tornería no corresponde al uso de suelo permitido en el Instrumento de Planificación Territorial. Añade que, mediante Ordinario N°3115, de fecha 29 de noviembre de 2021, el Secretario Regional Ministerial de Salud, señala que, en atención a los documentos remitidos a esa SEREMI, y que versan sobre emitir la Calificación de la actividad, que está emplazada en la población Rajcevich de la comuna de Rancagua, y donde funciona una Maestranza, es calificada como Molesta y Contaminante. Continua señalando lo indicado mediante Oficio Ordinario N°6384/2021, de 17 de diciembre de 2021, el Director de Obras Municipales (S) y el Pase Interno N°5016/2022, de fecha 22 de junio de 2022, que dan cuenta de haber solicitado al señor Alcalde, sancionar la dictación de Decreto que ordene el retiro de Maestranza e Ingeniería nombre reservado y Compañía Limitada, lo que en razón al tiempo transcurrido, es de opinión de ese Director de Obras, que el tema sea incorporado a la Tabla de la próxima Sesión del Honorable Concejo Municipal, y que en Sesión Ordinaria No58, de 19 de julio de 2022 se aprobó por la unanimidad de los concejales asistentes, autorizar la aplicación del artículo 160°, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para el retiro de Maestranza e Ingeniería nombre reservado y Compañía Limitada, con el plazo de un año.

Explica que se emitió Decreto Exento N°2566/2022 de fecha 29/07/2022 donde se dispone su clausura, lo que fue repuesto por la abogada Nicole Contreras. Indica que el 6/02/2024 se realiza notificación N°23 a Don nombre reservado como representante legal, para que proceda a presentar permiso de edificación y certificado de recepción de la propiedad en cuestión, lo que no ocurrió, presentándose la respectiva denuncia ante e Juzgado de Policía Local competente, en el cual se dictó sentencia condenatoria el 10 de junio de 2024.

Precisa que la actividad de Taller Industrial no está permitida en el sector, por lo que solicita, en virtud del artículo 148-1, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones el Decreto de Demolición Total de la Construcción, ajustándose la actuación del Municipio a derecho, y que es obligación del recurrente cumplir con los requisitos establecidos por las leyes respectivas para el ejercicio de su actividad, lo que en este caso no se verificó.

Seguidamente, señala que, si esta corte estimase la falta de alguna notificación en este proceso, debiese salvarse dicho trámite con la propia actuación del actor en estos autos, estableciéndosele un plazo para que ejecute la demolición de lo edificado contra la norma.

Finalmente, argumenta respecto a la improcedencia del recurso de protección en este caso, ya que es procedente el reclamo de Ilegalidad establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades A folio 12, comparece Vladimir Silva Vera, abogado, por la parte tercerista interesada, doña nombre reservado y nombre reservado, matrimonio de adultos mayores domiciliados en domicilio reservado, en la ciudad de Rancagua, quienes han visto perturbada su espacio de vida familiar y comunitaria, a partir de la instalación y funcionamiento de la denominada “Maestranza nombre reservado”, que constituye un foco permanente de contaminación acústica, vibraciones y hostigamiento a su vida cotidiana, sin que existieran permisos de edificación, recepción definitiva ni autorizaciones sanitarias que avalaran su operación.

Detalla antecedentes que demuestran que el Decreto Alcaldicio N°983/2025 de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, que ordenó la demolición de la edificación ilegal, no es un acto antojadizo ni arbitrario, sino el resultado de más de cinco años de denuncias, constataciones, fiscalizaciones y sanciones administrativas y judiciales, todas ellas motivadas por los gravísimos perjuicios que la actividad industrial ha generado en la salud, la integridad y el derecho a vivir en paz de sus representados, lo que se tiene presente a folio 15, como terceros interesados.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Segundo: Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde al Decreto Exento N° 983/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, que ordena la demolición total, en el plazo de 60 días corridos, de las edificaciones existentes en domicilio reservado, lo que vulneraria las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2°, 3, 21 y 23 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, informando la recurrida, indica que el actuar de la Municipalidad no resulta arbitrario ni ilegal. Señala que el quid del asunto es que la empresa, negocio familiar del que es parte el actor, es representada legalmente por su hermano nombre reservado quien, en esa calidad, fue debidamente notificado respecto del citado Decreto de demolición. Agrega que, como es sabido por el actor, dado las innumerables notificaciones y multas, que a lo menos desde el año 2020 se les han ido cursando, que la actividad de Taller Industrial, no puede desarrollarse en ese sector de la comuna, y suma a lo anterior, que en dicho inmueble fueron edificadas instalaciones, sin contar con las respectivas autorizaciones - permiso de edificación y recepción final de obra -, circunstancias que son conocidas por el recurrente y que son precisamente las que se mandan a demoler luego de años de citaciones buscando su regularización.

Cuarto: Que, sobre el particular es necesario tener en consideración que el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece, en lo pertinente, que: “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales a solicitud del propietario (…)”.

A su vez el inciso 1° del artículo 145 del mismo cuerpo de normas preceptúa que: “Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total.”.

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal referido, indica que: “El Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos; N° 1 Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local Respectiva.”.

Finalmente, el artículo 151 de la norma en estudio establece que: “La resolución que expida la Alcaldía, en conformidad con el artículo anterior, será notificada al propietario, y si este no fuere habido ni tuviere representante legal o mandatario conocido, la notificación se hará por medio de avisos, que se publicarán tres veces en un periódico de la ciudad cabecera de la provincia. En el caso de los edificios, se notificará además a los arrendatarios u ocupantes del mismo, si los hubiere.”.

Quinto: Que, en primer término, con el objeto de circunscribir la controversia, más allá de lo enunciado por el actor en cuanto a que es titular de la patente comercial ROL 2-2787 lo que desvirtuaría la falta de permiso de edificación y recepción definitiva -de lo cual no acompañó elemento de juicio alguno-es necesario indicar que en autos no existe controversia en cuanto a los antecedentes que motivaron la decisión edilicia, sino un reproche formal a la falta de notificación tanto de los actos administrativos que resultaron en la orden de demolición de su propiedad, así como del Decreto que así lo ordena respecto de las obras ejecutadas por la recurrente de las edificaciones existentes en domicilio reservado, lo que lo deja en la más absoluta indefensión.

Sexto: Que, en cuanto a la notificación del decreto de demolición, atendida la normativa señalada en el motivo cuarto y elementos de juicio allegados al proceso, no existe constancia de la realización de una notificación personal o por avisos, en la forma prevista en el artículo 151 de la Ley en estudio, quedando en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha notificado el decreto de una forma diversa a la prevista por el legislador.

En efecto, consta en estos antecedentes, según da cuenta certificado de dominio vigente de fojas 2147 vuelta, N°3847 del año 2025, que los dueños de la propiedad ubicada en domicilio reservado, son don nombre reservado, doña nombre reservado, y el actor, don nombre reservado, respecto de quienes no hay noticia que hayan designado a uno de ellos como representante legal, por lo que al haber sido notificado únicamente don nombre reservado, no es posible tener por cumplida la exigencia señalada en el referido artículo 151 antes citado, notificación que por lo demás, no aparece realizada personalmente a este último.

Séptimo: Que, por tanto, la omisión de la recurrida en la notificación del Decreto Exento N°983/2025, de fecha 20 de marzo de 2025 debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en relación a otros administrados que no se ven sujetos a la infracción antes anotada, razón por la que necesariamente se debe acoger la acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, sólo en cuanto la recurrida deberá notificar el Decreto Exento N° 983/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, al propietario del predio afectado -Comunidad hereditaria formada por don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado-, en la forma dispuesta en el 151 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para que surta sus efectos.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido, pues si bien, el recurrente alega que no fue notificado personalmente del decreto de demolición, reconoce que el terreno donde opera la maestranza era de propiedad de su padre, el que adquirió junto a sus hermanos, por sucesión por causa de muerte, así como también el dominio de la empresa respectiva, de nombre nombre reservado y Compañía Limitada, la que fue notificada a través de su representante legal, empresa de la cual él es socio y que opera en las instalaciones ordenadas demoler, por lo que necesariamente debe entenderse que tuvo conocimiento del proceso respectivo -al menos- desde que dicho representante legal repuso el Decreto Exento N°2566/2022 de 29 de julio de 2022, donde se dispone la clausura de la Maestranza y cuando presentó sus respectivos descargos ante la notificación N°23 y denuncia N°34, por lo que la finalidad de toda notificación, cual es, poner en conocimiento del notificado un hecho, se cumplió a cabalidad, no quedando en la indefensión que denuncia, que amerite acoger la acción deducida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 916-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.