nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

Rancagua, once de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 3 de agosto de 2020, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado. Aguirre S/N, Pichilemu, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU, representada legalmente por su Alcalde, Roberto Córdova Carreño y en contra de nombre reservado, Director de Obras de dicha municipalidad, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que con fecha 7 de julio del presente año, el Alcalde de la comuna de Pichilemu, mediante Decreto Exento N°1643 ordenó la demolición de su vivienda, por entender que aquella se encuentra en un bien nacional de uso público. Posteriormente, el día 13 de julio del 2020, el Director de Obras de la comuna de Pichilemu, le notificó la resolución antes dicha y le otorgó un plazo de 30 días corridos contados desde esa fecha para llevar a cabo la demolición en cuestión.

Explica que dichos hechos son idénticos a los expuestos en los autos de protección Rol 478-2015 seguidos ante esta Ilustrísima Corte, en el cual se acogió el recurso interpuesto y se dejó sin efecto el Decreto Alcaldicio N°563 de 6 de febrero de 2015 que ordenó la demolición de la vivienda. Indica que en aquel proceso se consideró la existencia de una causa seguida ante el Juzgado de Policía Local de Pichilemu, Rol 24.746/2014 en donde se determinó que previo a resolver sobre la procedencia de la denuncia, resultaba indispensable que algún Tribunal u otra autoridad competente se pronunciara sobre la naturaleza del o los bienes públicos afectados, de su superficie exacta y su ubicación en relación a los predios colindantes, información de la que no se aportó antecedentes, por lo que se suspendió la investigación en tanto las partes presenten el conflicto ante las autoridades competentes, ordenándose el archivo de la causa. Destaca que la calidad de bien nacional de uso público del terreno donde se encuentra emplazada la vivienda del actor constituye un hecho controvertido, según se indica en el considerando séptimo del fallo de protección precedentemente singularizado. Concluye que el Alcalde incurrió en una acción ilegal o arbitraria pues excedió la facultad del artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en atención a que la calidad de público del terreno no estaba clara, vulnerándose con ello el derecho de propiedad del actor.

Acusa que el Decreto Exento N°1643 de 7 de julio del 2020 transgrede lo fallado en dos sentencias previas, a saber, la dictada por el Juzgado de Policía Local de Pichilemu como la de ésta Ilustrísima Corte de Apelaciones, por lo que se ha amenazado y perturbado las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, N°5 y N°24, todos de la Constitución Política de la República. Cita jurisprudencia al efecto.

Solicita se deje sin efecto el Decreto Exento N°1643 de 7 de julio del 2020.

Acompaña copia del Decreto objeto del recurso, notificación de aquel y las sentencias definitivas dictadas en autos de protección Rol 478-2015 de ésta Ilustrísima Corte de Apelaciones y la de la causa seguida ante el Juzgado de Policía Local de Pichilemu, Rol 24.746/2014.

Que, el 2 de septiembre del 2020, evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, mediante informe de la DOM N° 000062 de 1 de septiembre del 2020, en donde el Director de Obras Municipales, nombre reservado, indica que teniendo presente el Plan Regulador Comunal e imágenes del mapa cartográfico del Servicio de Impuestos Internos, acompañado de las planchetas de predios colindantes a calle José Joaquín Aguirre, se puede corroborar que la construcción se encuentra ejecutada y emplazada en un bien nacional de uso público y que la construcción no cuenta con permiso de edificación o autorización municipal, incumpliendo el artículo 116 y artículo 145, ambos de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Indica que en atención a dichas circunstancias es que la Dirección de Obras Municipales solicitó al Alcalde que emitiera el Decreto de Demolición en virtud del artículo 148, numeral 1 y 2, del citado cuerpo legal a fin de demoler la construcción ejecutada y emplazada en un bien nacional de uso público, que no cuenta con permiso de edificación.

Adjunta planchetas del Servicio de Impuestos Internos, correspondientes a las Manzanas 649 y 669 colindantes con calle José Joaquín Aguirre, destacando que el sitio N°1 de la Manzana 649 colinda al nororiente en toda su extensión con la calle José Joaquín Aguirre, lo cual se ve reafirmado por la plancheta de la Manzana 669 que grafica que el sitio N°1 tiene acceso por la misma calle, lo cual es imposible con la construcción emplazada allí.

Acompaña informe DOM N°040 de 3 de julio de 2020, Decreto Exento N°1643 de 7 de julio del 2020 de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, Memorándum N°630, de fecha 3 de julio de 2020 emanada por la DOM al Alcalde de la I. Municipalidad de Pichilemu y copia del expediente Rol N° 24.746/2014 seguido ante el Juzgado de Policía Local de Pichilemu.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando:

1°.- Que, el recurso de protección se encuentra establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituyendo una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2º.- Que, en la especie, el acto que se reprocha de ilegal y arbitrario consiste en la dictación del Decreto Exento N° 1643 de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, de fecha 7 de julio del 2020, que ordena la “demolición a contrucción de propiedad de Dn. nombre reservado en Bien Nacional de Uso Público sin permiso de edificación en calle José Joaquín Aguirre esquina Esmeralda, lo anterior a lo informado por dicha dirección en documentos señalados precedentemente, en el marco de lo establecido en el artículo 150,151,152,153 y 154 de la Ley General de Urbanismo (LGUC), se otorga un plazo no mayor de 30 días corridos a contar de la entrega de la notificación al propietario”

3°.- Que, en cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, cabe precisar que el artículo 3° letra e) de la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades preceptúa, en lo pertinente, que: "Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas: e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.”

A su vez, el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone en su inciso 1° “Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destino que se dé a los edificios”.

Por último, el artículo 148 de la misma normativa establece las circunstancias de hecho que hacen procedente la dictación de un decreto de demolición por parte del Alcalde, a petición del Director de Obras, cuales son: 1.- Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local respectiva. 2.- Obras que se ejecuten fuera de la línea de cierro o en bienes de uso público, sin la autorización correspondiente. 3.- Obras que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad, o que amenacen ruina. 4.- Obras ejecutadas de conformidad a las autorizaciones señaladas en los artículos 121, 122 y 123 que no se hubieren demolido al vencimiento de los plazos estipulados.

4°.- Que, del conjunto de las disposiciones legales en comento, aparece de manifiesto que la parte recurrida se encuentra facultada tanto para fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre edificación y urbanización de construcciones, como también para decretar la demolición de las mismas cuando hayan sido ejecutadas en disconformidad con las normas que regulan la materia, lo que permite descartar la ilegalidad del acto impugnado.

5°.- Que, ahora bien, respecto a la arbitrariedad del decreto de demolición, cabe recordar que en su calidad de acto administrativo, particularmente de gravamen, debe cumplir con el deber de motivación dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880, norma aplicable a las Municipalidades según lo prescrito en el artículo 2° de la misma ley, en virtud de la cual “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

6°.- Que, en la especie, de la lectura del decreto de demolición, aparece que éste no cumple con el deber de motivación, por cuanto no expresa las razones de hecho y de derecho en que se funda. En efecto, en sus considerandos se limita a enunciar dos memorándum y un informe de la Dirección de Obras Municipales, sin consignar hecho alguno que justifique la decisión adoptada, no bastando la simple cita de dichos documentos fundantes, ya que no se reproducen siquiera cuales fueron los motivos exactos de dichos documentos los que permitieron a la autoridad municipal adoptar la decisión impugnada, obstaculizando el conocimiento íntegro de los fundamentos de la resolución de parte del afectado, pero, y más importante aún, no da cuenta de antecedentes que permitan establecer de manera indubitada el carácter de bien nacional de uso público del inmueble, cuando no obstante, ya por sentencia pronunciada por esta misma Corte en recurso de protección Rol Nº 478-2015, se había dejado sin efecto decreto alcaldicio anterior, que decretaba la demolición del mismo inmueble.

7°.- Que, en efecto, de la revisión de los autos de protección 478-2015, se constata que el Decreto Alcaldicio actualmente impugnado es del mismo tenor y posee los mismos fundamentos del que fue dejado sin efecto en dicha causa, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 563 de 6 de febrero de 2015, por ser aquel ilegal y arbitrario al fundar su decisión en un hecho que se encuentra en controversia, específicamente la calidad de bien nacional de uso público en donde se emplaza la construcción del recurrente, según se indicó en sentencia firme del Juzgado de Policía Local de Pichilemu, cuestión que a la fecha no ha sido clarificada con nuevos antecedentes de la autoridad competente, emitiéndose en consecuencia una decisión carente de fundamento, al citar el artículo 148, numerales uno y dos, de la Ley General de Construcción y Urbanismo, sin que aquella posea correlativo fáctico con las circunstancias que se tuvieron a la vista.

8º.- Que, en estas condiciones fácticas, aparece evidente que la orden de demolición dispuesta por el municipio recurrido no cuenta con suficiente fundamentación, puesto que precisa -en forma previa- que se declare por el organismo administrativo pertinente o por tribunal competente, bajo el procedimiento de lato conocimiento que corresponda, la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público que se le imputó al inmueble y mientras tanto, no se pueden ejecutar actos materiales que desconozcan un eventual derecho que hasta ahora, sostiene el recurrente y que deben ser amparados por esta vía, pues la demolición decretada sobre edificaciones que pertenecen a los recurrentes, en los términos que se han señalado, constituye un acto arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el Nº 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU y de nombre reservado y, en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO el Decreto Exento N°1643, de fecha 7 de julio de 2020.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 9080-2020 Protección.

No firma la abogada integrante Sra. Latife, por no encontrarse integrando el día de hoy; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.