nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Rancagua Rancagua, dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con fecha 15 de abril del año en curso, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, domiciliada en domicilio reservado, cuyo representante legal es nombre reservado.

Funda su recurso en que el día 14 de abril de 2021 recibió un correo electrónico por parte de la recurrida en que le comunica la ejecución de un acto ilegal y arbitrario al informarle que “ha sido enviada tu cuota nro. 11 de crédito, folio 0, correspondiente al monto: $115.114, al empleador Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

Señala que lo anterior conculca sus garantías constitucionales del artículo 19 N°16 y N°24, toda vez que se desconoce la existencia de una sentencia firme y ejecutoriada que declara prescrita la deuda cuyo cobro se pretende, tramitada ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua en causa ROL 10.866-2011.

Añade que en el año 2017 debió interponer esta misma acción por los mismos hechos, oportunidad en que se acogió el recurso de protección ordenando a la recurrida la devolución de las cuotas descontadas y abstenerse de realizar descuentos futuros, según consta en ingreso Corte 638-2017, de este Ilustrísimo Tribunal.

Finalmente hace presente que desde el año 2010 que no está afiliada a la Caja, año en que fue desvinculada por su antiguo empleador.

Pide en definitiva se ordene a la recurrida devolver las sumas de dinero descontadas y no solicitar más a su actual empleador la realización de descuentos en su remuneración mensual, con costas.

A folio N°7, consta informe de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que con fecha 12 de agosto de 2010 otorgó a la recurrente un crédito por un capital inicial de $4.381.461, pagadero en 60 cuotas mensuales de $115.412, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de septiembre 2010. Registrando morosidad en el pago de las cuotas de junio 2011 a agosto 2015.

Señala que no existe actuar arbitrario o ilegal de su parte, toda vez que en el recurso de protección 638-2017, tramitado ante esta Corte, la Excma. Corte Suprema revocó lo resuelto, por tanto no es efectivo lo indicado por la recurrente. Así se limitó a aplica lo dispuesto en el artículo 22 de la Lay 18.883.

Indica que está cobrando una deuda que se encuentra vigente y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, toda vez que aquello requiere de declaración judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamento de derecho que esgrime la recurrente, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito señalado, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen al empleador. Asimismo dispondrá la restitución de las sumas cuya remesa se reciba a partir de la fecha de reanudación de los descuentos, esto es abril de 2021, por cuanto a la fecha de su informe aun no recibe los dineros.

Por lo dicho, solicita se rechace el recurso, por haber perdido oportunidad.

A folio N°9 la recurrida solicita se tenga presente que aún no ha recibido la remesa de la suma informada para descuento el mes de abril de 2021, por lo que actualmente no existen sumas pendientes de ser restituidas a la recurrente. Agrega que como lo informó, excluyó a la recurrente de las nóminas para el cobro del crédito, lo que se hará efectivo a partid del mes de junio de 2021, reiterando que restituirá cualquier suma de dinero que sea descontada a la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, el acto que la recurrente considera conculca sus garantías constitucionales, corresponde al descuento que se realiza en sus remuneraciones, por parte de la recurrida, por concepto de un crédito cuya prescripción se declaró en el contexto de un juicio ejecutivo.

Por su parte la recurrida, niega la existencia de un acto arbitrario o ilegal, pero sin perjuicio de ello manifiesta que cesará en el cobro y que cualquier dinero que reciba por los cobros ya efectuados será restituido a la recurrente.

3.- Que, el artículo 58, inciso 1° del Código del Trabajo, dispone que el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. A su vez, el artículo 21 de la ley Nº 18.833, prescribe que las cajas de compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero; préstamos destinados al financiamiento de la adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios; y otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables de los señalados en el Título V del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931; y por último, el inciso 1° del artículo 22 de la citada ley Nº 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

4.- Que, en la especie, cabe concluir que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.883 de manera ilegal y arbitraria, toda vez que consta de los antecedentes allegados a esta causa que dedujo demandada ejecutiva en la causa ROL 10.866-2011 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, para el cobro del mismo crédito, ocasión en que con la presentación de la demanda aceleró la totalidad de las cuotas pendientes, a lo que cabe agregar que en dicho proceso, por sentencia de fecha 9 de marzo de 2017, se acogió la excepción de prescripción opuesta por la ahora recurrente.

De esta manera, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que, como se dijo, con la demanda ejecutiva la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

Por consiguiente, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, dando cuenta del uso abusivo de esta modalidad de cobro de préstamos sociales.

5.- Que, la conducta de la recurrida no sólo es ilegal, sino también injustificada, por cuanto, además, desconoció sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito, por lo que la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

6.- Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se le ordena efectuar la devolución de las cuotas descontadas durante el presente año, a doña nombre reservado, dentro de décimo día de ejecutoriado este fallo, así como abstenerse de realizar descuentos de las remuneraciones de ésta para hacerse pago del crédito materia del presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte N°9056-2021 Protección.