Protección contra Universidad de Concepción y de la Tesorería General de la República

3 Rancagua, veintitrés de agosto de dos mil doce.

Vistos:

A fs. 8 comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad de Concepción y de la Tesorería General de la República, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de la devolución de impuestos a la renta practicada al recurrente a petición de la casa de estudios recurrida, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que con fecha 13 de junio recién pasado la Tesorería General de la República autorizó la retención de la devolución de impuestos a la renta del recurrente, correspondiente al periodo 2010 y 2011, por la suma de $4.616.919, ello a solicitud de la recurrida Universidad de Concepción. Acto que estima arbitrario e ilegal, especialmente, por carecer de fundamentación alguna, más aún, cuando no existe proceso judicial previo que justifique tal medida.

Argumenta que el recurrente, si bien es deudor de crédito fiscal universitario, dicho convenio fue suscrito con anterioridad al 30 de junio de 2011, lo que resulta relevante, desde que le favorece la Ley 20.572, sobre reprogramación de Créditos Universitarios. Al efecto, para acceder a este beneficio, es menester no haber acogido ninguna reprogramación anterior, lo que ocurre en la especie. Además y como lo indica el artículo 2° inciso 3° de la citada Ley, mientras no se suscriba el correspondiente pagaré (artículo 4°) “serán suspendidos los procedimientos de apremio que se hubieren iniciado contra los deudores”.

Concluye solicitando se acoja la acción intentada y dejar sin efecto la retención de la devolución de impuesto a la renta, bajo el N° de Folio 9901415073 de la Tesorería General de la República, y/o se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fs. 20 se declara admisible el recurso, requiriendo informe a los recurridos.

A fs. 46 comparece nombre reservado, en representación de Universidad de Concepción, evacuando el informe solicitado.

Previamente solicita se declare la incompetencia del Tribunal, en atención a que el supuesto acto arbitrario e ilegal se habría cometido en la ciudad de Concepción; pues, es en esta ciudad donde se incluyó al recurrente en la lista de deudores morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario y luego fue enviado a la Tesorería General de la República, en Santiago. En consecuencia, el Tribunal competente para conocer de la presente acción cautelar es la Corte de Apelaciones de Concepción o, en su defecto la de la ciudad de Santiago, pero no la Corte de Apelaciones de Rancagua.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción intentada por no existir el acto ilegal y arbitrario que se denuncia, toda vez que su representada ha actuado conforme a derecho.

Explica que el recurrente a fin de financiar sus estudios universitarios, cursados entre los años 1992 y 1998, incurrió en una deuda a favor de la Universidad de Concepción, la que en la actualidad se mantiene vigente; y dada la falta de pago, el recurrente fue incluido en la lista de deudores morosos sujetos a retención de su devolución de impuestos, ello conforme lo previene el artículo 1° de la Ley 19.989. Añade que su representada no hizo otra cosa que ejercer un derecho de cobro administrativo que le confiere el ordenamiento jurídico, por lo que no se advierte la vulneración que alega el recurrente.

Finaliza solicitando se acoja la excepción de incompetencia y, en subsidio, para el caso que tal excepción sea desechada, el rechazo de la acción intentada, con costas.

Acompaña documentación que consta en el expediente.

A fs. 70 comparece Jorge González Bastías, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, informando, señala que de los hechos reseñados por el recurrente no son del todo efectivos, pues las devoluciones que correspondía realizar corresponden a los años tributarios 2010, por la suma de $3.444.198 y 2012 por la suma de $881.723, toda vez que la referida al año 2011 se encuentra retenida por el Servicio de Impuestos Internos. Tal devolución que debió realizarse no se llevó a efecto puesto que el Servicio del Fondo Solidario de la Universidad de Concepción solicitó, conforme lo previene el artículo 1° de la Ley 19.989, se retuviere dicha devolución de impuestos a la renta, conforme lo cual procedió a su retención total.

Añade que el actuar de la Tesorería General de la República no puede ser estimado como ilegal desde que actuó conforme lo previenen la Ley 19.989 y la Ley 19.848, que la faculta para retener la devolución anual de los impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito universitario.

Estima que en lo que respecta a su parte, adolece de legitimación pasiva, por lo que debiese ser declarado inadmisible.

En cuanto al fondo, sostiene, resumidamente, que la acción debe desestimarse pues no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte del Servicio, toda vez que al efectuar la retención de la devolución de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción ha actuado en el ejercicio de un facultad legal y de manera estricta a lo que dispone la ley.

Acompaña documentación que se añade al expediente.

A fs. 81 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

1. En cuanto a la incompetencia alegada por el recurrido Universidad de Concepción, cabe rechazarla desde que el acto reclamado se concreta en esta jurisdicción con la específica retención efectuada por Tesorería; asimismo, el preciso actuar de éste ente público, en cuanto reclamado en el recurso, obliga a desestimar la pretensión de falta de legitimidad pasiva.

2. Que, sin embargo, el acto no ha sido ilegal o arbitrario puesto que no se niega la existencia de la deuda, y la Ley N° 19.989 en su artículo 1° faculta en forma expresa a Tesorería para efectuar la retención impugnada, y a la Universidad recurrida para informar a la primera respecto de los montos impagos de los créditos solidarios de que se trata.

3. Que la legalidad del acto no puede quedar afectada por existir posibilidad de repactación, que el propio recurrente ha reconocido que no se ha concretado, por lo que no queda más que rechazar la presente acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas del recurso, el deducido en lo principal de fojas 28.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 902-2012.Civ.Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Señores Ministros Titulares, Raúl Mera Muñoz, Fernando Carreño Ortega y Ricardo Pairicán García.

Paola González López Secretaria En Rancagua, a veintitrés de agosto de dos mil doce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.