Protección contra Dirección Regional del Trabajo de la Región de O’Higgins

Rancagua, ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha cuatro de enero del año en curso, comparece Hugo Zamorano Illesca, abogado, en representación de la Empresa o Sociedad Comercial, nombre reservado Spa, cuyo representante legal es don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de O’Higgins, representada legalmente por nombre reservado, en su calidad de Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso, en que es una empresa agrícola, que tiene una duración temporal de abril a octubre de cada año, y que dentro de las personas que contrató para la temporada se encontraban cuatro menores de edad, los cuales sufrieron lesiones menores al ser picados por una abeja, lo que unido a un atraso en el envío del registro de los contratos celebrados con estos menores de edad, dio lugar a que la Inspección del Trabajo le aplicara cuatro multas, de las cuales 2 de ellas fueron rebajadas a la mitad, quedando junto a las restantes en 180 UTM, que se desglosan en dos multas de 60 UTM correspondientes a las resoluciones 4435/16005-1 y 4435/16/4, y 2 multas de 30 UTM cada una según resoluciones 1395/16/2 y 4435/16/3, lo que a la fecha de presentación del recurso equivale a $8.312.440.

Respecto a estas multas no dedujo reclamo judicial, pero si entabló con fecha 31 de mayo de 2016, un recurso extraordinario de revisión, apoyándose en lo dispuesto en el artículo 60 letra b) de la ley Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen a los actos de la Administración del Estado, el que fue rechazado el día 14 de diciembre de 2016, y cuya notificación le fue practicada el día 26 de diciembre de 2016.

Indica que el error de hecho en que se incurrió es que al actuar en forma tan rigurosa se realizó una interpretación equivocada de lo que dice la ley en esta materia.

Señala que el artículo 13 inciso final del Código del Trabajo dispone “La empresa que contrate los servicios de menores de dieciocho años, deberá registrar dichos contratos en la respectiva Inspección del Trabajo”.

Lo que sucedió en los hechos fue el atraso en el envío de la comunicación a que alude la norma citada.

Sostiene que no obstante el hecho base de la norma es uno sólo, lo que habría dado lugar a una multa, la Inspección del Trabajo, divide el hecho en varios, tanto como eran los menores de edad, lo que dio lugar a sendas multas, desatendiendo el tenor literal de la norma a pretexto de consultar su espíritu.

Refiere que con el actuar de la recurrida se ha infringido el derecho al debido proceso, ya que debió rebajar las multas aplicadas, pues se trataba solamente de una infracción, y ha infringido su derecho a realizar cualquier actividad económica, consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, ya que no puede pagar la excesiva multa aplicada.

Por lo expuesto, solicita que la multa que reducida a una por ser uno sólo el hecho infringido fundamento de la sanción, conforme a la definición del mismo contenida en el inciso final del artículo 13 del Código del Trabajo.

Con fecha 3 de febrero del año en curso la recurrida evacua el informe solicitado, pidiendo el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Luego de hacer referencia a los distintos recursos que fueron ejercidos por el recurrente en sede administrativa para que se rebajara a una sola multa, siendo todos rechazados, sostiene que la presente acción constitucional debe ser rechazada, por cuanto fue entablada en forma extemporánea. El recurrente tuvo conocimiento de las multas que pretende impugnar al menos respecto de la resolución 4435.16.5, 4435.16.4 y 4435.16.3 desde el día 2 de marzo de 2016 al ser notificado de la multa, y respecto de la multa 1395.16.2 al ser notificado de la multa con fecha 5 de febrero de 2016.

Señala que en causa rol 2047-2011 la Excma. Corte Suprema con fecha 24 de mayo del año 2011, resolvió que los recursos administrativos interpuestos en contra del acto que originó la ilegalidad y arbitrariedad alegadas, no tiene la facultad de interrumpir el plazo para el ejercicio de la acción constitucional de protección, toda vez que el artículo 20 de nuestra carta fundamental, al referirse a los requisitos del recurso de protección, establece en su inciso 1° que esta acción es “… sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Agrega que en este mismo sentido la Excma. Corte Suprema con fecha 22 de agosto de 2016 en causa rol 43.536-2016, confirma fallo de esta Ilustrísima Corte dictado en causa rol 1.428-2016, que rechazó un recurso de protección por haber sido presentado en forma extemporánea.

Agrega que la actuación verificada por el funcionario de la Inspección Comunal del Trabajo de Graneros, como asimismo la de Dirección Regional, se enmarcan dentro del ámbito de su competencia reconocida en el artículo 1 del DFL N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Señala que el proceder del Servicio fue fiscalizar a la empresa Sociedad Comercial nombre reservado Spa., constatar infracción a la legislación laboral en virtud de las resoluciones N°4435/2016/5; 4435.2016.4; 1395.2016.2 y 4435.2016.3, y ante ello la parte sancionada dedujo, todas las acciones de las cuales disponía; la respectiva reconsideración de esa multa, el recurso especial de revisión de la Ley 19.880, las cuales fueron resueltas de acuerdo a derecho en su oportunidad legal respectiva, por lo que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, ni se ha vulnerado la igualdad ante la ley, el debido proceso ni su derecho a desarrollar una actividad económica.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Que, previo a analizar el fondo del asunto, se debe resolver la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, para lo cual se tiene presente que en este caso el recurrente no señala claramente cuál es el acto recurrido, esto es, las resoluciones que aplican las multas o la decisión que resuelve el recurso de revisión administrativo por él deducido, por lo que debe entenderse al tenor del petitorio que el acto denunciado como arbitrario y/o ilegal se materializó cuando se dictaron las resoluciones de multa con fecha 5 y 29 de febrero de 2016, respectivamente, respecto de las cuales el recurrente reclamó vía administrativa con fecha 3 de marzo del mismo año, desprendiéndose de esta actuación que con esa fecha tomó conocimiento de las resoluciones aludidas, fecha desde la cual se debe contar el plazo de 30 días para recurrir de protección, ello debido a que el ejercicio de otras acciones administrativas o judiciales no interrumpe el plazo para ejercer esta acción, por lo que habiendo accionado el recurrente el día 4 de enero de 2017, no cabe más que rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fecha 4 de enero de 2017, sin costas.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. Marcela de Orúe, quien fue de opinión de rechazar la excepción de extemporaneidad alegada por la Dirección del Trabajo, pues el recurrente tiene derecho a hacer valer las acciones o recursos que el ordenamiento legal le otorga, con los cuales podría variar la resolución que estima arbitraria o ilegal, y sólo cuando aquellos se agotan tiene certeza que -en su concepto- ha existido un actuar ilegal o arbitrario que amerita deducir el respectivo recurso de protección; así en la especie, el deducido se presentó dentro de plazo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 9-2017 Protección.