Protección contra Fundación nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

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Con fecha 15 de abril del año en curso, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hija, nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM001, del mismo domicilio, en contra de la Fundación nombre reservado, por haber dictado la resolución del 9 de abril de 2026, que la expulsó del establecimiento educacional, vulnerando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2 y 10 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la estudiante ha cursado desde kínder a cuarto medio en el establecimiento recurrido, siendo el hecho que originó su expulsión, la única anotación negativa en su hoja de vida. Agrega que los dos hermanos menores de la alumna estudian en el mismo establecimiento y que ella debió enfrentar situaciones complejas, tales como el fallecimiento de su padre biológico en el año 2020 y de su abuelo en el 2024.

Expone que, desde el 24 de septiembre de 2025, su hija fue víctima de hostigamiento, amenazas y burlas por parte de una compañera de curso. Señala que informó dicha situación al establecimiento el 29 de septiembre siguiente, tanto de manera presencial ante inspectoría general como mediante correo electrónico. Agrega que el establecimiento atribuyó las amenazas a una tercera persona y afirmó haber intervenido entre las estudiantes, sin que se efectuara un seguimiento efectivo ni se adoptaran medidas suficientes para evitar la reiteración de los hechos. Indica que la situación era conocida por otros alumnos del curso y que, además, fue denunciada ante Carabineros de Graneros mediante parte NUM001, de 27 de septiembre de 2025.

Señala que el 20 de marzo de 2026, mientras se encontraban en el establecimiento educacional, la estudiante nombre reservado volvió a hostigar verbalmente a su hija, primero en los baños y luego durante una clase.

Refiere que, cuando nombre reservado le pidió que cesara las molestias, se produjo un altercado físico entre ambas, en el que su hija habría intentado defenderse. Hace presente que el hecho ocurrió en presencia de compañeros, profesoras e inspectores, quienes intervinieron para separarlas. Agrega que ambas estudiantes fueron trasladadas por Carabineros al Hospital de Graneros para la constatación de lesiones, resultando nombre reservado con lesiones leves y la otra estudiante sin lesiones.

Refiere que, a raíz de los hechos, el establecimiento inició un procedimiento disciplinario conforme a la Ley Aula Segura, disponiendo la suspensión preventiva de la estudiante por diez días. Señala que presentó sus descargos, exponiendo los antecedentes de hostigamiento previo, pero que, mediante resolución de 9 de abril de 2026, el establecimiento resolvió expulsar a ambas estudiantes. Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, por cuanto no consideró el contexto de hostigamiento previamente denunciado, impuso una sanción desproporcionada, omitió valorar la trayectoria escolar de su hija, no le otorgó apoyo académico durante la suspensión preventiva y desconoció el deber del establecimiento de prevenir y abordar adecuadamente las situaciones de acoso escolar.

Añade que la medida impugnada vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho a la educación, al haberse impuesto una sanción sin considerar las circunstancias particulares del caso y al impedir la continuidad del proceso educativo de la estudiante. Destaca que esta última cursa cuarto año medio, por lo que la expulsión afectaría gravemente su trayectoria académica, su rendimiento escolar y sus posibilidades de acceso a la educación superior, haciendo necesaria la intervención de esta Corte para el restablecimiento de sus derechos.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se declare que la sanción aplicada, constituye un acto ilegal y arbitrario; se deje sin efecto la expulsión de la estudiante, ordenando su reincorporación inmediata al establecimiento educacional, con costas.

A folio 10, consta el informe requerido a la Superintendencia de Educación, en que luego de indicar el marco normativo aplicable, se expresa que con fecha 6 de mayo de 2026, se informó el cierre del expediente relativo a la expulsión de la estudiante, por haberse ajustado a la normativa aplicable.

A folio 13, comparece don nombre reservado, en representación de la Fundación nombre reservado, quien evacúa el informe requerido.

En primer término, indica que dio íntegro y oportuno cumplimiento a la orden de no innovar decretada por esta Corte, reincorporando provisoriamente a la estudiante al establecimiento con fecha 23 de abril de 2026, circunstancia que fue comunicada formalmente a la alumna y a su apoderada.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso.

Expone que, si bien la estudiante cursaba cuarto año medio en el establecimiento desde el inicio de su trayectoria escolar, durante el año 2025 fue objeto de diversas intervenciones por parte del equipo de convivencia escolar, motivadas por conflictos previos y conductas de riesgo, implementándose medidas de apoyo, mediación, investigación interna y resguardo.

Señala que el 20 de marzo de 2026 se produjo una riña entre la estudiante recurrente y otra alumna al interior de la sala de clases, originada tras un conflicto previo desarrollado mediante redes sociales y durante un recreo, sosteniendo que la alumna abandonó su puesto para increpar a la otra estudiante, iniciándose una agresión física que requirió la intervención de docentes, inspectores y otros alumnos para ponerle término.

Agrega que, iniciado el procedimiento disciplinario conforme a la Ley Aula Segura y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se notificó a la estudiante y a su apoderado, se otorgó plazo para formular descargos, se dictó resolución de expulsión, se interpuso recurso de reconsideración y, previo pronunciamiento del Consejo Extraordinario de Profesores, se confirmó la medida mediante resolución de 9 de abril de 2026.

Sostiene que el establecimiento adoptó oportunamente medidas para abordar los conflictos previos entre las estudiantes, descartando haber incumplido su deber de prevención del acoso escolar.

Asimismo, afirma que la expulsión se ajustó a una falta gravísima expresamente prevista en el Reglamento Interno, fue impuesta respetando el debido proceso y resulta proporcional a la gravedad de los hechos.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto la medida fue adoptada conforme a la normativa vigente y a la autonomía disciplinaria de los establecimientos educacionales, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 25, la parte recurrente acompaña la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones en causa Rol 903- 2026 Protección, que corresponde al recurso interpuesto por la otra estudiante involucrada en los hechos que motivaron la expulsión, el que fue rechazado. Hace presente que, pese a ello, la alumna continuaría asistiendo a clases porque habría alcanzado un acuerdo con el establecimiento educacional.

A folio 32, el establecimiento recurrido hace presente que, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada en autos, la estudiante se ha mantenido escolarizada de manera regular e ininterrumpida, cursando actualmente 4° año de enseñanza media, sin registrarse nuevos hechos disciplinarios. Agrega que, atendido su adecuado cumplimiento y privilegiando la continuidad de su trayectoria educativa, el sostenedor decidió mantenerla en el establecimiento hasta la conclusión del año escolar 2026 y su egreso, cualquiera sea lo que se resuelva en definitiva en estos autos, precisando que ello no importa allanamiento ni reconocimiento de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2° Que, la recurrente funda su acción en la resolución de 9 de abril de 2026, mediante la cual el establecimiento recurrido dispuso la expulsión de la estudiante nombre reservado, sosteniendo que dicha medida sería ilegal y arbitraria, por no haberse considerado el contexto de hostigamiento previo que habría sufrido, su trayectoria escolar y las circunstancias en que se produjo el altercado de 20 de marzo de 2026, estimando, además, que la sanción resulta desproporcionada y vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y 10 de la Constitución Política de la República. 3° Que, por su parte, el establecimiento recurrido sostiene que la medida de expulsión fue adoptada con ocasión de la agresión física ocurrida el 20 de marzo de 2026, luego de sustanciarse el procedimiento previsto en la Ley Aula Segura y en su Reglamento Interno, en el que la estudiante y su apoderada fueron notificadas, formularon descargos y solicitaron la reconsideración de la medida. Con todo, hace presente que, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada en autos, la estudiante fue reincorporada y se ha mantenido escolarizada regularmente y que, atendido su adecuado cumplimiento y privilegiando la continuidad de su trayectoria educativa, el sostenedor decidió mantenerla en el establecimiento hasta la conclusión del año escolar 2026 y su egreso. 4° Que, asimismo, la Superintendencia de Educación informó que, luego de revisar los antecedentes relativos al procedimiento de expulsión de la estudiante, con fecha 6 de mayo de 2026 comunicó el cierre del respectivo expediente, por estimar que la medida adoptada por el establecimiento se ajustó a la normativa educacional aplicable. 5° Que, conforme a lo expuesto, durante la tramitación de la presente acción se produjo una circunstancia sobreviniente que determina la pérdida de oportunidad del recurso.

En efecto, si bien la reincorporación inicial de la estudiante al establecimiento se produjo en cumplimiento de la orden de no innovar decretada por esta Corte, con posterioridad el sostenedor manifestó expresamente su decisión de mantenerla en el establecimiento hasta la conclusión del año escolar 2026 y su egreso, cualquiera sea lo que se resuelva en definitiva en estos autos, atendido su adecuado cumplimiento y con el objeto de privilegiar la continuidad de su trayectoria educativa.

De este modo, la permanencia actual de la estudiante en el establecimiento ya no se encuentra condicionada a la vigencia de la medida cautelar decretada en esta causa ni al resultado de la presente acción, sino que obedece a una decisión adoptada por el propio recurrido, quien ha asegurado su continuidad escolar hasta la finalización de cuarto año medio. 6° Que, en tales condiciones, la finalidad cautelar perseguida mediante el recurso -esto es, dejar sin efecto las consecuencias de la expulsión y asegurar la continuidad educativa de la estudiante en el establecimiento recurrido- se encuentra actualmente satisfecha, sin que subsista una amenaza cierta y actual que haga necesaria la adopción de alguna medida de protección por esta Corte.

Por consiguiente, atendida la naturaleza esencialmente cautelar del recurso de protección, carece de objeto emitir pronunciamiento acerca de la legalidad o arbitrariedad de la medida de expulsión originalmente impugnada, desde que, cualquiera sea la conclusión que pudiera alcanzarse a ese respecto, no existe, actualmente, una situación susceptible de ser remediada mediante las providencias que esta magistratura se encuentra llamada a adoptar, circunstancia suficiente para desestimar el recurso, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, por haber perdido oportunidad, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en favor de nombre reservado en contra de la Fundación nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 899-2026 Protección Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.