nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Rancagua, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 31 de julio del año en curso, compareció la abogada Carolina León Quinteros, en representación de nombre reservado, trabajadora, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurren de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, representada por su gerente general nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que el recurrente solicitó el 30 de octubre de 2017 un crédito de la recurrida por un monto de $2.073.579, pagaderos en 36 cuotas mensuales, y sucesivas de $92.512, venciendo la última el día 30 de noviembre de 2020, de las cuales sólo pudo pagar la primera cuotas, motivo por el cual la recurrida lo demandó ejecutivamente el 13 de julio de 2018, ante el Segundo Juzgado de Letras de Rancagua, Rol C-5862-2018, en la que se cobra la suma de $2.015.965 por concepto de capital.

Refiere que dicho procedimiento se encuentra aún en tramitación, y pese a ello la recurrida ejerció un cobro de crédito con cargo directo a la remuneración de su representado, correspondiente al mes de julio del año en curso, por un total de $135.816, tal retención es equivalente al 51%, aproximadamente, del sueldo base tributable que asciende a $264.177, equivalente a la cuota Nº 8 del crédito, oponiéndose de sobremanera al principio de proporcionalidad que debe regir en una entidad sin fines de lucro, como lo es una Caja de Compensación, encargada de los resguardos de la previsión social de sus afiliados.

Argumentó que ese descuentos es totalmente arbitrario e ilegal, ya que además de no haberle informado que procedería de esa manera más de dos años después de solicitado el crédito, resulta totalmente desproporcionada la medida, ya que afecta la integridad de las remuneraciones y lo señalado en los artículos 57 inciso 1° y 58 del Código del Trabajo, haciendo un uso indebido del mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley 18.883, más si se considera que al demandar ejecutivamente aceleró el crédito, por lo que no existen cuotas que eventualmente pudieran cobrarse, vulnerándose su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva se ordene a la recurrida abstenerse de realizar descuentos por el crédito obtenido el año 2017, terminando con el acto arbitrario e ilegal de apropiarse de sus remuneraciones, y que se le restituya las suma de $135.816, correspondiente al descuento de julio de 2020, con costas.

Acompaña a su recurso liquidaciones de remuneraciones de julio del año 2020, copia del pagaré y de la demanda ejecutiva deducida en contra del recurrente.

El 4 de agosto de 2020 se declaró admisible el recurso y el 7 de agosto del actual, se concedió orden de no innovar por la Tercera Sala.

El 24 de agosto de 2020 la recurrida pidió el rechazo de la acción. Señala que con fecha 31 de octubre de 2017 la recurrente solicitó un crédito a la Caja Los Andes, del cual solo pagó la primera de las cuotas pactadas, por lo que, ante la falta de pago, con fecha 13-07-2018, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación de crédito, en autos ROL C-5862-2018 del 2º Juzgado Civil de Rancagua.

La referida causa se encuentra actualmente sin movimiento y archivada, por cuanto con posterioridad a su inicio, se recibió el pago de las cuotas N°3 a N°7, durante el periodo que va desde enero a marzo de 2019.

Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso de la recurrente como trabajadora de la empresa afiliada ESMAX RED LTDA., a contar del mes de julio de 2020 se informó a dicha entidad para la realización de descuentos en la remuneración de la recurrente, para el cobro de las cuotas adeudadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, recaudándose el pago de la cuota N°8.

A la presente fecha, la referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas cuyo vencimiento van desde agosto de 2018 a junio de 2020.

Agregó que en la especie, nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno, por lo que no existe ninguna vulneración a su derecho de propiedad.

El 01 de septiembre de 2020, la recurrida amplió su informe, señalando que el monto informado para descuento el mes de julio de 2020, asciende a la cantidad de $135.816.-, valor que se compone de la cuota pactada más el interés penal por mora.

Agregó que la suma antes señalada está en proceso de ser restituida a la recurrente mediante transferencia bancaria, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada.

Por otro lado, informó que, a la fecha de la ampliación del informe y sin considerar la restitución indicada precedentemente, la operación de crédito objeto del recurso de protección registra un saldo de capital por pagar de $1.687.500 y que dicha cantidad, no contempla los intereses moratorios ni gastos de cobranza. En su oportunidad se ordenó traer a la vista mediante el estudio virtual, la causa Rol C-5862-2018, caratulada “Caja de Compensación Los Andes con nombre reservado”, del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, en la que consta que se dedujo demanda ejecutiva el 13 de julio de 2018, respecto del pagaré N°117.RUT reservado, suscrito el 30 de octubre de 2017 por nombre reservado, solicitando el cobro de $2.015.965. Consta que fue notificada de la demanda el 29 de septiembre de 2018, y requerida de pago en rebeldía el 1 de octubre de 2018. Se advirtió que con fecha 05 de agosto de 2019, se acogió la demanda de tercería de posesión opuesta respecto de los bienes embargados en la causa, siendo la última actuación en el cuaderno principal el archivo de la causa con fecha 18 de febrero de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, para una adecuada decisión del asunto, es del caso hacer presente, que a través de la presente acción, la recurrente solicita se dejen sin efecto los descuentos en su remuneración por concepto del crédito solicitado a la Caja de Compensación el año 2017, y a restituir la suma de dinero que arbitrariamente le fue descontada de la remuneración de julio del año en curso.

TERCERO: Que al tenor de la causa tenida a la vista, consta que se está persiguiendo ejecutivamente el cobro del pagaré suscrito el 30 de octubre de 2017 por nombre reservado, solicitando el cobro de $2.015.965, siendo requerida de pago en rebeldía el 1 de octubre de 2018, de lo que es posible concluir que la recurrida actuó de manera arbitraria, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece un estatuto general para las Cajas de Compensación de asignación familiar, para el cobro oportuno de una deuda vigente y no como ocurre en este caso, respecto de un crédito que se encontraba impago desde la cuota N°2 que vencía el 31 de enero de 2018, habiendo ejercido en el tiempo intermedio, el 13 de julio de 2018, la acción ejecutiva para perseguir su cumplimiento, prefiriendo esa vía de cobro, no pudiendo además utilizar este mecanismo para obtener el pago de las mismas cuotas, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida de su trabajo, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que por el motivo señalado precedentemente se acogerá el recurso, ordenando a la recurrida restituir la suma que aparece en la liquidación de sueldo como retenida a favor de la Caja de Compensación, sin perjuicio del derecho que le asiste a la recurrida de solicitar a través de las vías idóneas para ello, las restituciones correspondientes al empleador de la afiliada en caso que estas sumas no hayan sido recibidas.

Y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Carolina León Quinteros, en representación de nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en consecuencia, se ordena el cese de los descuentos efectuados de las remuneraciones del recurrente que tengan relación al crédito que motivó la causa ejecutiva deducida en su contra y que se encuentra vigente, debiendo la recurrida restituir al actor los dineros descontados por este.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°8971-2020. Protección.