nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Rancagua, uno de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 30 de marzo de 2021 se interpuso recurso de protección en favor de nombre reservado, RUN RUT reservado, auxiliar de farmacia, domiciliada en domicilio reservado, contra la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En su libelo, la recurrente afirmó que la recurrida ha causado que su empleador le haya descontado $294.126 de sus remuneraciones de febrero de 2021. Calificó lo anterior como un acto arbitrario e ilegal que afecta sus derechos consagrados en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, explicó que el 24 de junio de 2015 solicitó un crédito de dinero en Caja de Compensación Los Andes por un total de $3.245.275, cuyo código interno de PAGARÉ es el Número 110375861-7. Se obligó a pagar dicha suma en 50 cuotas de $120.205 a partir del 31 de julio de 2015, venciendo la última cuota el de agosto de 2019, de las cuales sólo pudo pagar las 7 primeras cuotas.

Expuso que el 3 de enero de 2017, la recurrida presentó una demanda ejecutiva de cobro de pagaré, ventilada ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua bajo el Rol C-102-2017. En aquella demanda, reclamó el pago de las restantes 43 cuotas, equivalentes a $2.790.915 por concepto de capital, más intereses moratorios y costas. Sin embargo, dicho procedimiento fue decretado abandonado mediante resolución de fecha 27 de noviembre del 2020.

Indicó que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida solicitó a su empleador el descuento con cargo a sus remuneraciones de febrero de 2021 la suma de $294.126, de lo cual tomó conocimiento el 1 de marzo. Argumentó que aquello es arbitrario, pues se trata de un préstamo celebrado hace cuatro años y se descontó una suma desproporcionada en relación a sus remuneraciones (39% de su sueldo bruto). Por otro lado, sostuvo que tal forma de proceder infringe lo dispuesto en los artículo 57 y 58 del Código del Trabajo.

En definitiva, solicitó a esta Corte ordenar a la recurrida que se abstenga de realizar solicitudes ante su empleador de efectuar descuentos por el crédito de julio de 2015; que restituya los $294.126 descontados correspondientes a sus remuneraciones de febrero 2021 y se ordene evitar futuros descuentos y retenciones ilegales y que se ordene a su empleador dejar de aplicar los descuentos encomendados por la recurrida sobre sus remuneraciones de mi representada. Todo lo anterior con expresa condena en costas.

La Caja de Compensación Los Andes evacuó informe, solicitando el rechazo de la acción incoada por haber perdido oportunidad y, en subsidio, eximirla del pago de las costas por no haberse opuesto a lo pedido por la recurrente. Explicó que el 24 de junio 2015 otorgó a la recurrente el crédito social Nº 01103758617, por un capital inicial de $3.245.275, pagadero en un plazo de 50 meses, con cuotas mensuales de $120.205, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de julio 2015. Indicó que a la fecha de su informe la referida operación mantiene en morosidad las cuotas de noviembre de 2015 a noviembre de 2019, es decir de la Nº5 a la Nº50.

Indicó que no actuó de forma ilegal o arbitraria, pues los descuentos para el pago de cuotas de un crédito social se efectúan de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por otro lado, argumentó que por medio de ese mecanismo realizó el cobro de una deuda vigente y cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, pues la prescripción debe ser declarada judicialmente.

No obstante lo anterior, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Agregó que el 17 de marzo de 2021 restituyó a la Sra. nombre reservado la suma de $352.253 y, posterior a ello, no se han recibido nuevas remesas respecto de la recurrente, por lo que no quedan sumas pendientes de ser restituidas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que la recurrente afirmó que la recurrida ha causado que su empleador le haya descontado $294.126 de sus remuneraciones de febrero de 2021. Calificó lo anterior como un acto arbitrario e ilegal que afecta sus derechos consagrados en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por consiguiente, solicitó a esta Corte, fundamentalmente, ordenar el cese de los descuentos por el crédito otorgado en 2015 y que se le restituyan los $294.126 descontados correspondientes a sus remuneraciones de febrero 2021.

TERCERO: Que la recurrida, sin perjuicio de afirmar que no ha cometido ningún acto ilegal o arbitrario con el descuento impugnado, informó que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y agregó que el 17 de marzo de 2021 restituyó a la Sra. nombre reservado la suma de $352.253, por lo que no quedan sumas pendientes de ser restituidas.

CUARTO: Que, para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar los siguientes hechos:

a) El 24 de junio 2015 la institución recurrida otorgó a la recurrente un crédito por $3.245.275, pagadero en 50 cuotas mensuales de $120.205. Aquel crédito consta en un pagaré suscrito en igual fecha. En virtud de dicho préstamo, se efectuaron descuentos en las remuneraciones de febrero de 2021 de la recurrente.

b) Con fecha 3 de enero de 2017, la recurrida dedujo demanda ejecutiva en contra de la actora, la cual dio inicio a la causa Rol C-102-2017 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, por la que efectuó el cobro del pagaré antes referido. En aquella demanda se indicó que la recurrente se constituyó en mora a partir de la cuota N° 7, con vencimiento el 30 de septiembre de 2015. En dicho pagaré se estipuló que “El retardo del pago en más de 30 días corridos de todo o parte de una cualesquiera de las cuotas, permitirá a la Caja exigir la solución íntegra de la suma debida, siendo esta facultad privativa del acreedor, el que a su arbitrio podrá ejercer o no, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados no pagados”. En virtud de lo anterior, la recurrida demandó a la recurrente por las 43 cuotas pendientes de pago, equivalentes a la suma total de $2.790.915, por concepto de capital, más intereses moratorios y costas.

c) Por resolución de 27 de noviembre del 2020, dictada en la causa Rol C-102-2017 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, se declaró el abandono del procedimiento, de conformidad al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, resolución que quedó firme y ejecutoriada.

d) La recurrida, en virtud del crédito en cuestión, descontó de las remuneraciones percibidas por la recurrente en los meses de febrero y marzo de 2021 la suma de $352.253.

e) El 17 de marzo de 2021, la recurrida restituyó a la Sra. nombre reservado la suma de $352.253 que le había sido descontada de sus remuneraciones.

QUINTO: Que, de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.883 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 3 de enero de 2017, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados, en las remuneraciones de febrero y marzo de 2021, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, más aún si se empleó después de que se haya decretado el abandono del juicio ejecutivo seguido en contra de la recurrente para el cobro del mismo crédito, lo que da cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

SEXTO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mutuo por las vías legales ordinarias que procedan.

No obsta a la conclusión anterior la circunstancia que la recurrida haya cesado en los cobros reclamados y restituido las sumas cobradas indebidamente a la recurrente, por cuanto a pesar de ello insiste en que su actuar se habría ajustado a derecho, de manera tal que resulta indispensable acoger el presente recurso, para asegurar a la parte afectada la debida protección y restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, solo en cuanto se ordena que la recurrida se abstenga en forma permanente de solicitar al empleador de la recurrente el descuento de los saldos impagos del crédito social otorgado el 24 de junio 2015, debiendo además, efectuar la devolución de las cuotas indebidamente descontadas en las remuneraciones de la recurrente que efectuó durante el presente año, si es que no lo hubiere hecho hasta la fecha.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 8881-2021 Protección.