RECURRENTE: SOCIEDAD AGRICOLA PACIFICO S.A. RECURRIDO: DIRECCION DEL TRABAJO, INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COLCHAGUA, FISCALIZADOR DE LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COLCHAGUA

Rancagua, siete de mayo de dos mil quince.

Vistos:

A fs. 9 compareció Eduardo López Díaz, abogado, con domicilio en domicilio reservado, a favor de Sociedad Agrícola Pacífico S.A., representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, representada por su Jefe de Inspección Provincial, don nombre reservado, y de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

El recurrente señala que recurre respecto de la resolución N° 1393/15/14 de 26 de febrero de 2015, que le impuso una multa de 30 UTM por infringir artículo 7° del Código del Trabajo en cuanto no otorgó el beneficio de locomoción desde enero de 2015 a la trabajadora nombre reservado, no obstante el acuerdo de las partes.

Refiere que otro trabajador de su empresa, en forma voluntaria y sin su autorización transportó, en una camioneta de la empresa, a la Sra. nombre reservado hasta el lugar de sus labores. Ese único antecedente fue interpretado por el fiscalizador, quien determinó la existencia de una cláusula tácita en el contrato de trabajo.

De ese modo los recurridos incurrieron en un actuar ilegal al atribuirse facultades que sólo incumben a los Tribunales de Justicia, pues no se limitaron a constatar una infracción sino que interpretaron los hechos determinando la existencia de un acuerdo entre las partes, cuestión que les está vedada, lo que además resulta arbitrario.

Agrega que dada la función de trabajadora de temporada de la Sra. nombre reservado, es aplicable el artículo 95 del Código del Trabajo que dispone que mediando una distancia superior a tres kilómetros entre el lugar de alojamiento del trabajador y la ubicación de las faenas y no existiendo transporte público, el empleador debe proporcionar un medio de movilización para los trabajadores, circunstancias que en la especie no concurren, por lo que tampoco se puede determinar esa obligación a su respecto.

Finaliza sosteniendo que las consideraciones indicadas constituyen una infracción a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 24 y N° 3 inciso 4° de la Constitución Política, solicitando que en definitiva se deje sin efecto el acto recurrido y asimismo se ordene a los recurridos abstenerse de calificar jurídicamente el contrato, con costas.

A fs. 39, don nombre reservado por la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua evacuó informe solicitado. En primer término pide la inadmisibilidad del recurso en atención a que existe un procedimiento especial a través del cual el recurrente puede impugnar la multa impuesta.

En cuanto a las materias de fondo refiere que el marco legal que le es aplicable, le da atribuciones para fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, en el caso concreto se constató que el empleador estaba incumpliendo los beneficios libremente pactados, por lo que no se entrometió en las funciones jurisdiccionales.

Finalmente arguye que habiendo actuado dentro del principio de legalidad, no existe contravención a los derechos fundamentales indicados por el recurrente, por lo que le presente recurso debe ser rechazado, con costas.

A fs. 50 el fiscalizador de la Inspección Provincial de Colchagua, don nombre reservado evacuó informe en los mismo términos ya señalados.

A fs. 58 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que la cuestión debatida en el presente recurso dice relación con la existencia o no de una cláusula tácita en la relación laboral que une al recurrente y la Sra. nombre reservado, referida específicamente a la obligación que cabría al empleador en torno a disponer de transporte entre el domicilio de la trabajadora y el lugar en presta servicios.

2° Que de las posiciones defendidas por recurrente y recurrido es claro que existe total desacuerdo al respecto, sostiene el recurrente que un trabajador de su empresa sin su conocimiento ofreció traslado en algunas ocasiones a otra trabajadora, lo que en ningún caso constituye un acuerdo entre las partes; por su parte la Inspección del trabajo interpreta lo anterior como una estipulación que forma parte del contrato de trabajo.

3°Que es claro que la ley ha otorgado facultades a la Dirección del Trabajo en lo que dice relación con la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, pero ello sólo puede ocurrir cuando se constaten por el funcionario competente ilegalidades claras, precisas y determinadas de infracción a la legislación laboral.

4° Que en la especie el fiscalizador no se limitó a constatar hechos que configurarían algún tipo de vulneración a los derechos laborales, sino que efectuó una deducción a partir de los antecedentes que revisaron, pues los antecedentes por él reunidos, básicamente declaración de la trabajadora y del administrador de la empresa, no alcanzan para dar por sentado irrefutablemente la existencia de una cláusula tácita en los términos establecidos.

5° Que lo anterior implica avocarse una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y siguientes del Código de esta especialidad, así como de la normativa que invoca la recurrida y que por tanto debe ser resuelta por la judicatura especial que conoce de estos asuntos, que es aquella ante la cual se puedan rendir pruebas de las circunstancias de hecho, así como finalmente interpretar la legislación del ramo.

6° Que de lo expuesto precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección del Trabajo asumió en la práctica la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, lo que sin lugar a dudas corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curso de un proceso jurisdiccional. En efecto, según lo que dispone el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo, por lo que en consecuencia la presente acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el deducido a fs. 9 por Eduardo López Díaz, a favor de Sociedad Agrícola Pacífico S.A., y en consecuencia se ordena dejar sin efecto la multa impuesta por resolución N° 1393/15/14 de 26 de Febrero de 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 880-2015.Civil.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Señores Ministros Titulares don nombre reservado, don nombre reservado y abogada integrante doña María Latife Anich.

Hernán González nombre reservado

Secretario En Rancagua, a siete de mayo de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.