CONSTRUCTORA GARDILCIC LIMITADA con SINDICATO INTER EMPRESA DE TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA GRAN MIN

Rancagua, tres de julio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que recurre de protección nombre reservado en representación de Constructora Gardilcic Ltda., domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, en contra del Sindicato Interempresa de Trabajadores que Laboran para la Gran Minería y Ramas Anexas, SITECO, representado legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber realizado de manera arbitraria e ilegal una elección sindical en la que resultaron electos y dotados de fuero sindical, siete trabajadores de su empresa, lo que vulnera sus garantías constitucionales previstas en los numerales 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que mediante comunicación formal que le efectuara el sindicato recurrido los días 9 y 13 de marzo del año 2017, la empresa tomó conocimiento que en las elecciones sindicales realizadas los días 7 y 9 de marzo, respectivamente, resultó electo como delegado sindical un trabajador de la empresa Víctor Manuel nombre reservado, en tanto fueron electos como directores sindicales seis de sus trabajadores, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Sostiene la recurrente que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 229 y 235 del Código del Trabajo, si el número de afiliados a un sindicato es de 8 o más, solamente es posible elegir entre ellos un director o un delegado sindical con derecho a fuero, por lo que, siendo solamente siete los trabajadores de su empresa adscritos al sindicato recurrido, resulta ilegal y arbitrario que todos ellos se hayan presentado a las elecciones y resultado electos en calidad de directores y de delegado sindical, con lo cual se han auto-atribuido derecho a fuero por los próximos cuatro años y seis meses, situación agravada por la anuencia de la Dirección Regional del Trabajo de Rancagua, que ha permitido esta grave transgresión a la ley del trabajo.

Denuncia que estos hechos perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos de su representada a la libertad del trabajo y su protección, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a la propiedad, garantías establecidas en el artículo 19 N° 16, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Expresa que durante todo el período que dure el fuero sindical de los siete trabajadores, la empresa se verá impedida de ejercer libremente su derecho al trabajo, ya que no podrá despedir a los citados trabajadores, viéndose obligada a mantenerlos en sus puestos de trabajo por ser éstos inamovibles, aun cuando no tenga proyectos empresariales, lo que también afecta su derecho a la libre contratación, a la libertad de organización y sus facultades de dirección y disciplina dentro de la empresa y, por último, su derecho a la propiedad, ya que su parte ha quedado privada del derecho a fijar la dotación de la empresa, organizar y administrar recursos y bienes conforme a sus políticas empresariales.

Por último, señala que el hecho denunciado constituye una verdadera expropiación arbitraria e ilegal de sus bienes durante todo el tiempo de la vigencia del fuero sindical, ya que deberá pagarle a los trabajadores aforados sus remuneraciones durante todo ese tiempo, que equivalen a un total de $408.533.244 por los seis directores sindicales y $38.945.300 por el delegado sindical, sumas de dinero que le han sido arbitrariamente arrebatadas de su patrimonio, por lo que está obligada a darles ese destino en particular, afectando su facultad de libre disposición.

Sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia, como empresa carece de legitimación activa para solicitar la declaración de nulidad del proceso eleccionario ante el Tribunal Electoral y que la Excma. Corte Suprema ya se ha pronunciado en el sentido de que la judicatura laboral no es competente en la materia, por lo que el recurso de protección es la única vía a salvo para restablecer el imperio del derecho en este caso.

Por lo anterior, solicita se de curso a la acción constitucional deducida en contra de SITECO, declarando en definitiva la nulidad de la elección sindical ya referida, despojando, en consecuencia, del fuero laboral a los siete trabajadores de la empresa que resultaron electos como directores sindicales y delegado sindical en el proceso viciado, con costas.

Segundo: Que, el sindicato recurrido informa el recurso de protección deducido en su contra, solicitando su rechazo, con costas, por las siguientes consideraciones:

Primero, señala que la acción constitucional es improcedente para ventilar los hechos expuestos, ya que se trata de un asunto de lato conocimiento en que no existe un derecho indubitado de la contraria, siendo necesario determinar sobre la base de rendición de pruebas una serie de hechos relevantes, tales como el número de trabajadores afiliados al sindicato, pues no es efectivo que éstos sean solamente siete como señala el actor y la época desde que los trabajadores de la recurrente son dirigentes sindicales, lo que ocurre desde hace aproximadamente siete años, época en que también se desempeñaban para la recurrente. Sostiene que de acuerdo al artículo 10 N° 2 en relación con el artículo 16 de la Ley 18.593, esta materia es de competencia de los Tribunales Electorales Regionales, por lo que existiendo una judicatura especial dispuesta por ley, la acción de marras no es la vía idónea.

En segundo lugar, alega que la acción es extemporánea, puesto que a la fecha de las elecciones, a los menos cuatro de los trabajadores electos, esto es, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ya eran directores de SITECO y gozaban de fuero sindical, cargo que desempeñan desde hace unos tres años, por lo que esta nueva elección en nada cambia el statu quo en relación al empleador.

En cuanto al fondo, señala que antes de las elecciones del día 7 de marzo, el único director de SITECO era nombre reservado, pue todos los restantes habían renunciado a su cargo el día 3 de marzo del mismo año, para postularse a las nuevas elecciones.

Arguye que no existe limitación alguna en la ley laboral en cuanto al número de directores pertenecientes a una misma empresa que un sindicato interempresa puede elegir en cargos directivos, sin perjuicio de la limitación dispuesta en el artículo 235 del Código del Trabajo, que no es aplicable a este caso, por lo que no existe ilegalidad alguna en el proceso eleccionario, máxime cuando SITECO a la fecha de las elecciones no tenía directores de la empresa recurrente, ya que éstos habían renunciado a sus cargos y se cumplía con el número mínimo de ocho socios, puesto que, además de los siete trabajadores que en definitiva resultaron electos, eran también socios de SITECO a la fecha de las elecciones otros 4 trabajadores de la recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, señala que ello no ocurre ya que ha sido la propia recurrente quien de manera unilateral y voluntaria no ha otorgado el trabajo convenido a los dirigentes sindicales, es así como por ejemplo, nombre reservado y nombre reservado, no suben a trabajar desde hace a lo menos 7 años, a pesar de haberlo solicitado en múltiples ocasiones, que el vínculo laboral de los trabajadores no está sujeto a obra o proyecto alguno y que el artículo 174 del Código del Trabajo contempla el procedimiento de desafuero. Agrega que la empresa ha llegado a tener entre 200 y 1000 trabajadores, por lo que no es posible sostener que la existencia de 7 de ellos con fuero sindical afecte de algún modo su proceso productivo. Por último, indica que el pago de la remuneración es de la esencia del contrato de trabajo y que si es voluntad de la empresa recibir la contraprestación correspondiente por la remuneración que paga, los 7 trabajadores están dispuestos a ello.

Luego complementa su informe, agregando que SITECO cuenta actualmente con 3.117 socios, de los cuales 10 trabajan en la empresa recurrente.

Tercero: Que la Inspección Provincial del Trabajo remitió copia del Acta Notarial de la Elección de Directores de SITECO para el periodo 2017-202, depositada en dicha Inspección con fecha 13 de marzo de 2017, en la que se consignan los nueve directores que gozarán de fuero, entre los que se señalan los seis que individualiza el recurrente, más otros dos trabajadores.

Además, en el acta notarial de la elección efectuada el día 9 de marzo de 2017 consta que el Notario Público Ernesto Montoya Peredo se constituyó en el inmueble ubicado en domicilio reservado, a fin de verificar el proceso de votación de elección de directores del sindicato interempresa SITECO por el período 2017-2012. En ella se certifica que se tuvo a la vista el registro oficial de los actuales socios del sindicato, en el que aparecen individualizados 3.117 socios, de los cuales sufragaron 72, resultando electos 11 socios como directores, sin perjuicio de que sólo 9 de ellos gozan de fuero, encontrándose los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado dentro de las más altas mayorías que gozan de fuero.

Además, esta Corte, como medida para mejor resolver, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo que remitiera los estatutos del sindicato recurrido, medida que se cumplió con fecha 30 de junio de 2017, recibiéndose los estatutos reformados al 6 de marzo de 2017. En dicho documento se indica en su título III que el directorio estará compuesto por once dirigentes, regulando en su artículo 15, en particular, la antigüedad mínima requerida como socio para postular a director y estableciendo en su artículo 18 inciso 2° que en cualquier momento el directorio podrá reestructurarse, siempre y cuando lo acuerde la mayoría absoluta de sus dirigentes.

Por su parte, en el artículo 30 del Título V, de los delegados sindicales, se expresa: “Los socios del sindicato que sean trabajadores de una misma empresa, siempre que sean de ocho a cincuenta trabajadores elegirán un delegado sindical; de cincuenta y uno a setenta y cinco elegirán dos delegados sindicales, y si fueren setenta y seis o más trabajadores, elegirán tres delegados.

Si entre los trabajadores de la empresa hubieren elegido uno o más directores sindicales, estos cargos se rebajarán en igual proporción del número total de delegados sindicales que corresponda elegir en la respectiva empresa”.

Cuarto: Que en cuanto a la elección del directorio del sindicato en cuestión, la ilegalidad se basa por el recurrente en que existiría una limitación legal en cuanto al número de directores pertenecientes a una misma empresa que es posible elegir en un sindicato interempresa, indicando que si el número de afiliados a un sindicato es de 8 o más, solamente pueden elegir entre ellos un director o un delegado sindical con derecho a fuero, restricción que arrancaría de lo dispuesto en los artículos 229 y 235 del Código del Trabajo.

Sin embargo, cabe precisar que el artículo 235 del citado Código dispone, en lo pertinente, lo que sigue:

“Los sindicatos de empresa que afilien a menos de veinticinco trabajadores, serán dirigidos por un Director, el que actuará en calidad de Presidente y gozará de fuero laboral.

En los demás casos, el directorio estará compuesto por el número de directores que el estatuto establezca.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, sólo gozarán del fuero consagrado en el artículo 243 y de los permisos y licencias establecidos en los artículos 249, 250 y 251, las más altas mayorías relativas que se establecen a continuación, quienes elegirán entre ellos al Presidente, al Secretario y al Tesorero:

a) Si el sindicato reúne entre veinticinco y doscientos cuarenta y nueve trabajadores, tres directores;

b) Si el sindicato agrupa entre doscientos cincuenta y novecientos noventa y nueve trabajadores, cinco directores;

c) Si el sindicato afilia entre mil y dos mil novecientos noventa y nueve trabajadores, siete directores, y d) Si el sindicato está formado por tres mil o más trabajadores, nueve directores”.

Quinto: Que, de la norma recién transcrita es posible concluir, en primer término, que el número de directores en el caso de sindicatos de empresa que afilien a veinticinco trabajadores o más, no se encuentra señalado en la ley sino que ha de estarse a lo que determinen sus estatutos.

En la especie, tal como se dejó constancia en el motivo 3° de este fallo, el sindicato interempresa recurrido posee 3.117 socios, por lo que el número de los miembros de su directorio ha de determinarse conforme a sus estatutos, el que en su artículo 14° establece que éste estará compuesto por once dirigentes.

Luego, la única limitación establecida en la ley para esos once directores es que, en principio, sólo nueve de ellos, los que hayan obtenido las más altas mayorías relativas, gozarán del fuero consagrado en el artículo 243 y de los permisos y licencias establecidos en los artículos 249, 250 y 251 del Código del Trabajo.

Fuera de dicha limitación relativa al número de directores con derecho a fuero, la que en todo caso se cumple en la especie, la actual legislación en materia de organizaciones sindicales, tras las modificaciones introducidas por la Ley 19.759, no establece requisitos específicos que deban cumplir los trabajadores para ser elegidos o desempeñarse como dirigentes sindicales, dejando entregado a los estatutos la determinación de tales exigencias.

En particular, antes de la reforma laboral contenida en la citada ley el artículo 235 inciso 4° del Código del Trabajo establecía que “en los sindicatos interempresa, los directores deberán pertenecer a los menos a dos empresas distintas”.

Esta disposición tenía por objeto evitar que todos los directores fueran trabajadores de una sola empresa de suerte tal que existiera una mayor representatividad de éstos en el directorio. Sin embargo, con la nueva normativa se reconoce, entre otros aspectos, la plena autonomía de las organizaciones sindicales para determinar en sus estatutos sus finalidades, organización y funcionamiento, encontrándose entre las materias que quedaron entregadas al estatuto de la organización, el régimen sindical electoral, es decir, entre otros, los requisitos y condiciones que deben cumplir quienes se postulan y son elegidos como dirigentes de una determinada organización, con la única limitación establecida en el artículo 235 del Código del Trabajo, que como se dijo se cumple por el sindicato recurrido.

En conclusión, no existe norma alguna en la ley laboral que prohíba que los directores de un sindicato interempresa pertenezcan a una misma empresa, como ocurría con anterioridad a la reforma, ello sin perjuicio de que el sentido de la otrora limitante no fue establecido en beneficio de la empresa, sino de una efectiva democracia interna de la organización, a fin de preservar la adecuada representación de mayorías y de minorías.

Ahora bien, encontrándose los seis trabajadores de la empresa recurrente entre las más altas mayorías de aquellos que fueron elegidos como miembros del directorio, de acuerdo a lo certificado en el acta notarial de 9 de marzo de 2017, no se aprecia ilegalidad ni arbitrariedad tanto en su candidatura, como en su elección ni en la circunstancia de que aparezcan dotados de fuero sindical.

Sexto: Que, en lo que atañe a la designación como delegado sindical del trabajador nombre reservado, que también se reprocha como ilegal por el recurrente, conviene consignar que el artículo 229 del Código del Trabajo, modificado por la Ley 20.940, publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2016 y que empezó a regir en el mes de enero de este año, según el artículo 1° transitorio de la misma, dispone: “Los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, elegirán uno o más delegados sindicales de acuerdo a las siguientes reglas: de ocho a cincuenta trabajadores elegirán un delegado sindical; de cincuenta y uno a setenta y cinco elegirán dos delegados sindicales, y si fueran setenta y seis o más trabajadores, elegirán tres delegados.

Si entre los trabajadores de la empresa se hubieren elegido uno o más directores sindicales, estos cargos se rebajarán en igual proporción del número total de delegados sindicales que corresponda elegir en la respectiva empresa.

Los delegados sindicales gozarán del fuero a que se refiere el artículo 243”.

De lo establecido en la disposición transcrita se colige que luego de la modificación introducida por la Ley 20.940, ya no existe la limitación legal por la cual se entendía que los trabajadores de una empresa que estén afiliados a un sindicato interempresa, que sean ocho o más pero menos de veinticuatro, sólo podían elegir un delegado sindical con derecho a fuero en la medida que no se hubiere elegido a uno de ellos como director del sindicato.

En mérito de la actual normativa, la elección de un trabajador de la empresa recurrente como delegado sindical no resulta improcedente por el hecho de que trabajadores de la misma compañía hayan sido elegidos como directores del sindicato interempresa, pues la ley no lo prohíbe.

En todo caso, cabe precisar que al efectuarse la elección eran más de ocho los trabajadores de la empresa recurrente que eran socios del sindicato recurrido, según consta en la nómina de socios habilitados, por lo que tenían derecho a elegir a un delegado sindical.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene tener presente que la elección del delegado sindical ocurrió el día 7 de marzo del año en curso, esto es, con anterioridad al día en que se llevó a cabo el proceso de elecciones de directorio 2017-2022 y cuando los directores sindicales de la empresa elegidos en el periodo anterior habían renunciado para repostularse, como consta en las cartas de renuncia de 3 de marzo de 2017, por lo que a la fecha en que el trabajador nombre reservado fue electo delegado sindical, no existían directores sindicales de la empresa que hicieran improcedente su elección, razón por lo cual no existe ilegalidad alguna en dicha designación, ni aun considerando los términos de la legislación previa a la modificación introducida por la Ley 20.940.

En todo caso, la regulación contenida en el artículo 30 del Título V de los estatutos del sindicato recurrido relativa a los delegados sindicales, resulta coherente con la actual normativa, conforme a la adecuación de los mismos efectuada el 6 de marzo de 2017, según lo mandata el artículo 6° transitorio de la ley.

Séptimo: Que, en conclusión, no apreciándose ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el proceso eleccionario del sindicato recurrido, no puede estimarse que haya existido vulneración de las garantías constitucionales de la empresa recurrente, por lo que la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y con lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el presente recurso de protección, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte 863-2017-Prot.