RECURRENTE: FERNANDO FABIAN ALBERTO SOTO MUÑOZ. RECURRIDO: TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTA CRUZ

Rancagua, doce de abril de dos mil diecisiete Vistos:

Comparece don Freddy Alejandro Acosta Díaz, abogado, Defensor Penal Público Penitenciario, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en favor del condenado nombre reservado, actualmente recluido en el Centro de Apoyo e Integración Social de Rancagua y en contra de la resolución dictada, con fecha 03 de marzo de 2017, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, en audiencia sobre solicitud de modificación de sentencia, en la cual se resolvió rechazar la petición de su parte, en cuanto modificar la pena impuesta en el fallo dictado en dicha causa con fecha 26 de junio de 2013.

Funda su acción en que su defendido fue condenado, con fecha 26 de junio de 2013, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, en causa RIT 29-2013, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

Refiere que los hechos por los cuales resultó condenado ocurrieron el día 07 de marzo de 2012, siendo condenado como autor de un delito consumado de Violación de una persona menor de catorce años, previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, que afectó a la menor de iniciales J.I.C.H., ocurrido en la comuna de Pichilemu.

Sostiene que, en dicho fallo, además, se le impusieron penas accesorias especiales, entre estas, la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Puntualiza que dicha pena accesoria especial a las que se hace referencia en el fallo, y que modificó el Código Penal, se encuentra contenida en la Ley N° 20.594, que “crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades”. Añade que dicha ley fue promulgada con fecha 13 de junio de 2012 y publicada el día 19 de junio del mismo año, entrando en vigencia sólo a contar de esta última data.

A su vez, sostiene que el artículo 372 del Código Penal, a la fecha de comisión del delito (es decir, el día 07 de marzo de 2012), en su inciso 2°, señalaba que: “Asimismo, el tribunal condenará a las personas comprendidas en el artículo precedente a la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en cualquiera de sus grados”, pena que además fue la requerida por el Ministerio Público.

Por lo expuesto, solicitó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, la fijación de una audiencia a fin de discutir sobre la modificación de la pena impuesta en el fallo aludido y, en definitiva, se modificara la sanción impuesta, a la pena de inhabilitación absoluta temporal, en razón de la norma imperante a la fecha de comisión del delito; dejando, además, sin efecto cualquier actuación del Tribunal en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 20.594.

Afirma que con fecha 03 de marzo de 2017, el Tribunal Oral resuelve rechazar la solicitud formulada por la defensa, por cuanto la ley 20.594, a la época de realización del juicio, esto es en junio de 2013, estaba plenamente en vigencia y la defensa no recurrió respecto de la sentencia condenatoria, de modo que esta adquirió el carácter de firme y ejecutoriada, habiendo transcurrido varios años desde entonces.

Sostiene que lo anterior, perturba y amenaza las garantías de igualdad ante la ley, libertad de enseñanza, libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el respeto del principio de irretroactividad de la Ley Penal, de conformidad a lo establecido en los artículos 19 N° 2, 11, 16, 21 y 24 en relación a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 8°, todos de nuestra Constitución Política de la República.

Explica que, por esta decisión arbitraria e ilegal, su defendido que es Ingeniero Comercial, se encontraría impedido de ejercer de por vida cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren de alguna manera una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Además, conforme al artículo 19 N° 3 inciso 8° de nuestra Constitución Política de la República, y, en concordancia con una interpretación armónica y sistemática de las normas penales y constitucionales; es posible concluir que debe aplicarse la Ley Penal vigente al momento de la comisión de la conducta punible, esto es, para el caso concreto, la vigente al día 07 de marzo de 2012.

Por lo expuesto, solicita se modifique la pena impuesta en el fallo dictado con fecha 26 de junio de 2013 y en definitiva, se condene a su defendido a la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en cualquiera de sus grados, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público y a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, a la fecha de comisión del delito (es decir, 7 de marzo de 2012); dejando, además, sin efecto cualquier actuación del Tribunal en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 20.594, que “crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades”.

Con fecha 7 de abril último, don nombre reservado, Juez Titular del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, evacua el informe requerido, dando cuenta que la sentencia definitiva fue impugnada mediante recurso de nulidad, el cual fue rechazado por este Tribunal de Alzada con fecha 17 de septiembre de 2013, rechazándolo y declarando que dicha sentencia dictada por el Tribunal Oral no es nula. Con fecha 23 de septiembre de 2013 se dictó el cúmplase y además se certificó que la sentencia se encontraba firme y ejecutoriada, siendo remitida al Tribunal de Garantía para su ejecución.

Indica que, encontrándose la causa en ejecución, con fecha 25 de abril de 2016, el abogado Acosta presentó ante el Tribunal Oral un Recurso de Aclaración, Rectificación o Enmienda, solicitando se reemplazara la inhabilitación absoluta perpetua por la temporal, a la que no se le dio lugar por encontrarse ejecutoriada y en etapa de ejecución.

Luego, con fecha 20 de febrero de 2017, el mismo Defensor, solicitó se fijara una audiencia para discutir la modificación de la sentencia, citándose por el Tribunal Oral a una audiencia al efecto. En dicha audiencia, realizada el 3 de marzo de 2017, se resolvió por unanimidad rechazar la solicitud formulada por la Defensa en cuanto a modificar la sentencia dictada por el Tribunal, dado que a la época de realización del juicio la ley 20.594 se encontraba vigente, de modo que adquirió el carácter de firme y ejecutoriada, indicándose que no se puede revivir una sentencia firme y menos aun cuando los aspectos que debate la defensa pudo haberlos planteado en juicio, o una vez comunicada la sentencia.

Añade que dicha resolución de 3 de marzo de 2017, no ha sido objeto, dentro del proceso, de recurso alguno.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el objeto de la presente acción es modificar por esta vía, una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, específicamente, en lo que dice relación a la pena accesoria especial que lo condenó a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, señalando al respecto, que dicha sanción es improcedente porque la misma no estaba vigente a la época de comisión del ilícito, fecha en la cual dicha prohibición sólo tenía el carácter de temporal.

SEGUNDO: Que, informando el Tribunal recurrido, sostiene que en la audiencia respectiva, no se dio lugar a dicha solicitud dado que la presente sentencia se encuentra firme y en etapa de ejecución, además porque a la fecha de dictación de la sentencia, la sanción accesoria en comento, se encontraba vigente y, también, porque la Defensa en la etapa procesal correspondiente, vale decir, en el juicio y posterior comunicación del fallo, nada impugnó sobre este tópico vía recursos ordinarios, planteándose esta alegación años después de dictada la sentencia.

TERCERO: Que, para resolver el asunto traído a estrados, debe considerarse que resulta inconcuso que del mérito de los antecedentes, se desprende que el amparado fue condenado, con fecha 26 de junio de 2013, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, en causa RIT 29-2013, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, y además, entre otras, a la sanción accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

CUARTO: Que, luego y sin necesidad de analizar si era procedente o no aplicar la sanción accesoria que estaba vigente a la época en que se dictó el fallo (inhabilitación absoluta perpetua) o aquella imperante a la época de perpetración del ilícito de violación (inhabilitación absoluta temporal), lo cierto es que la sentencia dictada en autos se encuentra firme y ejecutoriada, y fue en su oportunidad impugnada mediante recurso de nulidad, no siendo la infracción que se alega en el presente ingreso materia de dicho recurso.

QUINTO: Que, en otro orden de ideas, tampoco la materia del debate es la hipótesis del artículo 18 inciso tercero del Código Penal, que permite modificar una sentencia de oficio o a petición de parte, cuando luego de dictado un fallo se dicta una ley que exima al hecho de toda pena o aplique una menos rigurosa, por lo que no existe mérito para revisar y modificar un fallo que se encuentra firme y en etapa de ejecución.

SEXTO: Que, así las cosas, la decisión del Tribunal de Juicio Oral de Santa Cruz, de fecha 3 de marzo de 2017, que ha sido impugnada por esta vía excepcional, resulta ser un lógico razonamiento derivado de mérito de los antecedentes y acorde a la etapa de procesal en que se encuentra la causa, decisión que por lo demás, fue debidamente fundamentada.

SÉPTIMO: Que, finalmente y mayor abundamiento, la resolución recurrida, así como la sentencia en que se estableció la sanción accesoria que se ataca, fue dictada por un Tribunal competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, y en base a un proceso previo legalmente tramitado, en el cual la defensa del sentenciado pudo ejercer libremente sus derechos y recursos legales, lo que se evidencia al revisar los antecedentes, lo que basta para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido con fecha 4 de abril de 2017 por don Freddy Alejandro Acosta Díaz, Defensor Penal Público Penitenciario, en favor del condenado nombre reservado, y en contra de la resolución dictada con fecha 03 de marzo de 2017, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, sin costas, por haber tenido la recurrente motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 848-2017