nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 10 de enero de 2024 comparece el abogado Ernesto Manríquez Mendoza en favor de nombre reservado, y deduce Recurso de Protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el anuncio de la no renovación del contrato que liga a su representado con la recurrida.

Funda su recurso en que el 15 de febrero de 2018, el recurrente fue contratado por la Ilustre Municipalidad de Mostazal, en calidad de “servicios personales especializados”, en un contrato intitulado “Servicio de Ejecución de Siete Anteproyectos de Arquitectura para la Municipalidad de Mostazal”, con el fin de dar cumplimiento a una serie de funciones descritas en su cláusula Segunda, las que detalla. Agrega que, en la cláusula tercera de dicho contrato, se dejó establecido que su representado debía prestar sus servicios en las dependencias de la Municipalidad de Mostazal, asistiendo periódicamente al recinto municipal, siendo controlada esta asistencia por la Secretaría Comunal de Planificación. Este contrato, teóricamente, duraría hasta el 14 de agosto de 2018.

Relata que el 31 de julio de 2018 dicho contrato comenzó a ser objeto de renovaciones sucesivas, siempre, para la ejecución de un número siempre determinado de anteproyectos de arquitectura para la Municipalidad de Mostazal, a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación. Dichas renovaciones fueron: a) Desde el 16 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019; b) Desde el 16 de febrero al 31 de diciembre de 2019; c) Desde el 2 de enero al 31 de diciembre de 2020; d) Desde el 4 de enero de 2021, por cinco meses; e) Desde el 9 de junio de 2021, por un mes; f) Desde el 8 de julio de 2021, por seis meses; g) Desde el 4 de enero de 2022, por doce meses; h) Desde el 28 de diciembre de 2022, por doce meses.

Refiere que, de esta forma, su representado cumplió casi seis años de renovaciones continuas e ininterrumpidas como funcionario a honorarios de la recurrida, bajo la tutela de la Secretaría Comunal de Planificación.

Señala que su representado se identificaba ante terceros como funcionario municipal, utilizaba uniforme municipal y tenía una tarjeta que lo identificaba como funcionario municipal, que rezaba “nombre reservado, Arquitecto SECPLAN”, con el logo y la página web de la Municipalidad de Mostazal, y que además servía para el control de su jornada laboral. Añade que, en la página en Facebook de la recurrida, celebrando la labor de sus funcionarios, muestra en primera plana a su representado.

Sostiene que, si bien los contratos parecen dar cuenta de una prestación de servicios especializados, la realidad muestra que era un funcionario a honorarios de la Municipalidad, lo que se contrasta con el hecho de que ninguno de los contratos examinados le otorgaba a su representado vacaciones, días libres, ni ninguno de los beneficios asociados a las contratas.

Indica que el 27 de diciembre de 2023, el recurrente, de manera verbal, recibió la comunicación de que sus servicios no serían renovados para 2024, a pesar de que a su respecto se habían cumplido casi 6 años de renovaciones, superando con largueza el plazo en el que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa y judicial, se ha determinado que existiría en su favor la confianza legítima de que tal relación contractual se mantendría.

Considera conculcadas el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, protegido por el numeral 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Se refiere al Dictamen N.º 173.171 de fecha 10 de enero de 2022, de la Contraloría General de la República, que buscó regular la contratación de funcionarios a honorarios y al principio de confianza legitima y concluye su argumentación recursiva solicitando ordenar a la recurrida el traspaso del recurrente a contrata, por cuanto él cuenta con confianza legítima en los términos del Dictamen 173.171-2022 de la Contraloría General de la República. Acompaña para tales efectos: Set de contratos de prestación de servicios suscritos con la Municipalidad de Mostazal y Set de fotografías.

Con fecha 23 de febrero de 2024, comparece la recurrida solicitando el rechazo del recurso con costas, negando las afirmaciones contenidas en el arbitrio.

En primer lugar, refiere que la recurrente no fija en su relato, derechos supuestamente conculcados, ni fechas, ni como el actuar u omisión de su representada los hubiera hipotéticamente afectados en grado de amenaza, perturbación o privación, por lo que además de resultar muy difícil defenderse como en derecho corresponde, no concurriendo los requisitos y exigencias que contempla el legislador para su procedencia.

Señala que, es efectivo que, el 15 de febrero del año 2018, el recurrente fue contratado por la Ilustre Municipalidad de Mostazal, en calidad de “servicios personales especializados”, pero no es efectivo que dicho contrato haya sido objeto de renovaciones sucesivas, ya que la duración de estos siempre fue variando caso a caso, los montos de dinero pagados al recurrente eran en la mayoría de los casos distintos, y el objeto de los mismos iba variando (servicio de ejecución de dos, cinco o siete anteproyectos), por lo que, no se podría haber generado una legítima expectativa por parte del recurrente de que durante el año en curso sería contratado en iguales condiciones que durante el año 2022.

Precisa que, en el recurso se hace referencia a la existencia de una relación laboral, de aquellas regidas por el Código del Trabajo, más a lo largo de su relato nos señala que lo que existía era una prestación de servicios a honorarios, buscando determinar la naturaleza de una relación contractual, a través de un recurso de protección el que, al no ser un juicio de lato conocimiento, no asegura a su parte la posibilidad de ofrecer e incorporar medios probatorios que la praxis legal ha demostrado que toman una relevancia inusitada en los juicios de declaración de relación laboral que se tramitan ante los Juzgados Laborales de nuestro país.

Refiere que, en cuanto a la prueba documental acompañada por la recurrente consistente en un set de fotografías, ignora la fecha real de las tres primeras fotografías y en la primera de ellas ni siquiera aparece el recurrente y, en cuanto al hecho de que el actor se identificaba ante terceros como funcionario municipal, no existe prueba alguna en estos autos que permita acreditarlo.

Precisa que, en materia de honorarios no existe lo que la doctrina ha denominado “haz de indicios” de la relación laboral al igual como lo existe en materia de relación laboral, pero de existir, en ningún caso, el uso de uniforme, la existencia de un lugar de trabajo determinado, y la existencia de una jornada laboral la configurarían, como se menciona en el recurso.

Explica que, dada la naturaleza de la relación legal existente entre el actor y su representada, y teniendo, en especial consideración, que la prestación de servicios personales especializados tenía una naturaleza definida en el tiempo, no fue necesario notificar formalmente del término de contrato. Añade que, dada la naturaleza de la contratación, no le es aplicable la figura de la confianza legitima, toda vez que era un prestador de servicios personales especializados y de los indicios aportados por el actor se asimilan más a la eventual existencia de una relación laboral que a una relación a honorarios.

Precisa que, aun en el caso de que se tuviera por indubitada la calidad de funcionario a honorarios del recurrente, tampoco sería aplicable en los hechos la figura de la confianza legitima, ya que no existe una uniformidad de a lo menos 5 años en la contratación del recurrente. Adiciona, respecto al Dictamen N.º 173.171, que el recurrente no tenía un derecho a pasar a tener un vínculo a contrata a todo evento.

A folio 17, la recurrida informa que el 13 marzo de 2024, se notificó a su parte demanda presentada por el recurrente en causa RIT O-165-2024, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en la cual solicita acciones contrarias a las solicitadas en el presente recurso, toda vez, que solicita declaración laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, acompañando la demanda y su proveído.

Acompañaron las partes documentos que se encuentran agregados al proceso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto que se denuncia como arbitrario o ilegal, consiste en la comunicación verbal recibida por el recurrente el día 27 de diciembre de 2023, en la que se le informa que los servicios que prestaba para la Ilustre Municipalidad de Mostazal en calidad de arquitecto no serían renovados para el año 2024, reclamando que ello vulnera la confianza legítima y lo dispuesto en el Dictamen 173.171-2022 de la Contraloría General de la República que ordena que los funcionarios a honorarios contratados hace más de dos años sean designados en calidad de contrata, situación que sería la que correspondería a su respecto por tener casi seis años de renovaciones continuas e ininterrumpidas como funcionario a honorarios de la recurrida, por lo que solicita que se ordene a la recurrida su traspaso a contrata.

TERCERO: Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso por cuanto no existe un acto ilegal o arbitrario de su parte que afecte los derechos constitucionales del actor, dado que, por una parte, el recurrente fue desvinculado teniendo la calidad de funcionario a honorarios y el Dictamen 173.171, no supone traspasar automáticamente tales funcionarios a la calidad de contrata. Por otro lado, hizo presente que lo pedido por el recurrente en este recurso, resulta incompatible con lo solicitado por él mismo en la demanda laboral intentada en el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua en la causa O-165-2024, en la que pretende que el periodo trabajado a honorarios se declare como una vinculación de carácter laboral, demandado a su vez el despido injustificado.

CUARTO: Que, en primer lugar, cabe precisar que el recurrente recurre en contra de la decisión de no renovar su vinculación a honorarios para el año 2024, argumentando contar con la confianza legítima, en razón de que a su entender le sería aplicable el Dictamen CGR 173.171 y debería ser considerado como un funcionario a contrata.

Sin embargo, de los antecedentes allegados al recurso, se advierte que no existe acto administrativo alguno que haya reconocido al recurrente la calidad de funcionario a contrata, pues los contratos que acompañó sólo dan cuenta de servicios a honorarios, sin que esta vía de naturaleza cautelar resulte idónea para efectuar la declaración que pretende el actor, cual es que se considere que su vinculación no era a honorarios sino a contrata, menos aún si no consta que haya efectuado dicha petición a la recurrida, de modo tal que esta Corte se encuentra impedida de revisar una decisión administrativa inexistente.

QUINTO: Que, en consecuencia, al no contar el actor con la confianza legítima, la no renovación de su contrato a honorarios no puede calificarse como ilegal ni arbitraria, pues esta vinculación termina por el vencimiento del plazo.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, de la tramitación electrónica de la causa RIT O-165-2024, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, consta que el recurrente dedujo una demanda en juicio ordinario laboral en la que pretende que la referida relación a honorarios se califique como una vinculación regida por el Código del Trabajo, lo que es contrario a lo que se pretende en este recurso, en cuanto pide que dicha relación se califique como una contrata regida por el Estatuto de Funcionarios Municipales, debiendo privilegiarse la acción de lato conocimiento intentada, en atención a que este recurso no tiene carácter declarativo y sólo busca restablecer el imperio del derecho ante situaciones patentes de infracción de garantías constitucionales, exigencia que no se verifica en la especie, en la medida que es el propio actor el que ha efectuado peticiones incompatibles ante la justicia laboral.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Mostazal.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol Corte 84-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.