Protección contra Servicio de Impuestos Internos
- Fecha
- 10 de mayo de 2016
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 839-2016, sentencia de 10 de mayo de 2016
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos por la anulación de la liberación de la devolución de impuestos, al tratarse de una discusión de lato conocimiento y no existir un derecho indubitado.
Texto íntegro
Rancagua, diez de mayo de dos mil dieciséis.
Visto y considerando:
Primero: Que a fojas 12 comparece doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional don Claudio Ambiado Araya, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la anulación de fecha 17 de marzo de 2016, que dejó sin efecto el acto administrativo de liberación de su devolución de impuestos a la renta del año tributario 2014, acto que considera ilegal y arbitrario, que le privaría el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
Explica que a través de su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2014, solicitó la devolución de la suma de $1.979.121.-, la que fue observada por el Servicio por “inconsistencias entre la información aportada por el agente retenedor y lo declarado por ella, en relación con los créditos de impuestos de primera categoría por los retiros efectuados”, así constaría en carta que le fue remitida. Agrega que ante tal reparo, concurrió el día 29 de febrero de 2016 al Servicio acompañando toda la documentación requerida en relación a los retiros efectuados desde la empresa Ingeniería Eléctrica Anabalón Ltda., oportunidad en que el funcionario fiscalizador de la recurrida habría emitido un acto administrativo que disponía la liberación total de su renta retenida, ello por haberse constatado que todo estaba correcto. Luego, al ingresar a la página web de la recurrida se enteró que la liberación de su devolución de impuestos había sido anulada, producto de lo cual se reactivó su declaración quedando en estado vigente.
Sostiene la recurrente, que el Servicio recurrido a la fecha no ha dictado ningún acto administrativo invalidatorio de la decisión de la fiscalizadora que dispuso la liberación de su renta, debiendo el Servicio previamente, conforme el artículo 61 de la Ley 19880, haber revocado la resolución mediante un acto administrativo fundado, previo traslado al contribuyente, por tanto, a su juicio, la recurrida al haber actuado como lo hizo vulneró su derecho de propiedad, al no poder recibir su dinero.
Agrega que además, se encuentra impedida de poder cumplir las observaciones formuladas por el Servicio, pues éstas dirían relación con su antigua calidad de socia de la sociedad Ingeniería Eléctrica Anabalón Ltda., empresa de la cual ya no forma parte, por lo que tampoco podría fijar el domicilio de ésta. Solicita se deje sin efecto la anulación de oficio realizada por la recurrida respecto de la liberación de su renta, ordenando en su reemplazo dejar a firme la resolución de 29 de febrero de 2016 que ordenó la devolución de impuestos y se elimine la anotación negativa que hubiere relativa a la participación que tuvo en otras sociedades respecto del año tributario 2014, con costas.
Segundo: Que a fojas 29 comparece don Claudio Ambiado Araya, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, quien señala que el recurso debe ser desestimado, por ser el asunto debatido ajeno a la naturaleza cautelar de la acción intentada, cuya finalidad primordial sería la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atenta contra alguna garantía que establece la Constitución, sin embargo, lo que la actora discute es la impugnación a su solicitud de devolución de impuestos contenida en el formulario 22, lo que evidentemente requeriría un análisis de lato conocimiento.
Agrega que además, faltaría la existencia de derechos indubitados, por cuanto las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes sólo tienen el carácter de provisorias y siempre pueden ser objeto de revisión por parte del Servicio.
En cuanto al fondo, explica que la declaración de impuesto a la renta del año tributario 2014 de la recurrente, mediante la cual solicitó la devolución de la suma de $1.979.121.-, fue impugnada ya que la información entregada por sus agentes retenedores, esto es, la Sociedad Ingeniería Eléctrica Anabalón Ltda. presentaba inconsistencias, concretamente la “declaración jurada anual sobre retiros y créditos correspondientes”, contenida en el formulario 1886, del año tributario 2014, de esa sociedad, la que se encuentra observada en virtud de diversas anotaciones negativas desde el año 2009, referente a la inexistencia de su domicilio, a la no presentación de formulario 29 sobre Declaración Mensual y Pago Simultaneo de Impuestos y la no concurrencia a las notificaciones o citaciones realizadas, por lo que las declaraciones de renta de sus socios, respecto de los créditos que les pudieran corresponder por retiros también se encuentran observadas, mientras no se subsanen las anotaciones anteriores. Hace presente que a la fecha de las anotaciones la recurrente aún era socia de dicha sociedad, toda vez que su salida se registró el día 03 de marzo de 2015, según consta en información contenida en las bases del Servicio, por tanto al no poder verificarse el pago por parte de la Sociedad de los impuestos de primera categoría, no existen antecedentes ciertos para fundar la devolución de impuestos de la recurrente, ya que podría estarse entregando dineros que no han ingresado a las arcas fiscales.
Finalmente señala que no se ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ya que conforme a su Ley Orgánica Constitucional y al artículo 6 del Código Tributario es su función aplicar y fiscalizar los impuestos internos, siendo una manifestación concreta de ello la facultad del Servicio de examinar y revisar las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes y, fue en ejercicio de tal prerrogativa, que su parte impugnó la devolución de la recurrente. Hace presente que no existe ningún “acto administrativo de liberación de impuestos a la renta”, ya que la actuación realizada por la fiscalizadora fue sólo el inicio del procedimiento de liberación, el que consta de diversas etapas y validaciones, ello según instrucciones internas que regulan la materia, así para el caso de autorizaciones de devolución de sumas retenidas entre $1 y $49.999.999.- deben ser autorizadas por el Jefe de Grupo o Coordinador, lo que en el presente caso no ocurrió, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.
Tercero: Que la presente acción se funda en la existencia de una supuesta invalidación de un acto administrativo, mediante el cual el Servicio recurrido habría autorizado la liberación de la devolución de impuesto de la recurrente.
Cuarto: Que en vista de las alegaciones formuladas, el primer punto que es necesario despejar, resulta ser, si procedía anular la devolución de impuestos de la recurrente, interrogante que corresponde a una discusión de lato conocimiento, y que por tanto, escapa al conocimiento de esta Corte a través del presente recurso. Además, debe tenerse en consideración que un elemento básico de la presente acción es la existencia de un derecho indubitado, elemento que en este caso no concurre, por cuanto la liberación de la devolución de impuestos de la recurrente, es un hecho controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, que en su concepto no correspondería, lo que reafirma lo señalado precedentemente Y teniendo presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 12.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Rol Corte 839-2016.-Protección.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Carlos Moreno Sandoval.
Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a diez de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.