nombre reservado CON nombre reservado

Rancagua, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 17 de marzo de 2021 comparece nombre reservado, docente, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado de esta ciudad, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Director (S) del Instituto Regional de Educación, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso en que desde el 2018 se desempeña como inspectora general básica y profesora de educación básica en el Instituto Regional de Educación, en virtud de contrato de trabajo indefinido firmado con la Corporación Educacional Teodora Santibáñez Negrete por 44 horas semanales. Indica que el 8 de marzo de 2021, el recurrido le comunicó un cambio de funciones amparado en el artículo 12 del Código del Trabajo puesto que debía asumir el cargo de coordinadora del programa interno de integración escolar (PIE) por cuanto su cargo de inspectora general presuntamente se suprimiría, por lo que la nueva designación, según la recurrida, no representaría menoscabo alguno considerando la nueva organización del establecimiento.

Menciona que la cláusula segunda del contrato de trabajo aludido consigna que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Trabajo, el empleador puede modificar la naturaleza de los servicios contratados en la eventualidad de que se produzcan cambios o alteraciones en la planta docente del Colegio, a consecuencia de renuncias, términos de contratos, licencias médicas u otros motivos no imputables a la suscrita y siempre que ello no me produzca o importe menoscabo.

Destaca que en la comunicación del 8 de marzo del año en curso no se menciona los antecedentes en que se fundamenta la decisión de cambio de funciones, acarreándole perjuicios por tratarse de una actividad diversas para la que fue contratada, carente de la relevancia que siempre ha tenido en su cometido profesional, constituyendo aquello un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene al recurrido suprimir la instrucción de alteración de sus funciones profesionales, manteniendo aquellas anteriores por las cuales fue contratada, con costas.

Acompaña comunicación de cambio de funciones del Instituto Regional de Educación de fecha 8 de marzo del año 2021 suscrita por el recurrido.

Con fecha 7 de julio de 2021 se evacuó informe por el recurrido, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que asume como director del citado instituto el 1 de noviembre de 2020 a fin de generar mejoras en el establecimiento educacional, por lo que durante diciembre de 2020 y enero de 2021 programó una serie de reuniones con la comunidad educativa que le permitieron detectar algunos problemas en la gestión de la enseñanza básica y media, que funcionaban de forma separada y no integrada, manteniendo una duplicidad en todas las funciones directivas. Ante dicho diagnóstico, se decidió unificar el colegio y se eliminó la duplicidad de los cargos, suprimiéndose los cargos de inspectoría general de básica y media, quedando un solo inspector general. Explica que las referidas estrategias se han llevado a cabo sin inconveniente, salvo por la recurrente, con la cual se entrevistó en diciembre de 2020, acordando que ella lideraría el programa interno de integración escolar a fin de brindar apoyo a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, siendo de gran relevancia para el buen desempeño del colegio considerando la modalidad de clases a distancia. Posteriormente, en marzo de 2021 la recurrente le manifestó que no asumirá la coordinación del plan y le exigió seguir en su cargo de inspectora, además, después de habérsele comunicado formalmente la decisión por medio de una carta, la actora no la respondió, luego, se le remitió correo electrónico explicando la valiosa función que correspondía a su nuevo cargo el cual fue contestado el 29 de abril de 2021 por la recurrente, señalando que analizaría la validez del cambio de funciones con su abogado. Destaca que la actora desde el 1 de marzo de 2021 no realiza ninguna función en el colegio y continúa percibiendo su sueldo íntegramente, teniendo el colegio un trato deferente en razón de su trayectoria y en su calidad de hija de la fundadora de la Corporación Teodora Santibáñez Negrete y del colegio del cual ésta ultima es sostenedora.

Añade que el cambio de funciones no representa un menoscabo a la trabajadora pues sus condiciones remuneracionales no se han alterado, se trata de funciones relacionadas con la convivencia escolar y no representa un menoscabo cuantitativo en carga de trabajo ni en la relevancia del cargo en el organigrama de la institución pues la función que desempeñaba anteriormente fue suprimida y carece de actual aplicación ya que los alumnos no asisten de manera presencial a clases.

Finalmente, argumenta que la vía idónea para cuestionar la decisión del empleador es presentando un reclamo en la Inspección del Trabajo y en su caso, recurrir de la decisión que adopte dicho servicio ante el Juez del Trabajo, quien resolverá el asunto en un procedimiento sin forma de juicio, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia.

Acompaña copia del acta de reunión de equipo de gestión y profesores realizada el 23 de febrero de 2021, en la cual se dejó constancia en la misma, se presentó a la recurrente como Coordinadora del Plan Interno de Integración Escolar, correo enviado a la recurrente el 8 de marzo de 2021 y correo electrónico remitido a la actora el 26 de abril y su respuesta del 29 de abril ambas del año 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2° Que, el acto que se reprocha de ilegal y arbitrario es la comunicación de cambio de funciones que la recurrente ejercía en el Instituto Regional de Educación, pasando de ser Inspectora General de Educación Básica al cargo de Coordinadora del Programa Interno de Integración Escolar (PIE), según consta en carta remitida el 8 de marzo de 2021 por el recurrido, todo lo cual infringiría las garantías constitucionales de los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se suprima la instrucción de alteración de funciones antes citada.

3° Que, el recurrido evacuando el informe respectivo, solicitó el rechazo del recurso por cuanto, en primer término, la presente acción no es la vía idónea para conocer de controversias que se susciten por aplicación del artículo 12 del Código del Trabajo, existiendo procedimiento especial que lo regula. Asimismo, en cuanto al fondo del asunto, indicó que el cambio de funciones obedece a una restructuración del organigrama del colegio, donde se suprime en cargo que desempeñaba la recurrente, encomendándole nuevas funciones que no implican menoscabo alguno.

4° Que, del análisis de la comunicación antes dicha, consta que aquella se fundamenta en las facultades que posee el empleador establecidas en el artículo 12 del Código del Trabajo, a fin de modificar o alterar unilateralmente alguna de las condiciones convenidas en el contrato, desde luego, cumpliéndose con los requisitos que la misma norma establece. Dicha normativa dispone que: “El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días hábiles a contar de la ocurrencia del hecho a que se refiere el inciso primero o de la notificación del aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del trabajo respectivo a fin de que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en los incisos precedentes, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes”

5° Que, así las cosas, la controversia de autos excede el marco de la presente acción constitucional de naturaleza cautelar, puesto que, en primer lugar, tal como se citó, existe un procedimiento especial dispuesto por el legislador al efecto, el cual también ha sido establecido como una vía de resolución rápida a la conflictiva laboral y que resulta, además, más favorable por su especialización, pudiendo incluso recurrirse ante el juez competente, de lo cual se infiere que es el tribunal especializado quien deberá en definitiva resolver el asunto.

6° Que, en segundo lugar, tampoco es posible ponderar las alegaciones de fondo realizados por las partes, al existir controversia respecto a si el cambio de funciones implica o no un menoscabo para la recurrente, haciéndose necesario la sustanciación de un procedimiento de lato conocimiento que permita exponer a las partes los antecedentes pertinentes para resolver la necesidad de la medida y las consecuencias de la misma, más aun en este caso, que lo que se requiere es la interpretación y aplicación no solo de la norma, sino que también de la cláusula segunda del contrato de trabajo que une a las partes.

7° Que, asimismo, tal como ha razonado la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol 27.172-2015, tampoco existe en los autos un derecho indubitado susceptible de protección mediante la presente vía, todo lo cual justifica el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, en calidad de Director (S) del Instituto Regional de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 8323-2021 Protección.