nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece el abogado Osvaldo Alcibíades Llinás Quintero en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de técnico extranjero, lo cual la privaría de su legítimo ejercicio de la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Expone que es profesional de la educación, poseyendo el título de Licenciada en Educación, otorgado por la Universidad del Zulia, Venezuela. Dicho título se encuentra debidamente apostillado bajo el código de validación YAHDPE4DY99, verificable en la plataforma oficial correspondiente. Agrega que es titular de Permanencia Definitiva en Chile, con cédula de identidad para extranjeros vigente hasta el año 2028.

Indica que la actora se encuentra afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen, acreditando la vigencia de sus cotizaciones mediante la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS. Así, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 18.156, solicitó el retiro de sus fondos. No obstante, la recurrida rechazó la solicitud mediante comunicación electrónica de fecha 6 de enero de 2026, exigiendo requisitos de formalidad (como apostillas actualizadas) que resultan de imposible cumplimiento dada la crisis consular de Venezuela, desconociendo la validez de los documentos ya presentados.

Afirma que el acto recurrido es ilegal, por cuanto la AFP impone exigencias que exceden los requisitos taxativos de la Ley 18.156. Es, asimismo, arbitrario, pues carece de fundamento razonable al rechazar documentos cuya autenticidad es verificable digitalmente, vulnerando los principios de proporcionalidad y justicia.

Sostiene que, asimismo, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, puesto que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual son propiedad exclusiva del trabajador. Al denegar injustificadamente su devolución, la recurrida afecta el patrimonio de la actora, impidiéndole disponer de ahorros que por ley le pertenecen.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida proceder a la devolución inmediata de los fondos previsionales, con costas.

A folio 4 informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Puntualiza dos argumentos principales: Primero, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía procesal idónea, porque la controversia requiere determinar la existencia de un derecho discutido y resolver cuestiones que, según la recurrida, son propias de un procedimiento de lato conocimiento.

Segundo, y en subsidio, afirma que la negativa a devolver los fondos previsionales de la recurrente no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino la aplicación estricta de la Ley 18.156, del DL 3.500 y de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales invocando su calidad de técnico extranjero, conforme al régimen excepcional establecido por la Ley 18.156. Luego, rechazó la solicitud argumentando, esencialmente, que faltaba una constancia de afiliación vigente a un régimen previsional extranjero, debidamente apostillada o legalizada.

Aclara que el documento presentado por la actora corresponde a una constancia de cotizaciones, y no al certificado de afiliación requerido. Además, se cuestiona que el documento carecería de firma, apostilla o legalización y que no acreditaría específicamente las coberturas previsionales exigidas por la legislación chilena. En consecuencia, el núcleo de la controversia consiste en determinar si los antecedentes aportados por la recurrente permiten tener por cumplidos los requisitos excepcionales que autorizan la devolución de las cotizaciones previsionales de un trabajador técnico extranjero.

Destaca que, en este caso, existiría precisamente una controversia jurídica y fáctica acerca de si la recurrente cumple o no los requisitos establecidos por la Ley 18.156. Por ello, no existe un derecho indubitado a obtener la devolución de los fondos, sino una pretensión cuya procedencia requiere analizar antecedentes documentales, cobertura previsional extranjera, manifestaciones contractuales de voluntad y cumplimiento de requisitos formales.

Explica que, como regla general, los trabajadores que prestan servicios en Chile quedan sometidos a la legislación laboral y previsional chilena. La Ley 18.156 establece una excepción para determinados trabajadores técnicos extranjeros y permite, bajo ciertos requisitos, tanto la exención de cotizar en Chile como la devolución de las cotizaciones ya enteradas.

Así, para acogerse al régimen deben concurrir copulativamente, entre otros, los siguientes elementos: Que el trabajador tenga la calidad de técnico, acreditada mediante antecedentes de estudios especializados o profesionales; que se encuentre afiliado, desde antes de iniciar su relación laboral en Chile, a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que contemple prestaciones, al menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte; que dicha cobertura sea acreditada mediante una certificación de la institución extranjera correspondiente, debidamente legalizada y; que en el contrato de trabajo conste expresamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero.

Continúa afirmando que el artículo 7° de la Ley 18.156 permitiría posteriormente solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados en una AFP, siempre que se encuentren cumplidos los requisitos del artículo 1°.

Sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada por la recurrente no permite acreditar adecuadamente el requisito previsional. Lo anterior, atendido que el documento no sería propiamente un certificado de afiliación; no individualizaría las coberturas previsionales efectivamente otorgadas a la recurrente; haría referencia genérica a las prestaciones del sistema venezolano; no permitiría establecer adecuadamente el período durante el cual existió cobertura; carecería de firma de quien lo emite; y no se encontraría apostillado o debidamente legalizado.

Invoca instrucciones y jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones conforme a las cuales debe acreditarse específicamente que el trabajador contó durante todo el período en que prestó servicios en Chile con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que un segundo argumento de fondo se refiere al contrato de trabajo de la recurrente, de 1 de septiembre de 2019. Dicho contrato no contenía una manifestación expresa relativa a la intención de mantener la afiliación al sistema previsional extranjero. Esta declaración aparecería solamente en un anexo de 21 de julio de 2025.

Sostiene que esta manifestación posterior sería insuficiente, pues la normativa exige que la voluntad de permanecer afecta al sistema extranjero exista y sea expresada en el contexto contractual correspondiente. En apoyo de esta posición, el informe cita el Oficio N° 21.880, de 17 de noviembre de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, conforme al cual una declaración posterior no permitiría modificar retroactivamente una situación en que el trabajador estuvo sometido al sistema previsional chileno.

Puntualiza que, además, existirían manifestaciones de voluntad contradictorias: por una parte, se afirma la intención de conservar la cobertura previsional venezolana; por otra, se efectuaron cotizaciones en el sistema chileno.

Incorpora también como antecedente que la recurrente tendría residencia permanente en Chile y sería propietaria de un inmueble en el país, vinculando este elemento con pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia citada en el informe, en cuanto a que la permanencia definitiva en Chile podría resultar relevante al analizar el propósito excepcional de la Ley 18.156, y el eventual impacto futuro sobre el sistema de seguridad social.

Releva que la devolución anticipada de cotizaciones a técnicos extranjeros debe entenderse como una excepción al régimen general de capitalización individual, cuya procedencia exige el cumplimiento de todos los presupuestos legales correspondientes.

En primer término, su decisión no sería ilegal ni arbitraria porque constituye la aplicación de la Ley N° 18.156 y de las instrucciones obligatorias de la Superintendencia.

Finalmente, sostiene que no se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que corresponde el rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que, la pretensión de la actora es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos de los artículos 1° y 7° de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3° Que, informando esta última, solicitó el rechazo del recurso, por estimar que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a su solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria, apostillada y vigente, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, dejándose así en evidencia que el asunto reviste el carácter de controvertido respecto de la interpretación de los documentos presentados con el recurso.

4° Que, siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley 18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia. Así, el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

5° Que, tal y como se advierte de los antecedentes expuestos, la recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitado, por lo que, por ahora, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

6° Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento de la parte recurrente de los requisitos legales para ser beneficiaria de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria, conforme a la ley, de modo que no puede esta Corte tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

7° Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantó la garantía denunciada, como asimismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 83-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.