nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 26 de mayo de 2025 comparece Arturo Rozas-Peña Peña, abogado, quien interpone acción de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado y en contra de nombre reservado y nombre reservado, cónyuges casados bajo régimen de separación de bienes y domiciliados en domicilio reservado, fundando su pretensión en la existencia de actos ilegales y arbitrarios que amenazan y perturban gravemente los derechos constitucionales de la recurrente y su familia, vinculados a su vida, integridad física y psíquica, a su propiedad y a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Refiere que los recurridos son propietarios del local comercial “Panadería Río Cares”, ubicado en domicilio reservado, colindante con la vivienda de la recurrente.

Afirma que la recurrente reside con su familia, incluida una hija con discapacidad respiratoria, en un inmueble emplazado en una zona residencial, colindante con la citada panadería, la cual no sólo expende productos al público, sino que también elabora pan en el mismo sitio, habiendo instalado hornos industriales y tres tanques de gas licuado de 300 kilos o más cada uno, a escasos metros de las viviendas vecinas y de dos establecimientos educacionales del sector, los colegios “Valle de Colchagua” y “La Araucaria”, con más de 1.500 estudiantes en conjunto.

Expone que el funcionamiento de los hornos y las recargas de gas se realizan sin respetar las normas mínimas de seguridad, efectuándose las recargas con los camiones en marcha, sin señaléticas ni medidas preventivas, y en ocasiones con trabajadores fumando cerca de los tanques, situación que se replica con el abastecimiento de leña para los hornos.

Relata que, según estimaciones técnicas, una eventual explosión de los tanques o camiones de gas podría afectar un radio de 500 metros, generando graves pérdidas humanas y materiales. Indica además que el gas licuado de petróleo (GLP) es altamente inflamable y, al mezclarse con oxígeno, altamente explosivo, lo que incrementa el riesgo para los habitantes del sector.

Esgrime que, producto de este temor constante, su familia, compuesta por sus padres, hermanos y una sobrina menor, duerme actualmente en el living de la vivienda, dado que los dormitorios se encuentran próximos a los tanques.

Añade que el olor a gas proveniente del inmueble de los recurridos es frecuente e intenso, situación que ha sido constatada incluso por Bomberos de San Fernando, quienes señalaron que los tanques de tales dimensiones deben instalarse en espacios abiertos y alejados de zonas residenciales. Sostiene que la instalación y operación de estos tanques constituye una actividad peligrosa, sujeta a las normas del Decreto Supremo N°108 de 2014 del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las instalaciones de gas licuado de petróleo, las cuales, a su entender, no se estarían cumpliendo en este caso. Afirma que, aun sin mediar una explosión, el constante olor a gas constituye ya una afectación real y continua de las garantías constitucionales de la recurrente, al impedirle vivir en condiciones saludables y seguras.

A su juicio, la falta de medidas de seguridad y el constante olor a gas permiten presumir deficiencias graves en las instalaciones, lo que demuestra una conducta negligente y temeraria de los recurridos. Por lo anterior, estima vulnerados el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente y su familia, dado que la existencia de los tanques y hornos industriales en condiciones inseguras implica un riesgo real y permanente de explosión o intoxicación, mientras el temor constante al siniestro afecta gravemente su salud mental, al igual que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que el olor persistente a gas constituye una fuente de contaminación que perturba la habitabilidad del inmueble. Por último, asevera la existencia de una amenaza al derecho de propiedad de la recurrente sobre su vivienda y los bienes que contiene, pues una eventual explosión o incendio los destruiría completamente, privándola ilegítimamente del goce y seguridad de sus bienes.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja la acción impetrada y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías afectadas, con expresa condena en costas de los recurridos.

A folio 12 emite informe la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que luego de exponer la normativa aplicable, específicamente el Decreto N°108, de 2013, del Ministerio de Energía y la resolución exenta N°1128 de 2006, refiere que el día 5 de junio de 2025 personal fiscalizador de la Dirección Regional de Rancagua concurrió al inmueble ubicado en domicilio reservado, procediendo a la inspección de la central de GLP y de la instalación interior de gas.

De dicha fiscalización da cuenta que originalmente existía una central con tres tanques aéreos de GLP, de propiedad de Abastible, con capacidad de 0,47 m³ cada uno, declarada mediante TC2 N°2759908, de 18 de diciembre de 2022, no obstante en la actualidad sólo existe un tanque, encontrándose la nueva central en proceso de inscripción en la Superintendencia, manteniéndose su ubicación en el mismo lugar. Indica que el jefe de ventas industrial de Abastible, don nombre reservado, informó que los otros dos tanques fueron retirados por no justificarse su mantención dado el consumo actual.

Afirma que constató que la central dispone de reja de protección, llave de corte, “T” de prueba, regulador de presión y letreros de advertencia. También verificó que el tanque abastece a dos hornos al interior de la panadería “Río Cares”, y en lo relativo a la instalación interior de gas, verificó que cumple la reglamentación vigente, sin modificaciones, con ventilaciones adecuadas, letreros de advertencia, llaves de corte accesibles (grado 1) y flexibles metálicos de conexión. Dejó constancia de que dicha instalación interior cuenta con sello verde vigente hasta abril de 2027, bajo el N°VC-[cuenta reservada].

Por último, indica que la inspección se practicó en la misma dirección fiscalizada en el año 2023, consignándose que la central figura con dirección domicilio reservado que actualmente se encuentra en proceso de nueva inscripción considerando el retiro de los dos tanques.

En conclusión, la Superintendencia informa que en la citada fiscalización no se detectaron irregularidades ni en la central de gas licuado de petróleo ni en la instalación interior de gas.

A folio 14 emite informe Abastible S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida.

En síntesis, sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario atribuibles a su parte desde que las operaciones de abastecimiento y mantenimiento de gas licuado cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la normativa sectorial vigente, incluidos protocolos de chequeo previo, capacitaciones obligatorias del personal y procedimientos de verificación mediante dispositivos electrónicos. Añade que la instalación de gas cuenta con las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tanto respecto del estado de los tanques como de la red interior de gas, aludiendo a la existencia del informe de inspección referido por la Superintendencia de 9 de junio de 2025.

Precisa, además, que los tanques instalados corresponden a recipientes de menos de 0,5 m³, respecto de los cuales, según la NFPA 58, edición 2004, no existe distancia mínima exigible respecto de linderos o estructuras colindantes, normativa incorporada al ordenamiento interno mediante el artículo 39 del Decreto Supremo N°108 del Ministerio de Energía.

Así, controvierte la existencia de vulneración a las garantías invocadas, argumentando que no se verifica privación, perturbación o amenaza alguna a los derechos de la recurrente, desde que la autoridad sectorial especializada ha descartado riesgos asociados a fugas, deficiencias en las instalaciones o incumplimiento normativo, incluso desestimando la existencia del supuesto olor a gas referido en el recurso.

Finalmente, hace presente que los mismos hechos ya fueron conocidos y resueltos por esta Corte en el recurso de protección rol 3067-2023, sentencia de 10 de octubre de 2023, no apelada, en la que se concluyó que la instalación de gas licuado existente en el inmueble de la recurrida cumplía con la normativa vigente y no presentaba riesgo alguno. Señala que, en atención a ello, el recurso deducido constituye un intento de reabrir una controversia ya resuelta, sin presentar antecedentes nuevos que permitan modificar lo resuelto, circunstancia advertida asimismo por el voto de minoría del Ministro señor Fernández al momento de declararse la admisibilidad.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, por no configurarse los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

A folio 15, comparece la recurrida nombre reservado, quien, evacuando el informe, solicita el rechazo del recurso.

Afirma ser propietaria del local comercial “Panadería Río Cares”, ubicado en domicilio reservado, de la comuna de San Fernando, en cuyo interior funciona una amasandería que opera con dos hornos a gas, existiendo además un horno a leña que desde hace años no se encuentra en funcionamiento, de manera que la elaboración del pan se realiza exclusivamente con los hornos a gas. Expone que dichos hornos se encuentran instalados en la misma propiedad donde funciona la panadería y que su abastecimiento de combustible se efectúa mediante gas licuado suministrado por la empresa Abastible S.A., con la cual mantiene relación comercial desde la instalación de los equipos. Señala que, originalmente, para el funcionamiento de los hornos se instalaron tres tanques de gas de 0,47 m³ cada uno, ubicados en el inmueble de domicilio reservado, de propiedad de su cónyuge, don nombre reservado, colindante con la panadería.

Hace presente que, al comparar las presentaciones que dieron origen a los recursos Rol 3067-2023 y al presente ingreso, ambos versan sobre los mismos hechos, redactados de manera muy similar, casi como una transcripción, invocando en uno y otro caso la presunta vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 8 y 24 de la Constitución Política de la República. Indica que la recurrente sostiene en ambas oportunidades la peligrosidad de contar con instalaciones de gas en un barrio residencial, la existencia de un supuesto olor a gas permanente en el sector atribuido a la panadería y la incorrecta y riesgosa manipulación del combustible por parte del personal de Abastible durante el llenado de los tanques. Sin embargo, enfatiza que los informes de la Superintendencia, en particular, las fiscalizaciones de 5 de septiembre de 2023 y de 5 de junio de 2025, concluyen categóricamente que no se encontraron irregularidades en la central de GLP ni en la instalación interior de gas, descartando la existencia de fugas y constatando que durante las operaciones de carga se observan los protocolos de seguridad exigidos.

Agrega que, algunos meses después de la primera fiscalización, dos de los tres tanques iniciales fueron retirados por Abastible, al no justificarse su mantención, de modo que actualmente existe solo un tanque en funcionamiento.

Sostiene que la explicación de las alegaciones de la recurrente se encuentra en un conflicto ajeno a la protección de derechos fundamentales, vinculado a la operación de compraventa del inmueble de domicilio reservado, de propiedad de su cónyuge. Señala que el propio recurrente, en correo electrónico de 28 de octubre de 2023 dirigido a esta Corte en la causa rol 3067-2023, calificó dicha operación como “venta ficticia” y afirmó verse afectado por ella, destacando que es precisamente en ese inmueble donde se ubica el tanque que surte los hornos de la panadería.

En el mismo sentido, hace notar que, si el interés de la recurrente fuera realmente la protección de los derechos fundamentales que dice amenazados, no se explica la inexistencia de denuncias ante Carabineros o Bomberos, ni de fiscalizaciones solicitadas por vecinos del sector, pese a la gravedad de los hechos que se describen. Indica que, en cambio, se han verificado en el mismo período otras fiscalizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Sanidad, motivadas por denuncias anónimas sobre supuestas infracciones tributarias y sanitarias, todas las cuales fueron descartadas, lo que pone de manifiesto, según afirma, una serie de imputaciones infundadas en contra suya.

Finalmente, respecto de la alegación de que el tanque se encontraría inscrito a la numeración 759 y no 751 de avenida circunvalación, explica que dicha discrepancia fue constatada por la Superintendencia en la primera fiscalización y obedece a un problema administrativo en proceso de corrección y actualización, sin relación alguna con la correcta instalación y funcionamiento del sistema.

Concluye solicitando que se rechace el recurso de protección, por no configurarse vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Por último, a folio 16, el recurrido nombre reservado evacúa el informe solicitado, en igual términos que su cónyuge recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que, los actos denunciados por la recurrente consisten en que los recurridos mantendrían en el inmueble colindante a su domicilio, instalaciones de gas licuado, específicamente tanques y hornos industriales, que funcionarían sin cumplir la normativa de seguridad, produciendo riesgos de explosión, olor constante a gas y afectaciones a la integridad física y psíquica de la recurrente y su familia, así como a su derecho de propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, sostiene que el abastecimiento de gas se efectuaría en condiciones carentes de las medidas de seguridad necesarias.

Tercero: Que, al evacuar informe, los recurridos niegan categóricamente los hechos imputados, explicando que la panadería funciona con hornos a gas debidamente certificados, que actualmente existe sólo un tanque de gas licuado de petróleo y que las instalaciones se encuentran en regla, habiendo sido fiscalizadas en distintas oportunidades por la autoridad competente sin detectarse irregularidades.

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que el día 5 de junio de 2025 personal fiscalizador concurrió al domicilio señalado, inspeccionando tanto la central de gas licuado de petróleo como la instalación interior de gas, concluyendo que ambas cumplen la normativa, que no existen fugas, que la instalación cuenta con sello verde vigente y que los otros dos tanques anteriormente existentes fueron retirados por la empresa proveedora. Asimismo, en la fiscalización no se constató la existencia de olores a gas ni condiciones que afectaran la seguridad del inmueble o de terceros.

En igual sentido, Abastible S.A. informó que las operaciones de recarga de gas se realizan conforme a estrictos protocolos de seguridad y que la instalación de los recurridos cumple con la normativa sectorial, contando con certificaciones y habiéndose efectuado en diversas ocasiones controles previos, sin advertirse riesgos.

Cuarto: Que, cabe hacer presente que esta Corte conoció en el año 2023 un recurso de protección basado en los mismos hechos, aunque con distintas partes, a saber, en calidad de recurrente don nombre reservado y como recurrida sólo nombre reservado, recaído en el Rol 3067-2023, oportunidad en la que, tras igual fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se resolvió rechazar la acción al no acreditarse infracción a la normativa de seguridad ni riesgo para los vecinos. En dicha causa también se constató la certificación de la instalación de gas, la existencia de sello verde vigente y la inexistencia de fugas o condiciones que comprometieran la seguridad.

Quinto: Que, así las cosas, atendido lo informado por la Superintendencia del ramo y Abastible en estos autos, se advierte que la acción en estudio no acompaña antecedentes distintos o sobrevinientes que permitan concluir de manera diversa, toda vez que ambos informantes están contestes en que las instalaciones de los recurridos cumplen con la normativa vigente, gozando de certificaciones al día y no constatándose la existencia de olores a gas ni condiciones que afecten la seguridad, tanto del inmueble en cuestión como respecto de terceros.

Sexto: Que, en consecuencia, no se han acreditado actos u omisiones ilegales o arbitrarios imputables a los recurridos que vulneren las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 8 y 24 de la Constitución Política de la República, desde que, tal como se ha venido razonando, la autoridad técnica competente ha certificado reiteradamente la regularidad y seguridad de la instalación, descartando las circunstancias de riesgo, olor a gas o funcionamiento defectuoso alegadas por la recurrente.

Séptimo: Que, la sola percepción subjetiva de temor no resulta suficiente para configurar una amenaza real, actual y verosímil a derechos fundamentales, máxime si son los organismos especializados quienes han descartado la existencia de riesgos o irregularidades en las instalaciones de gas objeto de esta acción.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 823-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.