Protección contra Ilustre Municipalidad de Pichilemu

Rancagua, treinta de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 11 de septiembre del año en curso, compareció en autos don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

Deduce su recurso porque no fue informado en forma precisa de las fechas y documentos a entregar para solicitar el “bono post laboral” y se cumplieron los plazos, quedando sin el beneficio por falta de orientación, por lo que solicita que se revise su situación y se le otorgue la oportunidad nuevamente para postular a dicho bono y, además, se prepare al funcionario en esta etapa de trámites de pensión para que los profesores de la comuna no cometan los mismos errores.

La Directora Jurídica de la Municipalidad de Pichilemu acompaña un informe donde se explica la situación del recurrente, indicándose que el Sr. nombre reservado ingresó al servicio público en 1977 y se desempeñó como docente titular en distintos establecimientos educacionales de la comuna desde el 31 de diciembre de 1981 hasta el 1 de mayo de 2019, cuando se produjo su retiro laboral voluntario, renuncia que fue aceptada por decreto exento N° 2484, pagándosele una indemnización de $19.671.014, por concepto de mes por año de servicio.

El 31 de octubre de 2018 se ingresó la solicitud de bono post laboral contemplado en la Ley 20.305, que le fue concedido por decreto exento N° 1805, de 25 de junio de 2019, por un valor de $70.840; no obstante ello, por Ordinario N° 369/651, de 20 de agosto pasado, la Tesorera Provincial de San Fernando devolvió la solicitud de bono post laboral “sin trámite”, porque no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 2 N° 5 de la Ley 20.305; de acuerdo al cual, para tener derecho al bono, el cese en el cargo debe producirse dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades que se señalan, pues. El Sr. nombre reservado nació el 5 de noviembre de 1952, los 65 años los cumplió el 5 de noviembre de 2017, de manera que el plazo máximo para cesar en sus funciones era el 5 de noviembre de 2018 y se retiró el 1 de mayo de 2019.

Se hace presente que la Ley 20.305 mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, estatuyendo un bono de naturaleza laboral para quienes cumplan los requisitos copulativos previstos en su artículo 2, cuyo no es el caso del Sr. nombre reservado, porque se pensionó fuera del plazo previsto en dicha norma, siendo obligación del Jefe Superior del Servicio verificar el cumplimiento de los requisitos, lo que en este caso hizo, no teniendo el Órgano Estatal responsabilidad alguna ante la falta de diligencia del docente, quien presentó su solicitud el 31 de octubre de 2018 y no puede alegar desconocimiento de la Ley, por la presunción del artículo 8 del Código Civil.

Con fecha 25 de octubre del año en curso, la recurrida complementa su informe en los términos decretados por resolución de 4 de octubre del año en curso.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1° Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

2° Que de la atenta lectura del recurso y sus peticiones concretas aparece que la pretensión del recurrente es doble. Por una parte busca que se le otorgue un nuevo plazo para postular al “bono post laboral” y por otra que se prepare a los funcionarios municipales a cargo de los trámites de pensión, para que asesoren adecuadamente a los profesores de la comuna en ese proceso, a fin de que no cometan los mismos errores.

3° Que de acuerdo al artículo 2 de la Ley 20.305, para tener derecho al bono previsto en el artículo 1 del mismo cuerpo normativo, es necesario cumplir una serie de requisitos copulativos, entre ellos:

N°4 “Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres.

N°5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.”

4° Que de los antecedentes allegados al proceso por la parte recurrida, consta:

a) Que el Sr. nombre reservado se desempeñó como docente en la comuna de Pichilemu durante un largo periodo de tiempo y que cumplió los 65 años el 5 de noviembre de 2017. Lo que consta del formulario solicitud de bono post laboral, que el mismo interesado completó, indicando como fecha de nacimiento el 5 de noviembre de 1952.

b) Que el 4 de marzo de 2019 el Sr. nombre reservado presentó su renuncia voluntaria, a contar del 1 de mayo de 2019, que fue aprobada por resolución N° 002484, de 17 de mayo del año en curso.

c) Que el 5 de mayo de 2019, el recurrente tenía 66 años y 6 meses de edad.

d) Que si bien por Decreto Exento Municipal N° 1805, de 25 de junio del presente año, se concedió al Sr. nombre reservado el bono de naturaleza laboral, por la suma de $70.840, la Tesorería General de la República no dio curso al pago, indicándose en el Ordinario N° 369, de 21 de agosto del año en curso, que tal negativa se funda en que el interesado no cumple con los requisitos previstos en la Ley 20.305, porque para acceder a él, la “fecha del cese de las funciones debe ser dentro de los 12 meses siguientes de cumplida la edad de 65 años,…”

5° Que atendido los términos imperativos en que se encuentra redactado el encabezado del precitado artículo 2 de la Ley 20.305, en cuanto dispone “Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: …” y constituyendo un hecho de la causa que el Sr. nombre reservado no cumplía con el requisito previsto en el número 5 de dicho artículo, porque se acogió a retiro cuando tenía más de 66 años, la autoridad administrativa no podía otorgarle el referido beneficio, porque de acuerdo al artículo 3 de la Ley 20.305, el Jefe Superior del Servicio debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a él, de manera que la negativa se ajustó a la normativa vigente y con ello la autoridad administrativa se limitó a cumplir con el mandato Constitucional previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

6° Que tampoco se advierte una afectación ilegal o arbitraria a alguna garantía constitucional del recurrente, porque éste sólo tenía la mera expectativa de ser beneficiario del bono si cumplía los requisitos legales y otorgarle un aumento de plazo para ser beneficiario del mismo no sólo sería ilegal, sino que además establecería una diferencia arbitraria en su beneficio y en perjuicio de todos los demás docentes a quienes sí se les exige el cumplimiento irrestricto de los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley en estudio.

7° Que, por último, de acuerdo a lo informado por la recurrida en su informe de 25 de octubre del año en curso, tampoco se advierte que exista un problema de tramitación interna de este tipo de solicitudes, ni una infracción al derecho a la información contemplado en el artículo 17 letra H de la Ley 19.880, de manera que no existen antecedentes suficientes para determinar medidas concretas que la recurrida pueda adoptar para mejorar sus procedimientos internos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se rechaza la acción cautelar deducida en autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 8097-2019 Prot.

PRONUNCIADA POR LA PRIMERA SALA, SUBROGANDO LEGALMENTE A LA TERCEERA SALA DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA.