nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Explicó que se encuentra afiliado a la AFP Provida desde el 1 de julio de 2019. El 9 de abril de 2025 solicitó de forma presencial la devolución de fondos, de acuerdo con la Ley 18.156, que establece la exención de cotizaciones de profesionales extranjeros bajo las condiciones que dicho cuerpo legal indica. Aseguró haber presentado la documentación requerida, consistente en el contrato de trabajo y anexo de contrato donde se manifiesta la voluntad de mantener afiliación en el sistema de seguridad social de Venezuela, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de febrero de 2024 y el título profesional apostillado. Consecuentemente, aseguró que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos de la Ley 18.156, siendo procedente que la recurrida acceda al retiro de los fondos previsionales.

Sin embargo, indicó que fue notificado por correo electrónico de que la constancia de afiliación del IVSS se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud, superando la vigencia indicada en dicho documento, lo que imposibilita, de acuerdo con la recurrida, acredita que se encuentra cubierto en toda su estadía por un sistema de seguridad social extranjero.

Aseguró que las constancias de afiliación al seguro social venezolano no tienen vencimiento, ya que se es afiliado o no se es. En el caso particular afirmó que el sistema por defecto deja un mensaje que denota un plazo de vigencia hasta el final del mes en que el certificado es emitido.

Agregó que no es la primera vez que realiza el retiro de fondos previsionales de la misma AFP y con los mismos antecedentes, los que fueron certificados por la embajada venezolana, mientras estaba operativa en el país. Aseguró haber realizado 2 solicitudes, el 6 de marzo de 2023 y el 14 de marzo de 204, por lo que resulta apartado de la lógica que en su tercer retiro se invoque un subterfugio legal e inexistente para el rechazo de la solicitud.

Hizo presente que la seguridad social en Venezuela es irrenunciable, por lo que no puede estar asegurado en un periodo y en el siguiente no. Dio cuenta de las normas legales venezolanas sobre la irrenunciabilidad de la seguridad social de lo que concluyó que ésta protege al sujeto al solo acreditar una vez que está amparado por la seguridad social de su patria, no siendo necesario acreditar con más constancias la cobertura.

Indicó que la decisión de no devolver los fondos es antojadiza, y constituye una conducta ilegal y arbitraria y vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Alegó que la recurrida obstaculiza el proceso dando una mala interpretación de la norma que regula la validez de los instrumentos otorgados en el extranjero, ya que en el caso puntual resulta imposible obtener la legalización consular, como se hacía antes, por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Señaló que es un hecho público y notorio la ausencia de representación diplomática, encontrándose en una situación de imprevisibilidad que imposibilita a los venezolanos a obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS.

Dio cuenta de jurisprudencia de cortes de apelaciones en que se ha fallado a favor de los recurrentes en casos similares.

Hizo presente que el certificado del IVSS se puede verificar en línea, a través de un código, así como a través del número de cédula de identidad venezolana del afiliado.

Reiteró que se ha vulnerado por la recurrida la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, asegurados en el artículo 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente. Dio cuenta de jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones en que se han acogido acciones similares.

Solicitó que se ordene a la recurrida que reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento, que permita hacer efectiva la devolución de fondos previsionales planteada, dentro de un plazo 5 días o el plazo que establezca la Corte.

El 18 de junio de 2025 la AFP Provida evacuó el informe requerido. Como primer asunto, cuestionó que la acción cautelar sea la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio como la controversia de autos. Aseguró que lo pedido por el recurrente no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, ya que pretende discutir la constitucionalidad del D.L. 3.500 en sede de protección.

En cuanto al fondo, la recurrida alegó que no existen actos arbitrarios o ilegales efectuados por AFP Provida, ya que se rechazó la solicitud del actor por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, y la apostilla estampada en el título no cuenta con código de verificación.

Hizo presente que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, se deben observar todas las formalidades legales para aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Dio cuenta de que en el Oficio Ordinario N°5376 de fecha 28 de marzo de 2025, en un caso similar al de autos, la Superintendencia resolvió no acceder a una devolución.

Señaló la regulación legal de las administradoras de fondos de pensiones, haciendo presente que tiene por objeto sólo el financiamiento de prestaciones pensiones y retiros de saldos por cotizaciones voluntarias, siendo evidente que, por mandato legal, el saldo de la cuenta de capitalización individual es financiar las pensiones. Luego, citando la Ley 18.156, indicó que para proceder al retiro de fondos del técnico extranjero es necesario que se acredite que el solicitante reúna las condiciones de detentar la calidad de técnico, que se encuentre en un régimen previsional de seguridad social fuera de Chile, en el que conste la obligación de otorgar prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que, en el contrato de trabajo, se manifiesta la voluntad de mantener la afiliación al sistema del país de origen.

Reiteró la improcedencia de la acción de protección, descartando la existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales y solicitó en definitiva el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, el acto que se impugna por el presente recurso es el rechazo de la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, comunicado mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2025, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N°2 y 24, y en la Ley 18.156 que faculta la devolución de los fondos a los técnicos o profesionales extranjeros, solicitando que se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho dentro de 5 días o el plazo que ésta Corte estipule, y se decreten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

3° Que, AFP Provida al evacuar su informe, dio cuenta de la improcedencia de la acción de protección para enfrentar la materia discutida. Luego, señaló que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos se debe a que los documentos aportados por el recurrente no son suficientes para acreditar los requisitos de la Ley 18.156, de acuerdo con las instrucciones entregadas por la autoridad, por lo que ha actuado según lo instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones.

4° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente que el artículo 1 de la Ley 18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.” A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

5° Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros- una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales emitido el 15 de febrero de 2024, cuyo pie de página señala que tendrá una vigencia hasta el 28 de febrero de 2024; y una declaración jurada ante la encargada de la sección consular de la embajada de Venezuela, de 31 de enero de 2024, una declaración jurada ante notario emitida el 20 de mayo de 2025, fotocopia de su cédula de identidad y un contrato de trabajo de 4 de septiembre de 2023, documentos que, como sostiene la recurrida, no resultan idóneos para dar cumplimiento a las exigencias legales, por cuanto la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, y evidentemente, debe encontrarse vigente a la época en que se realiza la solicitud, cuestión que con el mérito de los antecedentes no ha logrado ser comprobada.

6° Que, en este sentido, el documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta que el actor tenga un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto.

7° Que, a mayor abundamiento, el certificado aportado además señala que el recurrente se encuentra en calidad de “cesante” lo que impide configurar con certeza la existencia de la cobertura que reclama respecto del seguro de salud y previsional que asegura tener, siendo imposible desprender de forma inequívoca de su contenido el cumplimiento del requisito del artículo 1 letra a) de la Ley 18.156.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 805-2025 Protección.