RECURRENTE: nombre reservado. RECURRIDO: ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) DE DOÑIHUE

Certifico: Que en la presente causa se anunciaron para alegar los Abogados Abraham Covarrubias, 15 minutos por el recurso y, nombre reservado, 10 minutos contra el recurso; escucharon la relación y alegaron por el tiempo anunciado. Rancagua; 24 de abril de 2015.

nombre reservado

Relatora Rancagua, veinticuatro de abril de dos mil quince.

Vistos:

Doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, Villa lo Miranda, Doñihue, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de Doñihue, domiciliado en domicilio reservado, y de don nombre reservado, Director de la Dirección de Administración de la Educación Municipal de la misma comuna, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que desde el 10 de marzo de 1997, se desempeña como educadora de párvulos para distintos establecimientos administrados por el DAEM de la Municipalidad de Doñihue, inicialmente en el Colegio La Isla, para el que prestó servicios con contrato de trabajo de carácter indefinido.

Añade que el 17 de noviembre del año 2006, se modifica su contrato de trabajo siendo trasladada a la Escuela Laura Matus Meléndez, como administrativa encargada de Biblioteca.

Posteriormente decidió estudiar la carrera de pedagogía básica con mención en trastornos del lenguaje, oportunidad en que su empleador le ofrece complementar su trabajo ingresando al Programa de Integración de la Educación. Para ello se dicta el Decreto Alcaldicio N° 3552, de 7 de agosto de 2013, en que se le designa en calidad de contrata para desempeñarse dentro de dicho programa por el período de un año, desde el 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014, incrementando sus remuneraciones a $485,892.

Añade que esta designación fue renovada para el período siguiente por Decreto Alcaldicio N° 1625, de marzo de 2014, estableciendo una contrata que tendría vigencia hasta el 28 de febrero del año en curso, aumentando su remuneración a $510,268.

Agrega que con posterioridad, el Director del DAEM citó a una reunión a todos los docentes del programa PIE para el 2 de marzo del presente año, no incluyendo en su convocatoria a la actora, recibiéndola después de la reunión e informándole verbalmente y sin mediar explicación, su despido de toda función con el Municipio.

Indica que tiene contrato vigente, con carácter indefinido, con la Municipalidad recurrida, siendo las funciones que prestaba para el PIE accesorias a sus labores, por lo que estima que la decisión de poner término a su contrato de trabajo en la forma descrita es ilegal, ya que no se ha efectuado conforme a la ley, y además es arbitraria, porque carece de justificación.

Añade que solicitó pronunciamiento sobre la vigencia de su contrato al Alcalde recurrido, el que mediante Ordinario N° 125, refiere que su contrato de trabajo como asistente de la educación se encuentra vigente, pese a lo cual no ha tenido respuesta positiva a su requerimiento de reincorporarse a cumplir sus funciones y percibir sus remuneraciones.

Concluye que se han producido dos actuaciones arbitrarias e ilegales en contra de las cuales recurre: la primera corresponde al despido verbal y carente de fundamento de que fue objeto, la segunda a la privación de sus funciones y de sus remuneraciones, pese a tener contrato de trabajo vigente.

Estima que dichas actuaciones afectan la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Solicita acoger el recurso y declarar arbitrario e ilegal su despido y dejarlo sin efecto, como también la privación de sus funciones y de sus remuneraciones, además solicita ser restablecida en su puesto de trabajo y ordenar el pago de sus remuneraciones más reajustes e intereses por todo el período en que permanezca privada de su empleo, con costas.

Acompaña documentación que se encuentra agregada al expediente A fojas 46, informan los recurridos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala el que el 10 de marzo de 1997 la Municipalidad de Doñihue contrató a la recurrente como auxiliar de párvulos en el Colegio La Isla, celebrando contrato indefinido. Añade que con fecha 17 de noviembre de 2006, se modificó el contrato de trabajo disponiendo que la actora se desempeñaría como administrativa encargada de biblioteca en la Escuela Laura Matus Meléndez, dejando de servir a contar de esa fecha el cargo titular en el Colegio La Isla.

En cuanto a su designación en calidad de contrata en el Programa de Integración Escolar, indica que no es efectivo que correspondieran a un complemento de su cargo, ya que no es posible realizar simultáneamente la función de docente por 44 horas y la de bibliotecaria. Sostiene que la actora pasó de una relación establecida en virtud de un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, a un nombramiento docente que se rige por el Estatuto Docente contemplado en la Ley 19.070, lo que determinó que su remuneraciones pasaron a ser las que recibe cualquier docente en las mismas condiciones.

Añade que los nombramientos de docentes en el Programa PIE, son nombramientos a plazos fijos y regidos por el estatuto docente, que en su artículo 25, contempla la calidad de profesores titulares y contratados, siendo estos últimos aquéllos que desempeñen “labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de remplazo de titulares”.

Agrega que el artículo 72 del mismo texto legal, establece las causales de término de la relación laboral de los profesionales contratados, entre las que se incluye “el término del período por el cual se efectuó contrato”.

Sostiene que el hecho de poner término a una contratación por término del plazo establecido, no responde a una facultad o decisión de la autoridad, sino al cumplimiento de un mandato legal conforme a la norma citada y no requiere indicar motivo para decidir si efectúa o no una nueva contratación, por lo que la comunicación efectuada a la actora no requería de formalidad alguna y no adolece de ilegalidad o arbitrariedad.

Agrega que al analizar los antecedentes de la actora, se advirtió que a la fecha en que se efectuó el cambio de tipo de contrato, no se realizó el término del contrato de trabajo, error que se reconoce comunicando a la recurrente que su contrato de trabajo como asistente de la educación aún se encuentra vigente. Indica que posteriormente se intentó coordinar su reincorporación en el mes de marzo del año curso, lo que ha sido complejo por haberse iniciado el año escolar, por lo que existe demora al respecto.

Señala que con fecha 6 de abril del año curso la actora fue reincorporada en su función de encargada de biblioteca, haciéndose efectivo el pago de la remuneración correspondiente al mes de marzo el día 20 de abril del mismo año.

Acompaña documentación que se encuentra agregada al expediente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que el recurso de protección según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede respecto de actos y omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que se señalan en la misma disposición; y tiene por finalidad obtener que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2° Que del mérito de los antecedentes es posible establecer que la actora fue nombrada docente en el Programa de Integración Escolar en calidad de docente contratada, con el propósito de llevar a cabo planes y programas de estudio vigentes en la escuela Laura Matus Meléndez, hasta el 28 de febrero de 2015, según consta en documento agregado a fojas ocho, designación que corresponde a la calidad de docente contratado, la que termina entre otras causales, por el término del periodo por el cual se efectuó contrato, conforme a lo establecido en el artículo 72 letra d) de la ley 19.070.

3° Que la referida modalidad de contratación es esencialmente transitoria y está supeditada al tiempo fijado en el respectivo decreto de designación, el que una vez cumplido produce el cese de funciones por el sólo ministerio de la ley, por lo que su término por el vencimiento del plazo, no corresponde a una decisión de la autoridad, sino a un efecto previsto en la ley, el que tampoco puede ser calificado de despido, ni requiere el cumplimiento de formalidades con expresión de causales que lo justifiquen, no advirtiéndose que la autoridad recurrida haya incurrido en arbitrariedad o ilegalidad al no renovar la contratación de la actora.

4° Que los recurridos han reconocido la vigencia del contrato de trabajo de la recurrente, disponiendo su reincorporación en el cargo de bibliotecaria de la escuela Laura Matus Meléndez, lo que se efectuó el 6 de abril del año curso, disponiendo el pago íntegro de sus remuneraciones, según consta en documentos agregados a fojas 42 y 44, por lo que habiéndose regularizado la situación contractual y laboral de la actora, la acción no puede prosperar en este punto, por no subsistir los hechos materia del recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido a fojas 12 de estos antecedentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 801-2015- Civil.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro Titular señor Raúl Mera Muñoz, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la Abogada Integrante señora María Latife Anich.

Hernán nombre reservado Muñoz Secretario En Rancagua, a veinticuatro de abril de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.