ASESORIAS E INVERSIONES UBER PRAXIS SPA con I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Rancagua, tres de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 13 de enero de 2021 comparece Pablo Díaz González, abogado, en representación de Asesorías e Inversiones Uber Praxis SpA., ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Rancagua, representada legalmente por el Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las siguientes razones:

Explica que su representada presta servicios de asesoramiento y representación jurídica, así como también servicios de cobranza judicial y extrajudicial. Nuestra empresa es una compañía de casi 4 años de existencia, es una microempresa que da trabajo a 6 trabajadores. Colabora de forma externa con diversas instituciones que cobran sus créditos.

Dado lo anterior, presentó y formuló una propuesta técnica y económica en la licitación de Mercado Publico ID 2402-67-LQ18, denominada “SERV EXT COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL MUN RANCAGUA”, mediante la cual, la recurrida buscaba un prestador en calidad de externo, que realizara las labores de cobro judicial y extrajudicial de sus derechos municipales impagos, adjudicándosela, por el plazo de 36 meses, según consta en Decreto Exento número 4098, de fecha 07 de noviembre de 2018,por lo que se coordinaron las gestiones para el servicio, se otorgó el mandato judicial respectivo, y se les asignaron 455 casos para cobro judicial y extrajudicial, que se siguen trabajando a la fecha de presentación de la acción.

Hace presente que la relación devino con algo de normalidad, desde el punto de vista que había comunicación con el municipio, se despacharon todos los informes requeridos a solicitud de esta, y se realizaron todas las gestiones judiciales y extrajudiciales requeridas. Sin perjuicio de ello, no se cumplieron obligaciones mínimas por parte de la recurrida, como la entrega del contrato firmado con el municipio luego de la adjudicación, ni se sirvieron los gastos de prestadores externos con regularidad, dentro de varios otros incumplimientos por parte del mandate, los que obviamente no son objeto de este recurso.

Luego con las elecciones municipales de 2021, la administración saliente pidió un informe sobre toda la cartera de juicios y algunas métricas por volumen. Contra su entrega se nos pidió una reunión en la ciudad de Rancagua, para efectos de realizar el traspaso del contrato a las nuevas autoridades. Luego de ello, no tuvieron otros contactos y tampoco recibieron respuesta antes sus llamados.

El día 08 de junio de 2021 fue en el que recibimos el último correo electrónico por parte del municipio, y desde esta fecha ha remitido múltiples correos con esa finalidad. Le enviaron un correo a nombre reservado quien sería abogado de la Dirección Jurídica el 29 de julio de 2021, que transcribe en su presentación. No les han informado cambio de coordinador técnico del contrato que suscribieron.

El 12 de enero de 2022, recibieron un llamado telefónico de la empresa Masaval SAGR., sociedad con quien suscribieron la fianza que las bases de licitación indicaban. La persona que los contactó es nombre reservado, ejecutiva de normalización. Les indicó que el día 27 de diciembre de 2021, la recurrida solicitó el cobro de la fianza por término anticipado del contrato. Esta fue la primera noticia que tienen desde el mes de junio de 2021.

Revisaron su correspondencia existente en la anteriores oficinas y encontraron el Decreto Exento N°3672/2021 que fue recibida el 15 de diciembre de 2021 y cuyo texto cita en su recurso y en el que se afirma que habría enviado un correo electrónico a su parte el 02 de septiembre de 2021, el que no habría sido respondido hasta la fecha de dictación del decreto, lo que niega en forma rotunda.

Dicha falta de respuesta, de un correo que nunca se envió, la asimila a abandono del servicio, no prestación de estos, y además, por consiguiente, por no haber respondido dicha comunicación inexistente, el contrato carecería de supervisión técnica, lo que motiva la dictación del decreto de terminación de los servicios, lo que implica la imposición de la ejecución de una garantía de 363,06 Unidades de Fomento, a modo de indemnización de perjuicios para con la Municipalidad.

El actuar arbitrario de la recurrida se da porque, a pesar de señalar expresamente que sus correos son recibidos, ellos nunca contestaron a ningunas de las comunicaciones que enviaron, por decisión voluntaria y propia, y además se utiliza como pretexto para justificar su decisión de terminar anticipadamente el contrato, pese a que sigue prestando el servicio.

Denuncia infringida la garantía constitucional contenida en el 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que se adjudicó el contrato por Decreto Exento N° 4098, de fecha 07 de noviembre de 2018, de la Municipalidad de Rancagua, que se acompaña, se adjudicó por 36 meses desde la suscripción del contrato, el servicio de cobranza judicial y extrajudicial de todas las tasas y derechos de que fuera titular la recurrida. Las partes firmamos contrato de prestación de estos servicios, sin perjuicio de quedar ligadas además por las bases de licitación y por ello sostiene que tiene, hasta el término del contrato, la propiedad sobre este o, dicho de otro modo, sobre los derechos que por este se constituyen en su beneficio.

Hace presente que la acción cautelar, en nada se refiere al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones o derechos de aquel contrato, conocimiento que debe radicarse ante los tribunales de letras de esta jurisdicción, sino que se refiere a la titularidad sobre el mismo y a la arbitrariedad e ilegalidad de su acreedora, al ponerle termino de forma anticipada, por razones arbitrarias e ilegales.

Además resulta ser ilegal por cuanto deja voluntariamente de comunicarse con la contraparte de un contrato para crearle una causal de incumplimiento, constituye un acto de mala fe, que va en directa contradicción con las normas que impone a todo contratante nuestro Código Civil y las mismas bases de licitación, las que en su capítulo 8 establecen un sistema de multas en caso de incumplimientos por parte de este proveedor, todas las cuales cita. Refiere que la recurrida entiende incumplidas por analogía la falta de respuesta a un correo electrónico, lo que no es causal que justifique esa terminación, que solo procede en casos graves y calificados, sino que solo la imposición de multas.

También se vulnera la garantía contemplada en el N°2 del artículo 19 ya citado, porque en base a circunstancias de hecho creadas por ella misma, aplica sanciones extremas fuera de todo equilibrio y proporcionalidad que debe existir en la relación contractual, porque se pretende que, sobre la base de no responder un correo electrónico, que nunca recibieron, la recurrida persiga hacer efectiva una garantía por la suma de 363,06 UF.

Pide como medida para el restablecimiento del imperio del derecho se declare arbitrario e ilegal el Decreto Exento N°3672/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, con costas. Para tal efecto acompaña la documentación soportante de sus alegaciones.

La recurrida en su informe de fecha 18 de abril del presente año, solicitó el rechazo, para tal efecto indica que son efectivos los antecedentes relativos a la licitación, propuesta técnica y económica, por la cual se buscaba un prestador en calidad de externo, que realizara las labores de cobro judicial y extrajudicial de sus derechos municipales impagos; al igual que la adjudicación por el plazo de 36 meses, según consta en Decreto Exento número 4098, de fecha 07 de noviembre de 2018.

El 15 de diciembre de 2021, y mediante carta certificada, se le notifico el Decreto Exento 3672/2021, que puso término al contrato antes singularizado, con la empresa recurrente UBER PRAXIS SPA, por las razones ahí expresadas, por lo que niega las afirmaciones de esta última.

Precisa que en lo que se refiere al cumplimiento o incumplimiento del contrato; la interpretación de sus cláusulas, ejecución o término del mismo -controversia sustantiva- , no corresponde a materias que deban ser conocidas por esta vía, sino a través de un juicio de lato conocimiento, a instancias de un procedimiento que permita la exposición más dilatada de antecedentes, pues, esta acción cautelar de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos.

Añade sobre los hechos lo siguiente: mediante Decreto Exento N° 4098, del día 7 de noviembre del 2018, la Ilustre Municipalidad de Rancagua aceptó y adjudico la propuesta publicada denominada “SERVICIO EXTERNO DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE DERECHOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES MOROSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA”, ID N° 2402-67-LQ18, a la empresa ASESORÍAS E INVERSIONES UBER PRAXIS SpA., RUT N° RUT reservado, representada por don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Luego, a través del Pase Nº 7595, de fecha 25 de noviembre del 2021, emanado de la Dirección de Asesoría Jurídica, se informa y solicita el término anticipado del contrato “SERVICIO EXTERNO DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE DERECHOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES MOROSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA”, suscrito por la Municipalidad de Rancagua, con la empresa ASESORÍAS E INVERSIONES UBER PRAXIS SpA. Para ello se tuvo presente lo señalado por Contraloría General de la República, que en su Informe Final N° 834/2021, señala, en su numeral 4, referido a la Morosidad de la cuenta [cuenta reservada], Ingresos por percibir al 31 de diciembre de 2019. “… la Municipalidad deberá disponer las acciones tendientes a obtener la identificación y aclaración de las sumas correspondientes a años anteriores que permanecen pendientes de percepción a la fecha, disponer un plan de acción tendiente a obtener su recuperación; y, en caso de corresponder, proceder a las regularizaciones correspondientes, con el fin de ajustar su actuar a lo indicado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la Ley N° 18.575; en el artículo 27, letra b), numerales 1 y 7, de la citada Ley N° 18.695; en el Dictamen N°94.448, de 2016, de este Organismo de Control; en el artículo 66, del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; a lo dispuesto sobre la materia en la resolución N°3, de 2020, de este origen, que aprueba la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR Chile, para el Sector Municipal, vigente a contar del 1 de enero de 2021; y, en el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, contenido en el Oficio CGR N° E59549, de la misma anualidad. Sin perjuicio, que los hechos expuestos podrían implicar una eventual infracción de deberes funcionarios.

De conformidad con lo concluido por el Órgano Control, y así representado a este Municipio recurrido; se estaba incurriendo en faltas graves, en la planificación o aplicación de procesos tendientes a la recuperación de dineros adeudados o por pagar al Municipio, exponiéndose inclusive a responsabilidad por falta de servicio, sin perjuicio de la eventual infracción de deberes funcionarios como indicaba en el documento.

Dado lo anterior, el Director Jurídico del municipio, con fecha 2 de septiembre de 2021, remitió correo al representante de la recurrente, Pablo Díaz González, a fin de agendar una reunión, para analizar el estado de la Cobranza Judicial y Extrajudicial de Derechos, Tasas y Patentes Municipales Morosos. Hasta el 25 de noviembre de 2021, no se había recibido respuesta al correo.

Hace presente, que el último correo de ASESORÍAS E INVERSIONES UBER PRAXIS SpA., fue despachado por Pablo Díaz González, al Abogado, de esta Dirección, Boris Lallemand, el día 3 de agosto de 2021, adjuntando planilla de gestiones y boleta del Señor nombre reservado, receptor de la cartera de cobranza, cuyas gestiones informadas corresponden a un total de 51 causas.

Indica que revisado el contrato consta en su letra h), cláusula Décimo Primero, sobre terminación del contrato, la siguiente causal de término: “h) Si el proveedor ha hecho abandono de los servicios o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de estas”. Por otra parte, el literal k) de la misma cláusula ya individualizada señala: “k) Si a juicio de la Unidad Técnica no está ejecutando los servicios de acuerdo con el Contrato o, en forma reiterada y flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas”. Añade que son obligaciones del proveedor, conforme las bases técnicas, las siguientes: a) “El proveedor, una vez ejercidas las gestiones prejudiciales tendientes a obtener el pago de la deuda, sin resultados positivos, enviará a la Municipalidad de Rancagua, las demandas ejecutivas confeccionadas, con los antecedentes proporcionados por el municipio, para que la Dirección Jurídica Municipal, las vise y obtenga la firma de parte de la Autoridad Municipal, o de quien ésta mandate. b) Una vez entregadas debidamente suscritas las demandas al proveedor, éste tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de entrega, para la interposición de la demanda ejecutiva en el Tribunal correspondiente. c) El proveedor deberá ejercer oportunamente todas las gestiones judiciales tendientes a que dicha demanda sea debidamente proveída y notificada al ejecutado, remitiendo una copia de la misma a la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Rancagua. d) El proveedor deberá informar dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, a la Dirección de Asesoría Jurídica, sobre el estado de avance de las causas en tramitación”.

Por ello, conforme lo establecido en el contrato, ante la falta de una inspección técnica del servicio, debidamente designado por la Dirección de Asesoría Jurídica, corresponde al Director, asumir dichas funciones (Cláusula Séptimo del contrato) y se dictó el decreto de término, con lo siguiente: a) Poner término anticipado al contrato “SERVICIO EXTERNO DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE DERECHOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES MOROSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA” ID N° 2402-67-LQ18. b) Hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento; y c) El nombramiento de una Comisión Liquidadora del Contrato, la que deberá emitir un Pre – Informe detallado de los servicios prestados, procediendo en los términos de la cláusula Décimo Primero, del ya mencionado contrato 3. La Instrucción, de la Señora nombre reservado, de fecha 26 de noviembre del 2021, “para Decreto”. 4. El Expediente Electrónico N° 30228, de fecha 26 de noviembre del 2021, remitido por la Dirección de Asesoría Jurídica.

En consecuencia estima que la acción debe ser rechazada con costas, dado que el acto que recurre fue dictado conforme a derecho y se encuentra justificado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2°) Que por consiguiente, resulta requisito indispensable para la procedencia de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal por parte de la persona recurrida, -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión.

3°) Que, la parte recurrente funda la acción cautelar en que, habiéndose adjudicado su representada la prestación de servicios de cobro judicial y extrajudicial de derechos municipales impagos, por un plazo de 36 meses, según consta en el Decreto Exento N°4098 de 7 de noviembre de 2018, en cuya virtud se le asignaron 455 casos, se le atribuye en el acto que se recurre, contenido en el decreto que ahora se impugna, un eventual abandono del servicio, no prestación de los mismos, y por consiguiente se dispone la terminación del servicio contratado, lo que impone la ejecución de la garantía que para tal efecto se contrató, lo que niega en forma rotunda, porque en reiteradas ocasiones intentó contactarse con la recurrida para efectos de realizar el traspaso del contrato a las nuevas autoridades que asumieron luego de las elecciones municipales del año 2021.

Así, estima se afectan sus garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política del Estado, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

4°) Que por su parte la recurrida ha manifestado, en síntesis, que efectivamente su parte aceptó y adjudicó la propuesta que publicó, denominada “Servicio externo de cobranza judicial y extrajudicial de derechos, tasas y patentes municipales morosos de la municipalidad de Rancagua”.

Añade que, luego de lo indicado por el órgano contralor en su informe N°834/2021, relativo a la morosidad de la cuenta que indica, dispuso acciones respecto de la planificación aplicación de procesos pendientes a la recuperación de dineros adeudados, por lo que remitió en septiembre del año 2021 correo al representante de la recurrente, a fin de agendar una reunión, para analizar el estado de la cobranza encargada. Se revisó el contrato adjudicado, y conforme lo establecido en su cláusula décimo primera, literal h), y ante la falta de una inspección técnica del servicio debidamente designado por la Dirección de Asesoría Jurídica se decidió poner término anticipada el contrato licitado y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, además de nombrar una comisión liquidadora del mismo por cuanto se debe emitir un pre informe relativo a los servicios prestados; por lo que estima que la acción debe ser rechazada dado que el acto fue dictado conforme a derecho y se encuentra debidamente justificado.

Sin perjuicio de ello hace presente que en lo relativo al cumplimiento o incumplimiento del contrato, la interpretación de las cláusulas, ejecución o término de este y controversias, no corresponde a materias que deban ser conocidas por esta vía, sino que a través de un juicio de lato conocimiento.

5°) Que conforme a lo previamente indicado, para la plausibilidad del recurso de protección, ha sido necesario determinar, con un nivel suficiente de certeza mínima, la efectividad de haberse dictado el Decreto Exento N°3672/2021, de 29 de noviembre de 2021 en forma irregular, arbitrario o incorrecto, en términos tales de evidenciar una acción u omisión con las características señaladas en la norma constitucional, es decir, que merced a su ilegalidad o arbitrariedad, vulnere los derechos constitucionales esgrimidos. Se trata, en definitiva, de establecer el acto o la omisión que se alegan, para posteriormente discernir acerca de la legalidad o arbitrariedad de tales eventos, y sobre la posterior posible afectación de los derechos constitucionales.

6°) Que, en este contexto, del recurso presentado constan en general los hechos que se invocan como fundantes del mismo, es decir, que efectivamente y previa licitación, se celebró el contrato de servicio externo de cobranza judicial y extrajudicial antes indicado, conforme las bases administrativas de agosto del 2018; contrato que fue reducido a escritura pública el 4 de diciembre de ese mismo año, debidamente suscrito por las partes. Igualmente consta que mediante el de Decreto Exento N° 3672/2021 la recurrida puso término anticipado al mismo contrato de prestación de servicios referido, y procedió a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta prestación, conforme la señal a las bases antes indicadas.

Sin embargo, de los restantes antecedentes de la causa, especialmente de lo expuesto por la recurrida y con los documentos acompañados por su parte, no cabe considerar que en este caso se esté ante un acto arbitrario o ilegal.

En efecto, los actos que la recurrente impugna a través de la presente vía cautelar de urgencia, si se consideran los fundamentos del término anticipado del servicio, y el mérito de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, se refieren al supuesto incumplimiento de su parte de los plazos respectivos, siendo estas las razones singularizadas en los instrumentos que se invocan, y que constituyen el fundamento de las resoluciones administrativas cuestionadas.

7°) Que, de esta manera, y como se viene anunciando, para la procedencia del recurso de protección era indispensable la existencia de un derecho del recurrente, previo e indubitado, sin que para su establecimiento haya de requerirse otros elementos probatorios adicionales declarativos, elementos propios de un juicio de lato conocimiento.

8°) Que para así resolverlo se tiene en consideración no es esta acción constitucional de urgencia o la vía indicada para discutir acerca de eventuales violaciones o incumplimientos contractuales, ni de ejecuciones de garantía, que por el contrario, se encuentran actualmente sujetas a la jurisdicción civil, conforme lo indican las mismas bases administrativas del contrato.

9°) Que, por las razones señaladas, que en síntesis consisten en que no se ha establecido en la especie la ocurrencia de acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere derechos constitucionales reparables por esta vía, resulta procedente el rechazo del recurso de protección intentado, conforme se dispondrá a continuación.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Díaz González, abogado, en representación de Asesorías e Inversiones Uber Praxis SpA., contra de la I. Municipalidad de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 80-2022 Protección.