Protección contra Municipalidad de Paredones y

C.A. de Rancagua Rancagua, tres de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 17 de enero del año en curso, comparece la abogada Jeannette Carolina Contreras en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección contra la Ilustre Municipalidad de Paredones, representada por su Alcalde Moisés Antonio Carvacho Vargas, por emitir el Decreto Alcaldicio N° NUM000 de fecha 18 de diciembre de 2024, mediante el cual se declaró la vacancia en el cargo, por la causal de salud incompatible, por haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años lo que priva, perturba o amenaza sus derechos constitucionales, garantizados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que ingresó a trabajar a la Municipalidad recurrida el 8 de abril del año 2013, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, pasando el 1 de enero de 2016 a contrata, cumpliendo funciones al interior de la oficina de movilización hasta el año 2017, cuando fue trasladada a la Dirección de Obras Municipales, donde estuvo hasta el 31 de mayo del año 2021. Precisa que el 1 de junio de 2021 ganó concurso para la titularidad como Secretaría Administrativa del Departamento de Obras de la Municipalidad de Paredones, donde se mantuvo hasta el día 18 de diciembre del año 2024, fecha en la que fue notificada del Decreto Alcaldicio impugnado, mediante el cual se declaró la vacancia en el cargo, por la causal de salud incompatible, por haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, disponiéndose el cese de sus funciones.

Explica que a fines del 2022 e inicios del 2023 comenzó a sufrir dolor en el brazo derecho, siendo posteriormente diagnosticada con discopatía cervical, escoliosis y artrosis en la última vértebra de la columna, síndrome cervicobraquial derecho, epicondilitis bilateral, síndrome manguito rotador derecho y cálculos a la vesícula, detallando las licencias médicas emitidas, relatando que inició una larga etapa de recuperación y rehabilitación con atenciones kinesiológicas, que se mantuvieron durante el 2023 y 2024, siendo dada de alta en noviembre de 2024. Señala que, paralelo a ello, en julio de 2024 fue operada de cálculos a la vesícula, cuya recuperación fue bastante lenta y dolorosa, extendiéndose aproximadamente por tres semanas.

Señala que se reintegró a sus funciones el 6 de diciembre de 2024, comenzando inmediatamente ese mismo día con su feriado legal, pese a lo cual, fue notificada del Decreto Alcaldicio que por esta vía se impugna.

Luego de referirse a una reunión con el Alcalde, ya que existen otros funcionarios municipales que han presentado licencias médicas por igual o mayor tiempo que ella, alega que se afecta la igualdad ante la ley.

Destaca que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 inciso tercero de la Ley N° 18.883, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez mediante resolución de evaluación N° NUM001 de 10 de octubre de 2024, resolvió que la actora presenta un estado de salud recuperable.

En cuanto al derecho, se refiere a la falta de motivación del acto impugnado, a su ilegalidad y arbitrariedad, a la Ley 21.050 citando variada jurisprudencia de nuestro máximo tribunal y finaliza solicitando dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° NUM000 de fecha 18 de diciembre de 2024 y que, consecuentemente se ordena a la recurrida a reincorporar en sus funciones a la actora, ordenando a la recurrida pagarle las remuneraciones que se le deben desde que fue desvinculada hasta la fecha de su reincorporación, con costas.

A folio 11, comparece la abogada María Valentina García Carmona, en representación de la Ilustre Municipalidad de Paredones, quien evacúa el informe requerido.

Refiere que la reclamante hizo uso de licencias médicas durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2023 y el 5 de diciembre de 2024, superando el plazo establecido en el artículo 148 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Explica que la municipalidad solicitó a la COMPIN evaluación de salud irrecuperable de la actora, siendo notificada la municipalidad con fecha 10 de octubre de 2024, de resolución Folio N° NUM001, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, dictamen firme y ejecutoriado.

Luego de citar jurisprudencia administrativa y referirse al acto impugnado, precisa que el Sr. Alcalde ejerció la facultad legal conferida expresamente y establecida en el artículo 148 de la ley N° 18.883, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 40, inciso 2°, 56 y 63, letras i) e j) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y artículo 64 de la Ley N° 21.050 publicada en el diario oficial el 7 de diciembre de 2017, que modificó el artículo N° 148 de la Ley 18.883, que dispone “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de Licencia Médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

Finaliza señalando que el acto se encuentra suficientemente motivado, toda vez que se cumplían los requisitos establecidos en la ley para declarar la salud incompatible al superar la funcionaria con creces el plazo de seis meses en los últimos dos años con licencias médicas, considerando que la ex funcionaria se mantuvo por más de 630 días con licencias médicas continuas.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal, corresponde al Decreto Alcaldicio N° NUM000 de fecha 18 de diciembre de 2024, emitido por la I. Municipalidad de Paredones, mediante el cual se declaró la vacancia en el cargo, por la causal de salud incompatible, por haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, lo que priva, perturba o amenaza sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República. 3.- Que, la recurrida solicita el rechazo del recurso -en síntesis- argumentando que el Decreto Alcaldicio recurrido se encuentra suficientemente motivado en la legislación vigente, señalando que, en el presente caso, se configura la causal de haberse hecho uso de licencia médica por más de 6 meses en un periodo de dos años, dando cumplimiento a lo señalado en el artículos 147 y 148 de la Ley 18.883 sobre Estatuto de Funcionaros Municipales y a los dictámenes de Contraloría, relativos al caso, que son obligatorios de cumplir para cualquier funcionario público. 4.- Que, para resolver, se debe tener presente que los jefes de servicios y los alcaldes tienen la facultad legal de declarar la vacancia por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, según disponen los artículos 150, letra a) y 147, letra a) de las leyes N.° 18.834 y N.° 18.883, respectivamente.

A su vez, en cuanto a la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el artículo 148 inciso primero de la Ley 18.883, dispone: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Y en su inciso tercero agrega que: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. 5.- Que, la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, informe que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo de funcionarios municipales, si es que la COMPIN no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

En este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la COMPIN concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 18.883, en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para dar aplicación al artículo 148, se requiere que además evalúe si no le permite desempeñar el cargo. 6.- Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la COMPIN, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo. 7.- Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, reflejada, sólo a modo ejemplar, en las recientes sentencias dictadas en los roles 13.750-2024, 13.442-2024, 13.441-2024 y 12.022-2024, en las que se precisa que antes de la Ley N°21.050, uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883. 8.- Que, en la especie, la declaración de salud incompatible con el cargo, se basó en la circunstancia de haber hecho uso la recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, presupuesto que no basta para cumplir los requisitos del artículo 148 del Estatuto Administrativo de funcionarios municipales, por cuanto es un hecho no discutido que por Resolución de Evaluación Folio NUM001 de 10 de octubre de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins, declaró que la salud de la recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar termino al vínculo estatutario de la recurrente sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº18.834, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud de la actora no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley y que la salud de la recurrente no sería compatible con su cargo, en base a las razones consignadas en el considerando 7° de la resolución, la que en ningún caso pueden suplir la exigencia legal antes referida, para sustentar la determinación de vacancia del cargo, pues el alcalde carece de las competencias técnicas en materia de salud ocupacional, las que, para estos efectos, fueron radicadas por el legislador exclusivamente en la COMPIN. En este mismo sentido, se ha pronunciado recientemente la Excma. Corte Suprema en causa Rol 29-2025. 9.- Que, por lo expuesto, la ilegalidad constatada produce la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser acogido.

Por estas consideraciones, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Paredones y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio NUM000 de fecha 18 de diciembre de 2024, dictado por el señalado municipio, debiendo la recurrida reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Señor Santibáñez, quien fue del parecer de desestimar el recurso de protección por las siguientes consideraciones: 1.- Que, los jefes de servicios y los alcaldes tienen la facultad legal de declarar la vacancia por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, según disponen los artículos 150, letra a) y 147, letra a) de las leyes N°18.834 y N°18.883, respectivamente. 2.- Que, tratándose de la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el artículo 148, incisos primero de la ley 18.883, Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales, señala que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Y en su inciso tercero agrega que: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Idénticas exigencias se establecen en el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Y ambos cuerpos legales establecen, para el caso de que la salud del funcionario sea declarada irrecuperable, una regla especial de retiro y otra de pago de remuneraciones, no dándose este supuesto en la especie. 3.- Que, en consecuencia, esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa). En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario. En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Así lo ha establecido la Excma. Corte Suprema, entre otros casos, en el Rol 819-2024. 4.- Que, por su parte, la reforma de la Ley N°21.050, de 2017, que modificó diversos cuerpos legales, entre otros, los artículos 151 y 148 del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, respectivamente, agregando sus actuales incisos finales, que replicó para esa clase de profesionales lo dispuesto en la normativa general antes citada. Ello por cuanto, en primer término, los legisladores no modificaron -pudiendo hacerlo- el inciso primero de dichos artículos, que establece, en su literalidad, la facultad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, “sin mediar declaración de irrecuperabilidad”. En segundo término, dichas reformas profundizaron en la necesidad de un examen técnico previo que permitiera distinguir, por sus diferentes efectos ya señalados, entre el caso de una salud irrecuperable y el de la recuperable, pero incompatible -objetivamente- para el desempeño de un cargo público. Y, en tercer lugar, porque al estudiarse la historia de la Ley N°21.050, nada de lo que allí se expresa hace referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, causal que no es mencionada ni una sola vez en la discusión parlamentaria, sino que ella se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, como se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo.” 5.- Que, tal como ha señalado la Excma. Corte Suprema en el fallo antes referido, el Dictamen de la Contraloría General de la República, N°E188441, de 24 de abril de 2022, ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse, en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883. Dicho Dictamen y el de 2018 no han sido declarados ilegales o contrarios a la Constitución, por lo que están revestidos de la presunción de legalidad de todo acto administrativo y, además, son obligatorios para los funcionarios públicos en los casos a que se refieren, de conformidad con el inciso final del artículo 9° de la Ley orgánica del ente Contralor. 6.- Que, por otra parte, en estos autos, no se ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses. 7.- Que tampoco se han alegado antecedentes que permitan concluir la existencia de un acto que constituya abuso o desviación de poder de parte de la autoridad recurrida. 8.- Que, cabe recordar, que en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada, en cambio, si lo sería el decretar la misma por haberse establecido por la COMPIN que su salud era irrecuperable, tal como lo solicita la recurrente, ya que en ese evento sólo procede declarar la salud irrecuperable de la funcionaria cuyo efectos son distintos a la declaración de salud incompatible, como ya se señaló precedentemente. 9.- Que, por último, se debe tener especialmente presente que la actora hizo uso de licencias médicas por el lapso de 630 días durante los años 2023 y 2024, luego de lo cual, al retornar a sus funciones, según ella misma indica, decidió hacer uso de su feriado legal, razón por la cual resulta evidente que durante largo tiempo no ha prestado los servicios para los cuales fue contratada, perspectiva desde la cual es claro que su aptitud funcionaria no ha sido útil a fin de velar por la continuidad de la prestación del servicio público (I. Municipalidad) para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, y por ende, no resulta arbitrario estimar, como lo ha hecho la recurrida, que la salud de la actora resulta incompatible con el cargo que detenta. 10.- Que, por todo lo anteriormente razonado, no es ilegal ni arbitraria la resolución dictada por la parte recurrida, que declaró incompatible la salud de la recurrente con la función pública que detentaba.

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Rol Corte 79-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.