nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PEUMO

C.A. de Rancagua Rancagua, ocho de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 13 de marzo del año en curso, comparecen Rodrigo Flores Osorio y Emanuel Cuadra Suárez, abogado en favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, funcionaria, domiciliada domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Peumo, representada por su alcalde don Carlos Aliaga Donoso, por haber dictado el Decreto N°0405 mediante el cual se destina a la recurrente a prestar servicios en el cargo de docente de aula con 22 horas semanales en el establecimiento educacional Liceo Jean Buchanan y 22 horas semanales en el establecimiento educacional Escuela Básica Juan Valdés Ortúzar, removiéndola de sus labores como jefa de la unidad técnica pedagógica.

Refieren que el 7 de marzo de 2022, por Decreto Alcaldicio N°0290, la actora fue designada en calidad de titular de 44 horas cronológicas semanales, Jefe U.T.P. de la Escuela Básica “Colegio Rosario”, lugar donde se ha desempeñado hasta el día en que fue destinada a cumplir otras funciones, en otro establecimiento.

Explica que el 28 de diciembre de 2022, la recurrente remitió una carta al alcalde de Peumo, señalando que se encontraba incómoda luego de un sumario, por el que fue sobreseída, por lo que solicitó, textualmente: “tenga a bien, considerar mi cambio de establecimiento educacional, para continuar mi trabajo en condiciones de tranquilidad y paz, con el fin de asegurar mi salud mental y prestigio como docente”. Por ello, en el mes de enero de 2023 recibió una llamada del jefe del Departamento de Educación del municipio, indicándole que el alcalde había aceptado su solicitud, pero que había que ver opciones.

Así, el 28 de febrero de 2023, es notificada de que la nueva destinación había sido aceptada, no obstante, ésta se realizó vulnerando la ley y los derechos de la actora toda vez que fue destinada a dos colegios, a cumplir trabajos como docente, y no como UTP, que era la función que había estado realizando desde marzo de 2022.

Señalan que la recurrente ha sido destinada al Colegio Juan Valdés en la localidad de la Esperanza que se trata de un sector rural y a un liceo ubicado en Peumo, sin embargo la vulneración resultaría evidente toda vez que ella cumplía funciones en un solo establecimiento educacional, por lo que se configura una vulneración a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 19.070, que impide que estas situaciones se produzcan y que impide sobre todo el menoscabo a la hora de destinar.

Expresan que sin perjuicio de la facultad que tiene el recurrido para destinar a todos los profesionales de la educación dependientes de una Corporación Educacional o Departamento de Administración de Educación Municipal, este debe ser realizado con total apego a la legislación vigente, sin embargo en este caso se ha vulnerado la norma antes señalada y además, el acto carece de la debida motivación y justificación.

Estiman que lo anterior ha vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, consagradas en el artículo 19 numerales 1, 4 y 16 de la Carta Fundamental, por lo que solicitan se acoja el recurso de protección y se adopten las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto N°0405, mediante el cual se estableció la destinación de la recurrente como prestadora de servicios en el cargo de docente de aula con 22 horas semanales en el establecimiento educacional Liceo Jean Buchanan de Larraín y 22 horas semanales en el establecimiento educacional nombre reservado, y toda aquella destinada a dar por hecha la nueva destinación, con costas en caso de oposición.

A folio N°11, comparece doña Daniela Morán Valdivia, abogada, en representación de la I. Municipalidad de Peumo, quien evacúa el informe requerido.

Señala que el cambio de funciones de la recurrente no es ilegal, arbitrario, ni mucho menos vulnera sus garantías constitucionales, toda vez que fue ella misma quien por medio de una presentación efectuada el 28 de diciembre de 2022, solicitó el cambio de establecimiento educacional. Conforme a ello, la actora fue citada a una reunión, se le informó que se accedería a su petición y que ejercería la docencia durante el año 2023, contando con su anuencia, quedando pendiente sólo determinar en qué establecimiento desarrollaría sus labores, toda vez que ella estaba consciente que sería en más de uno. Incluso, en atención a que la recurrente manifestó conformidad y aceptación a la propuesta realizada, es que se buscó un reemplazo en su cargo (Jefe U.T.P.) en el Colegio Rosario.

Antes del retorno a clases, luego de las vacaciones de verano, se cita a reunión a la recurrente, siendo informada sobre los establecimientos en que trabajaría.

Señala que el motivo por el que son dos establecimientos en los que debe ejercer su labor, es porque en Peumo existe únicamente un liceo (Liceo Jean Buchanan) en el que había disponibilidad de 22 horas y al ser la recurrente profesora de educación media se debía solicitar autorización al Departamento Provincial de Educación para que pueda desarrollar docencia en segundo ciclo (de 5to a 8vo básico) en la Escuela Básica Juan Valdés Ortúzar y así poder completar las 44 horas. Situación de la que estaba al tanto y entendía la recurrente.

En conclusión, indica que el acto recurrido, esto es el Decreto Alcaldicio N°0405, de 28 de febrero de 2023, es un acto administrativo motivado por la solicitud de la propia actora, quien además, aceptó la propuesta, por lo que no existe la vulneración alegada.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, consiste en que el municipio recurrido dictó el Decreto Alcaldicio N°0405, de fecha 28 de febrero del año en curso, mediante el cual es destinada a prestar servicios en el cargo de docente de aula con 22 horas semanales en el establecimiento educacional Liceo Jean Buchanan y con 22 horas semanales en el establecimiento educacional Escuela Básica Juan Valdés Ortúzar, removiéndola de sus labores como jefa de la unidad técnica pedagógica del Colegio Rosario de la misma comuna.

Estima que dicha acto carece de la motivación suficiente y que, pese a que el cambio se debe a una solicitud efectuada por ella, no cumple con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 19.070, que impide todo menoscabo a la hora de proceder a una destinación.

3.- Que, al informar la recurrida, señala que el acto en cuestión fue dictado a partir de una solicitud de la propia recurrente en orden a ser cambiada del establecimiento educacional en que prestaba funciones. En dicho contexto ella estaba en conocimiento y aceptó volver al aula, dejando su cargo como jefa de la unidad técnico pedagógica, aceptando también que tendría que trabajar en más de un establecimiento educacional.

4.- Que, al efecto cabe tener presente que el artículo 42 de la Ley 19.070, en su inciso primero, dispone: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación.”

5.- Que, en el presente caso de lo informado por ambas partes consta que la destinación de la recurrente a cumplir funciones docentes en dos establecimientos de la comuna, se efectuó a solicitud de la propia actora, quien en la carta de fecha 28 de diciembre de 2022, luego de dar cuenta de los conflictos sostenidos con otra docente quien la acusó de maltrato laboral y de la decisión del sumario administrativo seguido a su respecto, que descarta dicha denuncia, solicitó considerar su cambio de establecimiento educacional, para continuar su trabajo en condiciones de tranquilidad y paz, con el fin de asegurar su salud mental y prestigio como docente.

6.- Que, por otra parte, de los antecedentes allegados a este expediente, no se advierte que la destinación de la recurrente, efectuada mediante el Decreto Alcaldicio N°0405, de 28 de febrero de 2023, provoque a la actora un menoscabo en su situación laboral y profesional, por cuanto dicha destinación busca evitar que la actora mantenga contacto con la docente que se desempeñaba en su mismo establecimiento y con la que había tenido conflictos previos, de acuerdo a los términos de su propia solicitud y no se ha acreditado que tal destinación produzca una merma económica a la actora ni tampoco a su labor como docente, pues si bien la destinación no es al cargo de jefa de unidad técnica y pedagógica, ello no podría ser impuesto al municipio dado que implicaría modificar las jefaturas en los establecimientos a los que ha sido destinada.

En definitiva, dado que la destinación busca resguardar el clima laboral y la salud mental de la propia recurrente la misma no puede calificarse de arbitraria o ilegal.

7.- Que, por lo demás, de acuerdo al artículo 42 de la Ley 19.070, la recurrente contaba con la posibilidad de ejercer el reclamo establecido en el inciso final del artículo 12 del Código del Trabajo, que dispone: “El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días hábiles a contar de la ocurrencia del hecho a que se refiere el inciso primero o de la notificación del aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del trabajo respectivo a fin de que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en los incisos precedentes, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.”

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se rechaza, sin costas, la acción constitucional intentada en autos en favor de doña nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Peumo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 788-2023 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.