INMOBILIARIA VISTA SUR SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD Y OTRO

Rancagua, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 10 de marzo del año 2023, compareció el abogado Ignacio Pérez-Iñigo Baraona, deduciendo recurso de protección en representación de Inmobiliaria Vista Sur SpA, representada legalmente por don nombre reservado, arquitecto, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Navidad, representada por su Alcalde, don Yanko Antonio Blumen Antivilo y, de la Directora de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Navidad, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre en contra de las Resoluciones Exentas N°45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, todas pronunciadas el 9 de febrero del año en curso, en virtud de las cuales se da inicio al proceso de invalidación de los memos que detalla y mediante los que la Dirección de Obras Municipales (DOM), había requerido a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad recurrida, el cálculo de los derechos municipales asociados a las solicitudes de permiso de edificación tramitadas bajo los expedientes N° 47/2022, 48/2022, 49/2022, 50/2022, 51/2022, 52/2022 y 53/2022, actuación que la recurrente califica como arbitraria e ilegal y que vulneraría los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Para contextualizar su acción, indica que la recurrente es dueña del Lote UNO, que es parte de un inmueble rural ubicado en el sector de Centinela de Matanza, en la comuna de Navidad, de una superficie de 9.320 metros cuadrados, el que subdividió en el año 2020, en 7 lotes de entre 1.196 m2 y 1.452 m2, siendo aquella subdivisión aprobada mediante Resolución N° 3, de 7 de enero del mismo año 2020, dictada por el entonces Director de Obras de la I. Municipalidad de Navidad, don nombre reservado, obteniendo aquellos lotes en forma posterior el correspondiente rol de avalúo ante el Servicio de Impuestos Internos.

Señala que, en ese contexto, el 1 de abril de 2022, su parte ingresó ante la DOM de Navidad, 7 solicitudes de aprobación de permiso de edificación para vivienda unifamiliar, siendo realizadas por la autoridad edilicia observaciones que la recurrente señala haber subsanado en forma oportuna, lo que determinó que la Directora de Obras recurrida solicitara a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Navidad, que calculara y determinara el monto que la actora debía pagar por los derechos municipales de los permisos de edificación solicitados, lo que fue informado mediante correo electrónico de 3 de noviembre de 2022, enviado por la encargada de partes y archivo de la DOM de Navidad a los representantes de la recurrente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 19.880, se aprobaba el pago de los derechos municipales, indicando el monto correspondiente a cada uno de ellos, así como la modalidad de pago. Por ello, con fecha 20 de noviembre de 2022, la recurrente pagó un total de $4.093.697, por concepto de derechos municipales.

Indica que, sin perjuicio de lo expuesto, la Directora de Obras recurrida, en un acto arbitrario e ilegal y con el propósito de privar a su parte de la obtención de los permisos de edificación solicitados, dictó las 7 resoluciones recurridas, mediante las cuales resolvió que se iniciara un procedimiento de invalidación respecto de los memos ya referidos, fundando las mismas en que los predios sobre los cuales se emplazarán las construcciones cuya autorización se estaba tramitando (Lotes 1A a 1G), no contemplarían un ancho suficiente para permitir el acceso vehicular desde la vía pública existente (camino Centinela) y, por lo mismo, impedirían dar cumplimiento a la norma urbanística sobre estacionamientos, contemplada en los instrumentos de planificación territorial correspondientes (“IPT”).

Refiere el recurrente que tales resoluciones son ilegales, primero, porque los memos que se pretender invalidar no son actos administrativos, desde que no contienen una decisión formal ni un dictamen y tampoco ponen término al procedimiento, por lo que no son susceptibles de ser invalidados, tal como se desprende de la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley 19.880.

Asimismo y en cuanto al fondo de las decisiones impugnadas, refiere que no es efectivo el argumento referido por la Directora recurrida, pues tal como consta de la revisión de los planos y demás antecedentes acompañados a las respectivas solicitudes de permiso de edificación, las viviendas proyectadas contemplan, al interior del predio en que se emplazan, 3 estacionamientos vehiculares, los que cumplen con los estándares regulados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y también en el plan regulador de la comuna de Navidad, el que exige 1 estacionamiento por cada 100 m2 de superficie útil construida y, en este caso, siendo la superficie de 170 m2 aproximadamente, tan sólo era exigible 1 estacionamientos, pese a lo cual se proyectaron 3, por lo que aun cuando los sitios tengan un frente de 0,85 metros, aquello no impide el acceso a un vehículo para utilizar los estacionamientos proyectados, más aún si se considera que los predios cuentan además con una franja de servidumbre de tránsito de 6 metros de ancho hasta llegar a la vía pública denominada camino Centinela, lo que permite el acceso de cualquier vehículo menor y de emergencia.

Arguye que no existe fundamento legal alguno que faculte a la Dirección de Obras recurrida para dar inicio a los procedimientos de invalidación, los que además tienen por objeto la invalidación de un memo dictado por una dirección municipal distinta, como es la dirección de administración y finanzas, deviniendo por ello en actos que conculcan los principios administrativos de no afectación de derechos adquiridos por terceros de buena fe, de protección a la confianza legítima y el de no contrariar los actos propios.

Finaliza detallando la forma en el actuar denunciado conculca las garantías fundamentales de su parte y solicita, que se acoja su acción, ordenando a la recurrida dejar sin efecto, de manera inmediata, las Resoluciones Exentas N°45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, todas pronunciadas el 9 de febrero del año en curso, ordenando a las Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Navidad que otorgue los permisos de edificación de que tratan dichas resoluciones, con costas del recurso.

Acompaña los antecedentes en que funda su acción.

Por su parte, con fecha 24 de marzo del año en curso, a folio 11 compareció el abogado David Matta Figueroa, en representación de las recurridas, evacuando el informe solicitado por esta Corte, en el que pide el rechazo de la presente acción cautelar, por no existir afectación alguna a las garantías constitucionales referidas por la parte recurrente.

Indicó, que las resoluciones recurridas, todas de similar tenor, establecen en su parte considerativa que en forma previa a emitir el permiso de edificación se pudo constatar que el frente predial de cada lote, no contempla un ancho suficiente que permita el acceso vehicular al predio desde la calle pública denominada Camino Centinela, pues en la resolución de aprobación de subdivisión se contempla un frente predial de 85 centímetros, lo que impide dar cumplimiento a la norma urbanística sobre estacionamiento al interior del predio, por no contar con factibilidad de acceso desde una vía pública.

Por ello, es que se estableció que la solicitud de determinación de derechos a pagar por permisos de edificación se realizó sin verificar el cumplimiento de todas las exigencias normativas aplicables al predio para un proyecto de vivienda, por lo que se debe iniciar el respectivo procedimiento de invalidación de acuerdo a lo señalado en la ley 19.880.

Expone, que luego de pronunciadas las resoluciones recurridas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880, se procedió a dar audiencia previa, oportunidad en que el representante de la recurrida formuló una serie de descargos y observaciones, solicitando el rechazo del procedimiento invalidatorio, deduciendo la acción de marras en forma previa a que exista pronunciamiento sobre tales descargos.

Refiere que las alegaciones planteadas por la recurrente no corresponden sean dilucidadas por medio de la presente acción cautelar de protección, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos como pretende la parte recurrente, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, indicando que la controversia debe ser resuelta mediante la interposición de una reclamación de ilegalidad, una vez que se resuelva la mencionada objeción deducida por la actora, pues lo recurrido en realidad corresponde a un acto trámite, respecto del cual la presente acción también resulta improcedente.

Finaliza realizando un detallado análisis de la facultad invalidatoria de la administración del Estado y sobre la procedencia de la invalidación de los Memorándum, aludiendo incluso a dictámenes de la Contraloría General de la República, por lo que solicita rechazar en todas sus partes, la presente acción de protección.

Por resolución de 3 de octubre del año en curso, se dispuso la vista conjunta de estos antecedentes, con la causa Rol 20-2023-Contencioso Administrativo, que corresponde al reclamo de ilegalidad municipal deducido por la parte recurrente, en contra de las Resoluciones N° 58/2023, 59/2023, 60/2023, 61/2023, 62/2023, 63/2023 y 64/2023, todas de fecha 14 de marzo del presente año, mediante las cuales la Dirección de Obras del municipio invalidó los memorándum internos N°335/2022, N°336/2022, N°337/2022, N°338/2022, N°339/2022, N°340/2022 y N°341/2022, ya referidos.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, a través de la presente acción, se recurre en contra de las Resoluciones Exentas N°45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, todas pronunciadas el 9 de febrero del año en curso, en virtud de las cuales se dio inicio al proceso de invalidación de los memorándum internos N°335/2022, N°336/2022, N°337/2022, N°338/2022, N°339/2022, N°340/2022 y N°341/2022, mediante los cuales la Dirección de Obras Municipales (DOM), había requerido a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad recurrida, el cálculo de los derechos municipales asociados a las solicitudes de permiso de edificación tramitadas bajo los expedientes N° 47/2022, 48/2022, 49/2022, 50/2022, 51/2022, 52/2022 y 53/2022.

3.- Que, siendo los actos impugnados mediante el presente recurso, aquellos en virtud de los cuales se da inicio al proceso de invalidación de los memorándum antes referidos, resulta palmario que la presente acción constitucional no puede prosperar, por cuanto tal como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los Roles 64.539-2023, 57.390-2022 y 34.867-2022, no resulta procedente ejercer esta acción cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo, como lo es el de invalidación regido por el artículo 53 de la Ley 19.880.

En este sentido, cabe recordar que el acto trámite o intermedio es un “presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión” (Rojas, Jaime. “Notas sobre el Procedimiento Administrativo establecido en la Ley Nº 19.880, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, 11 (2004), citado en Leppe Guzmán, Juan Pablo. Actos Intermedios y Recurso de Protección Ambiental. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (online), 2013, N° 41, pp. 561-574).

4.- Que, lo dicho resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 15 inciso segundo de la Ley 19.880, que establece que los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, circunstancias excepcionales que no se configuran en la especie, por cuanto los actos que se reprochan en autos se limitan a dar inicio al procedimiento de invalidación, en el que necesariamente se requiere cumplir con la audiencia previa del interesado, lo que descarta el riesgo de indefensión.

5.- Que, en conclusión, por todo lo razonado resulta forzoso concluir que los actos materia del presente recurso, no resultan impugnables mediante esta acción constitucional, más aún si consta que la parte recurrente dedujo reclamo de ilegalidad municipal en contra del acto terminal por el cual, en definitiva, se decidió invalidar los memorándum en cuestión, arbitrio que, por lo demás, es materia del Rol 20-2023 contencioso administrativo, cuyo conocimiento se ordenó en vista conjunta con el presente ingreso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Inmobiliaria Vista Sur SpA, en contra de la Ilustre Municipalidad de Navidad y de su Directora de Obras Municipales, doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero.

Rol Corte 779-2023 Protección.