Recurso de protección

C.A. Rancagua.

Rancagua, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 14 de enero del año 2026, comparece el abogado Cristian Gonzalo Kleinstein López, en representación de la niña nombre reservado e interpone recurso de protección contra Colegio Particular nombre reservado, perteneciente a la Fundación nombre reservado.

Expone que la niña de autos, de 13 años de edad, cursó durante el año escolar 2025 el 7° año de Enseñanza Básica en el Colegio recurrido, incorporándose a dicho establecimiento en el mes de junio de ese año, luego de haber cursado estudios previamente en un colegio municipal. Agregando que la alumna ha mantenido buen rendimiento académico, sin repitencias previas ni antecedentes disciplinarios, con calificaciones aprobatorias, en el año 2025. en todas las asignaturas, alcanzando un promedio general final de 5,3, cumpliendo los requisitos académicos para ser promovida a 8° año básico.

Sostiene que la estudiante presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA, nivel 2), además de ansiedad generalizada y depresión, condiciones acreditadas y tratadas por un equipo multidisciplinario compuesto por neuróloga, psicólogo clínico y psiquiatra infantil, encontrándose bajo seguimiento médico constante y que durante el año escolar 2025, presentó inasistencias reiteradas, todas ellas motivadas por descompensaciones de salud mental y neurológica, las que fueron justificadas, mediante licencias médicas entregadas oportunamente al establecimiento recurrido, sin embargo, aquellas fueron cuestionadas por directora del colegio, arrogándose facultades que no le corresponden.

Señala que, en el mes de noviembre de 2025, atendido el progresivo deterioro emocional de la estudiante, los apoderados de la menor, solicitaron al establecimiento el envío de guías y evaluaciones para ser desarrolladas de manera asincrónica en el hogar, solicitud que fue rechazada, sin considerar en lo absoluto el cuadro clínico que la afectaba y el informe de la neuróloga tratante que indicaba que la permanencia de la estudiante en el contexto escolar estaba afectando gravemente su estabilidad emocional y psicológica, asimismo el psicólogo clínico nombre reservado detalló una serie de situaciones escolares que habían generado un deterioro significativo en el bienestar emocional y sensorial de nombre reservado, las que podrían constituir vulneraciones a la Ley N°21.545 y N°20.845, afectando directamente su proceso educativo.

En razón de lo anterior se solicitó formalmente al recurrido el cierre del año escolar, solicitud que fue rechazada fundándose exclusivamente en su reglamento interno, sin aplicar los criterios de flexibilidad del Decreto Supremo N° 67 de 2018, ni la normativa de educación inclusiva, pese a que el propio reglamento del establecimiento la contempla.

Refiere que el colegio recurrido denunció a los apoderados de la estudiante ante la Oficina Local de la Niñez, derivándose el caso a Diagnóstico Clínico Especializado (DCE) de Rengo, organismo que concluyó que no existía vulneración de derechos atribuible a los padres, estableciendo que las inasistencias se encontraban plenamente justificadas por razones médicas, sin embargo, la Oficina Local de la Niñez dispuso seguimiento por seis meses, intensificando el desgaste emocional de la familia.

Alega que el colegio recurrido, impuso como condición para la promoción de curso, que la alumna asistiera presencialmente durante la última semana de clases, pese a existir indicaciones médicas que desaconsejaban su exposición al contexto escolar, accediéndose únicamente a su asistencia a jornada de la mañana, sin embargo, y a pesar de haber cumplido con la exigencia fue reprobada y se le solicitó el retiro de su documentación académica, configurándose en los hechos una expulsión encubierta, carente de todo debido proceso.

Invoca el Decreto Supremo N° 67 de 2018, que establece un sistema de evaluación flexible, especialmente respecto de estudiantes con necesidades educativas especiales y situaciones de salud debidamente acreditadas y señala como garantías vulneradas las de los números 1, 2 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finaliza citando jurisprudencia y solicitando que se acoja el presente recurso, ordenando al colegio recurrido disponer la promoción de la estudiante al curso siguiente, o bien la adopción de una medida académica inclusiva, excepcional y razonable, conforme al Decreto Supremo N° 67 de 2018, a la normativa de educación inclusiva y a los estándares de protección reforzada aplicables a estudiantes con discapacidad y condiciones de salud mental acreditadas.

A folio 10, consta el informe solicitado a la Superintendencia de Educación.

En primer término, se refiere a las facultades legales del organismo en la materia y la normativa relativa a la aplicación de evaluación diferenciada.

Luego, en relación al caso concreto, indica que revisado sus registros existen 3 ingresos de denuncia a favor de la alumna; la primera corresponde al CAS NUM000 de 15 de diciembre de 2025, ingresada por nombre reservado y nombre reservado en la cual se relata la condición médica de la estudiante y la situación de repitencia de ésta a pesar de tener un buen rendimiento académico, la que se cerró, al advertir, luego del análisis de materias técnico pedagógicas que la situación queda fuera de la esfera de competencia de dicha superintendencia de educación, procediendo a remitir los antecedentes a la Dirección Provincial de Educación de Cachapoal mediante el ordinario NUM001 de fecha 16 de diciembre de 2025. Posteriormente, don nombre reservado, con fecha 22 de diciembre, ingresa un nuevo requerimiento bajo el CAS NUM002, solicitando respuesta de la derivación enviada a la Dirección Provincial, institución que en respuesta remite el Ordinario NUM003 de 12 de enero del año 2026, qué en lo pertinente señala “revisados los antecedentes y en función de análisis técnico pedagógico realizado, se concluye que el accionar del establecimiento educacional se ajusta los criterios y orientaciones establecidas por la normativa educacional vigente, particularmente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 67 del año 2018, no evidenciándose prácticas metodológicas irregulares en el proceso formativo del estudiante”. Finalmente, la tercera denuncia corresponde al CAS NUM004 de 22 de diciembre del año 2025, en la cual doña nombre reservado relata conductas de hostigamiento hacia su hija de séptimo básico por parte de la profesora jefe, requerimiento que es atendido, por lo que se toma contacto con el establecimiento educacional, a fin de qué establezca mecanismos colaborativos de conflicto y active los protocolos correspondientes.

A folio 27 y 29, evacúa el informe requerido el establecimiento educacional recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Agrega que, desde el año 2024, en un informe del Ministerio de Educación (cartilla de seguimiento de estudiantes con trayectoria educativa interrumpida o irregular) la alumna presentaba graves problemas de asistencia, señalando que el primer semestre del año 2025 lo cursó en el liceo nombre reservado con un porcentaje de asistencia del 47% y durante el segundo semestre, cursado en el colegio recurrido, la alumna presenta 58 inasistencias de un total de 105 días trabajados, lo que equivale a un 42.5% de asistencia, agregando que gran cantidad de dichas ausencias no tiene justificación y, además, en 12 de los días asistidos fue retirada antes del término de la jornada.

Señala que, desde un inicio llamó mucho la atención la gran cantidad de ausencias a clases por parte de la alumna, especialmente a las evaluaciones y trabajos, priorizando otras actividades extracurriculares como, por ejemplo, cuando tenía prueba se encontraba tocando en una banda de la comuna y que, siguiendo las directrices del establecimiento, se realiza seguimiento de la alumna con acciones como citaciones o llamados telefónicos, lo que desencadena molestia en los padres de aquélla.

Relata las gestiones realizadas y citaciones a los padres, a quienes se les expuso la preocupación por las reiteradas inasistencias y retiros que la alumna presentaba, ya que, al haber ingresado en el segundo semestre, sus ausencias no le habían permitido adaptarse aún al curso, a los contenidos y métodos de evaluación que diferían mucho de su antiguo colegio, a lo que el padre señala que la niña no estaría acostumbrada a tener un horario completo ya que en el colegio anterior sólo asistía medio día, asumiendo compromisos de mejora respecto a asistencia, justificativos de ausencia, reforzamiento de materias en casa etc.

Expone que los compromisos realizados por los padres no fueron cumplidos por lo que el 3 de noviembre el caso es derivado a la Oficina Local de la Niñez y el 14 de noviembre los padres de la alumna solicitan cierre anticipado de año escolar, adjuntando informe de apreciación psicológica, realizado por el psicólogo nombre reservado, emitido el 11 de noviembre del 2025, el que señala que la niña estaría siendo víctima de maltrato por parte de su profesora jefe Srta. nombre reservado, negándose los padres a la activación del protocolo. Asimismo, siendo citados a entrevista para el 24 de noviembre no se presentan. Finalmente, el 1 de diciembre se realiza entrevista, se invita a la niña a reincorporarse a clases, para participar del aniversario del colegio, y rindiera algunas de las evaluaciones pendientes, para dar un término a su proceso académico, sin embargo, se presentó solo a dar pruebas en la oficina de la dirección sin ningún tipo de preparación, obteniendo en su mayoría notas insuficientes, a pesar de haberle entregado con anticipación calendario con fechas y temarios a evaluar.

Sostiene que el 9 de diciembre se realiza consejo deliberativo siguiendo con los lineamientos de promoción escolar según el Decreto N° 67/2018 y se determina que la alumna no cumple con los requisitos para ser promovida a octavo año básico (artículo 10) por asistencia.

Respecto al cierre escolar anticipado que solicitaron los apoderados de la alumna, refiere que tomando en consideración toda la normativa que rige la materia y todos los antecedentes específicos del caso, decidió rechazarla, siendo los principales fundamentos que la alumna no cursó un semestre completo en el colegio, presentó 58 inasistencias de 105 días trabajados y de los 47 días asistidos, presenta 12 retiros, además tiene evaluaciones formativas y sumativas pendientes, muchas reagendadas a las que tampoco se presenta, asimismo no ha cumplido íntegramente con los objetivos de aprendizaje y cobertura curricular y los certificados médicos emitidos por la neuróloga, no indican una incapacidad temporal o permanente para asistir a clases, entre otros. Finaliza señalando normas legales aplicables Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, lo que se reclama en estos autos es la negativa del recurrido de promover a octavo básico a la alumna por baja asistencia, así como la negativa de acceder al cierre escolar anticipado estimando que la estudiante tiene justificadas sus inasistencias por sus diagnósticos médicos.

TERCERO: Que, en su informe, el recurrido señala que el Consejo Deliberativo, siguiendo con los lineamientos de promoción escolar según el Decreto N° 67/2018, determina que la alumna no cumple con los requisitos para ser promovida a octavo año básico (artículo 10) por asistencia.

En cuanto a la negativa del cierre anticipado del año escolar refiere que los principales fundamentos son que la alumna no cursó un semestre completo en el colegio, presentó 58 inasistencias de 105 días de clases y de los 47 días asistidos, presenta 12 retiros, además tiene evaluaciones formativas y sumativas pendientes, muchas reagendadas a las que tampoco se presenta, asimismo no ha cumplido íntegramente con los objetivos de aprendizaje y cobertura curricular y los certificados médicos emitidos por la neuróloga, no indican una incapacidad temporal o permanente para asistir a clases, entre otros.

CUARTO: Que, informando la Superintendencia de Educación, indica que la Dirección Provincial, institución competente en la materia, remite el Ordinario NUM003 de 12 de enero del año 2026, que en lo pertinente señala: “revisados los antecedentes y en función de análisis técnico pedagógico realizado, se concluye que el accionar del establecimiento educacional se ajusta los criterios y orientaciones establecidas por la normativa educacional vigente, particularmente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 67 del año 2018, no evidenciándose prácticas metodológicas irregulares en el proceso formativo del estudiante”.

QUINTO: Que, cabe tener presente que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 67, dispone “En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. Asimismo, se considerará como tal la participación de los alumnos que cursen la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas u otros espacios formativos. El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico- pedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida”.

SEXTO: Que, de los antecedentes incorporados al proceso es posible concluir que el Colegio recurrido ha dado cumplimiento a la normativa contemplada, toda vez que la repitencia de la alumna se basó en que aquélla no cumple con los requisitos de promoción de la norma mencionada, por cuanto no tiene la asistencia mínima y sus inasistencias no se encuentran debidamente justificadas.

SÉPTIMO: Que, además, los antecedentes dan cuenta que el establecimiento Educacional, de conformidad con la normativa de la Ley N°21.545 cumplió con todas las exigencias que exige la misma, aplicable a niños Trastornos del Espectro Autista, otorgando las facilidades y la flexibilidad necesaria para el cumplimiento de los requisitos educativos.

OCTAVO: Que, por otra parte, es indispensable destacar el pronunciamiento expreso de la Dirección Provincial, expuesto en el considerando cuarto y que concluye que el colegio recurrido cumplió con la aplicación de la normativa vigente, debiendo tenerse presente, igualmente, que conforme lo hizo presente la parte recurrida en estrados la alumna se encuentra escolarizada actualmente, en el mismo Establecimiento, cuestión no controvertida por el recurrente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte del colegio recurrido, lo que justifica rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra Colegio Particular nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 77-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.