nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Rancagua, once de agosto del año dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 2 de julio del 2020, comparece nombre reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Rancagua, en su calidad de Presidente de esta organización, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección a favor de todas las funcionarias y funcionarios que pertenecen a la actual dotación de planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo de la Municipalidad de Rancagua, y en contra de la I. Municipalidad de Rancagua, representada por su alcalde don Eduardo Soto Romero, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que a raíz de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia derivada del Covid-19 y el Estado de Catástrofe en que se encuentra el país, la Municipalidad recurrida ha dictado diversas instrucciones con el fin de evitar contagios entre sus funcionarios. Sin embargo, desde el retorno al trabajo presencial, su Asociación ha debido insistir en forma reiterada ante las autoridades municipales para que se adopten correctamente las medidas de resguardo de la salud de las funcionarias y funcionarios y se cumplan con todos los protocolos instruidos por el Ministerio de Salud.

Precisa que el 5 de junio, a través de un correo electrónico, le comunicaron al Alcalde la necesidad de que se cumplieran correctamente con los protocolos del Ministerio de Salud y se hizo presente la irregular situación de un funcionario que cumple funciones en el edificio Tomás Guaglén, quien dio positivo por COVID-19 y no se estaba tomando ninguna medida con los funcionarios que habían estado en contacto con aquél.

Luego, el 10 de junio nuevamente enviaron un correo electrónico al Alcalde manifestando su preocupación por la tardía aplicación de protocolos y la inexistencia de medidas concretas para abordar los contagios de los funcionarios. En ese correo propusieron una serie de medidas para resguardar la salud tanto de los funcionarios como de la población.

Indica que el Municipio, a pesar de avanzar en algunos aspectos, no estaría aplicando varias de las medidas que recomendaron. Por ello, el 16 de junio, nuevamente por correo electrónico, le reiteraron al Alcalde la necesidad urgente de aplicar medidas drásticas para disminuir lo más posible la posibilidad de contagios, tales como: rotación de personal y de grupos de trabajo; aplicación de testeos masivos; cuarentenas efectivas a funcionarios provenientes de la Región Metropolitana; Sanitización de dependencias municipales y vehículos; rápida reacción ante la alerta de un posible contagio; mantener al personal con enfermedades crónicas en sus domicilios; y que se concediera participación a los Comités Paritarios en el Comité de Emergencia; abocarse exclusivamente a la emergencia, detención de los servicios no esenciales, entre otras.

Añade que actualmente la recurrida insiste en que los funcionarios concurran a trabajar presencialmente, aunque no se trate de labores urgentes ni esenciales exponiéndose innecesariamente al riesgo de contagio. Tampoco, cumplen con la cuarentena total los funcionarios que concurren desde la Región Metropolitana.

Refiere la situación ocurrida el día 26 de junio, en que debieron enviar un correo electrónico a las autoridades y funcionarios de la Municipalidad, ya que se les estaba obligando a reintegrarse a sus labores antes de tiempo a los funcionarios que están en cuarentena por haber sido diagnosticados con COVID-19 o por ser contacto estrecho de un contagiado (tal sería el caso de doña nombre reservado, la que al 3° día, le hicieron romper su cuarentena por contacto estrecho), contraviniendo la Resolución Exenta N° 424 de 7 de junio de 2020, del Ministerio de Salud.

Añade que a la fecha existe un número indeterminado de funcionarios municipales contagiados con Covid-19, ya que no cuentan con mayor información, sólo pueden afirmar los casos con PCR positivo de nombre reservado (RUT reservado), nombre reservado (RUT reservado) y nombre reservado (RUT reservado).

De este modo, señala que la insistencia de que todos los funcionarios retomen sus trabajos presenciales, la falta de adopción de medidas de seguridad oportunas y efectivas, como también sin respetar, en algunos casos, la condición de enfermos crónicos de los trabajadores, constituiría un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1 y N° 9 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita declarar que el actuar de las autoridades de la Municipalidad de Rancagua constituye un actuar ilegal y arbitrario, pues no se estaría dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud; y se disponga la suspensión de labores hasta que la situación sanitaria permita retomar las actividades en condiciones de seguridad; que determinadas labores se ejecuten por un reducido número de personal, pero brindando todas las condiciones de seguridad e higiene adecuadas, tanto en el traslado a sus lugares de trabajo como en la ejecución de sus labores, facilitando los implementos de higiene adecuados y, además, mediante un horario de trabajo que se restrinja exclusivamente a lo imprescindible. En subsidio, o complementariamente, que la Municipalidad de Rancagua deberá implementar las medidas que han sido recomendadas por la Asociación de Funcionarios, en especial la sanitización diaria de dependencias municipales y vehículos municipales; implementar un protocolo que asegure una rápida reacción ante una alerta de un posible contagio en lugares de trabajo; mantener al personal con enfermedades crónicas en sus domicilios; respetar los tiempos de cuarentena dispuestos por la autoridad en el caso de personas contagiadas y/o sus contactos estrechos; detener la atención masiva de público y servicios no esenciales y abocarse a los servicios urgentes como lo es la entrega de beneficios sociales a través de Dideco; implementación de turnos rotativos entre los funcionarios que hoy desarrollan labores presenciales en el municipio, especialmente aquellos en contacto estrecho con la comunidad; que se conceda participación a los Comités Paritarios en el Comité de Emergencia; fortalecimiento en la entrega de EPP, uso permanente y obligatorio; y cualquier otra medida que se considere pertienente.

Que, con fecha 18 de julio del presente se evacuó informe por la Municipalidad recurrida, quien alega la falta de legitimación activa del recurrente respecto de las personas a favor de quienes acciona, por cuanto no individualiza cuáles de sus asociados serían los agraviados, incluso se recurre a favor de personas que no son asociados a su entidad gremial, como sería el caso de prestadores de servicios a honorarios o trabajadores afectos al Código del Trabajo, refiriéndose a “todas las funcionarias y funcionarios”, indeterminación que supondría el rechazo del presente recurso, por no constituir éste una acción popular.

En cuanto al fondo del recurso, señala que la Municialidad desde el mes de marzo pasado ha dispuesto una serie de medidas de prevención y de gestión con el objeto de resguardar en forma efectiva la salud de los funcionarios, protocolos de actuación que se han ido profundizando, modificando y ajustando, dependiendo de la evaluación de la situación sanitaria (Decretos Alcaldicios N° 1162-2020; 1437-2020 y Comunicados N° 43 y N° 46 del Departamento de Recursos Humanos del Municipio, éste último entrega directrices en base a la Resolución N° 424 del Ministerio de Salud), las que describe, entre ellas, separadores de vidrio respecto de los funcionarios que atienden público, sanitización de los principales edificios y vehículos municipales, los funcionarios que pertenecen al grupo de riesgo fueron destinados a sus domicilios, entrega de elementos de protección personal y de seguridad a los funcionarios (lo que significó para la municipalidad una inversión de $26.333.740).

Precisa que en el Comunicado N° 46 de 10 de junio del presente establece un protocolo en todos aquellos casos de contagios o contactos estrechos de funcionarios, el que ha sido efectivamente aplicado.

En cuanto al caso de la funcionaria doña nombre reservado, la que supuestamente habría sido obligada a romper su cuarentena, indica que ello no sería efectivo, no existiendo comunicación escrita ni verbal de reintegarse al trabajo, es más tal funcionaria desde el 26 de junio al 12 de julio estuvo con licencia médica por enfermedad común. Además, el supuesto contacto estrecho de la funcionaria nunca dio positivo al coronovirus.

Referente al caso de los funcionarios que pertenecen al grupo de riesgo de contagio por coronavirus, señala que éstos desde el mes de marzo, incluso antes de declarado el estado de catástrofe, se encuentran en sus domicilios. Así, de acuerdo al certificado del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de 17 de julio de 2020, se encuentran exentos de trabajo presencial 113 funcionarios de la Municipalidad de Rancagua, los que se encuentran con teletrabajo, según Decretos Alcaldicios N° 1162 y N° 1437.

Agrega que el ordenamiento jurídico, en especial la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, entregan a la autoridad edilicia calificar el mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia de las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de la función pública que ha sido confiada a las municipalidades, especialmente en tiempos excepcionalísimos como los que estamos viviendo a causa del coronavirus, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando.

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2º.- Que, previo a analizar el fondo del asunto, corresponde resolver la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Municipalidad recurrida. Al respecto, cabe tener presente que conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección se requiere en primer término que quien lo interponga sea “El que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación”. Por su parte, en el artículo 2 ° del Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015 que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales se expresa que “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”.

De esta forma, considerando que la presente acción cautelar está dirigida a proteger intereses concretos de un grupo de personas perfectamente identificables, esto es, todos los funcionarios de la Municipalidad de Rancagua, por parte de la asociación gremial respectiva en ejercicio de las facultades que le reconoce la Ley 19.296, procede el rechazo de la excepción, por cuanto el recurso interpuesto cumple con las formalidades mínimas para entender quiénes son las personas a favor de las cuáles se recurre y respecto de las que podrían decretarse por esta Corte las medidas destinadas a amparar sus derechos.

3º.- Que, en cuanto al fondo, del examen del recurso de protección se evidencia que lo pretendido por la asociación gremial recurrente consiste en que la Municipalidad de Rancagua, cumpla con las instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria y modifique los protocolos establecidos, a fin de dar protección adecuada a la vida y salud de todos los funcionarios municipales, requiriendo determinadas medidas que –a juicio del recurrente- serían las idóneas para afrontar la pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro país.

4º.- Que, por su parte, la Municipalidad de Rancagua informó que no es efectivo que no se estén adoptando las medidas de seguridad adecuadas para la protección de la salud del personal de dicha repartición, en el contexto de la actual pandemia.

5º.- Que, de los antecedentes allegados a los autos, no se constata la existencia de algún acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente, toda vez que la Municipalidad recurrida ha adoptado medidas preventivas con el objeto de resguardar la salud y la vida de los funcionarios municipales, ante la actual pandemia por Covid-19, ejerciendo sus atribuciones legales al respecto.

En efecto, la recurrida acompañó, en primer lugar, el Oficio N°1619, de 18 de marzo del año en curso, que contiene el Decreto Alcaldicio N°1162, de 16 de marzo, en virtud del cual el Sr. Alcalde dispuso 15 medidas destinadas a la protección de la salud de los funcionarios municipales, entre ellas, la de que los funcionarios municipales mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas, cumplan sus funciones desde sus domicilios.

Asimismo, se presentó el documento denominado comunicado N°46, de 10 junio pasado, en base a la resolución N°424, del Ministerio de Salud, el que entrega las directrices referente a qué se entiende por contacto estrecho, los síntomas de la enfermedad Covid-19 y cómo y cuándo deben cumplirse las cuarentenas, diferenciando entre personas con síntomas y asintomáticas.

Por último, se incorporó el documento de fecha 15 del julio del año en curso, suscrito por el Director de Emergencia Comunal, en el que se informan los aspectos de seguridad entregados a los funcionarios municipales, entre los cuales se destaca la entrega de mascarillas, alcohol gel y otros implementos que se detallan en él, separadores de vidrio para la protección de funcionarios, señalética para los vehículos municipales respecto de la ocupación máxima de los mismos y su sanitización diaria, como también la semanal respecto de las distintas instalaciones municipales, según el programa descrito en el documento.

6º.- Que, de lo anterior, se constata que la Municipalidad recurrida ha dictado las normas pertinentes en uso de sus atribuciones legales para resguardar tanto la salud de los funcionarios municipales como de los usuarios en general, sin que esta Corte le corresponda efectuar una calificación sobre el mérito de tales medidas, sino sólo sobre su legalidad, aspecto sobre el cual no se evidencia reproche alguno.

7°.- Que, tampoco se ha demostrado lo sostenido en el recurso, en cuanto a que la Municpalidad habría ordenado el término anticipado de la cuarentena obligatoria de algunos funcionarios como tampoco la existencia de una orden relativa a que funcionarios en grupo de riesgo presten sus servicios en forma presencial; al contrario, la Municipalidad recurrida ha dado cuenta de que del total de los funcionarios municipales, 113 de ellos, permanecen en sus domicilios, precisamente, por no ser aptos para cumplir su trabajo en forma presencial, todo lo cual permite descartar la existencia de un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos y garantías invocados en el recurso.

8°.- Que, por último y sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores, cabe precisar que a esta Corte no le corresponde fiscalizar, a través de la presente acción, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Municipalidad en resguardo de la vida y salud de sus funcionarios, pues ello es de competencia de las autoridades sanitarias, que son las encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas para prevenir el contagio del virus Covid-19, menos aún si, como se ha dicho precedentemente, no existen antecedentes que den cuenta de una vulneración flagrante al ordenamiento jurídico por parte de la recurrida que implique poner en riesgo la salud de los funcionarios municipales.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que:

I.- Que se desestima la alegación de falta de legitimación activa.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso intentado por la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Rancagua, representada por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Rancagua, representada por su Alcalde don Eduardo Soto Romero.

Acordada la decisión de rechazar la alegación de falta de legitimación activa con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado, quien fue de opinión de acogerla, respecto de aquellos funcionarios municipales que no fueron individualizados en el recurso, pues éste no resulta procedente ya que no se trata de una acción popular, sino que exige su interposición en favor de personas determinadas.

Rol Ingreso Corte 7607-2020 Protección.