CONSTRUCTORA TAFCA LIMITADA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Rancagua, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 7 de febrero del presente año comparece don Pedro Contreras Gutiérrez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Constructora Tafca Limitada, nombre reservado° 78.386.350-2, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, representada legalmente por el Jefe de dicho servicio, don nombre reservado, o quien en su caso ejerza sus funciones, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que la recurrida aplicó a la actora dos multas, ascendentes a un total de 61 U.T.M., por supuestos incumplimientos a la normativa laboral mediante Resolución N° 7810/18/32 Nos 1 y 2 de fecha 04 de septiembre de 2018. La referida resolución le fue notificada a su representada el día 17 de octubre de 2018.

Refiere que el día 30 de noviembre del año pasado su representada presentó, en tiempo y forma, solicitud de Reconsideración Administrativa de las mencionadas multas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, solicitando la cancelación y/o la rebaja de las sanciones aplicadas por haber subsanado los eventuales incumplimientos observados en la respectiva fiscalización pero mediante el Ordinario N° 01 de fecha 03 de enero de 2019, la recurrida rechazó dicha reconsideración, basándose en que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que aplicó la multa.

Asevera que este último Ordinario, arbitrario e ilegal, le fue notificado a la recurrente el día 09 de enero de 2019, por lo que la presenta acción se ha interpuesto dentro de plazo.

Señala que el mencionado Ordinario N° 01 infringe el artículo 512 del Código del Trabajo en relación al artículo 511 del mismo cuerpo legal, que establecen que la reconsideración administrativa de multa debe ser presentada dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, no indicando de forma expresa que se trate de un plazo de días corridos, ni tampoco de días hábiles. Asimismo, se ha vulnerado el artículo 25 de la Ley N° 19.880, ya que el inciso primero del artículo 1° de dicha normativa establece que si la ley no establece un procedimiento administrativo especial dicho cuerpo legal se aplica de forma supletoria y, en la especie, al no haberse establecido de forma expresa en el Código del Trabajo si el indicado plazo es de días corridos o hábiles, se debe aplicar la norma supletoria, esto es; la Ley N° 19.880, en la que se establece en el inciso 1° de su artículo 25 lo siguiente: “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.”

Indica que, en consecuencia, el plazo para presentar la reconsideración administrativa de multa en contra de la Resolución N° 7810/18/32 Nos 1 y 2 vencía el día 30 de noviembre de 2018, por lo que se realizó oportunamente.

Afirma que conforme lo expuesto, el Ordinario N° 01 dictado por la recurrida constituye un acto ilegal y una vulneración al derecho esencial contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, ya que de forma arbitraria e ilegal se negó a conocer y resolver la reconsideración administrativa de multa presentada por Constructora Tafca Limitada en contra de Resolución N° 7810/18/32 N° 1 y 2, limitándose con ello el derecho de su representada a acceder a la posibilidad de cancelar y/o rebajar las multas laborales aplicadas en su contra.

Manifiesta que en la forma referida se ha resuelto por los Tribunales Superiores y al efecto cita jurisprudencia emitida por distintas Cortes de Apelaciones de nuestro país.

Pide que se declare que el Ordinario N° 01 de fecha 03 de enero de 2019 dictado por la recurrida es un acto arbitrario e ilegal y que sea dejado sin efecto, ordenándose, en definitiva, a la recurrida que deba acoger a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa de multa presentado por esta parte el día 30 de noviembre de 2018 en contra de la resolución de multa Resolución N° 7810/18/31 Nos 1 y 2 de fecha 04 de septiembre de 2018, sin perjuicio que se adopten las demás medidas que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Adjunta la documentación que consta en el expediente virtual.

Informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Depone que la Resolución de multa N° 7810/18/32 fue notificada en los términos del artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 27 de septiembre del año pasado, ya que la resolución fue depositada en la oficina de Correos de Chile el día 20 de septiembre de dicho año, en consecuencia, conforme la norma citada debe entenderse notificada al sexto día hábil desde esa fecha y por ello el plazo para deducir reconsideración administrativa vencía el 13 de noviembre de 2018, considerando el plazo en días hábiles administrativos, conforme la vigente doctrina de la Contraloría General de la República, no obstante la recurrente interpuso su presentación el día 30 de noviembre del 2018.

Señala, que en virtud de lo expuesto, el Ordinario N°01 se informó a la empleadora la inadmisibilidad de la reconsideración planteada, ya que fue presentada fuera del plazo de 30 días hábiles administrativos que el legislador ha establecido.

Refiere que su actuar no ha sido ilegal o arbitrario pues ha sido dictado conforme las instrucciones vigentes de este Servicio y por lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°25.891 de fecha 16 de octubre de 2018, mediante el cual cambió su doctrina previa, considerando ahora que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos.

Agrega que la presente acción es improcedente puesto que no es un sustituto de acciones específicas previstas en el Código del Trabajo para deducir reclamación respecto de la actuación del órgano fiscalizador laboral, puesto que conforme el artículo 504 del dicho cuerpo legal, el procedimiento monitorio es la vía idónea para reclamar del Ordinario N°01, toda vez, que se trata de un acto administrativo comunicativo de una inadmisibilidad de la presentación de una solicitud de reconsideración administrativa de multa y no una resolución que aplique alguna multa o que resuelva la reconsideración administrativa de ésta.

Manifiesta que el actuar de la recurrida no es arbitrario ni ilegal puesto que el acto administrativo atacado ha sido debidamente fundado en criterios jurídicos y técnicos y en el ejercicio de facultades legales, sin que la actora hubiese previamente argumentado que había sido notificada el día 17 de octubre de 2018 como señala en esta instancia.

Asimismo, asevera que no se ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, dado que el mencionado criterio se aplica por dicha repartición respecto de todos quienes se encuentran en la misma situación que la recurrente.

En su oportunidad, Correos de Chile informó que la carta certificada bajo el N°1004098307859, fue recibida en la Sucursal Pichilemu el día 20 de septiembre de 2018 y fue recibida por el destinatario el día 17 de octubre del mismo año.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

3°.- Que, mediante la presente acción constitucional se pretende que esta Corte declare ilegal y arbitraria la Resolución Ordinaria N° 01 de 3 de enero del presente año, dictada por la recurrida, que no dio lugar a admitir a tramitación, por extemporáneo, el recurso de reconsideración administrativo presentado en contra de la Resolución de multa N° 7810/18/32, N° 1 y 2, de fecha 04 de septiembre de 2018.

4°.- Que, la primera cuestión a dilucidar es la alegación de improcedencia del recurso de protección manifestada por la recurrida, fundada en la existencia de otras vías impugnatorias del actuar del órgano fiscalizador laboral, al efecto, resulta bastante recordar que, conforme a la norma constitucional en comento, éste puede deducirse sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la parte afectada por el acto administrativo. Además, el procedimiento dispuesto en el artículo 504 del Código del Trabajo, planteado por la recurrida, corresponde a un procedimiento jurisdiccional posterior a la sede administrativa sobre el cual recae recurso. Por consiguiente, lo argüido por la recurrida a este respecto no puede prosperar, debiendo desestimarse dicho planteamiento.

5°.- Que, en cuanto al fondo de este arbitrio, no existe discusión entre las partes que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo para la presentación de reconsideración administrativa por la parte interesada ante el Director del Trabajo debe realizarse por escrito y dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa por los funcionarios de su dependencia.

6°.- Que, dicho criterio guarda consonancia con el adoptado reiteradamente al respecto por la Excma. Corte Suprema (Roles N° 809-2014, N° 8.384-2014, N° 18.414-2015, N° 16.288-2016 y N° 27.868-2017, entre otros) y por esta misma Corte (Roles N°2588-2018 y 4572-2018, entre otros) dada la aplicación supletoria en la especie del artículo 25 de la Ley N° 19.880.

7°.- Que, en consecuencia, la discusión se limita respecto de la determinación de la fecha de notificación de la Resolución de Multa N° 7810/18/32, N° 1 y 2, desde la cual comenzó a correr el mentado plazo para pedir su reconsideración, puesto que, por un lado, la recurrida señala que conforme el artículo 508 de del Código del Trabajo la empleadora recurrente fue notificada de la resolución impugnada con fecha 27 de septiembre del año pasado, esto es, al sexto día hábil de la recepción la resolución en la oficina de correos correspondiente, de lo que da cuenta tanto la impresión aportada por el actor del número de seguimiento de la carta certificada que recibió, como el oficio de Correos de Chile al respecto. En tanto, el actor estimó como fecha de la notificación la del día en que efectivamente fue recibida la misiva en su domicilio, lo que acaeció el 17 de octubre del año pasado.

8.- Que, si bien es cierto que el artículo 508 del Código del Trabajo establece que la notificación de la resolución que impone la multa, se entenderá practicada al sexto día hábil de recibida por la oficina de correos, esa norma que contiene una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario.

9°.- Que, del mérito de los documentos ya citados, impresión del número de seguimiento y el oficio de Correos de Chile, dan cuenta que la carta certificada en que se comunica la imposición de la multa, recién fue entregada a la empresa reclamante materialmente el día 17 de octubre de 2018, fecha en que la actora tomó conocimiento efectivo y real del acto que la gravaba, pues entenderlo de otro modo, desvirtuaría el objeto y fines de las notificación, la que supone que el destinatario se entere de lo que le pretende comunicar.

10°.- Que, así, al haberse deducido la petición de reconsideración de multa, tal como concuerdan las partes, el 30 de noviembre de 2018, ésta se pidió dentro del plazo de 30 días que contempla el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que la recurrida cometió un error de hecho, determinante para adoptar la decisión que ahora se impugna y con la que se ha visto vulnerada la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución, pues el recurrente se ha encontrado ante una situación desmejorada en el ejercicio de sus derechos, la que le impidió que fuera conocida su petición de rebaja del monto de las multas, siendo la interpretación de la reclamada arbitraria, al desconocer el hecho concreto de que la notificación de la multa fue efectuada en una fecha muy posterior a la entrega de la misiva en la oficina de correos.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por don Pedro Contreras Gutiérrez en representación de Constructora Tafca Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, dejándose sin efecto el Ordinario N° 01, de tres de enero de 2018, de dicha entidad, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 7810/18/32 N°s 1 y 2, de fecha cuatro de septiembre del año pasado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 759-2019-Protección.