Protección contra Liceo nombre reservado de Rancagua

C.A. de Rancagua Rancagua, dos de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 27 de marzo de 2026 comparece doña nombre reservado, en representación y en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Liceo nombre reservado de Rancagua, representado por su Director Sr. nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de la medida de expulsión de su hijo lo que vulneraria el derecho de la educación, igualdad ante la ley y el debido proceso consagrados en la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que el 18 de marzo de 2026, fue notificada de la medida de expulsión de su hijo, por lo que el 20 de marzo del mismo año interpuso apelación dentro del plazo, remitido al establecimiento y a la Superintendencia de Educación de la Región de O´Higgins.

Explica que la sanción se fundó en agresión física con su par, sin embargo, el establecimiento no considero antecedentes fundamentales consistentes en Bullying previo, amedrentamiento de terceros el día 12 de marzo de 2026, amenazas de muerte denunciadas ante carabineros, con causa vigente RIT 1-26-2026 y audiencia fijada para el 9 de abril de 2026. Agrega que tampoco se consideró la condición de TEA y discapacidad mental psíquica acreditada por COMPIN.

Refiere que su hijo no asiste a clases desde el 13 de marzo de 2026, afectado gravemente su derecho a la educación y que desde la fecha de presentación del recurso el establecimiento tenía un plazo de 5 días hábiles para responder, sin que hasta la fecha exista respuesta alguna, omisión que constituye una vulneración grave al debido proceso, dejando al estudiante en una situación de incertidumbre y afectando su derecho a la educación.

Señala los derechos vulnerados e indica que el actuar del establecimiento es ilegal al incumplir los plazos establecidos y arbitrario al no fundamentar ni resolver la apelación presentada.

Finaliza solicitando se declare la ilegalidad del actuar del establecimiento y restablecer el imperio del derecho.

A folio 7, con fecha 9 de abril de 2026, comparece evacuando informe la Superintendencia de Educación, quien indica que, según los antecedentes aportados por la apoderada, el día 18 de marzo del presente, el establecimiento notifica la medida de Expulsión, señalando el plazo de apelación de 5 días hábiles (Aula Segura). Se añade que el 20 de marzo, apoderada presenta apelación a la medida y que ante contacto con el establecimiento, director informa que, con fecha 1 de abril, envía notificación a firme de la medida vía carta certificada al domicilio de la apoderada, por lo que el 8 de abril, el establecimiento hace ingreso del expediente a su sistema, por lo que se está a la espera de la asignación del expediente a Profesional del Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales para proceder a su respectiva revisión.

A folio 13, con fecha 25 de abril de 2026, comparece la abogada Cristina Muñoz Miranda en representación de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua o CORMUN, informando al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Expone que la aplicación de medida de expulsión se ocasiona inicialmente el 11 de marzo de 2026, al término de la jornada escolar, instancia en la que los estudiantes nombre reservado y nombre reservado, habrían intercambiado bromas y chistes molestosos que generaron un primer enfrentamiento. Así, señala que el 12 de marzo de 2026, durante el primer recreo, estos estudiantes se encuentran en el patio del establecimiento educacional, donde nuevamente comienzan una discusión acalorada que se transforma en una pelea, con agresiones físicas de manos y pies entre ambos, interviniendo inspectoras y un docente a fin de poder separar a ambos estudiantes, activándose finalmente los correspondientes protocolos de Aula Segura, en conformidad a lo que establece el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, por ello el equipo de Convivencia Educativa, realiza la toma de relatos, y en cuanto a la aplicación de medidas como la suspensión por 5 días, se inicia por Inspectoría General a fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Refiere que, consta por las evidencias que se acompañan que el debido proceso se desarrolló de manera adecuada y se les otorgo el plazo correspondiente para hacer sus descargos y alegaciones en conformidad a lo prescrito en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, tal como da cuenta la apelación presentada por la actora. Añade que el 31 de marzo de 2026, se realiza el Consejo de Profesores y Dirección, instancia en la que la asamblea relata que el estudiante presenta situaciones de conducta desde el año pasado y, si bien ha tenido el apoyo suficiente por parte del Programa Integración Escolar (PIE) y contar además con el apoyo de asistente de aula, no existen evidencias de mejora tanto en el aprendizaje y más aún presente serias dificultades en su comportamiento motivo por el cual por una mayoría de 44 votos y 5 abstenciones, se toma la decisión de aplicar como sanción la expulsión del estudiante, en conformidad al Reglamento Interno del Establecimiento Educacional.

Destaca que, durante el tiempo que se desarrolló el debido proceso se activó un Plan de Apoyo Pedagógico y contención emocional, a fin de no vulnerar su acceso y desarrollo de la Educación de las estudiantes, precisando que todo el debido proceso fue remitido a la Superintendencia de Educación de la Región de O’Higgins y que la referida medida disciplinaria tiene como argumento la alteración grave que ocasionó el actuar de ambos estudiantes, que altero gravemente la convivencia educativa y el buen trato que el Establecimiento Educacional promueve y que además se vulnero la integridad física y psíquica de los estudiantes.

Finaliza señalando que no existe tal ilegalidad y/o arbitrariedad alegada, porque la activación de protocolo se realizó conforme a lo que contempla el Reglamento Interno del propio Establecimiento Educacional, se informó oportunamente al apoderado, no se realizó ningún acto que pudiere significar una discriminación o arbitrariedad al estudiante, se aplica una medida disciplinaria en conformidad a la activación de protocolo por Agresión Física o Psicológica entre Estudiantes miembros de la comunidad educativa y se propendió dar cumplimiento al Reglamento Interno en la activación del protocolo respectivo, respetando el desarrollo del debido proceso y otorgando las instancias para realizar sus alegaciones o apelaciones conforme a la medida disciplinaria aplicada.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la medida disciplinaria de expulsión en contra del alumno nombre reservado, medida que no se ajusta a derecho ya que no se consideraron antecedentes fundamentales consistentes en Bullying previo, amedrentamiento de terceros el día 12 de marzo de 2026, amenazas de muerte denunciadas ante carabineros, así como la condición de TEA y discapacidad mental psíquica acreditada por COMPIN. Se añade que, presentada la apelación en tiempo y forma, este no fue resuelto en el plazo legal, omisión que constituye una vulneración grave al debido proceso, dejando al estudiante en una situación de incertidumbre y afectando su derecho a la educación. 3.- Que, informando el establecimiento educacional recurrido, solicitó el rechazo del recurso, señalando que la activación del protocolo se realizó conforme a lo que contempla su Reglamento Interno, se informó oportunamente al apoderado, no se realizó ningún acto que pudiere significar una discriminación o arbitrariedad al estudiante, y entonces la medida disciplinaria se aplica en conformidad al Protocolo por Agresión Física o Psicológica entre Estudiantes miembros de la comunidad educativa, procurando dar cumplimiento al reglamento interno, respetando el desarrollo del debido proceso y otorgando las instancias para realizar sus alegaciones o apelaciones conforme a la medida disciplinaria aplicada. 4.- Que, para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que a folio 15, con fecha 29 de abril del presente año, la recurrente realiza una presentación indicando que, con posterioridad a la interposición del recurso y aun encontrándose vigente la orden de no innovar decretada, su hijo continúo siendo objeto de situaciones que afectaron su integridad psíquica y derecho a la educación, manteniéndose un ambiente hostil y perjudicial para su bienestar emocional, por lo que con el único fin de resguardar su salud mental y continuidad educativa, ha procedido a su cambio de establecimiento educacional, dejando de asistir al establecimiento recurrido a contar del 24 de abril del 2026.

Añade que, desde el 27 de abril del corriente, se encuentra asistiendo al Colegio nombre reservado, adjuntando el respectivo certificado de alumno regular actualizado. 5.- Que, de esta forma, en el presente caso, conforme a lo informado por la propia recurrente y documentación allegada al proceso, actualmente nombre reservado se encuentra asistiendo al Colegio nombre reservado, establecimiento educacional diverso del recurrido, por lo que resulta evidente que el recurso deducido en este punto perdió oportunidad, considerando que en la eventualidad de ordenarse la mantención del joven en el Liceo recurrido, no sería más beneficioso para él, motivo por el que esta Corte no se encuentra en condiciones de adoptar ninguna de las medidas protectoras que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el presente recurso necesariamente deberá ser rechazado. 6.- Que, lo antes resuelto es sin perjuicio de lo que resuelva la Superintendencia del ramo, respecto del reclamo presentado por la recurrente ante dicho organismo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado de Rancagua, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 754-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.