CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y TURISMO DE RENGO con MUNICIPALIDAD DE RENGO

Rancagua, uno de julio de dos mil veintidós.

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VISTOS:

Con fecha 29 de marzo de 2022 Christian Alarcón Widemann, abogado, en representación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Rengo, interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Rengo representada por su Alcalde, Carlos Ernesto Soto González, por la omisión de sus deberes de fiscalización y de adopción de medidas efectivas que le impone la legislación vigente, específicamente en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en los números 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que durante años el comercio ilegal y ambulante se ha apoderado de las calles y plazas de Rengo, materializándose especialmente en momentos de alta demanda comercial, como lo son ciertas fechas vinculadas a festividades o celebraciones.

Indica que la semi permanencia de estos comerciantes ilegales produce una serie de daños, primeramente, un perjuicio económico sufrido a raíz del comercio ilegal en la ciudad, pues al comerciar legalmente se debe cumplir con una serie de exigencias que importan un costo económico alto al momento de comercializar bienes y/o servicios. Además, aquellos que practican el comercio ilegal con frecuencia se encuentran vinculados a otras prácticas deshonestas e ilegales, razón por la cual, suelen ser individuos altamente agresivos, no sólo contra otros comerciantes sino contra transeúntes e inclusive entre ellos. También existe un riesgo sanitario real, no únicamente por el incumplimiento constante de medidas de protección personal ante el virus COVID-19, sino que, por un riesgo sanitario-ambiental, en cuanto, al momento de abandonar las calles dejan una cantidad considerable de residuos, lo cual implica una contaminación importante de los lugares de trabajo y de los espacios públicos de esta ciudad.

Recalca que la utilización de estos espacios públicos también importa un daño sumamente relevante a aquellos vecinos con dificultades para transitar las calles de la comuna, en cuanto la utilización desmedida de los espacios, calzadas, veredas y calles, afecta directamente el uso de sillas de ruedas, muletas o el tránsito general de personas con cualquier tipo de discapacidad o condición que afecte su libre desplazamiento.

Añade que el alcalde de la comuna, debe actuar como representante de los intereses de los vecinos de la misma, cumpliendo con todas las obligaciones impuestas a su cargo y que se ha prometido a su representada, en incontables oportunidades, que se tomarán todas las medidas necesarias para dar fin al comercio ilegal dentro de la comuna, pero no ha existido intención o voluntad alguna de las autoridades municipales para combatir esta situación. Hace presente que durante noviembre de 2021 se remitió una carta al recurrido, la cual continúa sin obtener respuesta del municipio y que el actuar omisivo constante de la Ilustre Municipalidad, es contrario al ordenamiento jurídico, que se materializa en la omisión de sus deberes de fiscalización y de adopción de medidas efectivas que le impone la legislación vigente, específicamente en la Ley 18.695, omisión que se permanece en el tiempo.

Finalmente, expone que lo anterior atenta contra el derecho a la integridad física y psíquica de todos aquellos involucrados y, en particular de la Cámara de Comercio y sus integrantes, al afectar notoriamente la calidad de vida de muchos comerciantes y familias, por el constante peligro al que se ven sometidos, recibiendo amenazas y amedrentamientos permanentes. Se vulnera también la garantía de igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica, ya que el actuar municipal es absolutamente distinto en relación a la fiscalización de los comercios legales en comparación a la fiscalización del comercio ilegal. Igualmente se lesiona el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por el problema de salubridad a que antes se hizo referencia. Y, por último, afecta los atributos del dominio de los inmuebles que se utilizan para desempeñar sus labores económicas, en la medida que constantemente se debe soportar la utilización ilegal de espacios colindantes con los establecimientos de comercio de socios afiliados.

Pide las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la autoridad municipal el ejercer sus funciones fiscalizadoras, ordenadoras y sancionatorias en materia de comercio y toda otra que se estime necesaria, con expresa condena en costas.

Acompaña documentación que se agrega a la causa.

Con fecha 2 de mayo de 2022 Carolina Ossandón Villarroel, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Rengo, señala que la presente acción debe ser rechazada en todas sus partes, ya que no es efectivo que su representada no haya ejercido las atribuciones legales de fiscalización, ni vulnerado alguna de las garantías constitucionales que expone el recurrente.

Indica que es de conocimiento público que la situación del comercio ambulante, no es un problema privativo de la comuna de Rengo, sino del país.

Da cuenta que los municipios cuentan con escasos medios legales para ejercer una fiscalización efectiva, limitándose a notificar a aquellos comerciantes irregulares el hecho de abandonar la actividad en un bien nacional de uso público y, eventualmente, cursarles una notificación para que comparezcan al Juzgado de Policía Local respectivo, quien podría cursarles la multa correspondiente.

Añade que tampoco el municipio de Rengo ha sido negligente, ni ha omitido su función fiscalizadora, o ha hecho “la vista gorda” como acusa el recurrente. De hecho, desde el año 2013, inició acciones en conjunto con los comerciantes ambulantes, en orden a registrarlos (catastrarlos), se les hizo un contrato de arriendo de toldos, para que fueran identificables quiénes estaban autorizados para ejercer la actividad en conformidad con la Ordenanza de Derechos Municipales vigente. Dicha acción se ha mantenido hasta hoy, a pesar de haber cambiado muchos “titulares” originales. Además, constantemente los inspectores municipales fiscalizan el centro de la ciudad, incluso a riesgo de ellos mismos.

Refiere que desde el año 2017, a la comuna comenzó a llegar gente de otras ciudades a ejercer el comercio de forma ilegal; y es a partir de ese año, donde la municipalidad pierde de alguna forma el control logrado, iniciándose una fiscalización que se tornó muchas veces estéril, en razón a la falta de funcionarios en número suficiente y la de elementos coercitivos efectivos para desalojar a los irregulares, situación que se hace más ostensible durante el periodo de pandemia.

A mayor abundamiento, informa que en el año 2020 se volvió a catastrar a aquellos comerciantes ambulantes que estaban autorizados y aquellos que no. Finalmente, en agosto de 2021, el Departamento de Inspección Municipal informa al Administrador Municipal, el listado de ocupación de bienes nacionales de uso público por comerciantes informales y/o establecidos, lo que constituye el catastro más actualizado. Como consecuencia de aquello, en diciembre de 2021, se celebró reunión entre el Administrador Municipal y los comerciantes ambulantes con el fin de regularizar el comercio en la comuna, adoptándose diversos acuerdos e identificando el procedimiento para obtener autorización.

Como consecuencia de lo señalado en los puntos anteriores, asevera que el municipio no ha vulnerado ningún precepto legal, sea por acción u omisión, ni tampoco ha agraviado garantías constitucionales de los recurrentes.

En cuanto a la aparente lesión a la garantía constitucional del artículo 19 N° 8, existe un contrato de concesión con una empresa externa encargada del retiro de residuos domiciliarios (incluidos los que dejan los establecimientos comerciales) y limpieza de aceras. Finalmente, el recurrente confunde el alcance de su derecho de propiedad, adjudicándose un bien nacional de uso público como propio, pues los comerciantes ambulantes se encuentran autorizados para ocupar un bien nacional de uso público y no una propiedad privada.

Por último, si bien reconoce no haber dado respuesta formal a la carta petitoria de la Cámara de Comercio de Rengo presentada el año pasado, afirma que la Municipalidad sí efectuó acciones y reuniones con el comercio ambulante donde se acordaron procedimientos y compromisos entre las partes, por lo que el presente recurso debe ser rechazado, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación que se agrega a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que la presente acción cautelar se funda, según la parte recurrente, en la instalación casi permanente de comercios ilegales y ambulantes, los cuales han sido amparados por el municipio recurrido y por su alcalde, en su calidad de máxima autoridad comunal, en grave omisión de sus deberes, vulnerando las garantías constitucionales que indica. Por lo anterior, los recurrentes, quienes ejercen el comercio establecido en la ciudad de Rengo, piden se ordene a la municipalidad recurrida, ejercer su función fiscalizadora, ordenadora y sancionatoria en materia de comercio.

TERCERO: Que la recurrida reseñó las medidas implementadas para regular el comercio ambulante en la comuna, entre ellas su catastro y la autorización para el uso de bienes nacionales de uso público. Añade que la fiscalización se realiza de forma igualitaria, en la medida que los escasos medios se lo permiten.

CUARTO: Que en esta materia se debe tener presente que la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en el inciso segundo del artículo 1º, que la finalidad de las Municipalidades como corporaciones autónomas de derecho público, es la de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico. Acorde a lo anterior, el artículo 5° letra c) de la citada Ley, establece que para el cumplimiento de sus funciones los municipios tendrán como atribución esencial, entre otras, las de “Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.”

En el ejercicio de esta potestad, el municipio debe siempre tener presente que la administración de estos bienes debe realizarla con miras al cumplimiento de su finalidad, esto es, la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso económico, social y cultural, desarrollando el ejercicio de sus potestades a través de un adecuado control y fiscalización con el fin de evitar cualquier situación que impida o evite a los particulares el desarrollo de sus actividades, sea de comercio o de otra índole.

En tal sentido, y en razón de la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, es que la recurrida dio cuenta de diversas medidas implementadas para regular el comercio ambulante en la comuna.

QUINTO: Que, al respecto, si bien, como se dijo, la recurrida ha ejecutado acciones para intentar dar cumplimiento a sus obligaciones en materia del ejercicio del comercio ambulante, conforme a la normativa vigente, estas medidas no han dado los resultados deseados y, es por ello, que incluso la propia Municipalidad, reconoce mantener dicho problema en el sector, el que no ha podido ser corregido a la fecha.

SEXTO: Que, de esta manera, no resulta jurídicamente aceptable la alegación de la recurrida quien pretende desligarse de sus obligaciones bajo pretexto de corresponder su complimiento a otras instituciones públicas, como Carabineros de Chile, así como tampoco puede atenderse a la imposibilidad de actuación que se expresa en el informe, por cuanto no ha resultado acreditado que la Municipalidad de Rengo haya desplegado todos los medios posibles para evitar la vulneración de los derechos invocados por las recurrentes.

SÉPTIMO: Que, la insuficiente actividad municipal descrita, ha ocasionado que los comerciantes legalmente establecidos, que componen la Cámara recurrente, vean afectados tanto su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también su integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto denuncian haber sufrido malos tratos por los comerciantes ilegales, quienes, además, han generado focos de insalubridad, que se ve acrecentada con la pandemia por COVID 19, a lo que se agrega la dificultad de desplazamiento en las diferentes arterias, lo que claramente afecta su actividad comercial y su patrimonio.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Ley N°18.575, que establece el deber de coordinación al interior de la Administración del Estado, el cual no se aprecia en la recurrida respecto de otras instituciones públicas, como, por ejemplo, la Intendencia y Gobernación Regional, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, Seremi de Salud y Servicio de Impuestos Internos, cuyo actuar colaborativo resulta indispensable para lograr una solución definitiva.

NOVENO: Que, así las cosas, puede concluirse que la Municipalidad de Rengo, no ha desarrollado las acciones suficientes, y debidamente coordinadas con otras instituciones públicas, para lograr una efectiva solución a los problemas que ocasiona el comercio ambulante ilegal, omisión que, como se dijo, afecta a la parte recurrente en sus garantías fundamentales de integridad física y síquica, igualdad ante la ley, libre ejercicio de su actividad económica y propiedad, consagradas en los numerales 1°, 2°, 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la Municipalidad de Rengo, en coordinación con otras instituciones, deberá fiscalizar, que quienes ejerzan el comercio ambulante en las calles, como lo son la Plaza de Armas, la calle Arturo Prat o la calle Democracia, sean únicamente aquellas personas que cuenten con el permiso correspondiente para ello.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por Christian Alarcón Widemann, abogado, en representación de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Rengo, deducido en contra de la Iltre. Municipalidad de Rengo, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá coordinarse a fin de velar, fiscalizar y hacer cumplir las normas jurídicas, dentro del plazo de 60 días desde la dictación de la presente resolución, para que quienes ejerzan el comercio ambulante, en especial, en la Plaza de Armas de Rengo, la calle Arturo Prat y la calle Democracia, como demás calles colindantes, sean únicamente aquellas personas que reúnen los requisitos que la ley, Ordenanzas Municipales y Decretos exijan, y que en especial cuenten con el permiso correspondiente para ello.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 752-2022 Protección.