nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Rancagua, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció el abogado Pablo Daniel Peñaloza Fuenzalida, en representación de nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Cuprum S.A. (AFP Cuprum), por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazó a su solicitud de retiro de fondos para extranjero, ocurrido el 29 de abril de 2025.

Explicó que el demandante solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones, mediante su portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros, a las empresas que contraten bajo las condiciones que se indican. El recurrente fue notificado del rechazo el 29 de abril de 2025 mediante correo electrónico, que señalaba que no procede hacer la devolución de cotizaciones solicitada porque no se acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierto durante toda la estadía por un sistema de seguridad social extranjero, que cubra contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, ya que el documento presentado del instituto venezolano de seguros sociales no indica cobertura en caso de enfermedad.

Adicionalmente se señala que el certificado aportado indica que el estatus actual del actor en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales es de asegurado cesante, no quedando claro que haya estado afiliado a dicho sistema durante la vigencia de la relación laboral. El correo electrónico también hizo presente que el oficio ordinario 23.341 de la Superintendencia de Pensiones señala que es necesario que el certificado que se emita acredite la cobertura previsional y se indique si el trabajador ha tenido derecho a ella durante su permanencia en Chile, especificando que comprende prestaciones médicas. Finalmente, se requirió al solicitante acompañar la constancia electrónica de cotización otorgada por el instituto venezolano de seguros sociales, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre lo resuelto, el recurrente expuso que la Ley 18.156 exige la afiliación a un régimen de previsión que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y el artículo 7 establece la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos depositados cuando se dé cumplimiento a aquello. Afirmó dar íntegro cumplimiento a los requisitos legales, siendo procedente realizar el retiro desde la AFP. Acusó una interpretación formalista, desatendiendo la finalidad del legislador. Reitero que los documentos presentados dan cuenta de su afiliación, por lo que aseguró que la decisión es arbitraria e ilegal.

Afirmó que la recurrida ha incorporado requisitos no establecidos en la ley, al solicitar la constancia electrónica de cotizaciones legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando ésta puede verificarse en línea a través de un código de verificación. Pese a ello la recurrida ha señalado que no es un documento válido, sin entregar fundamento de aquello.

Dio cuenta de la forma de verificación en línea de su certificado, así como de la afiliación al sistema. Aseguró que dicha información es completamente válida pues permite acreditar la afiliación al sistema de seguridad social del recurrente.

Nuevamente señaló que la AFP Cuprum ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria al rechazar la solicitud, sin esgrimir fundamentos para descartar el documento aportado, vulnerando con ello su derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

Alegó que se ha desatendido el tenor literal de la norma, al exigir requisitos adicionales a los contemplados en la ley, y señaló que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando se cumplen con las condiciones exigidas en la Ley 18.156. Agregó que no existe representación diplomática de Venezuela en el país, por lo que el requisito impuesto es imposible de cumplir, y que escapa a su voluntad, ya que es consecuencia de las relaciones diplomáticas entre los estados de Chile y Venezuela.

Indicó que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley, pues se ha dado un trato desigual al actor con respecto a otros solicitantes en iguales circunstancias, otorgando respuestas favorables por parte de la recurrida.

Finalizó señalando que existen criterios jurisprudenciales relativos a la obligatoriedad de la norma de la ley 18.156, ya que cumpliéndose los requisitos la AFP debe otorgar los fondos requeridos, si el técnico extranjero manifiesta su voluntad.

Solicitó que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

El 3 de junio del presente año, la recurrida AFP Cuprum evacuó el informe requerido. Indicó que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen excepcional, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros, técnicos o profesionales que cumplan con los requisitos de la Ley 18.156, esto es que se encuentre afiliado a un régimen de previsión que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que en el contrato el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tratándose de una norma excepcional, su interpretación debe ser restrictiva, y su aplicación limitada, a los casos en que se verifiquen todas las condiciones exigidas. Por ello, solo pueden acogerse las solicitudes que den cuenta fehacientemente de haber cumplido los requisitos.

Indicó que la Superintendencia de Pensiones ha impartido instrucciones sobre la materia, estableciendo mediante la circular N°533 el procedimiento al que deben someterse los trabajadores, quienes debe suscribir un formulario de solicitud de devolución de fondos previsionales y presentar los antecedentes que acrediten de manera fehaciente el cumplimiento de requisitos legales.

En el caso, no se cumple el requisito de la letra a) del artículo 1 de la Ley 18.156, ya que la documentación acompañada (Certificado de constancia electrónica de cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales) no especifica si en caso de contingencia de enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias. En este mismo sentido, explicó que mediante oficio ordinario N°23.241 se establece que es menester la certificación de la cobertura previsional del trabajador durante su permanencia en Chile, debiendo especificar si comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Luego, señaló que el oficio reservado N°25.057 establece que la documentación para acreditar los requisitos de la Ley 18.156 debe presentarse legalizada o apostillada.

Adicionalmente, indicó que el certificado señala como fecha de ingreso el 5 de mayo de 2014 y se señala que su estatus actual es de cesante, con fecha de egreso el 6 de junio de 2016, por lo que no queda claro que el actor haya estado afiliado al sistema durante la vigencia de su relación laboral en Chile. En conclusión, la documentación aportada no cumple con los estándares exigidos ni acredita la existencia de la afiliación.

Indicó que el recurrente no ha acudido a la AFP a aclarar sus dudas, y manifiesta su preocupación por la utilización del recurso de protección para resolver estos asuntos, pese a la existencia de canales propios de la Superintendencia de Pensiones, señalando entonces que esta no es la vía para resolver esta reclamación.

Negó la existencia de una acto arbitrario o ilegal, ya que el rechazo se encuentra fundado, y se detalla el motivo de éste: que la documentación acompañada no da cumplimiento al requisito del artículo N°1 letra a) de la Ley 18.156, al no acreditar la afiliación ni la cobertura exigidas, por lo que no existe la vulneración a las garantías constitucionales señaladas por la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, el acto que se impugna por el presente recurso es el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, comunicado mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 2025, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N°2 y 24, y en la Ley 18.156 que faculta la devolución de los fondos a los técnicos o profesionales extranjeros, solicitando que se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, y se decreten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

3° Que, AFP Cuprum al evacuar su informe, señaló que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos se debe a que el certificado de seguridad social acompañado por el recurrente, expedido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales es insuficiente para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, y que además este carece de legalización o apostilla, de acuerdo a las instrucciones entregadas por la autoridad, por lo que ha actuado según lo instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones.

4° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente que el artículo 1 de la Ley 18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.” A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

5° Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros- una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales; y una declaración jurada ante notario público, documentos que, como sostiene la recurrida, no resultan idóneos para dar cumplimiento a las exigencias legales, por cuanto la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

6° Que, en este sentido, el documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta que el actor tenga un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto.

7° Que, a mayor abundamiento, el certificado aportado además señala que el recurrente se encuentra en calidad de “cesante” lo que impide configurar con certeza la existencia de la cobertura que reclama respecto del seguro de salud y previsional que asegura tener, siendo imposible desprender de forma inequívoca de su contenido el cumplimiento del requisito del artículo 1 letra a) de la Ley 18.156.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 722-2025 Protección.