Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco. Vistos: Con fecha 7 de mayo del año 2025, comparece nombre reservado

Rodríguez, cubano, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad cubana, y domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza su solicitud de carta de nacionalización. Funda su recurso en que la recurrente ha vivido de forma regular en Chile durante 28 años. Agrega que, la actora solicitó el beneficio migratorio de nacionalización en el mes de octubre de 2023, sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de marras, no ha recibido una respuesta definitiva por parte de la recurrida en relación con su solicitud, situación que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9, 24 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Cita jurisprudencia y finaliza solicitando que se acoja su acción y en virtud de ello, se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de nacionalización, en un plazo de 30 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas. Acompaña antecedentes en apoyo a su pretensión. A folio 5, compareció el Servicio Nacional de Migraciones y, en primer lugar, opuso la excepción de litispendencia, por cuanto la recurrente habría recurrido por los mismos hechos que son objeto de la presente acción, ante esta Corte de Apelaciones, en el rol 474-2025 Protección. de esta alegación se confirió traslado a la recurrente el que fue evacuado a folio 8. En cuanto al fondo, solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de esta autoridad que afecte en forma alguna sus garantías constitucionales, sino que la autoridad administrativa ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que se le han conferido. Indica el historial migratorio de la actora y agrega que, el día 29 de octubre de 2023, el recurrente solicitó el beneficio de nacionalización, el que se encuentra en tramitación en el Servicio, en la etapa de primer análisis. Explica que la nacionalidad es una especial gracia concedida por el Presidente de la República, existiendo un proceso complejo para su atribución con participación de diversos organismos del Estado.

Menciona, que mientras pende la tramitación de nacionalización la recurrente se encuentra regular en el país, ya que cuenta con un permiso de residencia definitiva actualmente vigente. Señala, que se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de la República, así como lo establecido en los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio de Interior. Indica que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, y que, además, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. Cita jurisprudencia y finaliza haciendo presente que el Servicio ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que entiende que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. I. En cuanto a la excepción de Litis Pendencia: 2° Que, respecto de la excepción en análisis, esta Corte rechazará tal alegación ya que, sin perjuicio de la efectividad de que la recurrente de marras interpuso ante esta Corte el recurso rol 474-2025 Protección, con fecha 20 de mayo de 2025, se le tuvo por desistida de dicha acción, por lo que no se configura la litispendencia alegada por el Servicio recurrido. II.- En cuanto al fondo: 3° Que, mediante el presente recurso se reprocha la excesiva dilación del procedimiento administrativo de solicitud de carta de nacionalización iniciada por la actora con fecha 29 de octubre de 2023, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, tal solicitud no ha sido resuelta por la autoridad administrativa. 4° Que, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la presente acción de protección por cuanto la solicitud de la recurrente se encuentra en tramitación en dicha Institución, en la etapa de primer análisis, por lo que no hay afectación a garantías constitucionales ya que cuenta con residencia definitiva en Chile, mientras se encuentre en tramitación la petición de nacionalización. 5° Que, es necesario hacer presente que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo establecido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir la solicitud migratoria y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que establece la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 6° Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020, Rol N°250.598-2023). Debe considerarse además que, sin perjuicio de que existe pronunciamiento respecto de que el plazo establecido en el citado artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, la recurrida informó que la solicitud de la actora se encuentra en la etapa de “primer análisis”, desde el mes de abril de 2025, lo que sumado a la fecha de inicio de tramitación de la solicitud de carta de nacionalización, ocurrida en octubre de 2023, no puede sino considerarse como una infracción al principio de celeridad, constituyendo otro antecedente para acoger el presente recurso, en la forma que se expresará en lo resolutivo. 7° Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la antes indicada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se decide: I.- Que, se rechaza, la excepción de litispendencia alegada por el Servicio recurrido. II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad cubana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones sólo en cuanto se dispone que éste último deberá darle celeridad al procedimiento de la solicitud de carta de nacionalización de la actora, avanzando en las etapas que correspondan y que permitan, en el plazo de sesenta días, remitirlo al Ministerio del Interior para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 711-2025 Protección. Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.