nombre reservado con CODELCO CHILE

Rancagua, dos de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 8 de agosto de 2019, comparece don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, trabajadores y miembros del Sindicato de Trabajadores N° 7 de la División El Teniente de Codelco Chile, domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en favor de los 194 trabajadores que individualiza, quienes están asociados al referido sindicato, en contra de CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE, representado legalmente por su Gerente General Sr. nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado.

Los trabajadores en cuyo favor se recurre prestan servicios en las distintas dependencias de la División El Teniente y para trasladarse hasta las faenas mineras deben viajar diariamente desde Rancagua o Machalí, traslado que tiene una duración variable según el lugar de destino y que se realiza en los buses proporcionados por la empresa, desde las ciudades de Rancagua y Machalí, en horarios que se han mantenido desde tiempos inmemoriales y dependen del sistema de jornada y del lugar de trabajo a que se encuentre adscrito el respectivo trabajador, jornadas o turnos que se encuentran establecidos en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad.

Los horarios de subida de los buses se mantuvieron inalterables hasta el 8 de julio de 2019, permitiéndole a los trabajadores llegar a tiempo a los camarines de cambio, momento en que empieza a correr su jornada de trabajo; situación que se mantuvo inalterable hasta que la recurrida, de manera unilateral y arbitraria, actuando de facto, sin que existiera disposición legal ni acuerdo alguno con los trabajadores, que permitiera hacer el cambio de horario, adelantó la subida a los diferentes turnos H, A, B y C de los buses desde Rancagua, a contar del 9 de julio del presente año, en la cantidad de tiempo y según recorrido en la forma que se indica, los que fluctúan entre 20 y 30 minutos.

Esta decisión unilateral y arbitraria tomada por el empleador, vulnera garantías no sólo laborales, sino que principios básicos del derecho, porque el tiempo de viaje no es considerado como parte de la jornada y en consecuencia, el adelantar el horario de abordaje de los buses implica por ejemplo restar a los trabajadores entre 20 y 30 minutos diarios de su tiempo libre y a su vez, los deja a disposición del empleador, también por los mismos 20 y 30 minutos antes. En otras palabras, CODELCO Chile está ocupando parte del tiempo que pertenece exclusivamente a los trabajadores y no al empleador, transgrediendo los artículos 1545 y 1546 del Código Civil y conculcando el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de Nuestra Carta Fundamental, porque al adelantarse el horario de subida se está enajenando una parte del tiempo libre de cada afectado, dentro del cual está el derecho al descanso no sólo reconocido por el Código del Trabajo, sino también por el artículo 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y de los artículos 5° y 7° letra d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al tiempo libre y dentro de éste el derecho al descanso, es una prerrogativa incorporal que tienen todos los trabajadores y conforme a las normas citadas, forma parte del patrimonio de todas las personas en cuyo favor se recurre.

Por último, hace presente que el inciso 2° del artículo 21 del Código del Trabajo, dispone que el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables, se considera jornada de trabajo.

Por último, concluye solicitando que se acoja, con costas, su recurso y se declare que la decisión de la recurrida de anticipar la subida de los buses a las áreas Colón Alto, Colón Bajo y Caletones es ilegal y arbitraria, que se deja sin efecto y debe regir el sistema de recorridos y horarios vigentes al 08 de julio de 2019 Se declaró admisible el recurso, se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 10 de septiembre de 2019, la recurrida evacua su informe, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Sostiene que con el objeto de facilitar el acceso a los centros de trabajo industrial situados en la Comuna de Machalí, la División El Teniente contrata a dos empresas de transportes para transportar trabajadores, tanto de la División El Teniente como de empresas contratistas desde puntos cercanos a sus respectivos domicilios hasta las instalaciones industriales, en horarios dependientes del inicio y término de cada jornada de trabajo y constituye un servicio gratuito para los trabajadores; no es una prestación originada en algún derecho de los dependientes, sino que se trata del ejercicio de una facultad empresarial en favor de los trabajadores y también de la propia empresa, cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de las jornadas de trabajo pactadas.

La prestación gratuita del servicio de transporte y sus condiciones no surgen por tanto, de una disposición legal ni de un instrumento colectivo o individual, resultando conveniente destacar que el artículo 306 inciso 4° del Código del Trabajo excluye como materia de negociación colectiva “aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma”. Y, ciertamente, la disposición de un servicio de transporte gratuito para los trabajadores forma parte de la facultad del empleador de organizar la empresa, que, en este caso, tiene por finalidad permitir el cumplimiento de la jornada de trabajo.

Siendo un hecho evidente el incremento que se ha producido en la duración de los desplazamientos producto del crecimiento de las ciudades de Rancagua y Machalí, el aumento de la densidad poblacional y la extensión de los sectores habitados, unidos al gran crecimiento del parque automotriz, la escasez proporcional de calles, caminos y carreteras, los temas medio ambientales y comunitarios, las nuevas exigencias normativas en materia de transporte y uso de vías públicas vinculadas a restricciones por razones ambientales y de congestión vehicular.

A consecuencia de este incremento, el horario de salida existente hasta el 8 de julio de 2019, ocasionaba que el inicio de la jornada de trabajo se retrasara hasta ½ hora en cada uno de los turnos, según exhiben los cuadros confeccionados con las mediciones realizadas por la Superintendencia de Ingeniería y Movilización de la Gerencia de Servicios de la División El Teniente, retardo que era perjudicial no sólo para la empresa sino para los propios trabajadores pues los exponía a sufrir descuentos a sus remuneraciones debido a la falta de cumplimiento de la jornada laboral.

En la práctica, el adelantamiento en algunos minutos del horario de salida del servicio de transporte, además de permitir el cumplimiento de la jornada de trabajo, evitó que la empresa debiera ejercer la facultad de descontar el tiempo en que no se prestaban los servicios, producto de los atrasos y los resultados de esta medida constan en las mediciones efectuadas por la Superintendencia de Ingeniería y Movilización, que exhibe la situación entre el 9 de julio de 2019 y el 13 de agosto de 2019; y la que se produjo desde el 14 de agosto de 2019, fecha en que se ajustó nuevamente el horario, retardando algunos minutos la salida de los buses que se había anticipado en el lapso anterior No es posible atribuir ilegalidad o arbitrariedad en su actuar porque se ha limitado a ejercer una facultad de la empresa que deviene de la garantía constitucional del artículo 19 N° 21, que halla su concreción en materia laboral en el artículo 5° y, particularmente, en el artículo 154 N° 1 del Código del Trabajo. Tampoco existe ilegalidad porque se trata de una materia que no es objeto de negociación colectiva y, por tanto, no se regula en los instrumentos colectivos que se pactan entre la empresa y las organizaciones sindicales, ni es una cuestión que haya sido pactada individualmente, de lo que resulta improcedente invocar una infracción al artículo 1.545 del Código Civil, ni tampoco una transgresión al artículo 1.546 del mismo Código, porque no existe un pacto, ni individual ni colectivo, que fije el horario de salida de los buses. No puede ser ilegal una medida destinada a que los trabajadores cumplan su jornada laboral, establecida en el Reglamento Interno, marco jurídico vinculante para empleador y trabajadores.

Tampoco se trata de una medida arbitraria, porque el ajuste se ha limitado al mínimo necesario para que se puedan cumplirlas jornadas laborales.

Los trabajadores no son titulares de un “derecho” que les permita exigir que los buses comiencen su recorrido en un horario determinado por ellos; ellos son libres de dejar de usar el servicio de transporte gratuito que la empresa les provee y desplazarse por su propia cuenta hasta la barrera de Maitenes, si lo que buscan es disminuir su tiempo de desplazamiento, pero no tienen derecho a no cumplir su jornada de trabajo, que ya recoge y protege su derecho al descanso.

Por último, debe tenerse presente que los recurrentes no son los únicos usuarios de los buses cuyo horario de salida incomoda y el trato de favor que los actores pretenden obtener con el presente recurso no sólo es infundado, sino que, además, es perjudicial para otros trabajadores, a quienes el horario actual de los buses permite cumplir a cabalidad con su jornada de trabajo pactada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ostenta como propósito esencial restablecer la vigencia del derecho, ante una acción u omisión irregular y manifiesta, que conculque alguna de las garantías que ampara nuestra Carta Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnere un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado o perturbado.

SEGUNDO: Que la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye a la recurrida consiste en haber adelantado el horario de salida de los buses en 20 ó 30 minutos, disponiendo del tiempo de descanso de los trabajadores, quienes quedan a disposición de su empleador sin ninguna justificación, lo que resulta una acción ilegal y arbitraria que afecta su derecho de propiedad al descanso, conculcando el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República.

TERCERO: Que la problemática que se plantea dice relación con la eventual existencia de una cláusula tácita del contrato de trabajo, referida al traslado de los trabajadores mediante el empleo de buses proporcionados por su empleadora, de modo tal que siendo una materia que necesariamente requiere una declaración de derechos por parte de los Juzgados del Trabajo, no nos encontramos frente a un derecho indubitado a los efectos de actuar de manera cautelar, garantizando la no afectación de derechos de los trabajadores recurrentes.

Más aún, se observa que la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la implementación de los recorridos de buses, debe ser analizada en primer término, bajo la perspectiva eventual de ser aquella efectivamente un beneficio otorgado por el empleador a sus trabajadores, que resulte obligatorio para él, y en segundo lugar, determinado fehacientemente lo anterior, que la alteración a los horarios previamente establecidos de traslado de los trabajadores a su lugar de trabajo constituya efectivamente una variación sustancial y, por tanto, indebida de la cláusula tácita alegada, aspectos todos que escapan a la naturaleza cautelar del presente arbitrio y que requieren de un pronunciamiento de fondo en un juicio de lato conocimiento.

CUARTO: Que, finalmente, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad que se denuncia, entendido por tal la pérdida de tiempo libre del trabajador sin la existencia de un mecanismo idóneo de compensación, la antedicha declaración, necesariamente derivará de la determinación previa de la existencia eventual de la cláusula tácita del contrato de trabajo que se alega por una parte y controvierte por la otra y, de la determinación referida a si la variación de las condiciones de inicio del viaje hacia el lugar de trabajo ha resultado, tal como ya se ha dicho, en una afectación grave de la misma, o eventualmente en una actuación propia del empleador derivada de su facultad de dirección.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido en autos, sin costas.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la abogado integrante Sra. Latife, quien estimó, en cambio, procedente entrar a pronunciarse sobre el fondo del recurso entablado, pues, sin perjuicio de considerar que el beneficio que otorga el empleador a sus trabajadores, consistente en transporte gratuito al lugar de las faenas, sea o no un beneficio contractual no escriturado o, simplemente una liberalidad, según señala la empresa recurrida, lo cierto es que lo que se alega por los recurrentes es la afectación de una garantía constitucional por la modificación de las condiciones de traslado, que ha implicado restarles tiempo de descanso. Por ello, ya sea que se estime que ha existido una modificación unilateral del contrato o una exacerbación de la potestad de organización o dirección de la empresa, es necesario establecer si la conducta reprochada ha perturbado el derecho de los trabajadores.

Por ello, aun cuando se estableciera la inexistencia de una cláusula tacita contractual y se reconociera la orden impartida por la recurrida, como una que nace de su poder de mando o dirección, esta última, también tiene como límite las garantías constitucionales de los trabajadores.

En efecto, la libertad económica, reconocida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, supone la posibilidad de constituir empresas y organizar la actividad empresarial, permitiéndole al empleador organizar la producción de los bienes y servicios, necesitando para ello del poder de dirección, que le permite organizar la prestación de trabajo y la disciplina laboral. Así, se distinguen claramente los poderes administrativos u de “organización del trabajo” de que dispone el empresario, del poder de dirección propiamente tal. Los primeros operan sobre la constitución y extinción de la relación laboral, poderes constitutivos y extintivos del contrato “frente a los que el trabajador no se encuentra propiamente subordinado, aunque condicionen la subsistencia del contrato de trabajo y, por ello su propia subsistencia”; en cambio, el poder de dirección surge por efecto del contrato y depende de su subsistencia, operando en su interior, especificando el objeto de la prestación e impartiendo mandatos para mantener la disciplina laboral. El empleador no tiene un instrumento único para ejercer el poder directivo, no existiendo una limitación al respecto en el ordenamiento jurídico. Los límites del mismo están más bien vinculados a no exceder el ámbito de actuación del contrato de trabajo, además, de no lesionar los derechos fundamentales de los trabajadores ni adoptar la forma de instrucciones ilegales. De esta forma, cualquier mandato que requiera una conducta activa o pasiva del trabajador para ejecutar los servicios encomendados o cómo comportarse en la empresa es manifestación del ejercicio del poder de mando. (Configuración del Poder de Dirección del Empleador: denominación, naturaleza jurídica, fundamento y contenido. Revista de Derecho (Concepción), nombre reservado).

Lo anterior, se encuentra en perfecta concordancia con lo que dispone el propio Código del Trabajo, en su artículo 5º, en cuanto, el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos.

De esta forma, la cuestión que se somete al conocimiento de esta Corte, no escapa al objeto de la acción constitucional deducida, por lo que estimó la dicidente, que correspondía entrar a pronunciarse sobre el fondo de la misma, a fin de determinar si la medida adoptada por la recurrida ha podido afectar sus garantías constitucionales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 7083-2019 Protección-.