Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Rancagua, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 20 de marzo del año 2024, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Indica que recurre ante esta Corte de Apelaciones por cuanto se rechazaron sus licencias médicas ante la Compin por que esta tenía 2 contratos de trabajo con el mismo horario, situación que solo se extendió por 11 días, frente a lo cual la Compin le solicita un documento del nuevo empleador acreditando que durante esos 11 días esta trabajaría después del horario de trabajo con su nuevo empleador Agrícola el Carmen SPA.

Agrega que se presenta documento en Compin y este los rechazó, solicitando nuevos documentos los cuales también fueron presentados, los cuales son rechazados también, indicándole que realizarán una fiscalización a su empleador.

Relata que cuando llegaron a fiscalizar, su empleador no se encontraba en la oficina por lo que fueron atendidos por un vecino, amén de esta circunstancia es que vuelven a rechazar todo, destacando que su empleador al ser un contratista agrícola es muy difícil que se encuentre en su oficina y el día de los hechos se encontraba en un predio agrícola trabajando.

Añade que después le enviaron un correo diciendo que como no pudieron acreditar la huella laboral, esta debía presentar una apelación ante la SUSESO, por lo que remitió todos los antecedentes, sin embargo, su solicitud vuelve a ser rechazada, luego presenta una reconsideración enviando más documentos, y también es rechazada.

Concluye que se han vulnerado sus derechos constitucionales por cuanto a presentado documentos tales como contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, libro de asistencia, imposiciones pagadas, certificado de cotizaciones, fotos del lugar de trabajo, declaración de testigos y certificado notarial de su empleador que acredita que es trabajadora dependiente.

Con fecha 5 de abril del año en curso comparece la Compin de O’Higgins quien señalo que la usuaria durante los años 2023 y 2024 presentó 16 licencias médicas, autorizadas medicamente, sin embargo, sin derecho al pago de subsidio de discapacidad laboral, dictamen que se fundamentó en que de los antecedentes aportados por la usuaria acreditan que durante 11 días presto servicios a 2 empleadores en jornadas similares, según contratos de trabajo.

Agrega que por lo que antes descrito y haciendo uso de sus facultades legales realizó una fiscalización de huella laboral el día 22-03-2023, cuyo resultado es que no se logró acreditar vinculo de subordinación, continuidad en los servicio prestados y gestiones en las que aparezca que haya intervenido como trabajadora dependiente, de igual forma tampoco se pudo acreditar huella labora ni material, en definitiva, no fue posible comprobar horarios de trabajos realizado por la trabajadora, destacando que no obstante haber apelado la usuaria a la SUSESO, esta ratificó lo obrado.

Con fecha 11 de abril del año en curso, comparece la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y procedió a evacuar el respectivo informe, alegando primeramente la improcedencia de la acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio y en cuanto al fondo indica que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-83716-2023, la interesada recurrió el día 5 de abril de 2023, exponiendo, en síntesis, que se le prescribió reposo, a través de las licencias médicas N° 80796195- 0, 81622434- 9, 82342209- 1, 83091423- 4 y 84021777- 9, por 109 días, a contar del 28 de diciembre de 2022, indicación que se encuentra autorizada, no obstante ello, no se ha pagado el pertinente subsidio, según refiere por falta de cotizaciones, determinación de la que discrepa.

Afirma que por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-151120-2023, de 16 de noviembre de 2023, previo estudio de los antecedentes del caso, esta concluyó que: “…la definición de licencia médica contenida en el inciso primero del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, se puede concluir que, además de permitir la recuperación de la salud del trabajador, sus objetivos son justificar la ausencia al trabajo y otorgar un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, circunstancias que hacen inadmisible la licencia respecto de un trabajador cuyo vínculo laboral no se encuentra acreditado.

“Que, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores, no bastando la sola exhibición de documentos formales, como lo son el contrato de trabajo, liquidaciones de remuneración y planillas de pago de cotizaciones, más aún si ellos resultan ser cuestionados en el proceso de fiscalización.

“Que, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

“Que, esta Superintendencia, cumple con señalar que, se observa que, el reposo indicado en los referidos documentos, no se encuentra objetado por falta de cotizaciones.

“Que, aclarado lo anterior, cumplo con señalar que, la COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS, remitió el correspondiente Informe N° 1620, de 29 de mayo de 2023, haciendo presente que, "De acuerdo a su registro de antecedentes y fiscalización realizada con fecha 22-03-2023, se llega al lugar correspondiente a casa habitación del sector rural de la comuna de las Cabras, sin moradores, se acerca vecino D. nombre reservado, que señala que ese domicilio es de su hijo y que él puede recibir la documentación, al consultar por D. nombre reservado, les indica que es su nieta y que las plantaciones del lugar están en otro lugar, no cuenta con registro de trabajo que deben consultar con su hijo. Sobre el particular y con estos antecedentes esa COMPIN, rechaza SIL, ya que no se pudo acreditar vínculo de subordinación, continuidad en los servicios prestados y gestiones en las que aparezca que haya intervenido como trabajadora dependiente. Tampoco se pudo constatar huella laboral ni material, en definitiva, no fue posible comprobar horarios de trabajos realizados por la trabajadora"(sic)”. Concluye dicha Resolución que: “Se confirma lo resuelto por la COMPIN REGION DE O'HIGGINS por no acompañarse antecedentes para remitir a dicha Comisión para la revisión del caso”.

Añade que por otra parte, de acuerdo al expediente administrativo PAE código R-198837-2023, la Sociedad Agrícola el Carmen SPA recurrió ante su representada el día 27 de noviembre de 2023, solicitando la revisión de la determinación adoptada, a través de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-151120-2023, del 16 del referido mes y año, mediante la cual, se confirmó en la situación de doña nombre reservado, lo obrado por la Compin Región de O’Higgins, entidad que, objetó el pago del subsidio derivado del reposo prescrito en favor de ésta en las licencias médicas N°. 80796195-0, 81622434-9, 82342209-1, 83091423-4 y 84021777-9, por 109 días, a contar del 28 de diciembre de 2022, al no acreditarse huella laboral, determinación de la que discrepa.

Señala que, la determinación adoptada se fundamentó en el informe de fiscalización realizado por la citada COMPIN, entidad que remitió copia del informe N° 1620, de 29 de mayo de 2023, en que se indicó, lo siguiente: "De acuerdo a su registro de antecedentes y fiscalización realizada con fecha 22-03-2023, se llega al lugar correspondiente a casa habitación del sector rural de la comuna de las Cabras, sin moradores, se acerca vecino D. nombre reservado, que señala que ese domicilio es de su hijo y que él puede recibir la documentación, al consultar por D. nombre reservado, les indica que es su nieta y que las plantaciones del lugar están en otro lugar, no cuenta con registro de trabajo que deben consultar con su hijo. Sobre el particular y con estos antecedentes esa COMPIN, rechaza SIL, ya que no se pudo acreditar vínculo de subordinación, continuidad en los servicios prestados y gestiones en las que aparezca que haya intervenido como trabajadora dependiente. Tampoco se pudo constatar huella laboral ni material, en definitiva, no fue posible comprobar horarios de trabajos realizados por la trabajadora"(sic).

Dado lo anteriormente planteado, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-S-31283-2024, de 27 de febrero de 2024, previo estudio de los antecedentes del caso, señaló que: “…en la actual presentación que se ha formulado en la situación de la señora nombre reservado, no se han acompañado nuevos antecedentes que ameriten revisar lo resuelto, restringiéndose en términos generales a señalar hechos y consideraciones que ya fueron analizados con anterioridad, por lo que no corresponde que esta Superintendencia acoja su recurso de reposición. En este mismo orden de ideas, se debe precisar que, los nuevos antecedentes adjuntos en esta oportunidad, consistentes en fotografías del campo en que la afectada cumpliría sus funciones, en nada desvirtúan lo informado por la citada Comisión Médica”. De esta forma, la referida Resolución dictamina que: “Por lo expuesto, se rechaza el recurso de reposición formulado, manteniéndose a firme lo dictaminado a través de la singularizada RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-151120-2023, de 16 de noviembre de 2023.

“Sin perjuicio de lo anterior y como ya se hiciera presente a la señora nombre reservado, que podrá solicitar la revisión de su caso directamente a la citada COMPIN, acompañando antecedentes que acrediten huellas laborales que den cuenta de la efectividad de la relación laboral”.

Precisa que la Superintendencia de Seguridad Social no pretende determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, simplemente lo que le corresponde es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige nuestra legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio. En efecto, no corresponde otorgar licencia médica a un trabajador que no tiene una relación laboral efectiva por cuanto éste no tiene que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar, salvo que la licencia se haya iniciado antes del término de la relación laboral, lo cual en el caso no aconteció. Por ende, no corresponde otorgar licencia médica a una persona que no tiene un vínculo laboral efectivo por cuanto este no tiene que justificar ausencia laboral, ni remuneración que reemplazar, salvo que las licencias se hayan iniciado durante la existencia debidamente comprobada de una relación laboral.

Arguye que de la definición de licencia médica contenida en el inciso primero del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, se puede concluir que, además de permitir la recuperación de la salud del trabajador, sus objetivos son justificar la ausencia al trabajo y otorgar un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por una persona cuya calidad de trabajador no aparezca suficientemente acreditada. Conforme a lo anterior, la calidad de trabajador inherente a toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador, no bastando la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, registros de asistencia laboral, liquidaciones de remuneración o certificado de cotizaciones.

Explica que dado lo manifestado, las gestiones de fiscalización precisamente tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

En la especie, la Compin Región de O’Higgins manifestó que, luego de la visita domiciliaria efectuada de acuerdo a lo establecido en el numeral b) del Art 21 del D.S. N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, el día 22 de marzo de 2023 a la dirección del empleador Sociedad Agrícola El Carmen SPA, ubicada en casa habitación del sector rural de la comuna de las Cabras, se evidencia la inexistencia de las oficinas indicadas y el desconocimiento de la mismas por parte de los vecinos del inmueble. Agrega en dicho informe de fiscalización que, de acuerdo al informe solicitado a Equifax, se advierte que el padre de la afiliada es el dueño de la empresa empleadora. Asimismo, la referida COMPIN señala que no se pudo acreditar vínculo de subordinación, continuidad en los servicios prestados y gestiones en las que aparezca que haya intervenido como trabajadora dependiente. Tampoco se pudo constatar huella laboral ni material, en definitiva, no fue posible comprobar horarios de trabajos realizados por la trabajadora.

Por tanto, en ausencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de la labor consignada en el contrato de trabajo, no se ha podido formar la convicción en cuanto a que el Sr. nombre reservado tenga la calidad de trabajador dependiente de su supuesto empleador, condición necesaria para presentar licencias médicas. De esta forma, la falta de un vínculo laboral efectivo por parte de la Sra. nombre reservado, la priva de una condición necesaria para presentar licencia médica en su calidad de trabajador dependiente, como es contar con un vínculo laboral vigente.

Asegura que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, sin embargo, en el caso de la Sra., nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, debido a que no se ha acreditado la existencia de un vínculo laboral vigente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que primeramente y en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social planteada por la recurrida, ésta será rechazada, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N° 18 de la Constitución Política como indica la recurrida, sino la comprendida en el número 24, el derecho de propiedad, o eventualmente la del número 1 de dicho artículo, esta es, la integridad física o psíquica.

TERCERO: Que en cuanto al fondo, el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha de la recurrida, estaría dado por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-151120-2023, de 27 de noviembre de 2023, que resolvió confirmar lo obrado por la COMPIN, en cuanto rechazó las licencias médicas N° 80796195-0, 81622434-9, 82342209-1, 83091423- 4 y 84021777-9, por 109 días, a contar del 28 de diciembre de 2022, todo lo cual produce una grave vulneración a su derecho de propiedad, de conformidad artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

QUINTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

En este sentido la resolución materia de controversia se fundó en el informe de fiscalización N° 1620, de 29 de mayo de 2023, realizado por la COMPIN, por cuanto no se pudo constatar huella laboral, ni material, que den cuenta del desarrollo efectivo de la labor consignada en el contrato de trabajo, por lo que no se pudo formar la convicción en cuanto a que la recurrente tenga la calidad de trabajadora dependiente de su supuesto empleador, condición necesaria para presentar licencias médicas.

SEXTO: Que de lo analizado se observa que la decisión adoptada se apoya en la conclusión de un informe emitido luego de analizar la documental presentada por la recurrente y de realizar una fiscalización en terreno, por lo que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880, ofreciendo los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual resultaba improcedente el pago del subsidio médico.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento del atento estudio de los informes evacuados por las recurridas, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos.

De esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho de la recurrente sea indubitado, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para determinar la existencia de una relación laboral entre la recurrente y su supuesta empleadora, en consecuencia nos encontramos frente a una pretensión que desborda los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, lo que deberá ser conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen procedentes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se rechaza, la excepción de improcedencia de la acción incoada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 675-2024 Protección.