nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Rancagua.

Rancagua, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 5 de enero de 2024 comparece el abogado Gonzalo Tello Bilbao en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado en su carácter de Jefe del Departamento de Gestión de Personas de la Subdirección de Gestión, nombre reservado y Administración de la Dirección de Vialidad de la Región de O´Higgins.

Indica que doña nombre reservado, fue la cónyuge del ex funcionario de la Dirección de Vialidad de la Región de O´Higgins, don nombre reservado, quien falleció el 14 de abril de 2023, y don nombre reservado y nombre reservado son los hijos matrimoniales de ambos.

Señala que el recurrido está pretendiendo cobrar una supuesta deuda del Sr. nombre reservado, originada en errores administrativos de la propia Dirección de Vialidad de la Región de O´Higgins, al parecer, por no descontar días de licencia médica del pago de sus remuneraciones, lo que, según la aludida Dirección, originaría una deuda por un monto de $1.252.186, no constando dicha deuda a los recurrentes.

Refiere que el 22 de noviembre de 2023, el recurrido tomó la decisión de enviar una carta de cobranza que fue recibida el 6 de diciembre de 2023 dirigida a la “Familia Sr. nombre reservado (Q.E.P.D.)” , en la cual señala que, “en conformidad a la información otorgada por la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, mediante Ord N° 442, de fecha 31.10.2023 (…) debe regularizar el reintegro pendiente”., informando al monto reseñado , datos de cuenta para depositar y transferir , otorgando un plazo de 30 días hábiles, amenazando con que, de no hacerlo, “proceder con la notificación de la deuda a la Fiscalía MOP”.

Explica que si bien un acreedor tiene facultades para efectuar acciones de cobranza prejudicial, es claro que estas acciones deben ser dirigidas en contra de quién tenga la calidad de deudor en un título ejecutivo, el cual, en el presente caso, no existe. Agrega que la recurrida no tiene dentro de sus competencias las cobranzas a terceros ajenos a la administración, vulnerando lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la Republica.

Considera conculcado el derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, siendo expuestos los recurrentes a acciones en un momento tan delicado como la pérdida del cónyuge y padre, 8 meses después de la lamentable partida, lo que, evidentemente, añade una carga de estrés al difícil momento que atraviesan.

Finaliza solicitando ordenar al recurrido que, en lo sucesivo, se abstenga de ejecutar acciones de cobranza prejudicial respecto de los recurrentes, por cualquier deuda que, en concepto del Servicio, haya originado el ex trabajador de la Dirección de Vialidad, don nombre reservado, con costas. Acompaña para tales efectos: Carta de cobranza; Constancia de Entrega de la carta; Certificado de defunción, de matrimonio y de nacimiento que individualiza.

Con fecha 1 de febrero de 2024 comparece nombre reservado, jefe del Departamento de Personas de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas quien solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que el Sr. nombre reservado, fue trabajador en la Dirección Regional de Vialidad, Región de O’Higgins, y desempeñó funciones como operador de maquinaria pesada, desde el 12 de abril de 2004 hasta el 15 de abril de 2023, fecha de su cese de funciones por fallecimiento.

Añade que durante el tiempo que prestó servicios hizo uso de licencias médicas con ocasión de la enfermedad que lo afectaba, particularmente, la licencia médica N° 3056668909, que abarcó el período que va desde el 3 de agosto de 2021 al 1 de octubre de 2021, la que no se descontó oportunamente de sus remuneraciones, de manera que el exfuncionario percibió 60 días de remuneraciones en exceso, adeudando al servicio, un monto líquido de $1.252.186.

Lo anterior, explica, porque al tratarse de un trabajador contratado por la normativa del Código del trabajo, sus licencias debieron ser pagadas por la institución de salud correspondiente más no, por el MOP, como aconteció. Refiere que, adicionalmente, se encontraba afiliado a Fonasa por lo que correspondía que la COMPIN enviara la licencia médica a la oficina de subsidios correspondiente, toda vez que no existía convenio con el empleador para tales efectos. Precisa que durante el 3 de agosto de 2021 al día 1 de octubre de 2021, en el cual el ex funcionario se encontraba haciendo uso de licencia médica, el Ministerio de Obras Públicas pagó en forma íntegra las remuneraciones correspondientes a ese lapso, situación que no se ajusta a derecho, toda vez que el empleador no debió hacerse cargo del pago, por estar cubierto por el subsidio, lo contrario implicaría un enriquecimiento injusto para el afectado.

Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la cobranza extrajudicial que motiva el recurso, ya que dicha actividad fue realizada con sujeción a la normativa vigente que rige a los funcionarios que trabajan para el Estado.

Luego de citar el artículo 63° del Decreto Supremo N°3 de 1984 y dictámenes de la Contraloría General de la República (N° 38.842 de 2006 y N° 51.322 de 2009), afirma que el actuar de la recurrida se encuentra conforme a derecho. Agrega que, frente al fracaso de la gestión administrativa en la cual se requiere el pago de la deuda, se demanda judicialmente su cobro ante el tribunal correspondiente, previa solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Fisco en un juicio de lato conocimiento, en el que el recurrente tendrá la oportunidad procesal de hacer valer sus argumentos de defensa si estima que el cobro es improcedente, no siendo el recurso de protección la vía jurídica idónea.

Manifiesta que la administración debe cobrar a la sucesión de un ex funcionario fallecido, la deuda por remuneraciones percibidas en exceso, conforme al artículo 951, inciso segundo y 959 N° 2 del Código Civil. Sostiene que los herederos son continuadores de la persona del causante en su patrimonio, debiendo responsabilizarse de las consecuencias de los negocios jurídicos que este haya realizado, con las excepciones legales.

Refiere la inexistencia de garantías constitucionales conculcas en el presente caso, desarrollando los numerales 1, 3, 16 y 24 del art. 19 de la Constitución Policita de la Republica.

Agrega que su parte entendió que, en virtud del principio de contradictoriedad y bilateralidad de la audiencia, a fin de que la familia del ex funcionario ejercitara las acciones que la ley contempla, debía notificar al afectado.

Finaliza señalando que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar contra el acto de cobranza, conforme al artículo 67 inciso 4° de la Ley 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, además de no tratarse de un derecho indubitado de los recurrentes.

Con fecha 1 de febrero de 2024 comparece nombre reservado, Director de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins del Ministerio de Obras Públicas (S), quien informa el presente recurso en los mismos términos y fundamentos esgrimidos por el recurrido, Señor nombre reservado.

Por último, señalar que en estos antecedentes, a folio 13 se hizo parte el Consejo de defensa del Estado.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, el acto que se denuncia como acto ilegal y arbitrario consiste en el cobro extrajudicial que un funcionario de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de esta región efectuó mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 2023, a la cónyuge e hijos del fallecido nombre reservado ex funcionario de dicha repartición pública, respecto de una deuda originada, supuestamente, con motivo de una duplicidad en el pago de una licencia médica.

3° Que, el funcionario recurrido y la Dirección de Vialidad reconocen la cobranza extrajudicial efectuada a los herederos del ex funcionario nombre reservado, de la deuda ascendente a la suma de $1.252.186, que tiene su origen en el pago de remuneraciones en exceso, por no haber descontado oportunamente la licencia médica utilizada por el ex funcionario, las que debieron ser pagadas por la institución de salud correspondiente y no por el Ministerio de Obras Públicas, como aconteció, lo que implicaría un enriquecimiento injusto para el afectado.

4° Que, siendo un hecho no discutido, la efectividad del cobro extrajudicial contra el cual se recurre, cabe analizar si dicha conducta resulta ilegal y arbitraria como se sostiene por los recurrentes.

5° Que, al efecto, cabe precisar que el funcionario recurrido detenta el cargo de jefe del departamento de gestión de personas de la Dirección de Vialidad, el que desde luego, no le otorga facultades de representación judicial ni extrajudicial, por lo que no se encuentra legalmente habilitado para realizar gestiones de cobranza con terceros que no tienen la calidad jurídica de funcionarios de dicha repartición, infringiendo con ello el principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, actuar que así resulta ilegal y por tanto, arbitrario al no ampararse en una norma jurídica que lo justifique.

En este sentido, se debe señalar que no se discute la posibilidad de que la referida repartición realice el cobro judicial de la supuesta deuda, a través de sus representantes legales o del Consejo de Defensa del Estado, en su caso, sino que, lo cuestionado es el cobro extrajudicial llevado a cabo por el funcionario recurrido, el que como se dijo, no puede dirigirse en contra de terceros extraños que carecen de un vínculo funcionario.

Lo anterior resulta coherente con lo estipulado en la Ley 19.496, que en casos análogos a la relación organismo-funcionario, regula el cobro extrajudicial de una deuda entre un proveedor y un consumidor, disponiendo en su artículo 37 inciso décimo, en lo pertinente que las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar “comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad;”, lo que da cuenta de que la habilitación legal para efectuar el cobro extrajudicial queda restringida a la relación entre proveedor y consumir al igual que entre organismo público y funcionario, sin que pueda extenderse a terceros que no forman parte de dicha relación.

6° Que, en consecuencia, dado que el cobro extrajudicial efectuado en contra de los herederos del funcionario fallecido resulta ilegal y arbitrario y que el mismo afecta la garantía constitucional consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su dimensión de la integridad psíquica, al verse los herederos del referido funcionario involucrados en apremios para el pago de una deuda cuya existencia aún no ha sido declarada, resulta forzoso acoger el presente recurso con el fin de que cesen todas las acciones destinadas a perseverar en dicho cobro extrajudicial.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Gonzalo Tello Bilbao en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y en contra de nombre reservado en su carácter de Jefe del Departamento de Gestión de Personas de la Subdirección de Gestión, nombre reservado y Administración de la Dirección de Vialidad de la Región de O´Higgins, en consecuencia, se ordena el cese de todas las acciones destinadas a perseverar en el cobro extrajudicial materia del presente recurso, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 67-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.