Protección contra Hospital Regional de Rancagua

C.A. de Rancagua Rancagua, once de julio de dos mil veinticinco.

Vistos: Con fecha 28 de abril de 2025 comparece nombre reservado en representación de su hija nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra del Hospital Regional de Rancagua.

Refiere que su hija ha sido una paciente policonsultante sobre un trastorno límite de la personalidad, donde ha tenido episodios de suicidio permanente. Señala que fue hospitalizada el 13 de abril de 2025 y dada de alta el 16 de abril, en servicio UTI donde no recibió atención psiquiátrica. Añade que el doctor de corta estadía le dio el alta, no sabiendo con que criterio la evaluó e indicando que su hija ese mismo día se iba a tirar de un puente, yendo a urgencia donde la sedaron y la derivaron al domicilio y desde entonces y durante 2 semanas consecutivas, su hija ha estado con alto nivel de autolisis no recibiendo ayuda, vulnerando sus derechos, siendo mantenida en el servicio de UTI atada a una cama, desde el día 17 al 20 de abril de 2025, dando cuenta de causa en Fiscalía por abuso sexual contra un funcionario de Corta estadía, indicando que es el motivo por el que a su hija le han negado la atención que ella requiere con urgencia.

Indica que su petición es que sea atendida en un lugar donde pueda recibir la atención que merece, sin ser derivada, precisando que no ha obtenido respuesta en ningún lugar, y se está vulnerando la salud psicológica de su hija. Expresa que acompaña documentos de fiscalía y de hospitalización donde sin criterio fue dada de alta por no recibirla en corta estadía.

A folio 8, con fecha 26 de mayo de 2025, comparece Juan Pablo Pacheco Morales, abogado por el recurrido Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a los antecedentes, indica que la paciente de 22 años, soltera, sin hijos, universitaria, cuenta con antecedentes de 3 ingresos previos en Unidad Hospitalaria Cuidados Intensivos Psiquiatría Adulto, siendo la última hospitalización en UTI del 13 al 17 de abril de 2025, ingresando con ocasión de un intento autolítico suicida por ingesta medicamentosa, añadiendo que cuenta con antecedentes por trastornos de personalidad. Indica que en la entrevista de ingreso se evidencia ideación suicida activa, presentando, además, agitación psicomotora que requirió contención farmacológica, lo cual motivó su hospitalización. Señala que el 16 de abril de 2025, es evaluada por Médico Psiquiatra Dr. nombre reservado, quien sugiere atención de la paciente por psiquiatra de Enlace quién la evalúa, momento en que se muestra colaboradora con la entrevista, narrando tener problemas interpersonales, todo lo cual la lleva de forma impulsiva a comprar 6 dosis de zopiclonas, tomándoselas para dormir en donde indica que eso no la iba a matar, posterior a ello se dirige a un puente donde dice que intenta lanzarse hasta que es detenida y traída al servicio de urgencia.

Indica que no ha vuelto a tener desajustes conductuales, refiriendo arrepentimiento.

Detalla el diagnóstico post evaluación y que, conforme al cual, se emite epicrisis de alta por observación de crisis suicida remitida sumado a que trastorno de personalidad emocionalmente en crisis también había cesado, por lo que no se indica traslado a Unidad Hospitalaria Corta Estadía Adulto, por no tener riesgo inminente suicida. Por lo que se sugiere retomar tratamiento de base y controles con psiquiatra de adulto y psicólogo en COSAM.

Agrega que, posteriormente, el Hospital recurrido toma conocimiento de la presentación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de O´Higgins de una Solicitud de Revisión de Hospitalización Psiquiátrica Involuntaria de conformidad a los artículos 13 y 14 de la Ley N°21.331, relacionada con la recurrente. Lo anterior, con el objeto de revisar la legalidad de la internación psiquiátrica involuntaria de la paciente, dado su nuevo ingreso al Servicio de Urgencia el 25 de abril de 2025, por nuevo episodio de ideación suicida, presentando cuadro depresivo. Refiere que a la evaluación el diagnóstico era “ideación suicida activa”, trastorno limítrofe de personalidad, a lo cual, ella manifiesta de forma voluntaria su alta, sin embargo, paciente con Trastorno Límite de Personalidad descompensado con ideación suicida activa se estima con criterio de ingreso a Unidad de Corta Estadía, pero al no haber sin disponibilidad de camas, queda hospitalizada en UTI, con indicación de evaluación por psicólogo. Respecto de esta evaluación, destaca el hecho de que no manifiesta arrepentimiento ante la situación en donde hace énfasis a que el desencadenante de su situación es el término de la relación de pololeo. Paciente ingresa con agitación psicomotora golpeándose la cabeza en los muros al interior del Servicio de Urgencia, siendo contenida con ayuda de la recurrente de autos, su madre.

Así, y considerando que la paciente expresó su voluntad de que pese al cuadro se le diera el alta voluntaria, se pusieron a disposición de la SEREMI de Salud de O´Higgins los antecedentes del caso para iniciar procedimiento de revisión de legalidad bajo la Ley 21.331, por 2 profesionales de distinta disciplina específicas en salud mental.

Luego, da cuenta del procedimiento de revisión de legalidad de internación psiquiátrica involuntaria de la actora, puntualizando que con los antecedentes que señala, más otros aportados por la SEREMI de Salud de O ´Higgins, en audiencia celebrada el 5 de mayo de 2025 el Juzgado de Familia de Rancagua falla, declarando la legalidad de su internación hospitalaria psiquiátrica no voluntaria, en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos Psiquiátricos, del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, a la cual se dio inicio el 25 de abril del presente año. Indica que la sentencia accede a la prolongación de la internación hospitalaria por un plazo máximo de 30 días contados desde su ingreso efectivo a dicho centro hospitalario, aclarando que la hospitalización puede extenderse por menor tiempo, si las condiciones médicas previa evaluación, sugieren la otorgar alta médica.

Así, con dicha declaración judicial se mantuvo hospitalizada hasta el día 12 de mayo de 2025, fecha en que se le dio el alta médica.

En cuanto a las peticiones del recurso, indica que todos los ingresos de la paciente a su servicio y posterior hospitalización han sido previas evaluaciones médicas, no correspondiendo a una instancia judicial determinar la pertinencia o no de ingresar judicialmente a una paciente en este caso respecto de la cual se han prestado las atenciones correspondientes y acordes a su condición de base y cuadro clínico del momento.

Finalmente, concluye que la presente acción a perdido oportunidad puesto que se ha cumplido con haber internado a la paciente, en contexto de la ley 21.331 y, además, que esta Corte es incompetente para conocer de este asunto atendido que es la propia Ley 21.331 sobre Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental la que establece expresamente la competencia exclusiva de los Tribunales de Familia para conocer de la materia de autos.

A folio 18, informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O ´Higgins, quien informa sobre la solicitud de revisión de hospitalización psiquiátrica involuntaria realizada respecto de doña nombre reservado presentado por dicha autoridad, detallando el procedimiento de legalidad de la internación hospitalaria psiquiátrica no voluntaria incoado por dicha autoridad sanitaria ante el Juzgado de Familia de Rancagua, en los términos señalados por el Hospital recurrido.

Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1º Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2º Que, el acto que se considera ilegal y arbitrario corresponde a que el Hospital recurrido ha vulnerado los derechos de salud psicológica de la hija de la actora, no otorgándole la atención psiquiátrica que requiere, dándole el alta luego de una hospitalización sin criterios claros, teniéndola amarrada a una cama y con una denuncia por abuso sexual contra un funcionario de Corta estadía, pidiendo en definitiva que sea atendida en un lugar donde pueda recibir la atención que merece, sin ser derivada, precisando que no ha obtenido respuesta en ningún lugar. 3º Que, el recurrido Hospital Dr. Franco Ravera Zunino solicitó el rechazo de la acción, dando cuenta de la solicitud de revisión de hospitalización psiquiátrica involuntaria realizada respecto de doña nombre reservado presentado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, señalando que con la declaración del Juzgado de Familia competente se mantuvo hospitalizada hasta el día 12 de mayo de 2025 fecha en que se le da el alta médica.

Finalmente, concluye que la presente acción ha perdido oportunidad puesto que se ha cumplido con la internación de la paciente, en contexto de la Ley 21.331 y, además, que esta Corte es incompetente para conocer de este asunto atendido que la Ley N° 21.331 establece la competencia exclusiva de los Tribunales de Familia para conocer de la materia de autos. 4º Que, en lo que se refiere a la naturaleza y requisitos de la hospitalización psiquiátrica, el artículo 11 de la Ley N° 21.331 señala que “la hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles, dentro del entorno familiar, comunitario o social de la persona, con una visión interdisciplinaria y restringida al tiempo estrictamente necesario. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación de las personas hospitalizadas con sus familiares y su entorno social.”

Por su parte, en su artículo 13 agrega en lo que interesa que: “La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona”, estableciendo luego, la regla señalada, las condiciones que se requiere se cumplan copulativamente para que este tipo de internación proceda, ninguna de las cuales, como se dirá más adelante, se cumplen en el caso de autos. 5º Que, en efecto, ha quedado en evidencia, del informe evacuado por el hospital recurrido que todos los ingresos de la paciente a su servicio y posterior hospitalización han sido previas evaluaciones médicas, prestándose las atenciones correspondientes y acordes a su condición de base y cuadro clínico del momento. 6º Que, además, conforme a lo solicitado por la paciente de que pese al cuadro se le diera alta voluntaria, el hospital recurrido puso a disposición de la SEREMI de Salud de O´Higgins los antecedentes del caso para iniciar procedimiento de revisión de legalidad bajo la Ley 21.331 ya mencionada, en este caso por 2 profesionales de distinta disciplina específicas en salud mental, por una parte, por el Médico Cirujano nombre reservado y el Trabajador Social D. nombre reservado, siendo en definitiva revisados y resueltos los antecedentes por el tribunal de familia competente, cumpliendo cabalmente la normativa en la materia.

En dicha judicial el alta médica de la Sra. nombre reservado se decretó el 12 de mayo de 2025, lo que, conforme a los elementos de juicio acompañados al proceso se fundó clínicamente en lo siguiente: “…Paciente en la hospitalización inicialmente tranquila, niega ideas autolíticas, se muestra adecuada, presenta leve rigidez y enlentecimiento por risperidona. Se muestra demandante de alta.

Exámenes de ingreso dentro de rangos normales, destaca Hb 11.7. OC signos de infección, paciente asintomática.

Posteriormente, durante visitas, paciente presenta desajustes conductuales, presentando angustia y desregulación emocional, se realizan contenciones acordes. Se ajusta tratamiento con disminución de risperidona, aumento de ácido valproico y aripiprazol.

Paciente evoluciona con menor rigidez, logrando reflexionar respecto a motivo de crisis, dejará de buscar a su ex pareja y se centrará en sus estudios, además, logra planificar ocupaciones como ir al gimnasio.

A la semana de hospitalización paciente se mantiene sin desajustes, tranquila, cooperadora, se conversó respecto a límites y planes en su convivencia con abuela debido a que se irá a vivir con ella”.

Así, el tratamiento farmacológico aplicado, respecto del cual ésta mantiene una alta adherencia, y del que participa el Hospital recurrido, permiten la compensación y seguimiento continuo de su situación de salud, activándose los dispositivos de hospitalización de corta estadía cuando se presentan alteraciones en su cuadro de salud mental, los que se revelan coherentes con las directrices antes señaladas y con el propósito de que la hospitalización involuntaria sea por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida. 7º Que, también se evidencia que no existen antecedentes en estos autos, particularmente alguna prescripción profesional médica en los términos que exige el artículo 13 N°1 de la Ley N° 21.331, que recomiende la hospitalización psiquiátrica involuntaria en un establecimiento de mediana o larga estadía, que la justifiquen como una medida más eficaz para el tratamiento del paciente. 8º Que, así las cosas, no se advierte que el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino haya incurrido en acto ilegal alguno, al no ordenar la internación en ese recinto de manera permanente del Sra. nombre reservado. Por el contrario, su actuar se ajustó a lo dispuesto en la Ley N° 20.584 en relación con el artículo 10° del Decreto N° 570 y a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley N°21.331, otorgándole a la paciente las prestaciones de salud pertinentes.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en representación de su hija nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 663-2025 Protección. Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.