nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Rancagua, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que con fecha 21 de diciembre del año 2018, comparece Matías Peñaloza Carrasco, abogado, en representación de nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes, representada por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso, en que con fecha 13 de febrero de 2017, don nombre reservado, solicitó un crédito en dinero en Caja de Compensación Los Andes, por un total de $6.953.147, pagaderos en 50 cuotas, por la suma de $185.124 a partir del 28 febrero de 2018, venciendo la última cuota el día 31 de marzo de 2022, de las cuales sólo pudo alguna de las citadas cuotas.

Agrega, que con fecha 12 de octubre, la recurrida Caja de Compensación, antes individualizada, presentó una demanda de cobro de pagaré, a través del procedimiento ejecutivo, en autos rol C-8206-2018 ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, alegando el pago de las restantes de la suma de $6.844.574 por conceptos de pago de capital, intereses moratorios y costas, proceso que se encuentra en tramitación, pero sin esperar el resultado de aquél juicio, se ejerció el cobro directo a la remuneración de los meses de octubre y noviembre de 2018.

Señala que no se le informó que se iba a proceder a los descuentos, lo que lo imposibilita de solventar las necesidades de su familia, utilizando de manera arbitraria la posibilidad de cobro Cita como vulnerada la garantía contempladas en el artículo 19 N° 24 nuestra Carta Fundamental en relación a lo enunciado en el artículo 57 del Código del Trabajo, sobrepasando el porcentaje máximo que le podría descontar.

Finaliza pidiendo que la recurrida se abstenga de realizar solicitud ante su empleador de descuentos por crédito de marzo de 2017, terminando con el acto arbitrario e ilegal de apropiarse de sus remuneraciones, que se restituyan las sumas descontadas por un total de $200.000 correspondientes a descuentos octubre, noviembre y demás meses que correspondan de 2018 y 2019 si corresponde, con costas.

Acompaña documentación que se encuentra agregada al expediente digital, consistente en liquidaciones de sueldo del actor, copia del pagaré suscrito con la recurrida y copia de la demanda ejecutiva.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido.

Al momento de evacuar su informe, Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicita el rechazo de la acción.

En primer término aclara que la deuda del recurrente es producto de un crédito vigente, y que si bien se dedujo demanda ejecutiva, ello no obsta a que el cobro de las cuotas del crédito social haya de efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.833.- Luego, se refiere al carácter social que poseen los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, tal como se aprecia de las disposiciones contenidas en la ley 18.833, por lo que la legislación ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales, en el sentido de que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Por lo anterior, a través del procedimiento de descuento, se ejerció un derecho que la propia ley establece.

Depone que el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por consiguiente, el actuar de su representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Menciona que por la naturaleza de su crédito no se aplican las limitaciones que establece el Código del Trabajo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a través de la presente acción cautelar el recurrente pretende obtener el cese de los descuentos efectuados en sus remuneraciones por la Caja de Compensación Los Andes en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018, de las cuotas impagas de un crédito otorgado en el año 2017, en razón de que la acción ejecutiva de cobro, sin perjuicio de reclamar además que los montos descontados exceden del máximo legal.

SEGUNDO: Que la recurrida sostiene que su actuación no es arbitraria o ilegal por cuanto procedió a efectuar el cobro de un crédito social impago otorgado al recurrente, de acuerdo con lo facultado en el artículo 22 de la Ley 18.833.

TERCERO: Que, para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar los siguientes hechos:

a) El 13 de febrero de 2017 la institución recurrida otorgó al recurrente un crédito por $6.953.147.-, con un interés de 1,91 % mensual, pagadero en 48 cuotas mensuales de $232.539.- y posteriormente se pactó una reprogramación, instrumento por el cual se negoció el saldo pendiente de $6.884.574.-, pagaderos en 50 cuotas de $185.124.-, cuyo primer vencimiento correspondía al 28 de febrero de 2018.

b) Que, con fecha 12 de octubre del año 2018, la recurrida dedujo demanda ejecutiva en contra del actor, que dio inicio a la causa Rol C-8206-2018 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, por la que efectuó el cobro del pagaré antes referido, por el no pago de ninguna de las cuotas, pagaré en el que se estipuló que en caso de mora o simple retardo de una cualquiera de las cuotas, la obligación total se considerará de plazo vencido, efectuando, en definitiva, el cobro de la suma de $6.884.574.-, más el interés máximo convencional para operaciones no reajustables y costas de la causa, juicio que se encuentra en tramitación.

c) Que, la recurrida descontó mensualidades del crédito en cuestión, de las remuneraciones percibidas por el recurrente en distintos periodos.

CUARTO: Que de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.883 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 1° de agosto de 2013, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados -en las remuneraciones de octubre a diciembre de 2018-, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, lo que da cuenta del uso abusivo de é esta modalidad de pago de préstamos sociales.

QUINTO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

SEXTO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el arbitrio intentado por nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES y, en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador del recurrente el descuento de los saldos impagos del crédito social otorgado el 13 de febrero de 2017 y su posterior reprogramación de fecha día 20 de diciembre de 2017, debiendo, además, efectuar la devolución de las cuotas indebidamente descontadas en las remuneraciones del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 6620-2018- Protección.