Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 27 de abril del año en curso, comparece comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, representado por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario que rechaza su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Indica que solicitó a la recurrida mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. En dicha solicitud, acompañó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada y, carta explicativa legalizada ante notario señalando los distintos medios que cuenta la recurrida a efectos de verificar la afiliación al sistema previsional del país de origen.

Indica que, ante la falta de respuesta de la recurrida, el recurrente en fecha 17 de abril de 2025, se comunica vía telefónica al número 6002010150, número de contacto disponible para los afiliados según se desprende de la web de la recurrida y foto captura que acredita la comunicación, recibiendo como respuesta verbal, que la solicitud impetrada se encontraba rechazada en virtud que el certificado de afiliación del seguro social del país de origen no podía ser verificado.

Alega que, de este modo, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechazan argumentando que el mismo no puede ser verificado, aún cuando ésta parte acompañó carta explicativa indicando los medios electrónicos a efectos de verificar, el cual, no fue considerado, además se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia, concretamente la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7, la que transcribe.

Seguidamente, inserta links e imágenes que demuestran donde el certificado de afiliación puede ser verificado y validado, por lo que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Finalmente, trae a colación que el actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, produciendo una retención injustificada de los fondos ahorrados por el recurrente, lo que no resulta razonable.

Previas citas legales solicita tener por tener por interpuesto recurso de protección, ordenando que se reconozca la documentación suministrada como suficiente para dar cumplimiento con los requisitos legales, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

A folio 7, comparece Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A quien evacúa el informe requerido.

Luego de argumentar que el presente recurso no es la vía idónea, refiere que con fecha 17 de abril de 2025 su representada rechazó su solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Hace presente que el actor no acompaña ningún certificado que acredite que se encuentra adscrito a un sistema de seguridad social en su país de origen que otorgue las mismas prestaciones que el sistema chileno.

Aclara que, la recurrida, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Agrega, que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en la especie el recurrente no cumplía.

Finaliza solicitando rechazo del recurso con expresa condena en costas.

A folio 9, compareció la Superintendencia de Pensiones, quien informó que el señor nombre reservado no registra ante ese Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada. Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156, la que al ser una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Hacer presente que en el caso de autos el recurrente acompañó, para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 una copia de la Declaración Bajo Fe de Juramento suscrita con fecha 7 de abril de 2025 ante Notario y Conservador de Minas Interino de San Fernando, por la cual manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), quien le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso; documento que no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez, que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. A su vez, se indica que se tuvo a la vista, el certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, el que detalla, indicando que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito en análisis, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, precisando que el mismo razonamiento aplica para el link que se refiere en el recurso.

Aclara, que la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Asimismo, señala que ese Organismo ha aclarado que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en nuestro país y, finalmente, que la voluntad de mantenerse afecto a éste debe manifestarse en el contrato de trabajo que suscriba con su empleador chileno o en un anexo al mismo.

Luego de citar variada jurisprudencia, pide tener por cumplido lo ordenado.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se impugna por el presente recurso es el rechazo de la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, mediante comunicación verbal de 17 de abril de 2025, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N° 2 y 24, y en la Ley N°18.156 que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, solicitando la recurrente se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, y se decreten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. 3.- Que, el recurrido al evacuar su informe, señaló que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero se debe a que el certificado de seguridad social acompañado por el recurrente es insuficiente para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, por lo que ha actuado según lo instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones. 4.- Que, por su parte, la Superintendencia de Pensiones informó que el señor nombre reservado no registra ante ese Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Añade que la documentación aportada por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, ya que no han sido firmados, apostillados ni legalizados. 5° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.” 6° Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros- una constancia electrónica de cotizaciones; una declaración jurada y carta explicativa ante notario público, documentos que como sostienen la recurrida y la respectiva Superintendencia no resultan idóneos para dar cumplimiento a las exigencias legales, por cuanto la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. 7° Que, a mayor abundamiento, el documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta que el actor tenga un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000 en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 654-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.