nombre reservado con SERVICIO DE SALUD O"HIGGINS

Rancagua, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que en autos comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación legal y en favor de doña nombre reservado, periodista, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud O’Higgins, representado por su Director, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de fecha 26 de noviembre de 2018, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata, acto notificado personalmente el 26 de noviembre de 2018, por cuanto ésta resulta ilegal y arbitraria, de conformidad a los siguientes antecedentes:

Indica que doña nombre reservado es periodista, se desempeña en el Subdepartamento de Comunicaciones del Servicio de Salud O’Higgins hace 4 años y 9 meses, en calidad contrata; desde el 20 de marzo de 2014, se han prorrogado sus contratas de manera sucesiva y continua, siempre calificada en lista 1 de distinción, sin anotaciones de demérito y tampoco ha sido sometida algún sumario administrativo en el desempeño de sus funciones.

Añade que, con fecha 26 de noviembre de 2018, se le hizo entrega de la Resolución Exenta N° 4568, que indica que su contrata no será prorrogada, argumentando dicha resolución, que la funcionaria registra calificación lista 1 con 61 puntos, pues consta en informe cuatrimestral de septiembre-diciembre de 2017, que registra 5 atrasos, con un tiempo de 4 horas y 24 minutos; en el cuatrimestre siguiente (enero-abril 2018), registra 5 atrasos que suman 12 minutos; se plantea por jefatura directa que la funcionaria no posee buenas relaciones con la prensa externa, no estando conforme con la funcionaria, según consta en formulario de fecha 9 de julio de 2018; agrega que mediante Reservado Nº 46, de 12 de noviembre de 2018, suscrito por doña nombre reservado, Jefa Subdepartamento de Comunicaciones del Servicio de Salud O’Higgins, se informa al Director de Servicio, la solicitud de no renovación de la contrata por:

1.- Una de las funciones de la recurrente era redactar comunicados de prensa, enviarlos a medios de comunicación y gestionar su publicación, para lo cual debía mantener comunicación directa con la prensa, y producto que presentaba incapacidad para esto último, afectaba una de las funciones estratégicas del Subdepartamento de Comunicaciones, que era posicionar al Servicio de Salud O'Higgins en los medios de comunicación regionales, en especial en aquellos de mayor circulación, como diarios El Rancagüino y Tipógrafo.

Para evitar este conflicto, se le instruyó no enviar ella los comunicados a los medios, realizando esta función otro periodista o su jefatura.

2.- Su trabajo era deficiente, ya que se le instruyó sacar un comunicado cada dos días, de cada uno de los hospitales que cubría, y en varias ocasiones repitió el mismo comunicado en sus hospitales, cambiando sólo el titular y una que otra frase, pero eran los mismos temas repetidos, demostrando falta de creatividad y minuciosidad en su trabajo, ya que si bien cumplía las metas, esto lo hacía con un producto deficiente.

3.- No cumplió con la instrucción dada de redactar al menos un comunicado por hospital que ella cubre (4 recintos), día por medio o cada dos días, lo que daba un total de 12 comunicados semanales. Su promedio era de 30 comunicados mensuales, lo que estaba por debajo de la instrucción, que tenía por objetivo mantener un posicionamiento en los medios de comunicación de las distintas actividades que desarrolla cada uno de los recintos asistenciales.

Haciéndose cargo de los argumentos esgrimidos en la resolución cuestionada, en su recurso de protección señala que:

a) Se indica que registra 5 atrasos dentro del cuatrimestre septiembre-diciembre en el año 2017. Resulta al menos curioso que se invoque como argumento para no renovar su contrata hechos acaecidos el año 2017, siendo que jamás siquiera tuvo una anotación de demérito o un sumario por tales hechos, y aún más, pese a ello la contrata de la funcionaria fue renovada para el año 2018.

b) Se indica que registra 5 atrasos (que suman 12 minutos) en el cuatrimestre enero-abril de 2018. Resulta irrisorio que se invoquen estos hechos, puesto que jamás recibió alguna anotación de demérito por ellos. No resulta ajustado a derecho que se invoquen estos atrasos, si su empleador jamás le comunicó reproche alguno por ellos. Por otro lado, su envergadura (12 minutos en cuatro meses) resulta insuficiente para justificar el acto mismo de la no renovación, si pese a lo anterior está calificada en lista 1 de distinción.

c) Se señala que tiene malas relaciones con la prensa externa. Ésta es una afirmación totalmente arbitraria, por cuanto la funcionaria trabajó más de una década en la prensa regional y como corresponsal regional de importantes medios nacionales. Además, prueba de su excelente relación, es la carta del Colegio de Periodistas de Chile, de 29 de noviembre de 2018, en la cual no sólo la respaldan, sino que además dan cuenta de sus buenas relaciones con la prensa externa, puesto que se trata del propio gremio, al expresar su solidaridad no sólo gremial, sino que profesional. Si tuviese una mala relación con la prensa externa, mal podría su propio gremio tener tales consideraciones hacia la funcionaria. Se hace presente que esta situación fue observada en el informe cuatrimestral, la funcionaria realizó sus observaciones, y finalmente la Junta Calificadora la califica en lista 1 de distinción. Así, la observación es genérica y no tiene fundamento.

d) Se indica que presenta incapacidad para redactar comunicados de prensa, enviarlos a los medios de comunicación y gestionar su publicación. Esta afirmación es arbitraria, por cuanto se señala que la funcionaria tiene “incapacidad” para lo expuesto, pero no se da razón, argumento, hecho o razonamiento alguno relativo a en qué consiste o cómo se mide o mesura tal supuesta incapacidad, por lo cual desde ya resulta del todo desmotivado el acto y la decisión de no renovación, puesto que más allá de llenar un párrafo completo con este argumento, no se explicita de forma alguna en qué consiste o se fundamenta tal incapacidad. Ahora bien, más allá de lo expuesto, durante su desempeño en el Servicio de Salud O’Higgins, ha sido la profesional que más comunicados ha desarrollado o gestionado. Al respecto, menciona como ejemplo, que durante el mes de octubre, el Subdepartamento de Comunicaciones, logró un total de 135 comunicados, de los cuales la funcionaria realizó 34, cifra que representa un 25% del total. Esto aparece consignado en una planilla que lleva la jefatura del Subdepartamento, nombre reservado. Cinco profesionales del departamento realizan esta labor y ninguno de ellos alcanza el número mencionado, sólo la funcionaria, por lo cual excede con creces el porcentaje o cuota promedio. En consecuencia, lejos de tener “incapacidad”, es la profesional más eficiente en dicho ámbito y está calificada en lista 1.

e) Se señala que la funcionaria tiene falta de creatividad y minuciosidad en los comunicados con los Hospitales. Resulta nuevamente una afirmación arbitraria, por cuanto los Directores de los Hospitales de Litueche, Marchigüe y Pichilemu, cuya labor comunicacional se le encargó, mediante correos electrónicos de 29/1/2018, expresan no sólo la preocupación por su no renovación de contrata, sino que alaban en distintas formas su trabajo.

f) En cuanto a lo argumentado “No redactar al menos 12 comunicados semanales para los hospitales no cumpliendo instrucciones”, se debe hacer presente que no existe ninguna instrucción escrita con respecto a este tema. Como se dice anteriormente, su promedio excede a todos los profesionales que realizan comunicados, es la profesional periodista que más comunicados ha gestionado, excediendo el promedio de sus colegas. Por lo tanto, es totalmente arbitraria esta afirmación, ya que ha cumplido íntegramente el requerimiento del servicio, incluso no tiene anotaciones de demérito al respecto y tampoco se le ha instruido investigación sumaria por el supuesto incumplimiento.

Menciona un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, confirmado por la Excma. Corte Suprema (Rol IC 1381-2018 y Ro 12134-2018), en el sentido que la no renovación de la contrata no puede descansar sólo en el ejercicio de una potestad legal sin siquiera señalar cómo se justifica la necesidad del servicio público de prescindir de la contrata, cumpliendo con el requisito mínimo del ente público de racionalizar sus actos, ya que lo contrario conduce al abuso e injusticia contra los ciudadanos.

Continúa con sus fundamentos, señalando que se ha creado en el funcionario la “razonable expectativa” de seguir en sus funciones, ya que se le ha renovado desde 2014, no ha habido reestructuración en su departamento, ha ejercido sus labores, siendo evaluada de manera positiva y destacada en el desempeño de las mismas, relacionando esta expectativa con el Principio de Estabilidad en el empleo y la doctrina de la “confianza legítima”, creada por la Contraloría General de la República, reforzada y profundizada por la Excma. Corte Suprema y que la resolución impugnada pretende desconocer. Menciona los Oficios Circulares del Ministerio de Hacienda N°s 22, 26 y 21, de los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente, todos los que imparten instrucciones sobre la renovación de contratos, haciendo especial mención del N° 21 del año 2018, que señala en su número 2.- “Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata, deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución”. En consecuencia, señala que los fundamentos esgrimidos en la resolución que se cuestiona, no se enmarcan en algún proceso de evaluación serio y objetivo, notificado a la funcionaria, única herramienta que contempla el Estatuto Administrativo para evaluar el desempeño de los funcionarios públicos (artículo 32).

Expone que la no renovación de la contrata carece de los fundamentos de racionalidad que deben estar presentes en toda actuación de la autoridad, lo que resulta patente, toda vez que no se renueva la contrata por hechos que importan una serie de incumplimiento de deberes funcionarios, deficiente desempeño e incapacidad, en base a un informe secreto realizado por la Jefa del Subdepartamento. Más aun, no entiende cómo se explica dicho informe, si la funcionaria durante sus 4 años y 9 meses de desempeño fue calificada en lista 1, no tiene anotaciones de demérito, no tiene sanciones por procedimientos disciplinarios y tampoco tuvo calidad de inculpada en algún procedimiento administrativo sancionatorio, por lo que no renovar su contrata por su desempeño, es absolutamente arbitrario. Y termina diciendo que lo que ocurrió no es más que una no renovación ejecutada con animadversión contra la funcionaria, absolutamente arbitraria y discriminatoria.

En relación a los fundamentos de derecho, se remite a la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que regula el régimen jurídico, determina la naturaleza jurídica y señala las principales características de los cargos a contrata. En el numeral 1.2 de lo signado como “Fundamentos de Derecho”, concluye señalando que la contrata tiene la misma finalidad que el cargo de planta, por lo que le rigen todas las normas estatutarias, en especial el Estatuto Administrativo, que contempla obligaciones y derechos funcionarios, entre los que menciona la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata, ya que la ley al mencionar este derecho no hace distinción alguna, derecho que por lo demás tiene reconocimiento internacional, y en Chile, respecto de la modalidad contrata, se regula su término y limita la voluntad unilateral para extinguirlo. Así, el cese de la contratación es ilegal y arbitrario, ya que pugna con la normativa imperante y arrasa con un derecho, sin fundar tal decisión, precisando una fundamentación jurídica más exigente.

En cuanto a los derechos conculcados, invoca los consagrados en el artículo 19 números 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

En relación a la igualdad ante la ley, luego de analizar qué se entiende por igualdad, los requisitos de este principio y la precisión de conceptos por medio de la jurisprudencia, citando varios fallos, señala que la resolución que dispone la no renovación de la contrata de la funcionaria toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos, pues no se logra determinar porqué de un día para otro el funcionario que durante casi 4 años fue idóneo para el cumplimiento de las funciones ya no lo es; no queda clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, más aun no se cumplen los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores. De este modo, la resolución impugnada carece de la más mínima motivación, por lo que su despido del servicio, concretado por medio de un término anticipado de la contrata, deviene en discriminatorio.

Por lo demás, dado que no se cumplen los requisitos de motivación exigidos en la Ley 19.880, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, estamos ante un acto completamente ilegal, carente de motivos suficientes, debiendo considerar que ha sido sometido a un trato desigual, carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional en comento.

También señala que la ilegalidad y arbitrariedad atentan contra el derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental, que reconoce a todas las personas derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. Es de recordar en este plano, que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. En la situación descrita en estos autos, se traduce o asocia a las seguridades que proporciona al funcionario el estipendio periódico, que dice percibió por más de 6 años. La terminación anticipada de la contrata, funge de formalidad, sin embargo, es un acto ilegal, carente de toda lógica y arbitrario. Se remite, nuevamente a jurisprudencia, transcribe varios considerandos de la causa Rol 38681-2017 de la Excma. Corte Suprema que desarrolla el derecho de todo funcionario público a gozar de estabilidad en el empleo, sin distinguir la calidad de ellos, de planta o a contrata, y en esta última calidad, reconoce como axioma que si una relación a contrata excede los 2 años y se renueva reiteradamente superando ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al Principio de Confianza Legítima, que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar a partir del Dictamen N° 85700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre precisamente a los funcionarios a contrata regidos por la Ley 18834. En resumen, esta sentencia señala que todo acto de autoridad que afecte las potestades y prerrogativas de las personas, debe ser fundado, exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad, precisamente para no afectar derechos esenciales.

En referencia a la libertad de trabajo, contemplada en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución, se ha visto infringida toda vez que el acto administrativo adoptado, lo que ha hecho es vulnerar flagrantemente la libertad de trabajo, entendida como la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones como personal a contrata, como lo desempeñó el funcionario históricamente mientras contó con los elementos que así lo permitían, circunstancias avaladas en el concepto de confianza legítima que se produce en la administración del estado, en cuanto a que éste ejercerá las renovaciones de contratas como es el caso de la recurrente, mientras no exista fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto. Así lo ha dicho la jurisprudencia de nuestros Tribunales y la Contraloría General de la República.

Se solicitó informe a la recurrida, la que procedió a evacuar el mismo alegando, primeramente, la incompetencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones para conocer del asunto, por no ser materia susceptible de ser conocía vía recurso de protección.

Afirma que discutir los criterios, las razones y justificaciones de la decisión adoptada por la autoridad administrativa en la Resolución Exenta N° N° 4568, de 26 de noviembre 2018, tal como lo señala la recurrente en su numeral 4° y siguientes de sus fundamentos de hecho, en especial, en su título denominado “En relación a lo señalado como fundamento de la no renovación”, mediante el cual la recurrente reprocha todos y cada uno de los motivos en los cuales se fundamenta la resolución impugnada, significa entrar a discutir el fondo, concediendo al recurso de protección una función declarativa, desnaturalizando su función cautelar.

Asegura que conforme lo exige el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, es un requisito indispensable que quien recurre de protección “sufra de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías”, y en el caso de autos, la recurrida no tiene un derecho adquirido para impedir que la recurrente, sea imposibilitada del ejercicio de actos administrativos, toda vez, que la recurrente, no goza de un derecho preexistente e indubitado, es decir, la recurrente tuvo la posibilidad de presentar recurso de reposición contra la resolución administrativa dictada por la autoridad del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O´Higgins, concluyendo entonces, que la vía idónea para discutir si las razones o justificaciones son válidas o carecen de efecto, es el recurso administrativo y no la acción cautelar, como pretende la contraria. Sólo con la descripción de los hechos que hace la recurrente, es posible presumir la existencia de una controversia a discutir y analizar en sede administrativa, ya que la acción cautelar de que se trata, no es procedente para declarar derechos.

Por otra parte, argumenta la inexistencia de una acción arbitraria o ilegal, puesto que la Resolución Exenta N° 4568, de 28 de noviembre 2018, dictada por el Servicio de Salud O´Higgins, reúne todos los requisitos o elementos que la ley y la jurisprudencia administrativa y judicial exigen para poner término anticipado a la relación de funcionario a contrata.

Indica que la decisión de la autoridad fue realizada mediante acto administrativo, de conformidad al principio de legalidad, potestad regulada en la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 2 letra c), establece expresamente que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio, y por tanto -a diferencia del cargo de planta- la contrata se encuentra definida por su duración siempre limitada en el tiempo. Esta distinción es sustancial para entender el correcto actuar de la autoridad y la legalidad del mismo, lo que se vería reforzado en dictámenes de la Contraloría General de la Republica y en jurisprudencia especializada de nuestros Tribunales de Justicia.

Plantea que la parte recurrente esgrime que los criterios para la eventual no renovación del personal deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, y que justamente, la decisión del Director del Servicio de Salud O´Higgins, se fundamenta en antecedentes de evaluación de desempeño, agregando que esos antecedentes de evaluación de desempeño no han de interpretarse de forma restrictiva, al sistema de calificación, como lo pretende la contraria, ya que existe una obligación funcionaria de cada jefatura de fiscalizar y evaluar en forma permanente el desempeño de sus funcionarios. Esta parte interpreta la evaluación de manera extensiva, concluyendo que dicho control forma parte de la función de auditoria que ha de existir en el Servicio de Salud O´Higgins, a fin de velar por una función pública eficiente y eficaz, por lo cual, se cumple con una decisión fundada, acorde al Oficio Circular N° 21 del año 2018 del Ministerio de Hacienda.

Destaca que la decisión que pone término anticipado a la contrata, fue dictada por autoridad con investidura previa y regular y que ésta se encuentra motivada y fundada mediante acto administrativo, conforme al artículo 11 de la Ley 19.880; los argumentos de hecho y de derecho son precisos y fundamentan cada “visto” de la resolución que determina la no prórroga de la contrata. Así y en concordancia con la jurisprudencia administrativa, estudios o “informes”, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respalden esa decisión.

En relación al Principio de Confianza Legítima, expone que se opone a los principios de eficacia y eficiencia, y al incumplimiento de obligaciones funcionarias, que deben tener la administración del Estado para buen funcionamiento. La Contraloría General de la República, al referirse a este principio (Dictamen N° 22766 del año 2016), que implica que la renovación de las contratas, desde la segunda al menos, genera en los servidores que se desempeñan en esa modalidad la confianza legítima que serán renovados, también expresa, al impartir las instrucciones y establecer los criterios para la aplicación del principio en comento (Dictamen N° 85700 del año 2016), que para tomar una resolución diversa, es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, lo que se materializa en una resolución exenta que debe notificarse al afectado. Por lo tanto, esa confianza legítima se puede romper, cuando la autoridad tiene antecedentes que permitan formar una convicción mediante informes sobre el desempeño del funcionario, del incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, de cumplir con la jornada de trabajo, con hechos de atrasos reiterados e inasistencias injustificadas u obligaciones, que forman parte de la función pública. En consecuencia, no puede invocar este principio un funcionario que incumple sus obligaciones funcionarias o tiene un mal desempeño, ya que de lo contrario no se podría desvincular a nadie en la administración pública, debiendo la autoridad, por mandato legal, como ya se dijo, expresar las razones de hecho y de derecho en que se funda tal desvinculación.

Finalmente, al analizar el asunto planteado en estos autos, argumenta la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales. Se refiere a la naturaleza de la acción de protección, esto es garantizar el libre ejercicio de las garantías, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de esos derechos, no pudiendo invocar más normas que la del artículo 20 de la Carta Fundamental, como lo hace la recurrente.

Luego, analiza cada una de las garantías supuestamente vulneradas. Se refiere al artículo 19 N° 2 e indica que todos los funcionarios a contrata del Servicio de Salud O´Higgins, tienen incorporado en sus resoluciones de nombramiento un cláusula que señala que la misma se mantendrá “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que permite, con las limitantes que la Contraloría ha definido, finalizar las mismas antes de la llegada del término de vigencia primitivamente establecido. Por lo tanto, las condiciones de contratación, y por ende, las posibilidades de poner término a su cargo a contrata, se fijan y aplican por la autoridad a todos los funcionarios públicos, que se encuentren sujetos al mismo estatuto administrativo. Es la propia ley, la que impone esta clase de contratación y otorga a la autoridad la facultad discrecional para mantener o poner término a la relación de un funcionario en calidad contrata. Estiman que, donde la ley de manera objetiva otorga esta discrecionalidad, no podría existir, en caso de aplicación, vulneración de la garantía constitucional consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En este sentido, la recurrente no explica cómo se ha vulnerado esta garantía ni respecto de quién se habría producido un trato diferenciado y carente de fundamento racional, ya que, como se dijo, el acto recurrido ha sido tomado en base a razones objetivas y se ha fundamentado, cumpliendo la normativa vigente.

En cuanto al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, advierte que no se configura la pretendida infracción, debido a que al recurrente no se le ha privado - por al acto administrativo impugnado - de su derecho de propiedad sobre bien alguno, por cuanto no existe derecho de propiedad sobre ejercicio de una función pública, la que para prevalecer en el caso sub-lite, requiere del cumplimiento de las obligaciones mínimas y básicas, que el funcionario recurrente incumplió abiertamente, con lo cual no cabe hablar de una protección, sino más bien nos encontramos ante la hipótesis en que la Constitución y la ley habilitan a la autoridad para cesar a un funcionario público.

De la misma forma, hace presente que no se vulnera la libertad de trabajo, consagrada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, ya que la decisión administrativa, se encuentra debidamente fundamentada y no infringe garantía constitucional de naturaleza alguna.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Esta acción cautelar, procede sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer ante otras autoridades o los tribunales, la razón que permite descartar la alegación de incompetencia alegada por la recurrida, más aún en este caso en que la misma se basa en un argumento de fondo y no de forma o materia.

SEGUNDO: Que primeramente, se debe dejar sentado que no existe inconveniente en determinar que la recurrente es titular de la acción de protección interpuesta y de los derechos que dice haber sufrido amague en su ejercicio, por cuanto se trata de un particular determinado, que acciona contra un acto de un organismo público, y su interés – requisito necesario para accionar de protección -, resulta de la negativa del recurrido para renovar la contrata.

TERCERO: Que el acto ilegal y/o arbitrario, radicaría en la no prorrogación de la contrata de la reclamante, acto que consta en la resolución exenta N°4568 de 26 de noviembre de 2018, emitida por el Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, don nombre reservado y que atentaría contra las garantías enumeradas en el respectivo recurso.

CUARTO: Que luego, corresponderá, en primer término, determinar si el acto resulta ilegal, en cuanto a la potestad, y al respecto cabe consignar que la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3° letra c), señala que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley; contemplándose la posibilidad de disponer su prórroga con 30 días de anticipación a lo menos. De este modo, la regla general es que la contrata es un empleo temporal que termina en la fecha indicada, siendo la excepción, la prórroga, de manera tal que la autoridad se encuentra facultada por ley para poner término al empleo a contrata, incluso antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, potestad que desde luego debe ejercer con arreglo a la ley, puesto que la resolución dictada por un jefe superior de servicio, que pone término a un cargo a contrata, es un acto legalmente reglado.

QUINTO: Que luego, corresponde ver si el acto administrativo recurrido resulta arbitrario, lo que en este caso la afectada cuestiona de manera concreta. La arbitrariedad, está definida, como el acto dictado solo por la voluntad o el capricho. La jurisprudencia de nuestros tribunales la ha definido como la carencia de razonabilidad en el actuar, falta de proporción entre los motivos y el fin que se pretende alcanzar, una actuación carente de fundamentación. En ese sentido, la autoridad facultada, debe ponderar la situación y dictar el acto administrativo, motivado y fundado, para poner término a la contrata, por cuanto aquello le otorgará legitimidad a la decisión. Así, por lo demás, lo establece el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880, que consigna la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los argumentos normativos que afecten los derechos de las personas; siendo útil también destacar que en su artículo 41 inciso cuarto, primera parte, ordena que: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

SEXTO: Que, en consecuencia, debe colegirse que es requisito sustancial en la decisión, que la autoridad facultada legalmente, aporte la expresión de su motivo o fundamento concreto, condición de mínima racionalidad exigida, puesto que, como ocurre en la especie, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que si carece de fundamento, la resolución impugnada además de arbitraria, resultaría ilegal, por contravención a lo dispuesto en el artículo 11 referido en el considerando precedente, careciendo de razonabilidad y de fundamentos suficientes.

SÉPTIMO: Que, la resolución que se pretende impugnar por esta vía, se encuentra justificada y fundada. Es más, la misma describe con detalles extremos las situaciones puntuales que motivaron la decisión, tanto así que la misma permitió a la recurrente hacerse cargo de dichas falencias o fundamentos, contradiciéndolos, siendo errado, como lo sostiene la recurrente en reiteradas oportunidades, que el término de la contrata, en este caso concreto, se haya debido “simplemente a que sus servicios ya no son necesarios”, pues tal afirmación no aparece en parte alguna de la resolución exenta cuestionada.

OCTAVO: Que otra cosa es no estar de acuerdo o discrepar con los fundamentos esgrimidos, pero esta no es la vía para plantear tal controversia y obtener la declaración de un derecho, ya que el recurso de protección es una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal y/o arbitraria, lo que no ocurre en el caso de marras, puesto que no goza de un derecho preexistente e indubitado, que le permita el ejercicio de esta acción cautelar. La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la acción de protección y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear este arbitrio constitucional para declarar derechos (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 31202-2014, de 28 de enero de 2015).

NOVENO: Que por último y en la misma línea de razonamiento, la recurrente alegó la protección a la estabilidad en el empleo, que establece el artículo 83 del Estatuto Administrativo y reflexiona al respecto, sin embargo, yerra en sus conclusiones, pues aun considerando la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que dice relación con esa estabilidad y la confianza legítima, contenida en el Dictamen N° 22766 de 2016, unificado en el Dictamen N° 85700, de 28 de noviembre del mismo año, que sostiene, en síntesis, que en el caso de la renovación continua de la relación estatutaria en un órgano de la Administración - desde la segunda prórroga al menos - se genera en la persona la convicción de que será tratada en lo sucesivo y bajo condiciones similares, de la misma forma que lo ha sido previamente, de modo tal que, en el evento que la Administración tome una decisión distinta a la que ha vendido adoptando - prorrogar la contrata por toda la anualidad -, debe comunicar su cambio de criterio a través de un acto debidamente fundado, que dé cuenta de las circunstancias de hecho que justifiquen su determinación de no renovar ese vínculo laboral, que es precisamente lo que sucede en el caso que nos convoca, por cuanto como se dijo, la resolución dubitada expresó los fundamentos en apoyo a su decisión.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, artículos 3, 10 y 83 de la Ley 18.834 y artículo 11 y 41 de la Ley 19.880, y demás normas pertinentes, SE RECHAZA, el recurso de protección presentado por doña Makarena García Dinamarca, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud O’Higgins, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Fiscal Judicial, don nombre reservado.

Rol IC N° 6515-2018-Protección.

No firma el Ministro Sr. Fernández, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso de conformidad a lo previsto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.