nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 6 de junio de 2020, comparece el abogado Lizardo Alberto Moscoso González, en representación de nombre reservado, maestro en construcción, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado Pichilemu, comuna de Pichilemu, quien interpuso acción de protección en contra de la TESORERIA PROVINCIAL DE COLCHAGUA, representada legalmente por su Tesorero Provincial, don nombre reservado, empleado público, ambos domiciliados en domicilio reservado, indicando que la recurrida, ha vulnerado sus garantías constitucionales que protege el artículo 19 Nº 2, 22 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y su derecho de propiedad.

Fundó su acción señalando que con fecha 1° de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Número 420 por parte del Ministerio de Hacienda mediante el cual se “Establece medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, de los trabajadores y a los micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile”, el que en su artículo primero número 7) estableció: “Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente en abril de 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la lay sobre Impuestos a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

Refirió que al consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) se encontró con el siguiente mensaje: “18/05/2020. Tesorería General de la República ha efectuado compensación, $845.666 sobre el monto autorizado.”

Indicó que el recurrente en autos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, presentó con fecha 22 de abril de 2020, en dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, un recurso administrativo de revisión ante la Directora del Trabajo en contra de la Resolución Nº 32, de fecha 16 de abril de 2019, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, la que resolviera aumentar en un 25% las multas aplicadas mediante la Resolución Nº 3390/18/28 de fecha 23 de noviembre de 2018, que le impusiera a su representado 5 multas, por las sumas de 9 UTM, 9 UTM, 10 UTM, 1 IMM y 10 UTM respectivamente.

Explicó que la recurrida procedió a compensar, ilegal y arbitrariamente, la devolución que debió pagar al recurrente de las retenciones de honorarios de la declaración de Impuesto a la Renta periodo 2020 adeudados por ésta, compensando la suma de $845.666, sin que concurriera el requisito esencial de que las obligaciones sean actualmente exigibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1656 del Código Civil; que así, el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que protege el artículo 19 Nº 2 y 22 de la Constitución Política y además, priva al actor del legítimo ejercicio del derecho a la propiedad sobre la suma compensada, conculcando también la garantía establecida en el Nº 24 del artículo 19 del mismo cuerpo normativo, toda vez que si una determinada liquidación de impuestos o una determinada multa, son objeto de impugnación por parte del contribuyente, éstas no serían actualmente exigibles, y en consecuencia, no operaría la compensación.

Manifestó que es evidente que compensar arbitraria e ilegalmente un impuesto que deba devolvérsele constituye un acto discriminatorio pues no tiene absolutamente ningún fundamento racional o de justicia que lo justifique. Para la autoridad no es lícito ni racional omitir la normativa vigente para adoptar una decisión. Corresponde, en otras palabras, a un acto arbitrario proscrito por la Constitución Política, máxime cuando el resto de los administrados no son sometidos al mismo tratamiento que el recurrente de autos al recibir la devolución del referido impuesto. En segundo lugar, el acto impugnado afecta el derecho al debido proceso que debe adornar todo procedimiento administrativo sancionatorio y que consagra el artículo 19 N°22, de la Constitución Política. Luego, que su derecho indubitado a recibir un beneficio tributario se encuentra indisolublemente unido a su objeto, que le da sentido y contenido. La desaparición o amenaza de desaparición de ese objeto, constituye sin duda una afectación del derecho de propiedad de que es titular su parte.

Finalizó solicitando a esta Corte que adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, ordenando a la recurrida el pago inmediato al actor de la suma de $845.666 compensada ilegalmente, debidamente reajustada hasta la fecha de pago, más intereses y con expresa condenación en costas.

Acompañó a su presentación certificado de Declaración de nombre reservado, Folio N° 342417670 correspondiente al periodo tributario 2020, del recurrente, obtenida desde el sitio www.sii.cl; Copia de impresión de pantalla obtenida desde el sitio www.sii.cl, donde consta la devolución y compensación efectuada al actor por parte de la recurrida y; Copia de Recurso de Revisión del artículo 60 de la Ley Nº 19.880, interpuesto con fecha 22 de abril de 2020 en dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua. Asimismo, acompañó copia del fallo de fecha 15 de junio de 2020, emitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en los autos ROL N°9587-2020 Protección.

Con fecha 23 de junio del presente año, informando la recurrida, solicitó el rechazo de la presente acción por no ser su actuación, arbitraria o ilegal.

Refirió que efectivamente, con fecha 13 de mayo pasado, se compensaron las deudas pendientes de pago con el excedente de declaración correspondiente al año tributario 2020, por un total de $845.666. Que tal compensación, se efectuó en virtud de la facultad concedida a la recurrida por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus fundamentos de hecho no se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna. Que en efecto, actualmente la Tesorería sigue adelante con el proceso de cobro tributario contenido en el Expediente Administrativo 10.051-2020, comuna de Pichilemu, el que precisamente, corresponde a las multas cursadas por la Inspección Provincial del Trabajo.

Alegó luego su falta de legitimidad pasiva en la presente causa, por cuanto cumple una función recaudadora y la devolución del impuesto no se verificó, por cuanto a esa data operó, por el sólo ministerio de la ley, una compensación entre deudas recíprocas entre el Fisco y el contribuyente, cumpliéndose con todos los requisitos contemplados en el artículo 1656 del Código Civil.

En cuanto al fondo, señaló que una vez que la Dirección del Trabajo emite una resolución cursando una multa administrativa, con motivo de un proceso de fiscalización, y sólo cuando esta se encuentra ejecutoriada, dicho organismo fiscalizador registrará en el Sistema de Cuenta Única Tributaria, el crédito a favor del Fisco, siendo por ende la Dirección del Trabajo, la facultada para cargar, eliminar o modificar el cargo previamente efectuado. Agregó que de esta forma, la Tesorería no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este acto particular, ya que como se ha indicado, es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria. Hizo además presente, que la interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Finalizó indicando que la presente acción debe ser desestimada, ya que en lo que respecta a la compensación reclamada, no existió ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal, actuando la recurrida dentro de sus facultades legales, por lo que no estamos en presencia de una vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Acompañó a su informe, certificado de deuda del contribuyente; Expediente Administrativo N° 10.051-2020 de la comuna de Pichilemu e Informe de comprobante de compensación efectuada el 17 de mayo de 2020.

Con fecha 27 de junio pasado, evacuando traslado el recurrente sobre la alegación de falta de legitimación pasiva, deducida por la recurrida, solicitó su rechazo, señalando que la recurrida se encuentra legitimada pasivamente para recurrir en su contra, al ser un hecho pacífico el que ella realizó una compensación, la que a su juicio, ocurrió con infracción de garantías constitucionales en perjuicio del actor.

Por último, con fecha 10 de julio de 2020, y a solicitud de esta Corte, evacuó informe la Dirección Regional de Trabajo, señalando que el recurrente, con fecha 22 de abril de 2020, efectivamente interpuso Recurso Administrativo de Revisión, en contra de la Resolución N° 32 de 16 de abril de 2019, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, el que fue resuelto mediante Resolución N° 05 de fecha 30 de junio de 2020, encontrándose a la fecha del informe, en estado de despacho para su debida notificación. Añadió que el recurso fue acogido, resolviendo dejar sin efecto la resolución reclamada, instruyéndose a la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, dictar un nuevo Oficio Ordinario, incluyendo al recurrente en el Programa de Sustitución de Multas por Capacitación, más próximo en el tiempo. Acompañó Resolución N° 05 de fecha 30 de junio de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva, cabe desestimarla por cuanto el acto impugnado es la compensación de la devolución del impuesto a la renta que le correspondería al recurrente, operación realizada precisamente por la recurrida, en virtud de lo señalado en el artículo 6 del DFL N°1, de 1994.

3° Que, en cuanto al fondo, tal como se adelantó, el acto contra el cual se recurre es la compensación efectuada por la Tesorería General de República, con fecha 18 de mayo de 2020, de la devolución del impuesto a la renta que le correspondía al contribuyente, por la suma de $845.666, con las multas impuestas al mismo, por la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, mediante Resolución N°32, de 16 de abril de 2019, basando la ilegalidad, por una parte, en el Decreto N°420 del Ministerio de Hacienda se instruyó a la recurrida para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente en abril de 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 y, por otra parte, en el hecho de que dedujo recurso de revisión en contra de la resolución que le aplicó las multas, con fecha 22 de abril de 2020.

4° Que, el acto que se reprocha, no es ilegal, por cuanto, por una parte, el artículo 6 del DFL N°1, del Ministerio de Haciendo del año 1994, autoriza expresamente al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos que estos tengan contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, que es lo que ocurrió en la especie al tiempo de efectuarse la compensación, por cuanto las multas que le impuso la Inspección Provincial del Trabajo se encontraban firmes y ejecutoriadas, lo que se colige de los propios términos del recurso, en cuanto en éste se indica que la resolución que impuso la multa fue objeto de un recurso de revisión, el que de acuerdo al artículo 60 de la Ley 19.880, procede precisamente respecto de resoluciones firmes, sin que conste que el recurrente haya solicitado ante la autoridad administrativa la suspensión de los efectos del acto sancionatorio, el que, en consecuencia, podía ser ejecutado de conformidad al artículo 3° de la Ley 19.880.

A lo anterior cabe agregar que el Decreto 420, de 1 de abril de este año, que establece medidas de apoyo tributario ante las dificultades generadas por la actual pandemia, no ordena a la Tesorería General de la República a no ejercer la facultad que consagra el artículo 6 del ya señalado DFL N°1, de 1994, recordando, por lo demás, que se trata de un decreto propio de la potestad reglamentaria que no puede modificar lo dispuesto en una ley.

5° Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido lo informado por la Dirección Regional del Trabajo a esta Corte, con fecha 10 de julio de 2020, en cuanto a que el recurso de revisión deducido por el recurrente en contra de la resolución de la Inspección Provincial del Trabajo que aplicó las multas que fueron compensadas con la devolución de impuestos, fue acogido por dicha Dirección, mediante Resolución N° 05 de fecha 30 de junio de 2020, en la que se resolvió dejar sin efecto la resolución reclamada, instruyéndose a la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro dictar un nuevo Oficio Ordinario, incluyendo al recurrente en el Programa de Sustitución de Multas por Capacitación, más próximo en el tiempo, cabe concluir que en la actualidad el fundamento de la compensación objeto de este recurso ha desaparecido, por lo que las autoridades administrativas deberán dictar las resoluciones que sean pertinentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se desestima la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por la recurrida.

II.- Se rechaza el recurso de protección deducido por don Lizardo Alberto Moscoso González, abogado, en representación de nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Sin perjuicio de lo anterior, atendido lo señalado en el considerando quinto de este fallo, ofíciese a la Dirección Regional del Trabajo, a fin de que ésta comunique a Tesorería General de la República lo resuelto mediante Resolución N° 05 de fecha 30 de junio de 2020, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte N° 6432-2020 Protección.-