nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN VICENTE T.T.

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en su favor y en contra de la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua y del Juzgado de Policía Local de San Vicente de Tagua Tagua, conforme a lo siguiente.

Expuso que en la causa rol 123.653-2025 fue notificado de la resolución que no dio lugar al reclamo deducido en contra de la resolución número 5 de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Vicente, la que a su vez denegó el otorgamiento de licencia de conducir. Explicó que su hoja de vida del conductor consigna anotaciones que deben ser consideradas para la obtención de la licencia de conducir. En este sentido, dio cuenta de 2 anotaciones, una por el Juzgado de Garantía de Peumo en las que se le sanciona por el cuasidelito consumado de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal, teniendo otra anotación por el delito de conducción bajo sanción vigente del artículo 209 de la Ley 18.290 en el año 2024. En este sentido señaló que el artículo 16 de la Ley de Tránsito indica que para calificar la idoneidad moral se considerará las condenas que se hayan sufrido los 5 años anteriores, es decir debe ser más de una y dentro de los 5 años anteriores, Lo que no existe en el caso pues, existe una sola sanción durante el período.

Hizo presente que en la causa RIT O-1085-2022 emanada del Juzgado de Garantía de San Vicente se le impuso la sanción de suspensión de licencia de conducir, la que fue cumplida en su totalidad al 19 de abril del 2023. Posteriormente en la causa RIT O-873-2024 del Juzgado de Garantía de Peumo, se acreditó el cumplimiento de las penas impuestas no existiendo sanciones pendientes relativas a la licencia de conducir.

En este contexto, indicó que actualmente se encuentra con la licencia de conducir vencida por lo que se acercó personalmente a la Dirección de Tránsito con el fin de renovar su licencia, no obstante, la Dirección de Tránsito le negó la renovación, ya que según le señalaron la suspensión de licencia figura como sanción incumplida, hecho que no es efectivo pues dicha sanción fue cumplida.

Agregó que no ha sido condenado por delitos que impliquen cuasi delito de homicidio, e Indicó que se ha entendido que se permite denegar la renovación de la licencia al ser culpable de accidente de tránsito con víctimas fatales o incapacitadas para trabajar, lo que no ha ocurrido la especie.

Finalmente indicó que la licencia de conducir es su único instrumento de trabajo pues trabaja de transportista, y la negativa lo ha dejado sin posibilidades de trabajar. Señaló que se ha vulnerado el artículo 19 número 3 de la constitución, relativo a un procedimiento y una investigación racional y justo, ya que se ha efectuado una resolución en la Dirección de Tránsito omitiendo fundamentar la decisión, siendo las consideraciones tenidas a la vista genéricas.

Reiteró que el Juez de Policía Local considera que se encuentra la hipótesis del artículo 15, pero nuevamente señaló que la norma señala una pluralidad de delitos y no solo uno. Insistió en que los hechos sancionados ocurrieron los años 2023 y 2024 y que ya cumplió las sanciones respectivas no siendo procedente imponer una nueva sanción.

Solicitó que se declare que la resolución de fecha 18 de marzo, y la de fecha 25 de marzo violentan la garantía constitucional del debido proceso, y que se revoquen declarándose que no se encuentra inhabilitado para la renovación de licencia de conducir, y que se ordene a la Dirección de Tránsito tramitar la obtención de la licencia de conducir si cumple con los demás requisitos legales.

El Juzgado de Policía Local de San Vicente evacuó su informe el 08 de mayo de 2025, exponiendo que el 20 de marzo de 2025 el recurrente dedujo reclamo en contra de la resolución del Director de Tránsito y transporte público de la municipalidad, el que rechazó su solicitud de renovación de licencia de conducir por falta de idoneidad moral, lo anterior por registrar en sus antecedentes sentencia de 13 de abril del 2023 y sentencia de 5 de septiembre del 2024, como autor de los delitos de lesiones leves y conducción bajo sanción vigente respectivamente.

El tribunal tuvo por interpuesto el reclamo respecto al rechazo otorgado, y se ordenó la obtención de la copia de lo resuelto en el Juzgado de Garantía de San Vicente y Peumo respectivamente, en las causas en que tuvo participación el actor. Mediante sentencia de 25 de marzo 2025 se rechazó el reclamo Interpuesto por el recurrente, al registrar en los 5 años anteriores en su certificado de antecedentes dos sentencias condenatorias por delitos contemplados en la ley de tránsito, esto es el de autor consumado del cuasidelito de lesiones graves y autor del delito de conducción de vehículo motorizado bajo sanción vigente, ambos en grados de consumado. En este sentido el artículo 16 de la Ley 18.290 establece que para efectos de calificar la idoneidad moral de los interesados se considerará las condenas que hayan sufrido los 5 años anteriores exigiendo por tanto de a lo menos dos sentencias condenatorias.

La Municipalidad de San Vicente evacuó su informe el 19 de mayo del presente año. Indicó que no ha existido en el obrar de la Municipalidad actuación ilegal o arbitraria que irrogue perjuicios al recurrente, puesto que, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el Juzgado de Policía Local, correspondía confirmar la decisión. Expuso que el recurrente solicitó el 17 de marzo del 2025 la renovación de su licencia de conducir clase A2/A4/B. Ante dicha solicitud y considerando los antecedentes de su carpeta se realizó el cobro del certificado antecedentes, donde registra dos condenas por delitos contemplados en la Ley de Tránsito. Debido a lo expuesto el Director de Tránsito municipal procedió a realizar la calificación de idoneidad moral mediante documento número 14/2025, de fecha 18 de marzo de 2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.290.

En este sentido, hizo presente que los delitos indicados se relacionan con las causas números 1085 del año 2022 del Juzgado de Garantía de San Vicente y 873 del año 2024 del Juzgado de Garantía de Peumo. Luego señaló que el artículo 13 de la ley de tránsito prescribe que los postulantes a licencia de conducir deben acreditar la idoneidad moral, física y psíquica, y que en la calificación de idoneidad moral se deben considerar las condenas que registren los postulantes por delitos en que se hubiera utilizado o conducido un vehículo, o por haber sido condenado como autor de cuasidelito de homicidio o de lesiones al conducir un vehículo, entre otros.

En cuanto al reclamo, la propia ley establece un recurso de reclamación en cinco días hábiles ante el Juzgado de Policía Local, lo que fue realizado por el recurrente, quedando en evidencia el actuar conforme a derecho de parte del Director de Tránsito al denegar una solicitud por falta de idoneidad moral del solicitante. Dio cuenta de dictámenes de Contraloría respecto a la temática referida.

Negó la existencia de arbitrariedad y afirmó que ha actuado conforme a la normativa legal aplicable. Dio cuenta de jurisprudencia en este sentido. Solicitó el rechazo de la acción en todas sus partes con costas CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO, 1.- Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

2.- Que, los actos ilegales y arbitrarios que se denuncian son, por un lado, la decisión de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de negar la solicitud de renovación de licencia de conducir por falta de idoneidad moral del requirente, y por otro, la resolución del Juzgado de Policía Local que confirmó dicha decisión. Lo anterior, debido a que, de acuerdo con el recurrente, no se cumplirían los requisitos de la Ley 18.290, en cuanto a que debe existir más de una condena en los últimos 5 años, haciendo presente además que ya cumplió con la sanción de suspensión de licencia de conducir.

3.- Que, al informar, el Juzgado de Policía Local hizo presente que el actor registra en sus antecedentes una sentencia de 13 de abril del 2023 y otra de 5 de septiembre del 2024, como autor de los delitos de lesiones graves y conducción bajo sanción vigente, respectivamente. Por lo anterior, justificó la decisión adoptada de rechazar la reclamación efectuada.

Por su parte, la Municipalidad de San Vicente, además de reiterar lo señalado por el Juzgado de Policía Local, hizo presente que el artículo 13 de la ley de tránsito prescribe que los postulantes a licencia de conducir deben acreditar la idoneidad moral, física y psíquica, y que en la calificación de idoneidad moral se deben considerar las condenas que registren los postulantes, por delitos en que se hubiera utilizado o conducido un vehículo, o por haber sido condenado como autor de cuasidelito de homicidio o de lesiones al conducir un vehículo, ambas circunstancias que concurren en la especie.

4.- Que, para resolver el asunto, resulta necesario revisar lo señalado respecto de la calificación de idoneidad moral en la Ley 18.290. El artículo 14 N°1 dispone que “La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación”, y luego el artículo 16 señala que “Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, y 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona. 5. Por delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal para el caso de las licencias de conductor profesional clase A-1, A-2 y A-3.”.

De las normas transcritas se concluye, en primer lugar, que el Director de Tránsito es la autoridad facultada para calificar la idoneidad moral del solicitante de licencia de conducir, por lo que la actuación se ha enmarcado dentro de las facultades que la ley le confiere al funcionario. En cuanto a las circunstancias para calificar la idoneidad moral, la norma contempla, entre otros, la comisión de delitos en contravención a la ley de tránsito, ley de alcoholes y Ley 20.000 y por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo.

5- Que, en este sentido, el propio recurrente ha dado cuenta de la existencia de una condena en la causa RIT 1085-2022 seguida ante el Juzgado de Garantía de San Vicente, por el cuasidelito de lesiones graves del artículo 490 en relación con el artículo 492 del Código Penal, es decir lesiones ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, cuya sentencia fue dictada el 13 de abril de 2023; y de otra condena en la causa RIT 873-2024 seguida ante el Juzgado de Garantía de Peumo, por el delito de conducción bajo sanción vigente de conducción de vehículo motorizado, cuya resolución fue dictada el 5 de septiembre de 2024.

Con el mérito de dichos antecedentes, es posible concluir que el recurrente contempla dos anotaciones en el periodo de 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud, y ambas anotaciones se refieren a delitos o cuasidelitos en contravención a la ley de tránsito, o aquellos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo. En dichas circunstancias, tanto la decisión del Director de Tránsito, como del Juzgado de Policía Local al conocer de la reclamación, se ajustaron a derecho, pues han aplicado las normas que regulan la materia, resolviendo conforme al mérito de los antecedentes presentados por el recurrente.

6.- Que, producto de lo expuesto, no se vislumbra la existencia de una vulneración a la garantía del debido proceso aludida por el recurrente, pues éste ha sido sometido a un proceso racional y justo, imponiéndose una prohibición que se ajusta a la normativa vigente, y por tanto, proporcional a los antecedentes presentados.

A mayor abundamiento, la normativa respectiva dispone que de la decisión del director de tránsito se puede apelar para ante el Juzgado de Policía Local que corresponda, la que fue deducida por el recurrente, no pudiendo utilizarse el recurso de protección como otra instancia para su revisión.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Juzgado de Policía Local y la Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 638-2025-Protección Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.