nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES

Rancagua, dos del mayo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Doña nombre reservado, domicilia en avenida Bernardo O´Higgins S/N, Codegua, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de los Andes, representada para estos efectos por don nombre reservado, por las acciones arbitrarias e ilegales de la recurrida, las cuales han transgredido las garantías constitucionales del artículo 19 N°16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que durante los meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017, la recurrida ha solicitado a su empleador, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizar y hacer efectivos sendos descuentos en su remuneración por los montos de $201.771, $307.241 y $117.559 respectivamente, petición sustentada en una antigua deuda del año 2010, que no fue descontada ni pagada por su empleador de aquel entonces y que luego de seis años después pretende cobrar.

Indica que la recurrida presuntamente amparada en la Ley intenta hacer efectiva y actualmente exigible una deuda cuya acción ejecutiva inició el año 2011 y que actualmente se encuentra fallada por excepción de prescripción.

La recurrente cita jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de Temuco en autos rol 5127-2016, sobre protección, la cual sostiene "Que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 señala que...Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora. No cabe duda que dicha norma es aplicable sólo a aquellas deudas que son exigibles, puesto que se desprende con nitidez que el objetivo de dicha disposición legal es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero de ninguna manera transformar tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debió haberlo dicho de manera expresa, puesto que, además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones”.

Agrega también la recurrente que ya no se encuentra afiliada a dicha Caja, desde que fue desvinculada por su anterior empleador en el año 2010.

Sostiene que la acción arbitraria e ilegal de la Caja de Compensación ha vulnerado las garantías constitucionales del articulo 19 N° 16 y N° 24 privándole del ejercicio de sus derechos a una justa retribución por su trabajo y de propiedad sobre sus bienes.

Pide que se ordene a la recurrida devolver las sumas de dinero descontadas y no solicitar en futuras oportunidades a su actual empleador la realización de descuentos en su remuneración mensual, con expresa condenación en costas.

La recurrida informa el recurso de protección, señalado que con fecha 12 de agosto de 2010, le otorgó a la recurrente el crédito social N° RUT reservado, por la suma de $4.334.500 con una tasa de interés de 1,35%, a pagar en 60 cuotas mensuales, con un dividendo mensual $115.412, venciendo la primera de ellas con fecha 30 de septiembre del año 2010 Indica que las primeras cuatro cuotas se pagaron con absoluta normalidad, pero que a partir de la cuota N°5 y hasta la N°9, se pagaron con atrasos, y que se les descontó de las remuneraciones de los meses diciembre 2016 a febrero 2017, cuyos montos fueron descontados de sus remuneraciones y remesados a la recurrida a través de su empleador, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, encontrándose actualmente en mora por las cuotas N° 10 a la N° 60, correspondiente a los meses de Junio de 2011 al 31 de agosto de 2015.

Refiere que del análisis del recurso y principalmente de los propios dichos de la recurrente, se encuentra acreditado que ésta solicitó un crédito social a dicha entidad previsional y que aquella solicitud la efectuó en forma libre y espontánea, expresando una voluntad libre de todo vicio. Por otra parte, no existe discusión alguna en cuanto a que el contrato de mutuo, contrato real, se encuentra perfecto, por lo que genera los derechos y obligaciones que la Ley establece, el primero de ellos, es la fuerza obligatoria del contrato, previsto y sancionado en el artículo 1545 del Código Civil.

Indica que, consta que la operación de mutuo materia del presente recurso tiene la naturaleza de una prestación de seguridad social, la cual se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Ley 18.833. Conforme a la normativa citada, resulta forzoso, para aquella entidad previsional proceder a requerir los descuentos de la cuotas de crédito social de la recurrente por parte de la entidad empleadora, no existiendo en dicha actividad un acto ilegal o arbitrario, sino el ejercido de una facultad expresa e imperativa de una norma jurídica.

Sostiene que la recurrente convino con que las cuotas del crédito social serían descontadas de su remuneración, acuerdo que constituye una ley para las partes contratantes. Por último, y dado que la recurrente acompaña sentencia que declara prescrita la acción ejecutiva, dicho fallo habría sido notificado al apoderado de la recurrida recién con fecha 28 de marzo del año en curso, es decir, posterior a la presentación de este recurso de protección y por lo tanto, sin fuerza para exigirse su cumplimiento por faltar uno de los requisitos esenciales y es que ese fallo se encuentre ejecutoriado encontrándose actualmente vigentes los plazos para interponer los recursos legales que considera interponer.

Por ultimo agrega que su parte no ha ejecutado ningún acto ilegal o arbitrario a repudiar por vía del arbitrio extraordinario, y muy por el contrario, se ha actuado dentro de los marcos de la normativa vigente y a las instrucciones emanadas de las autoridades señaladas por la Ley, para fiscalizar sus cometidos, velando siempre por el fondo social y el bienestar de los afiliados.

Pide en definitiva el rechazo del acción de protección, con expresa condenación en costas.

Se trajo a la vista causa Rol 10.866-2011 del Primer Juzgado de Civil de esta ciudad, seguida entre Caja de Compensación de los Andes con nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

Segundo: Que conforme a los antecedentes de que da cuenta el presente recurso, son hechos no discutidos, los siguientes: a) que con fecha 12 de agosto de 2010, la Caja de Compensación Los Andes otorgó a la recurrente doña nombre reservado un crédito social código RUT reservado, por la suma de $4.334.500, con una tasa de interés de 1.55%, a pagar en 60 cuotas mensuales, con un dividendo mensual de $115.412, venciendo la primera de ellas con fecha 30 de septiembre de 2010; b) que iniciada con fecha 8 de septiembre de 2011 por parte de la Caja de Compensación Los Andes una causa ejecutiva de cobro del pagaré suscrito por la recurrente relativo al anterior préstamo -que dio origen a la causa rol 10.866-2011 del 1° Juzgado civil de Rancagua-, la misma se archivó el 29 de junio de 2012, siendo la última providencia la agregación del informe del Departamento de Extranjería, emitido con fecha 18 de noviembre de 2011; c) que con fecha 28 de diciembre de 2016 se ordenó el desarchivo de la causa, a petición de la recurrente, y se dio curso al escrito de oposición de excepciones que ésta presentó; d) que con fecha 9 de marzo de 2017 se dictó sentencia en la referida causa, en la que se acogió la excepción de prescripción opuesta; e) que la anterior sentencia se encuentra ejecutoriada, y; f) que durante los meses de diciembre de 2016, enero y de febrero de 2017, la Caja de Compensación Los Andes ha requerido al actual empleador de la recurrente (Corporación Administrativa del Poder Judicial) y obtenido el descuento de las cuotas referidas en lo expositivo del presente fallo.

Tercero: Que tal como lo señaló la recurrida en la vista del presente recurso, no cabe poner en entredicho la facultad de dicha parte para proceder al cobro de un crédito social que haya sido válidamente otorgado.

Conoce esta Corte la normativa pertinente, conformada por diversas disposiciones que se correlacionan. Así, el artículo 58, inciso 1° del Código del Trabajo, dispone que el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. A su vez, el artículo 21 de la ley Nº 18.833, prescribe que las cajas de compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero; préstamos destinados al financiamiento de la adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios; y otorgar y administrar mutuos hipotecarios endosables de los señalados en el Título V del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931; y por último, el inciso 1° del artículo 22 de la citada ley Nº 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De este modo, no cabe discusión respecto de la legalidad y atribuciones de la entidad recurrida, que fundada en las normas antes transcritas, se encuentra obligada por mandato legal a requerir a las empresas empleadoras de los trabajadores afiliados a ella a fin de que procedan a deducir de sus remuneraciones las cantidades que éstos hayan percibido por concepto de créditos sociales con el fin de que le sean remitidas, deducciones éstas que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

Cuarto: Que así las cosas, en el presente caso la discusión es diversa, pues conforme emana del recurso en análisis, se trata en la especie del cuestionamiento acerca de la oportunidad de los descuentos ya efectuados y los que se avecinan en el futuro.

Quinto: Que al efecto, es un hecho establecido ya como una verdad jurídica inamovible -y que tiene directa relación con el presente arbitrio-, que en la causa ejecutiva referida en el fundamento segundo anterior, se acogió la excepción de prescripción opuesta por la ahora recurrente, frente a la demanda intentada por la Caja de Compensación recurrida en estos autos, por la que se pretendía el cobro del pagaré que garantizaba el cobro de la deuda asumida por aquélla.

En este sentido, se consideró expresamente en dichos autos -en el fundamento 4°- que la ejecutante hizo efectiva la caducidad convencional del plazo a través de la cláusula de aceleración, mediante la interposición de su demanda con fecha 8 de septiembre de 2011; y de allí que a la fecha de notificación de la demanda ejecutiva acaecida el 28 de diciembre de 2016, la acción cambiaria emanada del pagaré en cobro se encontraba prescrita.

Sexto: Que si bien la prescripción mencionada se refirió sólo a la acción cambiaria de cobro ejecutivo, al haberse decidido judicialmente que la exigibilidad de la obligación se verificó con fecha 8 de septiembre de 2011, se advierte que desde tal fecha hasta la fecha de inicio de los descuentos efectuados a la actora han transcurrido más de 5 años, que es lo propio de una acción personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil.

Séptimo: Que conforme a los antecedentes antes referidos, aparece que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes, al requerir el descuento de las cuotas adeudadas en la forma y oportunidad en que lo ha hecho resulta ser arbitraria, ya que obvia o soslaya el extenso plazo transcurrido desde que se había dejado de pagar la deuda, lo que afecta a la exigibilidad de la obligación, En este sentido, y conforme lo ha resuelto la jurisprudencia en un caso similar, en ello la recurrida “actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno” (Corte Suprema, rol 68.700-2016).

Lo anterior, en el presente caso resulta aún más evidente, cuando ya existe una resolución judicial firme que declaró la prescripción de la acción cambiaria emanada de deuda original.

Octavo: Que de este modo, el actuar de la recurrida afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en términos que se produce una privación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que le corresponde percibir.

Y visto además los dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Los Andes, en cuanto se ordena a la recurrida proceder a la devolución de las cuotas ya descontadas a la recurrente, así como abstenerse de continuar obteniendo en el futuro descuentos de las remuneraciones de ésta para hacerse pago del crédito materia del presente recurso, tan pronto como la presente resolución quede ejecutoriada.

Ofíciese a la Caja de Compensación Los Andes como a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para el cumplimiento de lo resuelto.

Se previene que el Ministro Sr. Carlos Farías Pino, compartiendo los fundamentos del fallo, estuvo por no ordenar la devolución de las cuotas ya descontadas a la recurrente, puesto que lo único que se encuentra prescrito es la acción cambiaria, sin que existan antecedentes respecto de la acción personal del mutuo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la sentencia del Ministro Sr. Jorge Fernández Stevenson, y de la prevención, su autor.

Rol I. Corte 638-2017- Protección.