nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MALLOA.

Rancagua, doce de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 6 de mayo de 2022, comparece María Isabel Gallardo Oyarzo, abogada, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, Secretario Abogado, grado 8°, del Juzgado de Policía Local de Malloa, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Malloa, representada legalmente por nombre reservado, Alcalde, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, de fecha 16 de marzo de 2022, que le aplica la medida disciplinaria de destitución y en contra del Decreto Alcaldicio N°677, de fecha 29 de marzo de 2022, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la medida disciplinaria, notificado esta última con fecha 6 de abril de 2022.

Señala que con fecha 6 de diciembre de 2021, por Decreto Alcaldicio N°2.293, se ordenó instruir sumario en contra del recurrente, quien ocupa el cargo de Secretario Abogado Titular del Juzgado de Policía Local de Malloa. Posteriormente se designa actuario, comparece a prestar declaración indagatoria don Mario Márquez Maldonado, Juez de Policía Local de Malloa.

Agrega que de la investigación realizada por el Sr. Fiscal nombre reservado, el Director Jurídico Municipal nombre reservado, y las pruebas aportadas al expediente del proceso sumarial, se le formularon dos cargos: 1) Que en diversas fechas del año 2021, don nombre reservado, adjudicándose la calidad de juez subrogante y, estando en ejercicio el juez titular don Mario Márquez Maldonado, sin autorización alguna según declaración del mismo juez titular, dictó varias sentencias definitivas, en materias de ley alcoholes y ley del tránsito; y 2) Que se encontraría pensionado por vejez anticipada en la modalidad artículo 69 del DL 3500, a contar del 11 de julio de 2014, es decir, desarrollaba labores de Secretario Abogado Titular del Juzgado señalado, siendo que por encontrase jubilado debió haber cesado en sus labores municipales.

Menciona que con fecha 7 de febrero de 2022 el actor formuló sus descargos, en los que expone que la institución de la subrogación, opera de pleno derecho cuando existe un impedimento o por falta del Juez, invocando la normativa legal y reglamentaria vigente a este respecto, que en la especie tendrían plena aplicación pues tanto el Juez de Policía Local de Malloa reconoce en su declaración que sólo asiste a las dependencias del Juzgado los días lunes, miércoles y viernes, además que, en los registros de asistencia del Juez, el departamento de personal de la Municipalidad de Malloa informa que no existe tal registro respecto del Sr. Juez correspondiente al año 2021, generando con ello incertidumbre, acerca de los días en que efectivamente concurrió el Sr. Juez a desempeñar sus funciones y los horarios en que lo hizo, no siendo posible determinar qué días y en que horarios el Juzgado de Policía Local de Malloa se encontraba efectivamente servido por su Juez Titular; y también detallando en que materias específicas, de las diversas en que tiene competencia un Juez de Policía Local, pronunció sentencias.

Añade que con fecha 14 de marzo de 2022, se propone por el Señor Fiscal la medida disciplinaria de destitución por el cargo 1°, absolviéndolo del cargo 2°, por lo que se dictó al efecto el Decreto Alcaldicio N°571 el día 16 de marzo pasado, en que se dispone se le aplique la sanción disciplinaria de la destitución, notificada el día 17 del mismo mes y año. Luego, con fecha 24 de marzo de 2022, el recurrente dedujo recurso de reposición en contra del decreto alcaldicio N°571, recurso que fue rechazado mediante el Decreto Alcaldicio N° 677 de fecha 29 de marzo de 2022, por lo que se aprueba el sumario administrativo manteniéndose la medida disciplinaria de destitución aplicada en su contra, el que se notifica con fecha 6 de abril de 2022.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad cometida por el acto impugnado la basa en que se aplica la sanción más gravosa, esto es, la destitución, sin que se explique de qué forma el cargo 1° afecta gravemente el principio de probidad administrativa, además, no considera como una atenuante de responsabilidad, la intachable conducta funcionaria, y hace una interpretación errónea respecto de la institución de la subrogación. Respecto a esta última causal, el Fiscal nombre reservado señala que no se configuran ni las causales del artículo 6 inciso 1° de la Ley 15.231 y ni del artículo 214 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto a la subrogación que realizaba el recurrente, ni tampoco se cumplían con lo dispuesto en el punto 4.3 del Manual de Funciones y Procedimientos Municipales, aprobado con fecha 4 de noviembre de 2019, configurando una conducta infractora que se le imputa.

Explica que existe y se encuentra vigente el Decreto Exento N° 1889 de fecha 1 de diciembre de 2017 que aprueba el Reglamento Interno de la Municipalidad de Malloa, que en el punto 11 se refiere a las funciones del Juzgado de Policía Local, refiriéndose en el punto 11.2 a las funciones específicas del Secretario Abogado, dentro de las cuales se indica la de Subrogar al juez en casos de impedimento o inhabilidad de éste y la de Dictar Sentencias, normativa que en conformidad con los dispuesto en el artículo 12 la Ley 18.695, es de carácter obligatorio.

Expresa que su representado siempre tuvo la convicción jurídica de estar actuando conforme a derecho.

Agrega que recién en el mes de diciembre de 2021, se le indicó que los manuales municipales en los que se especifica que dentro de las funciones del Secretario Abogado puede dictar sentencia, es un error de la administración municipal, ya que dicha facultad no la podía delegar el juez en el secretario.

Alega que el Fiscal no analiza correctamente la subrogación, ya que la ley N°18.883 en su Párrafo 4° titulado De La Subrogación, artículo 76, indica que: “La subrogación de un cargo procederá cuando no esté desempeñado efectivamente por el titular o suplente”, que debe complementarse con el artículo 78 del mismo cuerpo legal que dice “En los demás casos de subrogación asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el desempeño del cargo.”, siendo aplicable este cuerpo normativo en la especie, atendido el tenor de lo dispuesto en su artículo 1°, por cuanto rige a todo el personal nombrado en un cargo de planta de las entidades edilicias, entre los que se encuentra aquél que se desempeña en los Juzgados de Policía Local. En atención a ello, queda en evidencia el grave error del Señor Fiscal y del Sr. Alcalde, al señalar que el Secretario Abogado sólo puede asumir como juez subrogante, cuando el juez titular se encuentra de vacaciones, permisos administrativos o permisos médicos, únicas causales que según estos configurarían el impedimento señalado en el inciso 1 del artículo 6 de la ley N°15.231, pese a que la norma no señala qué debe entenderse por aquél, excluyendo una serie de otras situaciones reales que pueden acontecerle al juez que lo imposibiliten de asistir al tribunal a ejercer su labor de juez y, en cuya ocurrencia debe ser reemplazado por el Señor Secretario nombre reservado, ahora en condiciones de juez subrogante. El impedimento que señala la norma del artículo 6° de la ley N°15.231 se refiere expresamente a cuando el juez no puede asistir o falta por cualquier causa a su despacho dentro del horario de funcionamiento del juzgado y en ese evento quien asume la subrogación legal es el Señor secretario abogado del Tribunal.

Explica que se han afectado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 3°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la Ley, el derecho al debido proceso, la libertad de trabajo y protección y derecho de propiedad.

Finalmente solicita ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de poner término a su relación estatutaria a través de la medida disciplinaria de destitución, como funcionario de planta, Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local, grado 8° de la planta municipal de la Ilustre Municipalidad de Malloa, con especial y ejemplar condena en costas.

Con fecha 1 de junio de 2022, comparece nombre reservado, Alcalde, en representación de la Municipalidad de Malloa, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que, en cuanto a la alegación del recurrente respecto de la institución de la subrogación, en que el Secretario abogado sería Juez Subrogante los días martes y jueves, cuando no comparece el Juez Titular por no haber audiencias; ello no sería procedente, ya que aquél mantiene la titularidad y no se encuentra impedido ni inhabilitado para su ejercicio. Además, de ser cierta la teoría del recurrente, el Juez Titular recibiría remuneración únicamente por los días en que concurre a su despacho y no por los 30 días como se ha hecho, y también conllevaría que el Juzgado tenga dos jueces.

Agrega que, en cuanto a la aplicación del Manual de Funciones Municipal, aprobado en abril de 2019, el secretario abogado del Juzgado de Policía Local entiende que como ahí dice que puede dictar sentencias, ello podría hacerlo siempre, por ser una de sus obligaciones, sin que fuera necesario que el juez estuviera inhabilitado, por lo que bajo esa teoría, podría siempre dictar sentencias, aunque estuviera el juez titular, lo que contraviene la ley y el ordenamiento jurídico.

Menciona que, en cuanto a la intachable conducta anterior del recurrente, ello no obsta a la sanción impuesta, por ser la conducta sancionada gravísima, pudiendo incluso constituir un actuar de carácter penal, como la usurpación de funciones.

Alude que en cuanto a la aplicación de la subrogancia del artículo 78 de la Ley N° 18.883, ello no es correcto, puesto que en materia de subrogación del Juez de Policía Local rige lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°15.231.

Manifiesta que, en cuanto a la alegación del recurrente de haber dictado las sentencias por el atraso y acumulación de causas, lo que formaba parte de un programa de mejoramiento de la gestión municipal, lo cierto es que podría haber optado por ayudar en la redacción y revisión de borradores para mejorar dicha gestión.

Finaliza diciendo, que no se han conculcado, ni perturbado los derechos del recurrente, ya que ha ajustado su actuar a la legislación vigente.

Con fecha 4 de julio de 2022, se acompaña oficio de la Contraloría General de la República, respecto del reclamo por vicios de legalidad en contra del Decreto Alcaldicio N° 571, de 2022, respecto del cual debe abstenerse de emitir pronunciamiento, por haberse sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el recurrente impugna el Decreto Alcaldicio N°571, de fecha 16 de marzo de 2022, que le aplica la medida disciplinaria de destitución, y el Decreto Alcaldicio N°677, de fecha 29 de marzo de 2022, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la medida disciplinaria, notificado esta última con fecha 6 de abril de 2022, vulnerándose con ello las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2°, 3°, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el debido proceso y la libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad.

TERCERO: Que, la recurrida al momento de evacuar su informe solicitó el rechazo, fundado en que los Decretos Alcaldicios impugnados que se acompañan, se fundamentan en un procedimiento sumario debidamente tramitado, que no resulta ser arbitrario o ilegal en el modo que se propone en la acción, porque se ha ajustado a la normativa vigente.

CUARTO: Que, se debe tener en consideración, que el presente recurso de protección no constituye una vía que permita revisar los antecedentes contenidos en el sumario administrativo que se tramitó, con el objeto de investigar los hechos que culminaron con la destitución del recurrente, lo que no constituye un impedimento para que este Tribunal de Alzada pueda revisar la legalidad de aquél en cuanto a su fundamentación y proporcionalidad de la sanción impuesta al recurrente; ello, dentro del control judicial de las facultades disciplinarias de los Órganos de la Administración del Estado.

QUINTO: Que, el artículo 11 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos dispone: “Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso 4° del artículo 41 de la misma ley dispone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”; y su inciso final indica: “La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.”

SEXTO: Que, revisado el Decreto Alcaldicio N°571, de fecha 16 de marzo de 2022, respecto del cual se recurre, en menos de una plana indica que: de acuerdo al Decreto Alcaldicio que ordenó instruir el sumario; el expediente del sumario administrativo; y la Vista Fiscal, mediante la cual y de acuerdo a sus conclusiones se propone aplicar medida disciplinaria; y luego de una serie de disposiciones legales; decreta aprobar el sumario administrativo y aplicar al sumariado, recurrente de autos, la medida disciplinaria de destitución.

SÉPTIMO: Que tal decisión adolece de falta de motivación, por cuanto de su escueto tenor no es posible comprender las razones por las cuales se está aplicando al recurrente la mayor de las sanciones que establece el Estatuto Administrativo, puesto que el decreto de destitución debe contener todos los elementos previstos en la ley para ser un acto administrativo válido, de hecho, como ya se señaló, el inciso final del artículo 41 de la ley 19.880 indica que: “La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.”, no resultando por ello suficiente que la recurrida solo mencione el expediente del sumario administrativo así como la Vista Fiscal para justificar su decisión, sin precisar que partes que ellos son los que consideró y cual fue la ponderación que les dio.

OCTAVO: Que, en efecto, el primer deber de la autoridad es fundamentar la procedencia de la falta y luego ponderar su gravedad a fin de aplicar la sanción justa. Al no establecer la ley parámetros para objetivizar la medida de la gravedad de una falta, la única forma de ponderar la misma, es a través del fundamento expresado por la autoridad, motivación que debe ser real y no aparente, explicitando por qué considera más o menos grave la infracción, y su relación con la sanción escogida, la que debe respetar el principio de proporcionalidad.

NOVENO: Que, por otra parte, atendido el hecho que la sanción impuesta es la más grave que establece el ordenamiento respectivo, la falta de fundamentación en aspectos sustantivos, se convierte en una infracción al principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, lo que implica una vulneración esencial adicional de la persona afectada, ya que si se hubiera aplicado correctamente el deber de motivación y el principio de proporcionalidad, cualquier profesional similar al recurrente con sus antecedentes, no habría sido destituido, por lo que desde esta perspectiva, se vulnera el derecho de igualdad ante la ley del actor, ya que lo señalado implica establecer diferencias arbitrarias a su respecto, infringiéndose el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO: Que, lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 18.883, que establece distintas sanciones, desde censura hasta la destitución del cargo, disponiendo su inciso 2°: “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”, análisis que no se hace en los actos recurridos, toda vez que no se señala de manera alguna la razón por la cual la entidad edilicia aplicó la sanción más grave, sin haber tenido en cuenta la antigüedad del funcionario en el cargo, su impecable hoja de vida y trayectoria, y que tampoco se determinó que hubiese alguna ganancia personal o ilegal en la dictación de las sentencias que se le imputan, entre otras razones, lo que convierte la decisión en arbitraria y desproporcionada, lo que vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, al haber sido privado el funcionario de su cargo que servía en propiedad, con la pérdida de remuneración y consecuente sustento, en virtud de una resolución administrativa sancionadora carente de motivación y debida justificación de la proporcionalidad de la sanción aplicada, en los términos ya analizados, razón por la cual habrá de acogerse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Malloa y, en consecuencia, se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio N°571, de fecha 16 de marzo de 2022, que aprobó la sanción de destitución, así como el Decreto Alcaldicio N°677, de fecha 29 de marzo de 2022, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la medida disciplinaria, debiendo dictarse un nuevo Decreto Alcaldicio conforme a derecho.

Acordado con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado, quien fue de opinión de rechazar el presente recurso, por las siguientes razones:

1° Que el Decreto Alcaldicio recurrido al indicar que funda su decisión principalmente en el sumario administrativo y, particularmente, en la decisión emitida por el Fiscal instructor, sin otras precisiones, no puede sino entenderse que hace suyas las conclusiones y fundamentos vertidos en dichas actuaciones, las que son claras y completas, tanto así que no fue eso lo que alega el recurrente, sino más bien trató de explicar -ya que tampoco niega- la conducta que se le imputó, por lo cual no se puede establecer que la resolución recurrida resulta ser ilegal por carecer de la motivación necesaria, pues a lo menos, al recurrente ello le quedó suficientemente claro.

2° Que en cuanto a la arbitrariedad, aunque la ley 18.883 dispone una escala de medidas disciplinarias posibles de aplicar, lo cierto es que también queda claro por qué se le impuso la más severa, pues se dice que el actuar afectó gravemente la probidad administrativa, y si se revisa el artículo 123 de la Ley 18.883, ésta exige para su imposición, precisamente, dicha circunstancia, que en el caso concreto fue dictar sentencias estando en funciones el Juez Titular, lo que efectivamente es grave al arrogarse las facultades del juez titular, sin serlo, ni estar éste impedido o inhabilitado de ejercer sus funciones -no siendo una opción legal para la subrogación, la simple ausencia del juez- lo que incluso podría constituir un delito, no siendo aceptable que justifique su actuar en el Manual de Funciones y Procedimientos Municipales, que de interpretarse en el sentido literal en que lo hace el actor, sería contrario a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 15.231, aplicable en la especie, además, que siendo el recurrente abogado, no puede sino saber que por ello, dicho manual no resulta aplicable del modo que él lo entiende.

3° Que así, aunque se pueda estar en desacuerdo con la medida impuesta, lo cierto es que del mérito de los antecedentes se evidencia que el actuar de la autoridad recurrida se ha enmarcado dentro de la esfera de sus atribuciones, y acorde a la normativa vigente, específicamente, conforme a las normas que para esta materia establece la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cumpliéndose, a la fecha, con el principio del debido proceso, según se evidencia de las piezas del expediente que fueron acompañados por las partes, lo que implica que dicho acto no es ilegítimo, arbitrario o ilegal.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 6248-2022-Protección.

No firma el Abogado Integrante Señor José Irazábal Herrera, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no encontrarse integrando el día de hoy.