Protección contra establecimiento educacional Trinity College

Rancagua, ocho de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 2, comparece nombre reservado y nombre reservado, empleados, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del establecimiento educacional Trinity College, representada legalmente por nombre reservado y nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que con fecha 11 de noviembre del año 2013 al intentar matricular a sus hijos Pablo y Laura, ambos de apellido nombre reservado, en el colegio donde asistieron durante todo el año 2013, se les informó que primero debían tener una reunión con el psicólogo del colegio quien les indicó que la matrícula de Pablo se encontraba condicionada a un acuerdo que debían firmar por escrito comprometiéndose a someter al niño a terapia psicológica, postergando su matrícula hasta marzo del año 2014, siempre y cuando acreditaran dicha terapia.

Indica que la razón de dicha medida es que Pablo tiene un promedio de notas inferior a 5,5, informándose ante la Superintendencia de Educación Escolar del Ministerio de Educación que dicho acto configura una discriminación por el déficit atencional leve de su hijo, motivando una denuncia por tal situación con fecha 13 de noviembre último. El día 26 de noviembre intentaron matricular a los niños sin firmar el acuerdo que se les exigía, pero se les negó tal posibilidad, informándoles que ambos niños están expulsados, señalando la directora nombre reservado que dicha medida se había adoptado debido a que no cumplían con el perfil de apoderados del colegio.

Agrega que atendida la época del año, es imposible obtener matrícula en otro colegio y que luego de ocurrido estos hechos han ocurrido varias irregularidades, les solicitaron firmar documentos de fechas pasadas, hay nuevas observaciones en el libro de estudios de Pablo y la secretaria se niega a atenderlos.

Refiere que las garantías constitucionales infringidas son las del artículo 19 N° 2, 10 y 11 de la Constitución Política de la República de Chile, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la expulsión de los niños y que se acepte el pago de la matrícula para la inmediata reincorporación a dicho establecimiento educacional, con costas del recurso.

A fojas 55, la recurrida informa al tenor del recurso deducido, señalando en primer lugar que el recurso no es claro en relación a sus fundamentos de hecho, siendo vago y omitiendo antecedentes necesarios para su correcto entendimiento. Indica que en este caso lo que operó fue la no renovación de la matrícula de los niños debido al poco compromiso de los padres con el proyecto educativo del colegio, y no así la expulsión de los niños.

Refiere que efectivamente se solicitó un tratamiento psicológico para el niño, pero ello se debe a que ingresó el año 2013 a segundo básico, presentando problemas a nivel atencional, resistencia al trabajo escolar y posibles desafíos a nivel emocional, se citó a los padres quienes indicaron que lo llevarían al neurólogo, luego, el 8 de abril se les recomienda a los padres una evaluación psicológica del niño, el 1 de junio la psicopedagoga del colegio emite informe y el 26 de junio en una entrevista con los padres donde conversaron que la psicóloga nombre reservado recomienda iniciar tratamiento psicológico a la brevedad, apoyar emocionalmente a Pablo en el hogar, entre otras medidas.

Agrega la institución recurrida que el niño le señaló a su profesora jefe que sus papás le pegaban y lo encerraban en la pieza sin comer si no obedecía o si no estudiaba, lo que se informó a sus padres sugiriendo que la situación debía ser confiada a un profesional externo para que diera claridad y consejos sobre futuras intervenciones, se les indica nuevamente los problemas de adaptación del menor los que se traducen en dificultades de atención, concentración, seguimiento y desarrollo de actividades, así como también en rutinas escolares. El 11 de octubre se les solicita a los padres el envío del informe neurológico, se recibe y se observa que la apoderada incurre en omisiones que afectan el diagnóstico, en circunstancias que el colegio asumió las indicaciones tanto del psicólogo como del neurólogo, siendo especificado en el informe psicológico que se debía iniciar el tratamiento de Pablo.

Ante ello, se les indicó que para continuar en la comunidad debían cumplir con los requerimientos por lo que debían firmar un compromiso de realizar el tratamiento que el niño necesita, reservándole el cupo para marzo, una vez presentado el informe de avance de tratamiento.

Refiere que los padres de Pablo han demostrado una conducta de desidia frente a los problemas del alumno, al no adaptar los tratamientos sugeridos por el profesional externo, por lo que mediante Resolución de diciembre del año 2013, en Reunión Ordinaria de Directorio, se decide aplicar el artículo sexto número dos del contrato de prestación de servicios el que indica que se pondrá término a dicho contrato cuando los apoderados incumplen las obligaciones del mismo o cualquier obligación, deber o carga que esté contenida en las normas, principios o espíritu del colegio.

Indica que el colegio tomó todas las medidas para apoyar al niño en su proceso educativo, nunca se le discriminó, se intentó su integración a la comunidad, pero ante la poca iniciativa de los padres se tomó dicha decisión.

Expone que el derecho a la educación no está resguardado por el recurso de protección y que en relación a la vulneración al derecho a la igualdad ante la ley y a la libertad de enseñanza, no ha existido ninguna discriminación arbitraria, son los propios padres los que no accedieron a los requerimientos de la institución ni colaboraron con el proceso adaptativo de su hijo, incumpliendo con la obligación contenida en el contrato de prestación se servicios, por lo que en definitiva solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con costas.

Acompaña a su presentación copia del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes, copia de anexo de compromiso de admisión y continuidad escolar año 2014, copia de reglamento, copia de la carta enviada a los apoderados comunicando la decisión adoptada de no perseverar en el contrato y copia de acta de reunión ordinaria del directorio.

A fojas 74 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que se ha deducido recurso de protección en contra de la sociedad educacional Trinity College quien decidió no renovar la matrícula a sus dos hijos argumentando la recurrente que el motivo de tal decisión es el bajo rendimiento escolar de uno de ellos y el hecho de haber denunciado la situación a la Superintendencia de Educación, por lo que existiría una discriminación en relación a sus hijos, afectando de dicho modo los derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 Nº 2, 10 y 11 de la Carta Fundamental.

2º Que según argumenta la recurrida, la decisión de no renovar la matrícula, o no perseverar en el contrato de prestación de servicios educacionales según sus propios términos, se debe al incumplimiento por parte de los padres de los deberes impuestos por dicha institución, quien frente a los problemas escolares y de adaptabilidad del niño, de acuerdo a lo sugerido por un profesional externo, les solicitó a los recurrentes que realizaran la terapia psicológica que él necesitaba, encontrándose dentro de sus facultades contractuales no seguir adelante con el contrato al incumplir con dicha instrucción.

3° Que en primer término cabe señalar que los recurrentes únicamente acompañaron copia de la denuncia efectuada ante la Superintendencia de Educación pero ningún otro elemento que permita relacionar la medida adoptada por el colegio con el déficit atencional del niño o su rendimiento escolar, tampoco indican en su presentación cuáles son los motivos por los cuales la exigencia de una terapia psicológica para el niño podría significar para él una discriminación arbitraria o el fundamento de la negativa de la apoderada de cumplir con dicha sugerencia del colegio, más si se considera que era en beneficio de su propio hijo, mientras que la recurrida si aporta mayores antecedentes en este caso entre los que se encuentra una carta enviada a los apoderados en relación a la situación del niño dando cuenta de los hechos que motivaron la decisión adoptada.

4° Que, en consecuencia, no existiendo antecedentes respecto de la efectividad que la decisión se deba al rendimiento escolar o déficit atencional del niño, no queda más que analizar el único hecho que podría constituir eventualmente una transgresión a las garantías constitucionales de los alumnos, cual es, la decisión del establecimiento educacional correspondiente a no renovar la matricula para el año 2014.

5° Que se debe tener presente que en este caso nos encontramos en presencia de un contrato de prestación de servicios educacionales convenidos por las partes el cual rola a fojas 26, en el cual los padres en la cláusula tercera se obligaron “a participar activamente en el proceso educacional colaborando en la labor de los docentes, asistiendo a reuniones, citaciones y entrevistas, haciéndose responsables de todas las acciones de refuerzo, tratamiento y o atención especial que se recomiende para beneficio del alumno y en especial en participar en todas aquellas actividades o acciones que el colegio recomiende para mejorar la integración, rendimiento, conducta del alumno u otro evento según sea el caso”. Por su parte la cláusula sexta en su numeral dos, se indica que en cualquier tiempo se podrá poner término al contrato si hay por parte del apoderado incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la cláusula tercera de este contrato o de cualquier obligación, deber o carga que esté contenida en las normas, principios o espíritu del colegio.

6° Que, en relación a la decisión adoptada por la recurrida, a la luz del documento indicado en el considerando anterior, se advierte que la medida adoptada no se encuentra desprovista de razonabilidad como se fundamenta en el recurso. De los antecedentes aportados no se vislumbra que la decisión se deba a una discriminación arbitraria por parte de la recurrida por los problemas atencionales del niño o su rendimiento escolar, ni tampoco por la denuncia presentada por sus padres, lo que de ser cierto evidentemente configuraría un actuar ilegal y arbitrario, sino que por el contrario, se advierte que la decisión se encuentra ajustada a las estipulaciones contractuales.

7° Que, además, no se aprecia esa falta de justificación que los recurridos argumentan o la arbitrariedad que acusan, ya que fueron ellos, quienes voluntariamente incluyeron a sus hijos a dicha institución escolar, obligándose con ello a acatar las instrucciones efectuadas y desplegar las actividades necesarias participando así en el proceso educativo de los niños, no vislumbrándose que la realización de un tratamiento psicológico sea discriminatorio, y si ello no ocurrió por responsabilidad de los padres, resulta una decisión ajustada a la ley del contrato terminar con el mismo, el que de conformidad al artículo 1545 del Código Civil es ley para los contratantes, contrato de prestación de servicios educacionales que por regla general nace a la vida jurídica por el consentimiento mutuo de las partes y asimismo, dejan de tener efecto por la misma vía, de modo que desde este punto de vista la medida adoptada no resulta ilegal ni arbitraria, pues ha tenido un fundamento fáctico y contractual que se ha expresado y comunicado oportunamente a los padres, no existiendo en ello infracción alguna a los derechos invocados como conculcados.

8° Que, respecto a la libertad de enseñanza, como garantía constitucional, la doctrina ha entendido que posibilita la apertura, organización y mantención de establecimientos educacionales y por tanto, comprende el derecho de quienes imparten conocimientos, no siendo este caso el del recurrente. En lo que dice relación al inciso cuarto del N° 11 del artículo 19 de la Constitución Política, cierto es que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, pero este no es un derecho absoluto y debe estarse al cumplimiento de los reglamentos del establecimiento, lo que no contradice en nada a la Constitución, porque en la libertad de enseñanza está comprendida la facultad de establecer los principios orientadores del colegio, su organización y disciplina, con las limitaciones que imponen la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 1545 del Código Civil, y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 2 por doña nombre reservado y nombre reservado en contra de la sociedad educacional Trinity College, con costas.

Regístrese y archívese.

Rol I. Corte 6145 -2013. Civil- Protección.

Redactada por el Ministro Sr. Emilio Elgueta Torres.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro Titular Sr. Emilio Elgueta Torres, la Fiscal Judicial Sra. Marcia Undurraga Jensen y el Ministro Suplente Sr. Michel González Carvajal.

Paola González López Secretaria En Rancagua, a ocho de enero de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.