SOCIEDAD CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MONTAJES ESR LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 19 de abril del año en curso, comparece don nombre reservado, empresario, en representación de la Sociedad de Construcción, Ingeniería y Montajes E.S.R. Limitada, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Directora Regional, doña Claudia Zuleta Munizaga, fundado en la supuesta existencia de un acto ilegal y arbitrario que afecta gravemente su derecho de propiedad, el libre ejercicio de su actividad económica y a la no discriminación en materia económica, reconocidos en el artículo 19 N° 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el conflicto planteado se origina en la incorporación de la empresa recurrente a la “Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del IVA”, dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos en virtud de la Resolución Exenta N° 42 de 2018. Dicha decisión tuvo como consecuencia que Codelco Chile, principal cliente de la sociedad, dejara de recibir facturas emitidas por la recurrente, pasando a ser la empresa estatal quien debía emitirlas y efectuar la retención y pago del impuesto al valor agregado, en su calidad de adquirente o beneficiaria de los servicios prestados.

Sostiene que la medida fue adoptada sin que mediara notificación formal ni resolución fundada que diera cuenta de las razones de la incorporación a dicha nómina, vulnerándose con ello los principios de juridicidad y debido proceso administrativo, así como los derechos de los contribuyentes previstos en el artículo 8° bis del Código Tributario. En particular, se alega la transgresión del derecho a ser informado, a conocer los fundamentos de los actos del Servicio y a que sus actuaciones no afecten el normal desarrollo de las actividades económicas. Al efecto, indica que sólo se enteró de la medida el 2 de abril del año en curso, mediante un correo electrónico enviado por Codelco.

Expone que la ausencia de notificación, impidió ejercer oportunamente los recursos administrativos o judiciales que el ordenamiento le reconoce, derivando en graves consecuencias económicas y operativas. Señala que, a raíz de la medida, no ha podido facturar ni ceder sus créditos a terceros mediante factorización, mecanismo habitual para obtener liquidez y cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales, lo que ha generado un desfase de más de sesenta días en los pagos provenientes de Codelco y una deuda acumulada superior a cuatrocientos millones de pesos. Agrega que esta situación pone en riesgo la continuidad de la empresa y el sustento de aproximadamente doscientos trabajadores.

Funda la ilegalidad del actuar del Servicio en la omisión del deber de notificar un acto administrativo que produce efectos jurídicos directos, sosteniendo que toda resolución de esa naturaleza debe ser debidamente comunicada al interesado conforme al artículo 11 del Código Tributario y al principio de publicidad de los actos de la Administración del Estado, consagrado en el artículo 8° de la Constitución. Sostiene el recurrente, que la falta de tal comunicación, priva de eficacia al acto y lo convierte en una actuación carente de sustento legal, infringiendo además el principio de juridicidad previsto en el artículo 7° de la Carta Fundamental.

En cuanto a la arbitrariedad, afirma que el Servicio actuó de manera incoherente y desproporcionada, al alterar el régimen de facturación de la sociedad sin previo aviso ni antecedentes que justificaran la medida, afectando de esta forma, el desenvolvimiento económico de una empresa que mantiene relaciones contractuales permanentes con la gran minería y que -según se sostiene- ha cumplido cabalmente con sus obligaciones tributarias y laborales.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, ordenando la exclusión de la recurrente de la nómina de retenedores del IVA, o las medidas que esta Corte estime pertinente, a fin de corregir la vulneración alegada, con costas.

A folio 14, comparece doña Claudia Zuleta Munizaga, Directora Regional de la VI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, quien evacúa el informe requerido.

A modo de contexto, indica que el conflicto sometido a conocimiento de esta Corte se origina en la inclusión de la empresa recurrente en la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), decisión adoptada, mediante la Resolución Exenta SII N° 132, de 26 de diciembre de 2024, dictada en aplicación de la Resolución Exenta SII N° 42, de 30 de abril de 2018, que regula el cambio de sujeto del impuesto. Dicha incorporación se tradujo en el registro de la anotación causal 5522 en el sistema de cumplimiento tributario, vigente desde el 1 de enero de 2025, medida que implica que los clientes de la contribuyente -en especial Codelco Chile- asuman la calidad de agentes retenedores del tributo y deban emitir las facturas de compra correspondientes.

Refiere que la medida generó el efecto de modificar el régimen habitual de facturación de la empresa, pero sostiene que su adopción se encuentra plenamente ajustada a derecho, por cuanto la recurrente presentaba brechas reiteradas de cumplimiento en materia de IVA, consistentes en sobre declaración de créditos fiscales y sub declaración de débitos, detectadas en los Formularios 29 desde agosto de 2019, asociadas además a la utilización de facturas falsas emitidas por proveedores irregulares entre los años 2015 y 2019. Por tales hechos, el SII dedujo querella por delito tributario ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, actualmente en tramitación, y emitió las liquidaciones de impuestos N° 78 a 127, las que fueron confirmadas por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de O’Higgins mediante sentencia de 29 de enero de 2025.

Enfatiza que la inclusión en la nómina de retenidos no tiene carácter sancionatorio ni permanente, sino que es una medida transitoria de resguardo fiscal destinada a garantizar la correcta recaudación del IVA. Precisa que la empresa podrá ser excluida transcurrido un semestre si regulariza sus incumplimientos. Añade que la anotación 5522 tiene efecto meramente informativo, sin impedir a la contribuyente emitir facturas a otros clientes que no sean agentes retenedores, y que su publicación en el portal institucional del SII satisface las exigencias de publicidad y notificación dispuestas en la Resolución 42.

Luego, plantea que el recurso es extemporáneo, pues la anotación se registró el 1 de enero de 2025 y la acción se interpuso recién el 19 de abril del mismo año, fuera del plazo de 30 días del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema. Alega además, que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar actos del SII vinculados a derechos del artículo 8 bis del Código Tributario, pues el legislador prevé procedimientos específicos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (artículo 155 del Código Tributario).

En cuanto al fondo, la autoridad sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder, al haber actuado dentro del marco de las atribuciones legales previstas en los artículos 6° del Código Tributario, 1° de la Ley Orgánica del SII y 3° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Afirma que la resolución 132 se dictó conforme a las instrucciones vigentes, que la publicación en la web oficial cumple el deber de información y que la medida fue aplicada conforme a criterios objetivos, sin discriminación.

Finalmente, descarta toda vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la empresa. Argumenta que el derecho a desarrollar una actividad económica no ha sido restringido, pues la sociedad continúa operando con normalidad; que no se configura trato desigual en materia económica al aplicarse una regla general a todos los contribuyentes en situación análoga; y que no se ha afectado el derecho de propiedad ya que las limitaciones derivan del cumplimiento de la ley tributaria y de la propia conducta de la recurrente.

A folio 29, la parte recurrente acompaña documentos, que, según señala, darían cuenta de la corrección de los reparos señalados por el Servicio de Impuestos Internos.

A folio 42, el recurrente evacuó el traslado conferido en relación a las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción, opuestas por el Servicio recurrido.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, señaló que habiéndose alegado la falta de notificación de la resolución 42, no puede presumirse que el actor conoce de la resolución 132. Lo que corresponde, es que el SII acredite la notificación de la resolución 132 a la recurrente y que ella sea suficiente para que se haya limitado su facturación, en conformidad al artículo 8 bis, en relación con el articulo 8 ter, ambos del Código Tributario, lo que no será posible por cuanto nunca ha notificado resolución alguna de ese tenor.

En cuanto a la improcedencia del recurso alegada, indica que el artículo 8 bis, número 14) señala que, sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y la ley, serán derechos del contribuyente, que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas. Es decir, el legislador reconoce como una vulneración de los derechos del contribuyente que el Servicio afecte el normal desarrollo de la empresa, lo que hace procedente este recurso.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, se recurre en contra del Servicio de Impuestos Internos por haber incorporado a la empresa recurrente en la “Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del IVA”, conforme a la Resolución Exenta N° 42 de 2018, sin notificación formal ni resolución fundada que explicara las razones de su inclusión, vulnerando los principios de juridicidad y debido proceso administrativo, así como los derechos del artículo 8° bis del Código Tributario -en particular, el derecho a ser informado, a conocer los fundamentos de los actos del Servicio y a que éstos no afecten el normal desarrollo de la actividad económica-, lo que provocó que CODELCO, su principal cliente, dejó de recibir sus facturas y pasó a emitirlas directamente, asumiendo además la retención y pago del IVA como adquirente de los servicios; tomando conocimiento de lo anterior con fecha 2 de abril del año en curso, por un correo electrónico enviado por CODELCO, por lo que se han visto vulneradas sus garantías consagradas en el artículo 19 N° 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

3.- Que, el servicio recurrido, en primer término, planteó la extemporaneidad del recurso de protección dado que la anotación se registró el 1 de enero de 2025 y la acción se interpuso recién el 19 de abril del mismo año, esto es, fuera del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En segundo término, sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar actos del SII vinculados a derechos del artículo 8 bis del Código Tributario, pues el legislador prevé procedimientos específicos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En cuanto al fondo, sostiene que su actuación se ajustó plenamente a derecho, dentro de las facultades que le confieren el artículo 6° del Código Tributario, el artículo 1° de su Ley Orgánica y el artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Agrega que la resolución respectiva se dictó conforme a las instrucciones vigentes, que la publicación en su sitio web satisface el deber de información y que la inclusión de la empresa se realizó sobre la base de criterios objetivos y generales, sin discriminación.

Descarta, además, cualquier vulneración de derechos fundamentales, argumentando que la sociedad mantiene su actividad económica sin restricciones, que la medida no implica trato desigual respecto de otros contribuyentes en igual situación y que no existe afectación del derecho de propiedad, pues las limitaciones obedecen al cumplimiento de la normativa tributaria y a la propia conducta de la recurrente.

4.- Que, en primer término, en lo relativo a la extemporaneidad alegada, la empresa recurrente afirma haber tomado conocimiento del acto impugnado recién el 2 de abril de 2025, cuando fue informada por Codelco del rechazo de sus facturas. Tal aseveración resulta verosímil, desde que consta en autos que el Servicio de Impuestos Internos no efectuó notificación individual alguna, limitándose a publicar la medida en su portal institucional. Precisamente, el objeto del presente recurso consiste en determinar si dicha publicación puede considerarse una forma suficiente de notificación al afectado, razón por la cual corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad.

5.- Que, el Servicio también ha sostenido la improcedencia del recurso, invocando la existencia de procedimientos especiales ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Sin embargo, esta Corte estima que la vía del artículo 155 del Código Tributario, si bien contempla una acción de tutela de derechos, no excluye el ejercicio del recurso de protección cuando se denuncia una vulneración actual o inminente de garantías constitucionales, por lo que se desestimará esta alegación.

6.- Que, en cuanto al fondo, el debate radica en determinar si la incorporación de la recurrente a la “Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del IVA”, sin notificación individual, constituye un acto ilegal o arbitrario.

7.- Que la Resolución Exenta SII N°42 de 30 de abril de 2018, dictada por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, establece el régimen general de cambio de sujeto del impuesto al valor agregado, disponiendo expresamente que las nóminas de contribuyentes sujetos a retención y de agentes retenedores serán publicadas semestralmente en la página web del Servicio, comenzando a regir sus efectos al día siguiente de dicha publicación.

8.- Que, conforme a tal disposición, se dictó la Resolución Exenta SII N°132 de 26 de diciembre de 2024, la que tiene carácter general y no individual. En ella se dispuso la fijación de la nómina de agentes retenedores y de contribuyentes sujetos a retención, la que regiría a contar del 1 de enero de 2025, hasta el último día hábil del mes de junio de 2025.

En efecto, dicha resolución resuelve, en lo relevante para este caso: “2. FÍJESE la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención del cambio de sujeto total para el cumplimiento del IVA, conforme a listado que se incorpora a la Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención, que se encontrará disponible en el sitio web de este Servicio.”

En este sentido, cabe destacar que la recurrida ha acompañado un certificado emitido por el sitio web, fidelizador.com, en que se da cuenta que, a la recurrente, con fecha 31 de diciembre de 2024 se le remitió un correo electrónico cuyo asunto señala “Incorporación a Nómina de contribuyentes con retención de IVA”, el que fue abierto por el destinatario en diez oportunidades, en la misma fecha de su remisión, lo que hacía de cargo de aquél, revisar, en conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta SII N°42 de 30 de abril de 2018, si se encontraba en la nómina que se publicaría el 1 de enero de 2025 en la página web del Servicio.

9.- Que, aclarado el aspecto relativo a la notificación de la inclusión en la nómina, el análisis de los antecedentes revela que la medida fue adoptada en ejercicio de las potestades fiscalizadoras del Servicio, fundada en antecedentes objetivos relativos al cumplimiento tributario de la empresa, sin que se advierta un uso caprichoso o desproporcionado de tales atribuciones. Asimismo, se trata de una medida transitoria y reversible, que no impide a la empresa desarrollar su giro ni obtener los pagos por sus servicios, aun cuando sea bajo una modalidad distinta de facturación.

10.- Que, por lo anterior, no se constata ilegalidad, desde que el acto emana de autoridad competente, en ejercicio de facultades expresamente conferidas por la ley; ni arbitrariedad, porque la decisión se basa en criterios objetivos de fiscalización y persigue fines legítimos de resguardo fiscal.

11.- Que, en consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos constitucionales invocados por la empresa recurrente, toda vez que el acto impugnado se enmarca dentro del ámbito de la potestad administrativa, fue dictado con fundamento normativo suficiente y no restringe desproporcionadamente el ejercicio de las garantías consagradas en los números 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

12.- Que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida acompañó a folio 48 la Resolución Exenta N° 647 de 28 de noviembre del presente año, mediante la cual se accedió a la petición que realizara el actor al Servicio, ordenando la exclusión del recurrente de la “Nómina de Contribuyentes Sujetos a Retención”, con lo que la acción deducida ha perdido oportunidad, en tanto el acto recurrido ha desaparecido, no existiendo medidas adicionales que esta Corte pudiere adoptar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso intentado por don nombre reservado, en representación de la Sociedad de Construcción, Ingeniería y Montajes E.S.R. Limitada, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 598-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.