HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN FERNANDO con SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Rancagua, seis de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha uno de julio de 2019 comparece doña Margarita Pino Saldaña, abogada, en representación de la Directora del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado, quienes tienen lazo familiar de madre e hijo, a fin de que el Juzgado de Familia de San Fernando y el Servicio Nacional de Discapacidad adopten las medidas necesarias para restablecer las garantías constitucionales afectadas de estas personas.

Expone que mediante Ordinario Nº 1460 de 24 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins, se presenta al Tribunal de Familia de Santa Cruz, denuncia por Violencia Intrafamiliar en contra de don nombre reservado, quien es el tutor legal de doña nombre reservado y de don nombre reservado, madre e hijo, de 50 y 25 años de edad respectivamente, ambas personas con patología neurológica de retraso mental severo; lo anterior por el constante maltrato y abandono de estas personas.

Añade que en dicho contexto de abandono y ante las constantes desestabilizaciones generalizadas de la madre nombre reservado, que en marzo pasado provocó el incendio de la vivienda en donde vivían, la Ilustre Municipalidad de Nancagua adoptó la decisión de trasladarlos a un hogar privado para personas con discapacidad mental, ubicado en la ciudad de Santiago, Hogar de la Fundación Santa Gabriela de Santiago, costeando los gastos asociados a su manutención hasta el mes de mayo de 2019.

Indica que en relación a la denuncia de Violencia Intrafamiliar efectuada en el Tribunal de Familia de Santa Cruz por el Servicio de Salud O’Higgins, ésta no prosperó; motivo por el cual el Servicio de Salud O’Higgins adoptó la medida de costear los gastos de manutención de estas dos personas, por un mes, para que continuaran residiendo en el mencionado hogar.

Sostiene que al llegar el mes junio de 2019, y ante la inexistencia de soluciones concretas, nuevamente se presentó una denuncia de Violencia Intrafamiliar, con fecha 21 de junio de 2019, ante el Juzgado de Familia de San Fernando, por los mismos argumentos esgrimidos anteriormente. En esta oportunidad, el órgano jurisdiccional se declaró incompetente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 del Código Sanitario y ordenó remitir los antecedentes al Servicio Nacional de Discapacidad de la región de O’Higgins, a fin de que dicho organismo público adoptase las medidas necesarias para asegurar el debido tratamiento de estas personas. Además, decretó una medida cautelar por 180 días, consistente en la internación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en el Hogar Protegido Nº 2 del Hospital de San Fernando, perteneciente a la red local hospitalaria del Servicio de Salud O’Higgins, ubicado en San Fernando; requiriendo que las coordinaciones de traslado de las víctimas fuese desarrollado directamente por el Servicio de Salud O´Higgins.

Sostiene que al ser comunicada la instrucción del tribunal de familia, el Hospital de San Fernando inició inmediatamente las gestiones administrativas y judiciales, a fin de suspender dicha medida judicial, puesto que el establecimiento de salud se encuentra en la imposibilidad sanitaria y reglamentaria de cumplir lo ordenado.

Al respecto, explica que según diagnóstico médico, doña nombre reservado y don nombre reservado, presentan un retraso mental severo, siendo ésta una condición de tipo neurológica más no una enfermedad psíquica, que es un elemento de exclusión en el proceso de postulación e ingreso al Hogar Protegido Nº 2 del Hospital de San Fernando; lo cual se desprende de la Norma Técnica sobre Hogares Protegidos del Ministerio de Salud, vigente desde el año 2000 a la fecha, y además del propio Protocolo de Referencia y Contra-referencia del Servicio de Salud O’Higgins, que se encuentra vigente desde el 21 de diciembre de 2014; siendo ambas disposiciones reglamentarias aplicables a su establecimiento de salud, a fin de determinar el grupo de usuarios asistenciales a los cuales está destinado dicho hogar protegido: personas con enfermedades psíquicas severas, como esquizofrenia y trastornos de la personalidad.

Por lo anterior, el Hospital de San Fernando, presentó con fecha 26 de junio de 2019, Ordinario Nº 1196/2019, dirigido al Juzgado de Familia de San Fernando, informando la imposibilidad sanitaria de cumplir con lo ordenado mediante resolución de fecha 21 de junio de 2019.

No obstante, dicho tribunal dicta resolución con fecha 27 de junio de 2019, expresando que al haberse declarado incompetente en la materia, ordena remitir los antecedentes al Servicio Nacional de Discapacidad para su conocimiento y resolución, y reitera orden al Servicio de Salud O’Higgins, a fin que ejecute la internación de los discapacitados en el Hogar Protegido Nº 2 del Hospital de San Fernando.

Ante el tenor de lo resuelto por el Juzgado de Familia de San Fernando, y previa entrevista con el consejero técnico de dicho tribunal, se remite por la Dirección del Hospital de San Fernando, un nuevo Oficio a dicha jurisdicción con fecha 27 de junio de 2019 (Ordinario Nº 1214/2019), reiterando la imposibilidad sanitaria de cumplir la orden judicial, y además requiriendo un pronunciamiento, sobre la necesidad de implementar una serie de medidas de mitigación a desarrollarse previo a la internación provisoria.

Agrega que sin perjuicio de la documentación y explicaciones técnicas, el tribunal reitera su declaración de incompetencia y ordena remitir los antecedentes a SENADIS, a fin de que dicho organismo gestione la solicitud del Hospital de San Fernando y de cumplimiento a las medidas cautelares decretadas.

Señala que atendido los antecedentes aportados por el Hospital de San Fernando, se adoptó la decisión transitoria por el Servicio de Salud O’Higgins, de costear un mes más (julio 2019) la estadía de estas personas en el Hogar de la Fundación Santa Gabriela de Santiago, a la espera de que efectivamente el Servicio Nacional de Discapacidad adopte las medidas de resguardo de estas dos personas, y realice las coordinaciones pertinentes para el ingreso de ellas a un Hogar para Discapacitados Mentales.

Conforme a lo expuesto, la orden de internación de fecha 21 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Familia de San Fernando, es una medida del todo arbitraria, ya que no fue adoptada previa ilustración de consejero técnico y/o psicólogo, desconociendo el perfil epidemiológico de las dos víctimas y de los pacientes residentes del Hogar Protegido en cuestión; poniendo en riesgo su integridad física y la correcta estabilización clínica de los mencionados pacientes.

Luego sostiene que también existe arbitrariedad e ilegalidad en la omisión o silencio del Servicio Nacional de Discapacidad en relación a la protección y otorgamiento de las prestaciones socio-asistenciales que requieren, ya que sin perjuicio de ser el organismo público competente, no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, sin perjuicio de que el mismo día 21 de junio de 2019, el Tribunal de Familia de San Fernando, lo compelió a obrar para lograr una adecuada solución y resolución del caso social.

Hace presente que tanto la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins, como el Hospital de San Fernando, han indicado cuáles son los hogares protegidos que se adaptan al perfil de discapacidad mental que presentan estas dos personas, estos son, el Hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua, el Hogar Rostros Nuevos de Santiago, y la Casa de la Divina Providencia de Rancagua.

Por lo expuesto e invocando como afectada la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, esta es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer las garantías constitucionales afectadas de estas personas, ordenando al Servicio Nacional de Discapacidad el ingreso de ellos a un Hogar para Discapacitados Mentales, de la red local o nacional.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 3 de julio de 2019, se declara admisible el recurso y se ordena oficiar además de los recurridos, al Servicio de Salud O’Higgins, al Hospital de Nancagua, a la Ilustre Municipalidad de Nancagua, y al Hogar de la Fundación Santa Gabriela de Santiago.

Con fecha 12 de julio de 2019 evacua el informe solicitado la Juez Presidente (S) del Juzgado de Familia de San Fernando, doña nombre reservado, quien indica que la decisión que se ha impugnado con este recurso de 21 de junio de 2019, no fue objeto de recursos procesales, encontrándose firme y ejecutoriada a la fecha. Además, dicha resolución y contrario a lo que señala el recurrente, no fue adoptada de forma arbitraria y sin la asesoría psicosocial pertinente, pues, tal como se señala en el informe emanado por el Consejero Técnico de turno que consta en la causa y que se acompaña, de 10 de julio de 2019, consta el haberse efectuado una serie de coordinaciones con distintas redes, tanto públicas como privadas, tendientes a dar solución efectiva a ambos usuarios.

Indica que la circunstancia de existir inconvenientes para cumplir la orden judicial excede la labor jurisdiccional del Tribunal, ya que dicha circunstancia obedece a carencias que deben ser resueltas desde el ámbito administrativo por el Servicio de Salud y por la institución que corresponda. Teniendo presente que de no mediar la medida cautelar decretada, doña nombre reservado y su hijo, quedarían en situación de calle.

Agrega que con miras a cautelar la integridad y bienestar de las señaladas personas, se resolvió remitir los antecedentes al Servicio nacional de Discapacidad SENADIS.

Indica que lo anterior además resulta congruente con lo resuelto en las causas F-130-2014, F-167-2018, F-262-2018, F-877-2018 y F-212-2019.

Sostiene que es competencia del Servicio nacional de Discapacidad, activar los mecanismos de coordinación con la red de salud, de lo cual se encuentra notificado.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 23 de julio pasado, evacua informe el abogado de la institución recurrida Servicio Nacional de la Discapacidad, (SENADIS) solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, pues no existe la supuesta omisión o silencio en el actuar de SENADIS respecto del caso de autos y por cuanto las prestaciones definidas por el Juzgado de Familia de San Fernando, exceden las atribuciones legales de su Servicio.

Indica que el SENADIS, desde que tomó conocimiento de la situación que afecta a doña nombre reservado y a su hijo, don nombre reservado, ha desarrollado variadas gestiones, entre las que pueden mencionarse el trabajo intersectorial realizado en conjunto con el Servicio de Salud de la Región de O’Higgins, la Municipalidad de Nancagua y la Gobernación de Colchagua, a fin de colaborar – dentro del marco de sus atribuciones legales – en la búsqueda de una solución permanente para la situación que afecta a esta familia.

Puntualiza que dentro de estas gestiones iniciadas en junio de 2018, se tomó contacto telefónico con Pequeño Cottolengo de Rancagua y con la Fundación Rostros Nuevos, a fin de consultar sobre la factibilidad de efectuar internación definitiva de las personas ya individualizadas en alguna de estas instituciones. En ambos casos, la respuesta –vía telefónica – fue negativa en atención al perfil de los usuarios.

Además, con fecha 19 de julio de 2019, se constituyó Mesa de Trabajo por caso social que dio origen a los presentes autos, integrada por representantes de la Dirección de SENADIS en la Región de O´Higgins (Director Regional y un profesional), así como por profesionales de la Municipalidad de Nancagua que se desempeñan, respectivamente, en la Dirección de Desarrollo Comunitario y en el Equipo Municipal de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, cuyo objeto fue la elaboración de un plan de trabajo colaborativo para intervenir en este caso, adoptándose los compromisos que constan en acta que se acompaña.

En cuanto a las resoluciones dictadas por el tribunal, refiere que existen principalmente cuatro resoluciones dictadas en dos causas diversas – ambas vinculadas con la situación que afecta a doña nombre reservado y a don nombre reservado – y que son las causas F-412-2019 y F-495-2019.

Puntualiza que en lo que respecta a la primera de las causas, con fecha 27 de mayo de 2019, se ordena poner en conocimiento de este Servicio los antecedentes respectivos, a fin de que éste realice las acciones correspondientes a su área, sin especificar algún tipo de acción en concreto, por lo que para dar cumplimiento a la misma, rige lo previsto en el artículo 62 de la Ley N° 20.422, de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

En lo que respecta a la causa F -495-2019, la referida resolución contiene una declaración de incompetencia efectuada por el tribunal de Familia de San Fernando en base a la naturaleza de los hechos denunciados y a lo previsto en el artículo 130 del Código Sanitario, el cual, en todo caso, dispone que corresponderá al Director General de Salud – y no al Servicio Nacional de la Discapacidad – resolver sobre la internación, permanencia y salida de los “enfermos mentales” de los establecimientos públicos o particulares destinados a ese objeto.

Agrega que en consonancia con lo ordenado con fecha 28 de junio de 2019, ha activado los mecanismos de coordinación con la red de salud.

Puntualiza que SENADIS, no cuenta con residencias propias donde disponer el ingreso de personas adultas con discapacidad; y que conforme a la Ley N° 20.422, carece de facultades fiscalizadoras en virtud de las cuales pueda disponer u ordenar la internación de determinadas personas en residencias de la red pública o privada, pero sí se encuentra facultado para coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan a promover la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Expone que conforme a las competencias establecidas en el artículo 62 de la Ley N° 20.422, SENADIS no tiene facultades fiscalizadoras, ni mucho menos de imperio, por lo que, por una parte, no puede imponer a organismos públicos de Salud el ingreso de determinadas personas a la red de Hogares Protegidos de su dependencia ni tampoco puede ordenar al Servicio de Salud de O’Higgins financiar todos los requerimientos que, de acuerdo al Hospital de San Fernando, son necesarios para recibir a doña nombre reservado y don nombre reservado en el Hogar Protegido Nº2 y tampoco puede financiar directamente tales requerimientos.

Indica que por lo señalado, la naturaleza y alcance de la coordinación que, en el caso de autos, le ha sido impuesta a su Servicio por parte del tribunal de Familia de San Fernando en causa RIT: F-495-2019, por lo que no ha incurrido en acto u omisión arbitraria e ilegal que causen privación, perturbación o amenaza del derecho invocado por el recurrente conforme a lo previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, disponiendo, por tanto, el rechazo de la presente acción de protección en todas sus partes.

Acompaña documentación que se agrega al expediente, y solicita tener a la vista las causas F-18-2019, la F-412-2019 y F-495-2019, todas del Juzgado de Familia de San Fernando.

Con fecha 25 de julio de 2019, se accedió traer a la vista las causas que se señalan.

Con fecha 2 de agosto de 2019 el Hospital de Nancagua remite el informe requerido, con antecedentes de los recurrentes.

Con fecha 7 y 14 de agosto último, informa el Director del Servicio de Salud de esta región, señalando que en respuesta a lo requerido respecto al diagnóstico, patologías, gestiones efectuadas a nivel institucional respecto de los recurrentes, acompaña informe.

Con fecha 20 de agosto informa don nombre reservado en representación de la Fundación Santa Gabriela, indicando que doña nombre reservado y don nombre reservado aún residen en la Fundación, donde han podido ir avanzando paulatinamente en el desarrollo y mejoramiento tanto conductual como físico. Añade que tantos cambios en sus vidas va en desmedro de su locus interno, por ello pide se les vea como una opción real ya que están muy acostumbrados con el lugar y personal.

Con fecha 2 de septiembre de 2019, informa don nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, señalando que su municipio asumió el costo de la internación de doña nombre reservado y su hijo en la residencia protegida “Fundación Santa Gabriela”, ubicada en Paine, durante 16 días del mes de marzo y los mes de abril y mayo de 2019, por un monto de $ 1.951.400, además se les financió el traslado y se les proporcionó pañales de adultos. Después de esa fecha, el Servicio de Salud se hizo responsable de dicha estadía.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el presente recurso de protección se dedujo en contra del Juzgado de Familia de San Fernando por la dictación de una medida cautelar de 180 días, en la causa F 495-2019, consistente en la internación de doña nombre reservado de 50 años y de don nombre reservado de 25 años, en el Hogar Protegido Nº 2 del Hospital de San Fernando, perteneciente a la red local hospitalaria del Servicio de Salud O’Higgins, ubicado en San Fernando; requiriendo que las coordinaciones de traslado de las víctimas fuese desarrollado directamente por el Servicio de Salud O´Higgins.

Alega el Hospital recurrente, que dicha orden de internación es una medida arbitraria, ya que no fue adoptada previa ilustración de consejero técnico y/o psicólogo, desconociendo el perfil epidemiológico de las dos víctimas y de los pacientes residentes del Hogar Protegido en cuestión; poniendo en riesgo su integridad física y la correcta estabilización clínica de los mencionados pacientes.

Igualmente, esta acción se ha incoado en contra del Servicio Nacional de la Discapacidad por una supuesta omisión o silencio arbitrario e ilegal por parte de este organismo en relación a la protección y otorgamiento de las prestaciones socio-sanitarias que requieren doña nombre reservado, y don nombre reservado.

TERCERO: Que el tribunal recurrido da cuenta que la decisión que se ha impugnado con este recurso de 21 de junio de 2019, no fue objeto de recursos procesales. Además, dicha resolución no fue adoptada de forma arbitraria y sin la asesoría psicosocial pertinente, pues, consta el haberse efectuado una serie de coordinaciones con distintas redes, tanto públicas como privadas, tendientes a dar solución efectiva a ambos usuarios. Añade que de existir inconvenientes para cumplir la orden judicial excede la labor jurisdiccional del Tribunal, ya que dicha circunstancia obedece a carencias que deben ser resueltas desde el ámbito administrativo por el Servicio de Salud y por la institución que corresponda.

A su vez, el Servicio Nacional de la Discapacidad, alegó que no existe la supuesta omisión o silencio en el actuar de su servicio respecto del caso de autos y que las prestaciones definidas por el Juzgado de Familia de San Fernando, exceden sus atribuciones legales.

CUARTO: Que además de los recurridos, se requirió informe al Servicio de Salud O’Higgins, al Hospital de Nancagua, a la Ilustre Municipalidad de Nancagua, y al Hogar de la Fundación Santa Gabriela de Santiago, los cuales fueron evacuados en su oportunidad y se ordenó tener a la vista de manera virtual las causas F-18-2019, F-412-2019 y F-495-2019 del tribunal de San Fernando.

QUINTO: Que, en lo que concierne al Tribunal de Familia recurrido, cabe señalar que los antecedentes expuestos, permiten concluir que la resolución cuestionada no puede ser calificada de ilegal, pues la jueza ha actuado dentro de su competencia, con las atribuciones que la ley le confiere y en el marco de un procedimiento tramitado legalmente; ni de arbitraria, dado que la resolución cuestionada ha sido dictada conforme al mérito de los antecedentes de la causa F 495-2019.

SEXTO: Que, además, de los cuestionamientos del recurrente Hospital San Juan de Dios de San Fernando, respecto de lo resuelto por la jueza recurrida, más que apuntar a la existencia de una acción ilegal y/o arbitraria, están encaminados a cuestionar el mérito de la decisión de decretar una medida cautelar por 180 días, consistente en la internación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en el Hogar Protegido Nº 2 del Hospital de San Fernando, perteneciente a la red local hospitalaria del Servicio de Salud O’Higgins, ubicado en San Fernando, cuestión que no es posible de revisar por esta vía, por tratarse de una resolución dictada por un tribunal de la república, contra la cual proceden los recursos jurisdiccionales a los cuales pueden acudir tanto las partes, como terceros que se sientan agraviados, más aun cuando la medida adoptada es de carácter provisional.

SÉPTIMO: Que, según lo establece la Ley Nº 20.422, en su artículo 18 “La prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto. El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta ley.” Por su parte el artículo 62 dispone que “ El Servicio Nacional de la Discapacidad se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Planificación y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los demás especiales que pudiere establecer. Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, las funciones del Servicio Nacional de la Discapacidad serán las siguientes: a) Coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a este fin. Para el cumplimiento de esta función el Servicio podrá celebrar convenios con estos organismos. b) Asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la política nacional para personas con discapacidad y en la evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin directo o indirecto la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. c) Elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para personas con discapacidad, así como, planes, programas y proyectos. d) Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos. f) Realizar acciones de difusión y sensibilización. g) Financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. h) Estudiar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Planificación, las normas y reformas legales necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

i) Realizar estudios sobre discapacidad y aquellos relativos al cumplimiento de sus fines, o bien, contratar los que estime necesarios de tal forma de contar periódicamente con un instrumento que permita la identificación y la caracterización actualizada, a nivel nacional y comunal, de la población con discapacidad, tanto en términos socioeconómicos como con respecto al grado de discapacidad que los afecta. j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley.”

OCTAVO: Que, conforme se viene expresando el organismo recurrido, tal como lo ha sostenido en su informe, no cuenta con una red asistencial que le permita dar protección a las personas a favor de quienes se recurre, no obstante lo cual, cuenta con atribuciones para coordinar las acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a este fin y, financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante, lo que según ha indicado, al menos en cuanto a la coordinación, ha realizado en la medida de sus facultades, pero sin éxito hasta el momento.

NOVENO: Que, de los informes evacuados por las diferentes entidades públicas queda de manifiesto que doña nombre reservado y don nombre reservado, presentan una discapacidad mental y requieren ser internados en un Hogar adecuado a su especial estado de salud, ya que según se señaló tanto por la recurrente, como por el Hospital de Nancagua, necesitan de asistencia permanente y de cuidados especiales para su rehabilitación. Esta internación deberá efectuarse en un hogar o casa de acogida de la red asistencial, sin embargo, ello hasta ahora no ha sido posible porque, según consta de los antecedentes traídos a la causa, los lugares donde se ha intentado su ingreso no son los indicados para el tipo de discapacidad que presentan estas personas o no existe cupo disponible.

Siendo responsabilidad del Estado la rehabilitación de la discapacidad, es éste, a través de sus órganos de administración, del que no se encuentran ajenos el Hospital de San Fernando ni la recurrida, quienes deben velar por garantizar a doña nombre reservado y don nombre reservado su derecho constitucional a la integridad física y psíquica, en conjunto con las demás entidades que tengan dentro sus fines la satisfacción de las necesidades sociales y de salud mental que aquejen a personas que, como los beneficiados, carecen de los recursos económicos necesarios o de una red de apoyo familiar que les ayude a vivir de manera independiente.

DÉCIMO: Que el Tribunal de Familia de San Fernando, en la causa F 495-2019, ya adoptó las medidas cautelares necesarias para asegurar la integridad de las personas a favor de quien se recurre, asegurándoles un lugar de estadía provisorio y remitiendo los antecedentes al Servicio Nacional de la Discapacidad, a fin de que este coordine, con todos los órganos de la administración en conjunto, la solución definitiva a las necesidades de éstas personas.

La Municipalidad de Nancagua, asumió el costo de la internación de doña nombre reservado y su hijo en la residencia protegida “Fundación Santa Gabriela”, ubicada en Paine, durante 16 días del mes de marzo y los mes de abril y mayo de 2019, lugar donde aún permanecen, asumiendo actualmente ese costo el Hospital de San Fernando, lugar donde, según informó la residencia, se encuentran aseguradas sus necesidades.

Sin embargo, será el Estado el que, en definitiva, a través de sus órganos de administración pertinentes, deberá asumir, en forma conjunta y coordinada, la solución definitiva que garantice a estas personas con discapacidad mental su rehabilitación para que puedan, en lo posible, retomar su vida en forma independiente o de lo contrario, que sean acogidos en una residencia que les garantice, atendida su limitación, una vida digna en un entorno seguro.

UNDÉCIMO: Que por lo tanto, deberán mantenerse las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Familia de San Fernando, por el plazo que fueron fijadas y, hasta que el Servicio Nacional de la Discapacidad coordine con todos los órganos del Estado involucrados, la solución definitiva, que garantice a doña nombre reservado y don nombre reservado sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, debiendo asegurárseles un lugar de estadía apto a sus requerimientos que inste por su rehabilitación en la medida de lo posible.

Si bien no se ha aclarado por ninguno de los intervinientes cuales son las residencias que cumplen con los requisitos requeridos dentro de la red, ni cual es el procedimiento para lograr su internación, se han señalado algunas alternativas, especialmente, el Hogar Rostros Nuevos en Santiago, en relación al cual no se han agotado las instancias para su postulación.

A través de esta acción constitucional no procede ordenar a la recurrida la internación de las personas afectadas en sus derechos, porque tal como señala, no poseen las facultades para disponer su internación; sin embargo, es la entidad competente para coordinar las medidas que sean aptas para dicho fin, partiendo por definir cual es la residencia que se ajusta a la discapacidad que sufren, y realizar las gestiones necesarias para su ingreso, en conjunto con el Servicio de Salud de la Región, a través de su unidad de Salud Mental y de la Municipalidad de Nancagua.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional, sin costas, sólo en cuanto la recurrida junto a los demás órganos de la administración que han informado en el presente recurso, deberán asegurar a doña nombre reservado y don nombre reservado la mantención de los cuidados que requieren hasta que se establezca cual es la acción adecuada para garantizar su integridad física y psíquica y, lograr su ingreso en una residencia que cubra en forma digna sus requerimientos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 5952-2019 Protección.