nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 22 de mayo de 2020, comparece nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; quien interpuso acción de protección en contra de en contra de la TESORERIA PROVINCIAL DE COLCHAGUA, representada legalmente por su Tesorero Provincial, don nombre reservado, empleado público, ambos domiciliados en domicilio reservado, indicando que la recurrida, ha vulnerado sus garantías constitucionales que protege el artículo 19 Nº 2, 22 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y su derecho de propiedad.

Fundó su acción señalando que con fecha 1° de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Número 420 por parte del Ministerio de Hacienda mediante el cual se “Establece medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, de los trabajadores y a los micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile”, el que en su artículo primero número 7) estableció: “Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente en abril de 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la lay sobre Impuestos a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

Refirió que al consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) se encontró con el siguiente mensaje: “Resumen. Con fecha 21/04/2020 El Servicio ha informado a Tesorería General de la República para que devuelva el monto de $ 1.691.947 correspondiente a las retenciones de Honorarios de enero y febrero 2020. Estado Compensación Fecha: 24/04/2020 por $ 1.691.947.”

Indicó el recurrente, que en los autos sobre juicio ejecutivo de obligación tributaria caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, Rol Nº C-396-2016, de actual conocimiento del Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, proceso en actual tramitación, opuso la excepción del N° 3 del artículo 177 del Código Tributario, esto es, no empecer el título al ejecutado.

Explicó que la recurrida procedió a compensar, ilegal y arbitrariamente, la devolución que debió pagar a este recurrente las retenciones de Honorarios de enero y febrero 2020 adeudados por ésta, compensado, conforme consta de los documentos que se acompañan por un otrosí, lo que hizo fue compensar $ 1.691.947, sin que concurriera el requisito esencial de que las obligaciones sean actualmente exigibles. El actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que protege el artículo 19 Nº 2 y 22 , esto es la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, por cuanto Tesorería Provincial de Colchagua devuelve al resto de los contribuyentes oportunamente las tenciones como parte de los beneficios tributarios Covid-19; y además, priva a la recurrente del legítimo ejercicio del derecho a la propiedad sobre la suma compensada, conculcando también la garantía establecida en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que si una determinada liquidación de impuestos o una determinada multa, son objeto de impugnación por parte del contribuyente, éstas no serían actualmente exigibles, y en consecuencia, no operaría la compensación y que, en este sentido, antes de proceder a compensar deudas de los contribuyentes por concepto de impuestos o multas, necesariamente el Servicio de Tesorerías debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1656 del Código Civil, especialmente en lo que dice relación con la actual exigibilidad de los créditos del Estado; agregando así, que el hecho denunciado se debería a que, hasta el día de hoy, no se ha implementado adecuadamente el sistema computacional del Servicio de Tesorerías tendiente a evitar la compensación automática, sin que previamente se consulte si la deuda ha sido objeto de impugnación por parte del contribuyente, lo que vulnera el principio de transparencia establecido en la Ley Nº 19.880.

Manifestó que es evidente que compensar arbitraria e ilegalmente un impuesto que deba devolvérsele constituye un acto discriminatorio pues no tiene absolutamente ningún fundamento racional o de justicia que lo justifique. Para la autoridad no es lícito ni racional omitir la normativa vigente para adoptar una decisión. Corresponde, en otras palabras, a un acto arbitrario proscrito por la CPR, máxime cuando el resto de los administrados no son sometidos al mismo tratamiento que el recurrente de autos al recibir la devolución del referido impuesto. En segundo lugar, el acto impugnado afecta el derecho el debido proceso que debe adornar todo procedimiento administrativo sancionatorio y que consagra el artículo 19 N°22, de la CPR. Luego, que su derecho indubitado a recibir un beneficio tributario se encuentra indisolublemente unido a su objeto, que le da sentido y contenido. La desaparición o amenaza de desaparición de ese objeto, constituye sin duda una afectación del derecho de propiedad de que es titular esta parte.

Finalizó solicitando a esta Corte, tener por interpuesta la presente acción, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido la recurrida, al haber compensado su retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la ley sobre Impuestos a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 y que se le debía devolver por mandato legal, adoptando asimismo las providencias que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del actor, ordenando a la recurrida el pago inmediato de la suma de $1.691.947.- compensada ilegalmente, debidamente reajustada hasta la fecha de pago, más intereses, con expresa condenación en costas.

Acompañó a su presentación Constancia extraída del sitio www.sii.cl en que consta la devolución y compensación.

Con fecha 11 de agosto del presente año, informando la recurrida, solicitó el rechazo de la presente acción por cuanto a esta fecha, el presente recurso habría perdido oportunidad, toda vez que con fecha 7 de Agosto de 2020, se solicitó al Jefe de la Sección de Operaciones de la Tesorería Provincial de San Fernando, que procediera a dejar sin efecto la compensación realizada al recurrente. Posteriormente, con fecha 17 de agosto pasado, la recurrida informó que el día 11 de agosto de los corrientes, se efectuó descompensación en relación al recurrente, como se acredita en comprobante de egreso que acompaña.

Evacuando el traslado concedido respecto de la alegación de falta de oportunidad deducida por la recurrida, el actor señaló, en primer lugar, que el acto de autoridad que habría dejado sin efecto la compensación realizada, no le ha sido notificado. En segundo lugar, indicó que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y que, para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos, que no son otros que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección, que en este caso no sería otro que se girara en favor del recurrente, la cantidad de dinero ilegalmente compensada como medida de resguardo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2°.- Que el acto por el cual se recurre en contra de la Tesorería General de República, es que mediante el Decreto Número 420 del Ministerio de Hacienda se instruyó a la recurrida para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente en abril de 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la lay sobre Impuestos a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 N°2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta y que, al consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) se enteró que Tesorería General de la República le había efectuado una compensación por $1.691.947.

3°.- Que, a su vez, la recurrida informó que el día 11 de agosto pasado, se efectuó la descompensación solicitada por el recurrente, ordenando la devolución de $1.691.947, como se acredita en comprobante de egreso que acompaña.

4°.- Que de lo anterior, es posible concluir que los actos objeto de reproche han sido subsanados por la recurrida, pues la medida correctiva que se perseguía mediante la interposición de la presente acción ya ha sido cumplida al haberse dejado sin efecto la compensación practicada por la Tesorería Provincial de Colchagua, respecto de la devolución de impuestos que le corresponde al recurrente, de modo tal que el recurso de protección ha perdido oportunidad, sin que esta Corte pueda adoptar alguna otra medida para restablecer el imperio del derecho, lo que lleva al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, por haber perdido oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese a la recurrida a fin de que dé cuenta a esta Corte, dentro del plazo de tres días, del pago de la devolución de impuestos que se informó con motivo de la descompensación, con la finalidad de otorgar al recurrente la certeza necesaria sobre el cumplimiento de lo anterior.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte N° 5677-2020 Protección.-