nombre reservado con ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Rancagua, treinta de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que, con fecha 20 de junio de 2019, comparece, don Jorge Enrique Ormazábal Leiva, abogado, en favor de don nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, representada por su alcalde don Gustavo William Arévalo Cornejo, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso, en que a comienzos del mes de marzo del presente año, el Sr. nombre reservado, abrió un local de venta de zapatos en la ciudad de Santa Cruz. Así, se dirigió a la oficina de rentas municipales, para tramitar su patente municipal, acompañando la documentación correspondiente.

Al momento de comenzar la tramitación de la patente, una funcionaria municipal le expresó que el local podría tener problemas para funcionar, pero sin explicitar razón alguna. Le explicó que tenía toda la documentación y que no existía razón para que no le dejaran funcionar, pero la persona que le atendió no supo entregarle una explicación razonable ante dicha situación, comenzando a operar el negocio.

A los pocos días, un funcionario municipal llegó a multarlo, porque no tenía patente. Le explicó que tenía la patente en trámite, pero igualmente le cursó la infracción, la que pagó. A la semana siguiente la situación se repitió.

Por lo anterior, se acercó al Administrador Municipal, quien se comprometió a revisar el problema y darle solución, pero hasta la fecha no recibe respuesta.

En el intertanto, le cursaron nuevas multas, compareciendo ante el Juez de Policía Local, quien le señaló que la clausura del local comercial es inminente, cuestionando el hecho de que no se le informe el motivo por el que no se le otorgaba la patente municipal A la luz de los hechos recién relatados, y como podrá vislumbrar S.S. Ilustrísima, estamos frente a un acto completamente arbitrario e ilegal por parte de la Municipalidad. Arbitrario, porque no existe ningún argumento, comunicación o información entregada a su persona que explique la razón de las multas y la inminente clausura; e ilegal porque vulnera sus derechos constitucionales de poder desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Se refiere a la procedencia de la patente provisoria, los que a su juicio se cumplen. Agrega que la Municipalidad no ha solicitado algún permiso especial más que los normales para hacer funcionar un establecimiento de comercio; ni ha comunicado alguna traba o embarazo al desarrollo de la actividad comercial, ya sea por zonificación, sanitario; ni la ha solicitado otros permisos que leyes especiales exigieren. Sea como sea, la Municipalidad no ha dicho nada, ni formal ni informalmente.

Finaliza solicitando, que se declare que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal y amenaza y perturba los derechos de la recurrente, ordenando en consecuencia que se otorgue de inmediato la patente comercial provisoria solicitada, y se deje sin efecto en todas sus partes la orden de clausura que se habría dictado respecto del establecimiento de domicilio reservado, en la comuna de Santa Cruz.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido.

Al momento de cumplir lo ordenado, La Municipalidad de Santa Cruz.

Expone que efectivamente a comienzos del año en curso, don nombre reservado abrió un local comercial de venta de zapatos. Que, una vez abierto el local comercial concurre el recurrente al Dpto. de Rentas Municipales a solicitar la patente comercial, en donde se le informa que el local o espacio físico en donde se emplazará el local comercial tenía problemas de construcción, puesto que el inmueble no cuenta con ningún tipo de recepción de parte del Departamento de Obras Municipales, organismo técnico municipal encargado de supervisar las obras de construcción en la comuna.

Agrega, que el local físico en donde el recurrente pretende obtener su patente comercial para explotar el giro comercial de venta de zapatos, no cumple con los estándares exigidos por la Ley General de Urbanismo y Construcción, motivos por los cuales no cuenta con recepción municipal.

Se refiere a las cláusulas del contrato de arrendamiento que suscribió el recurrente, en que éste se representaba la posibilidad de no obtener la patente comercial o permiso definitivo por el estado del local comercial.

Depone que los departamentos municipales involucrados, Rentas y Obras, de manera cordial le han explicado esta situación al recurrente, quien no la ha comprendido, sin embargo, los motivos del rechazo de la patente comercial son objetivos, y no obedecen a un capricho de la Municipalidad. El motivo y argumento del rechazo lo encontramos en el Informe Técnico para Patentes del Departamento de Obras Municipales, confeccionado por el Director de Obras don nombre reservado de fecha 11 de abril de 2019 el que señala, el local no cumple con las exigencias mínimas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcción, no cuenta con permiso, ni recepción municipal, lo que se traduce en la existencia riesgos para la seguridad de los ocupantes y de los usuarios.

Agrega, que conforme a la Ley de Rentas Municipales, son requisitos para la patente comercial, declaración simple del capital inicial de su negocio, impresión o fotocopia de RUT de su sociedad, fotocopia legalizada de la escritura de constitución de su sociedad, fotocopia de la declaración de inicio de actividades, permiso de edificación del establecimiento en que ejercerá su actividad y autorización sanitaria si corresponde.

Expone que el municipio no ha cometido ningún acto ilegal ni arbitrario, simplemente está haciendo cumplir la ley, es el recurrente quien no ha dado cumplimiento al inciso 2° del artículo 26 del Decreto Ley 3.063, como tampoco ha dado cumplimiento a los artículos 143,144 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, toda vez que la propiedad del recurrente no cuenta con permiso de edificación ni recepción municipal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°.- Que, para una adecuada decisión del asunto, es del caso hacer presente que el recurrente, en su libelo, insta porque se le otorgue de inmediato la patente comercial provisoria solicitada, y se deje sin efecto en todas sus partes la orden de clausura que se habría dictado respecto del establecimiento de domicilio reservado, en la comuna de Santa Cruz.

3°.- Que, como primera cuestión, es del caso hacer presente que el actor, siendo de su cargo, no aportó ningún antecedente respecto a una eventual clausura del local comercial cuya patente provisoria solicita. Al contrario, esa aseveración fue controvertida expresamente por la recurrida, de lo que se colige, que al estar discutida dicha cuestión, resulta imposible a través de la presente vía, por su especial naturaleza, determinar o dilucidar la su veracidad.

4°.- Que, como segundo acápite de su acción, la recurrente pide que se le otorgue a su establecimiento, una patente comercial provisoria, que le permita funcionar en el intertanto.

5°.- Que, en tal orden de ideas, se debe recalcar, que la solicitud de patente comercial, fue presentada a la Municipalidad de Santa Cruz, el día 01 de abril de 2019, y que la primera infracción que se le cursó al recurrente, es de fecha 29 de marzo del año en curso. Es decir, resulta diáfano que el local que le pertenece al actor, comenzó a funcionar, incluso antes de realizar los trámites administrativos de rigor, como es, la autorización del ente municipal.

6°.- Que, resulta obvio, para el otorgamiento de una patente comercial provisoria, que en lo sustancial, se deben cumplir los requisitos y exigencias propias para obtener la patente definitiva. Así el actor, debía acompañar, entre otros, escritura de constitución de sociedad, protocolización del extracto y publicación en Diario Oficial, si la solicitud corresponde a una persona jurídica, inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que lo autoriza a iniciar cualquier emprendimiento comercial, si es que pide patente por primera vez, documento que acredite el título por el que se ocupa el local: contrato de arriendo, certificado de dominio, etc, informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final del inmueble donde se desarrollará el negocio, otorgados por la Dirección de Obras de la Municipalidad.

7°.- Que, no está demás decir, que éste último organismo, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz, ha realizado sendos reparos al funcionamiento del local comercial, señalando que éste no cumple con las exigencias mínimas establecidas en la Ley General de Urbanismos y Construcciones, ya que el inmueble no cuenta con permiso, ni recepción municipal. Además, aprecia falencias constructivas, que afectan la higiene y seguridad de los ocupantes y usuarios.

8°.- Que, el informe desfavorable del órgano recién aludido, es propio de la patente solicitada, ya que la Dirección de Obras debe otorgar una autorización previa que indique que el lugar donde se quiere instalar el negocio es apto para ello, debiendo inspeccionar el lugar y emitir un informe de factibilidad, unido a que su emplazamiento no vulnere el plan regulador de la comuna.

9°.- Que, en tal orden de ideas, lo pedido en el recurso y cualquier decisión que se pudiera adoptar por esta Corte en el sentido propuesto en el libelo, no puede soslayar el pronunciamiento expreso de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz, el que como se dijo, manifiesta su disconformidad con el otorgamiento de la patente, sin que se advierta en el actuar de la recurrida un actor arbitrario y/o ilegal, lo que lleva al rechazo del recurso, tal como se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: que se rechaza, el recurso de protección deducido por don Jorge Enrique Ormazábal Leiva, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 5655-2019-Protección.